La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por las situaciones de revictimización que sufren las mujeres víctimas de violencia de género, ante la falta de conexidad entre las causas judiciales de las que son parte. Y, solicitar a las provincias que creen juzgados especializados en violencia de género con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a los derechos humanos de las mujeres.

Señor presidente:

El presente proyecto se origina en la necesita de centralizar todos los procesos judiciales de los que son parte las mujeres víctimas de violencia, en un solo juzgado. Las mujeres no pueden estar a merced de varios procesos judiciales simultáneos que, a veces arriban a sentencias con sentidos contradictorios. De allí, la importancia de la creación de juzgados especializados en este tema.

El “manual de legislación sobre la violencia contra la mujer” (ONU; 2010) recomienda que las leyes “ha[n] de establecer la creación de tribunales especializados o procedimientos judiciales especiales que garanticen la tramitación oportuna y eficiente de asuntos de violencia contra la mujer” (3.2.5). Debido a nuestra organización federal, estos juzgados deben ser creados por cada jurisdicción provincial. De allí, el pedido que desde el poder legislativo nacional les hacemos a las legislaturas provinciales.

Según ONU Mujeres hay varios países que cuentan con juzgados especializados que “permiten la integración de diversos procesos legales, como las cuestiones penales, civiles y de derecho de familia. Los tribunales especializados ofrecen más posibilidades de que el personal del tribunal tenga en cuenta la perspectiva de género, posea experiencia en las características especiales de los casos de violencia contra la mujer y esté en condiciones de tramitar los casos con mayor celeridad, reduciendo de este modo la carga que soportan las víctimas. Además, los jueces que se ocupan asiduamente de casos de violencia contra la mujer pueden ver a los agresores reincidentes y emprender las acciones oportunas. En consecuencia, el hecho de que un número menor de personas se haga cargo de estos casos puede ayudar a disuadir de cometer violencia en el futuro porque los agresores esperarán un

aumento de las sanciones y una mayor rendición de cuentas” (disponible en: http://www.endvawnow.org/es/articles/144-tribunales-y-juzgados-especializados-en-violencia-contra-la-mujer.html).

Algunas provincias cuentan con legislaciones que incorporan juzgados y fiscalías especializados en el tema, la Provincia de Catamarca aprobó en el año 2015 la ley 5.434 creándose “Juzgados De Violencia Familiar y de Género” y Fiscalías especializadas en igual materia; la Provincia de Jujuy crea por medio de la ley 5.897 del 2015 “Juzgados especializados en Violencia de Género” y Fiscalías. Ambas legislaciones se corresponden con los parámetros y lineamientos que, en consonancia con la regulación a nivel nacional e internacional, intentan de una manera eficaz y rápida abordar la violencia de género. Pretenden no sólo evitar innecesarias dilaciones y

trámites sino y por sobretodo impedir la revictimización, reglamentando las competencias civiles, penales y de familia a partir de casos de violencia de género. En el caso de la provincia de Jujuy aun no se encuentra operativa la ley.

A su vez, la Provincia de Córdoba está en proceso de incorporación de estos mismos juzgados; actualmente cuenta con un “Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia” en el cual se recibe a las mujeres en situación de violencia brindándoles contención junto a un cuerpo interdisciplinario compuesto por psicólogos, médicos y trabajadores sociales y, en caso de corresponder, se la acompaña a la Unidad Judicial para realizar la denuncia. Esta es una política pública provincial que busca combatir todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres. Por su parte, el Ministro de Justicia Dr. Garavano sostuvo en la inauguración del Polo: “este emprendimiento es un ejemplo a nivel nacional y que es una muestra, desde mi punto de vista, de lo que es definir políticas públicas, generar políticas de estado. Veíamos como la ley fue aprobada hace varios años y como se fue

trabajando desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial que, de nuevo, es un ejemplo a nivel nacional” (http://prensa.cba.gov.ar/gobernacion/schiaretti-inauguro-el-polo-integral-de-la-mujer-en-situacion-de-violencia/)

Diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos de mostraron la necesidad de avanzar en la creación de estos juzgados con motivo del examen de nuestro país en noviembre de 2016 ante el Comité CEDAW.

La conexidad en las causas judiciales, hace al funcionamiento articulado del sistema judicial. Es de suma importancia en cuestión de no hacer fallos que falten a la resolución correcta o “justa” de las causas, cualquiera sea su naturaleza.

Cuando se habla de violencia de género, es vital que esta condición esté dada, ya que tratándose de una problemática tan delicada no debe darse lugar a que las víctimas sean revictimizadas, exponiéndolas a pronunciamientos erróneos, opuestos o incoherentes optimizando también así, el trabajo administrativo y jurisdiccional. Se debe trabajar activamente en la implementación de mecanismos que aseguren que la conexidad se dé en estas causas.

La implementación de juzgados, fiscalías y demás oficinas especializados en violencia de género, que se ocupen de todas las causas que pueden desprenderse de una situación violenta en una familia, es fundamental. De esta manera, se aceleran procesos que son generalmente perjudiciales para las mujeres que logran empoderarse para hacer una denuncia y salir del peligroso círculo de la violencia, llevando consigo a sus niños, abandonando pertenencias y sin posibilidad alguna de subsistencia y en algunos casos sin red familiar o extensa continente.

Se trata de hacer más expeditivos los trámites que atañen a la protección de las víctimas: regulación de alimentos “express”, fijar el

domicilio de residencia incluso si fuera necesario excluir al agresor del hogar para que retorne la familia, disponer guardia policial preventiva, privar al violento de la responsabilidad parental de los hijos con el fin de asegurarse las actividades de la familia continúen o vuelvan a la normalidad y los niños puedan asistir a los establecimientos escolares y que los mismos tengan aviso de que el agresor está impedido para ejercer la misma.

Es imperioso, así mismo, que los organismos gubernamentales velen por la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, por lo que deben disponer mecanismos de comunicación interjursdiccional con el fin de acelerar los procesos en cuestiones de género y de familia sobre todo la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Esta conexidad podría establecerse desde la primera boca de acceso de una denuncia.

Por todo lo expuesto le solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.