La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Este 24 de marzo una vez más marcharemos a la Plaza de Mayo y en las plazas de todo el país contra el golpe genocida y antiobrero de Videla, contra la impunidad de ayer y de hoy y, contra el ajuste de Macri y los gobernadores provinciales. Denunciamos que Macri pretende que nos reconciliemos con los militares, reflotando las “teoría de los dos demonios” y negando la cantidad de desaparecidos. A su vez, le pagó a los Fondos Buitre como parte de la fraudulenta deuda externa que viene de la dictadura, con la complicidad del peronismo de Massa, del Frente para la Victoria y de la centro izquierda.

Consideramos que es un triunfo popular que Milani esté preso y es un revés para la política de reconciliación de Macri y del doble discurso kirchnerista que mientras bajaba el cuadro de Videla lo ponía al mando del ejército, y en el supuesto gobierno de “los derechos humanos” desapareció Julio López.

Insistimos en que fueron 30.000 y fue un genocidio, por eso marcharemos junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia como lo hicimos en todos estos años de manera independiente de los gobiernos patronales de turno. Por cárcel común a todos los genocidas y a los cómplices civiles de la dictadura.

Exigiendo que dejen de perseguir a los que luchan como lo hacen con los docentes y por el desprocesamiento de todos los luchadores. La plata debe ir para educación, salud, vivienda y no para la deuda externa, contraída por los militares en la dictadura y estatizada por los radicales y peronistas durante la democracia.

Por la memoria de los 30.000 desaparecidos y los caídos del PST, que lucharon por una Argentina y un mundo socialista, marcharemos este 24 de marzo contra la impunidad de ayer y de hoy.

Señor presidente:

Se cumplen 41 años del último golpe militar que instauró un régimen antiobrero y genocida. Más que nunca es necesario decir presente y levantar bien alto las banderas contra la impunidad de ayer y de hoy y contra el ajuste del gobierno de Macri y los gobernadores provinciales.

El 24 de marzo de 1976 se produjo el alzamiento militar que derrocó a Isabel de Perón y estableció la dictadura militar más brutal de la historia de nuestro país. Su objetivo fue derrotar el ascenso obrero y popular e imponer un plan económico de ajuste y proimperialista. En esa tarea, Videla y los militares no estuvieron solos. Sectores importantes del empresariado venían promoviendo el golpe desde 1975 y fueron sus principales beneficiarios. Martínez de Hoz, Pérez Companc, Rocca son algunos de los nombres de aquellos grandes patrones que fueron cómplices o protagonistas directos de la dictadura, así como las multinacionales Ford, Mercedes Benz y tantas otras.

La familia Macri también fue beneficiada durante la dictadura. Cuando creó el Grupo Socma (Sociedades Macri), en enero de 1976, el total de su facturación anual no superaba los 100 millones de dólares. En los años siguientes pasó a ser uno de los emporios empresarios más importantes de la Argentina. Allí estaban Franco Macri (dueño del Grupo) y su hijo Mauricio, uno de los principales directivos. A través de una empresa del grupo llamada Sideco obtuvo la contratación de grandes obras públicas para el Banco Hipotecario Nacional, que se calcula le redundaron, sólo hasta 1979, en 1.700 millones de dólares.

Pero la mayor ganancia la van a sacar los Macri en 1982 cuando compran el 65% de las acciones de Sevel (una asociación de las automotrices Fiat y Peugeot para Argentina) por apenas 30 millones de dólares, un valor irrisorio. El misterio se develó rápidamente: sucede que Sevel tenía una deuda con acreedores extranjeros por 170 millones de dólares. Y Macri logró que Cavallo, como hizo con tantas otras deudas privadas, la estatizara. O sea, la deuda de Sevel pasó a formar parte de la deuda externa argentina, mientras los Macri seguían acumulando fortunas.

Como el grupo Macri, los grandes empresarios fueron beneficiados por la estatización de sus deudas en 1982. Este es uno de los hechos más aberrantes de la historia económica argentina y fue llevado adelante por Domingo Cavallo, entonces Presidente del Banco Central. Se lo conoció como la “estatización de la deuda privada” y es una de las causas del fenomenal endeudamiento externo que todavía seguimos pagando. Todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia legitimaron la deuda externa contraída por la dictadura militar.

La resistencia contra el ajuste y la impunidad comenzó durante la misma dictadura y continuó con todos los gobiernos que la sucedieron. Luego de más de cuatro décadas y de todas las variantes patronales que se alternaron en el poder (radicales, peronistas, Alianza, kirchernismo y Cambiemos) seguimos luchando contra la impunidad y exigiendo juicio y castigo a todos los responsables militares y sus cómplices civiles. Durante estas cuatro décadas luchamos contra las leyes de impunidad de Alfonsín (Obediencia Debida y Punto Final), denunciando las asonadas militares de Semana Santa, los indultos de Menem.

El kirchnerismo, intentó apropiarse las conquistas de la lucha de décadas de las organizaciones de derechos humanos, sociales y de la izquierda contra la impunidad y se presentó como el gobierno de los derechos humanos. Sin embargo, el proyecto originario de nulidad de las leyes lo presentó la izquierda en el Congreso Nacional junto a los organismos de derechos humanos independientes del gobierno, como el encuentro Memoria Verdad y Justicia. La anulación de estas leyes de impunidad no fue por obra y gracia del kirchnerismo, ni de la justicia, sino fruto de la lucha popular ininterrumpida a lo largo de décadas. Lucha que abarcó a varias generaciones y organismos de derechos humanos que año tras año sortearon todos los obstáculos de impunidad que le impusieron los sucesivos gobiernos. Lamentablemente, gracias a un doble discurso logró cooptar a organismos de derechos humanos y honestos luchadores mientras desarrollaba y profundizaba un aparato de inteligencia interna destinado a espiar y perseguir a luchadores y activistas políticos y sindicales. Mientras bajaba el cuadro de Videla subía el del represor Milani como Jefe del Ejército, llevaba adelante el Proyecto X, criminalizaba la protesta social, promulgaba la ley antiterrorista. Uno de las cuestiones más graves es la desaparición de Julio López, que contó con el silencio sistemático y la complicidad del kirchnerismo.

Queremos destacar que la causa de Milani tiene muchísima importancia para quienes defendemos los derechos humanos y para quienes enfrentamos la impunidad de ayer y de hoy, ya que el general no solo fue miembro de las fuerzas represivas durante la dictadura, agente del gobierno militar y ejecutor de sus órdenes represivas, sino que también fue designado Jefe del Ejército por la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner en 2013. Esta designación ocasionó el repudio popular, pese a lo cual el senado la aprobó, haciendo caso omiso también a las numerosas denuncias contra el general genocida. El ex jefe del Ejército renunció a su cargo antes de las elecciones legislativas de 2015, producto de la lucha social, lo que significó un triunfo muy importante que permitió su procesamiento sobre el cual hoy nos montamos para reforzar nuestro histórico reclamo de cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas de la dictadura. El 17 de febrero fue detenido por violación es de los derechos humanos y por el secuestro y tortura de Pedro y Ramón Olivera y Verónica Matta. También es investigado por la desaparición, tortura y asesinato del soldado Alberto Ledo y por enriquecimiento ilícito.

Ahora bien, queremos referirnos al gobierno de Macri, y su política de “derechos humanos”. En una entrevista por el sitio Buzz Feed (empresa de comunicación de Internet estadounidense) Macri confesó que no sabe “si son 9 mil, 30 mil, o los que están anotados en un muro” (en alusión al monumento de la Costanera). Dichas declaraciones fueron en consonancia con las esbozadas por Darío Lopérfido, por entonces ministro de Cultura porteño, dijo “no hubo 30 mil desaparecidos”, por las que tuvo que renunciar a su cargo de Ministro de Cultura de la Ciudad ante el repudio popular. El ex carapintada y director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, dijo “no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”.

En realidad, el gobierno de Cambiemos busca ocultar que no existe un registro oficial con el número de las víctimas del terrorismo de estado, una consecuencia de la política de impunidad, siendo que la mayoría de los archivos de la dictadura no han sido desclasificados. También, desde el gobierno se reflotó la “teoría de los dos demonios” y ahora el debate por la “memoria completa”, asumiendo la posición de los genocidas de que existió “una guerra” en los setenta. Una posición que oculta que existió un plan sistemático de secuestro y asesinato por parte del estado, que no golpeó sólo a las organizaciones armadas, sino también al sindicalismo de base, la izquierda y todo opositor consecuente a la dictadura. El intento fallido de mover el feriado del 24 de marzo fue una estrategia de Macri para evitar las multitudinarias movilizaciones en todo el país contra la impunidad, que tuvo que volver atrás. Fue, también, una táctica de transformar el feriado del 24 en una fecha intercambiable según las necesidades del mercado turístico y borrándole todo su simbolismo.

Por último, a partir febrero de 2016 diversos juzgados federales concedieron a unos 50 condenados por crímenes de lesa humanidad el beneficio de prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años. Por supuestos motivos de “salud”, pueden solicitar este beneficio, previo pedido de las defensas y aceptación o denegación de los jueces. Los presos comunes en similar situación no disponen de esa posibilidad y viven hacinados en pabellones colmados y pésimas condiciones de detención. Si se tiene en cuenta que el número de genocidas condenados supera apenas los 600, casi un 10% de ellos estarían cumpliendo sus condenas en hospitales militares y en sus domicilios particulares, algo repudiable e inaceptable.

El 24 de marzo es una cita de honor para renovar el compromiso de la lucha contra los gobiernos ajustadores y entreguistas, levantando las mismas banderas por las que lucharon nuestros compañeros contra la dictadura, exigiendo juicio y castigo con cárcel común a todos los responsables, tanto militares como civiles. Nos pronunciamos por el no pago de la deuda externa, herencia de la dictadura militar y legitimada por todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia. Por eso, convocamos a todos los trabajadores, estudiantes y viejos compañeros de lucha a sumarse a la movilización convocada por el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, marchando junto al Frente de Izquierda, para que este 24 de marzo seamos miles en las calles.

Por estas razones, pedimos a los señores Diputados que aprueben este proyecto de Declaración.