La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar a la Ministra de Desarrollo Social de la República Argentina, Carolina Stanley, y a la Subsecretaria de Primera Infancia y titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Lorena Roxana Ríos, que informen sobre la situación de los niños institucionalizados en nuestro país.

A partir de la conmoción que generó el incendio criminal en que perdieron la vida 40 niñas y adolescentes que se encontraban internadas en el “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” en Guatemala, y la preocupación por las condiciones de los institutos de menores en Argentina, solicitamos a las citadas autoridades que den respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran institucionalizados en nuestro país y en cuántas instituciones? ¿Cuántas de ellas son administradas directamente por el Estado y cuántas por sectores privados como ONG? Entre éstas últimas, ¿cuántas ONGs e instituciones de menores son confesionales? ¿Cuántas son instituciones a puertas cerradas, cuántas a puertas abiertas, cuántas son de fines terapéuticos, cuántos centros existen que alojan menores en conflicto con la ley penal, cuántas instituciones son hogares, paradores y cuántas centros de día?

2. Respecto del personal que atiende en estas instituciones. ¿Qué capacitación tienen? ¿Qué plan de capacitación les ofrece el Estado? ¿Bajo qué modalidad de contratación ejercen sus funciones? ¿Cuántas horas trabajan en promedio? ¿Cuál es el salario que perciben por su trabajo? Por favor informar las variaciones que haya de acuerdo con el tipo de función y/u otros factores que intervengan en la situación laboral.

3. Habida cuenta de numerosas denuncias sobre maltratos, hacinamiento y abusos sexuales y de todo orden a niños y niñas en estas instituciones, como ha sido recientemente el caso del Instituto Próvolo en Luján de Cuyo (Mendoza) y La Plata (Buenos Aires), el bien conocido caso del Hogar Felices los Niños a cargo del cura abusador Julio César Grassi, o la denuncia en 2015 por la existencia de una red de prostitución infantil en el Centro de Atención a la Niñez y Adolescencia (CAINA) en Viedma (Río Negro). ¿Existe algún relevamiento gubernamental de las condiciones en que viven los niños en las distintas instituciones de menores que existen en nuestro país? ¿Qué información pueden brindar, como autoridades responsables, al respecto? ¿Qué tipos de controles se ejercen, tanto sobre instituciones que dependen del Estado como las de carácter privado, y con qué regularidad? En caso de no contar con la información correspondiente ¿qué medidas tomarán para conocer la situación de los niños y para brindarles protección, contención y condiciones dignas de vida?

4. ¿Por qué motivo el Estado nacional continúa derivando la asistencia a niños y niñas en ONGs o instituciones religiosas?

5. Las instituciones a cargo de menores institucionalizados reciben un subsidio estatal por cada niño a fin de cubrir gastos de alojamiento, escolaridad, comida, vestimenta, entre otros. Parte de ese dinero se supone a su vez que se emplea para que al cumplir los 18 años, la persona que debe abandonar la institución, disponga de un ahorro para emprender su vida independiente. Sin embargo, son recurrentes las denuncias respecto de que esto no se cumple, en muchos casos no hay alimentos suficientes, no existen los ahorros, etc. ¿Qué medidas adopta el Estado argentino para dar cuenta del correcto destino de los fondos? ¿Qué controles se aplican sobre las instituciones? ¿Qué funcionarios están a cargo de los mismos? ¿Qué medidas se adoptan desde sus dependencias para garantizar la integridad física, psíquica y emocional de todos estos niños?

6. ¿Qué antecedentes de abusos sexuales en instituciones de menores existen en el país? ¿Existe algún registro? ¿Qué medidas piensan disponer frente a la situación?

7. Antes de ser derivados a un hogar de tránsito, en muchos distritos como en la Ciudad de Buenos Aires, los niños/as y adolescentes son alojados en paradores estatales por un período que se supone no debe ser mayor a los 15 días. ¿Cuántos paradores de este tipo hay en el país? ¿Cuánto tiempo permanece cada niño en los mismos? ¿Qué información pueden brindar sobre el trato que reciben y las condiciones en que viven allí?

8. Con respecto a los centros que alojan menores en conflicto con la ley penal, llamados en muchos casos, centros de Recepción y Contención de Menores, se han denunciado graves problemas de higiene e infraestructura, situaciones recurrentes de violencia institucional y una reducida actividad para promover la reinserción. ¿Cuántos centros existen de este tipo a nivel nacional? ¿Qué tipo de controles se ejercen? ¿Cuántas denuncias tienen relevadas? ¿Cuál es la situación de los menores en cada uno de los centros? ¿Cuál es la condición de higiene y seguridad de cada uno de ellos?

Señor presidente:

El pasado 8 de marzo, el mismo día en que el paro mundial de mujeres reclamaba por el fin de la violencia y la opresión femenina en más de 50 país del mundo, un incendio en el “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” en Guatemala terminó con la muerte de 40 niñas incineradas dentro de la institución. Murieron niñas de entre 11 y 17 años, quemadas y asfixiadas, producto de un incendio en la institución donde estaban encerradas con llave dentro de un cuarto como forma de castigo, luego de denunciar que sufrían abusos y maltratos de todo tipo.

En nuestro país se conformó de inmediato una mesa de organizaciones que apoya el reclamo por justicia para las víctimas, denunciando la responsabilidad del Estado guatemalteco y del gobierno de Jimmy Morales en la masacre, que incluyen desde el papel de Secretaría de Bienestar Social y de su titular, Carlos Rodas, bajo cuya dirección estaba el “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”; hasta el accionar de la policía nacional civil que impidió el ingreso de los bomberos mientras ocurría el incendio. Entre las iniciativas acordadas en esa mesa de solidaridad con las víctimas y sus familiares, se resolvió impulsar un proyecto de declaración en repudio al crimen, que fue recientemente presentado en esta Cámara.

Lo sucedido con estas niñas en Guatemala nos interpela no solo por el fatal desenlace del incendio criminal, sino también por su trasfondo: las denuncias de hacinamiento, malos tratos, abusos y vejámenes de todo tipo que sufrían estas niñas y niños en el lugar donde se suponía debían recibir protección y contención, no son distintos a la situación que viven muchísimos niños y adolescentes institucionalizados en nuestro país.

El año pasado, el caso atroz del Instituto Próvolo de Luján de Cuyo para niños hipoacúsicos, dirigido por sacerdotes de la Iglesia Católica, develó una historia de décadas de abusos sexuales y violaciones a partir de la denuncia de una alumna egresada del mismo. Se conoció entonces que había al menos diez denuncias judiciales de otras víctimas, y que serían más de 60 los niños que sufrieron abusos en esta institución. El Instituto Antonio Prólovo, propiedad de la Obra San José, es una de las casas de retiro con las que cuenta el Arzobispado de Mendoza en la provincia, que depende de la Santa Sede. Las denuncias también se suscitaron en el mismo instituto en la ciudad de La Plata.

Estos hechos se inscriben en una larga lista de denuncias por abuso de menores que pesa sobre representantes clericales, tanto en nuestro país como en el mundo. Sólo en Argentina en el último tiempo se conocieron los casos de Juan de Dios Gutiérrez en Catamarca, el obispo de la diócesis de Río Gallegos, el cura colombiano Escobar Gaviria denunciado por dos monjas en Entre Ríos, y la nueva causa por malversación de fondos contra el pedófilo Julio César Grassi, titular del hogar “Felices los niños”.

Estos casos, cuya gravedad es evidente, ponen sobre la mesa otro problema de primer orden: la tercerización por parte del Estado de la asistencia y atención a niños que por distintos motivos requieren institucionalización, en ONGs e instituciones privadas y confesionales. En el caso de estas últimas, cuando las denuncias salen a la luz la respuesta habitual por parte de la Iglesia es el encubrimiento y la impunidad, con la necesaria anuencia y complicidad estatal. El “traslado” de curas abusadores a otras latitudes para garantizar su impunidad es una práctica corriente por parte de la jerarquía vaticana. Así ocurrió por ejemplo con el cura Ilarraz, trasladado de Tucumán a Entre Ríos. Otro caso es el del cura Carlos Urritigoyti (también mendocino), acusado de pedofilia en los EE.UU., que recaló en Paraguay para terminar refugiado en San Rafael, gracias a la protección de la Iglesia Católica y del gobierno.

Pero no sólo en las instituciones confesionales suceden estas atrocidades. En 2015 fue denunciada una red de prostitución infantil en Viedma, provincia de Río Negro, que involucra a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y al Poder Judicial. Las víctimas eran tres niñas de 13, 14 y 15 años del Centro de Atención Integral a la Niñez y a la Adolescencia (CAINA). Se trata de un instituto de menores dependiente del Estado Nacional que debería velar por los derechos de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La denuncia estuvo cajoneada durante más de un año. Quienes tenían acceso al expediente de la causa y lo manejaban a gusto y piacere eran los mismos proxenetas de las adolescentes, ya que integrantes del Poder Judicial fueron denunciados como responsables de esta red. En este caso también estaban comprometidos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud de la provincia.

Lo ocurrido en Viedma no es un caso aislado. En 2014 en Bariloche también se denunciaron abusos sexuales sufridos por los niños y adolescentes del CAINA local. La situación de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en distintos lugares del país es una verdadera incógnita, ya que no existen relevamientos ni informes al respecto, y lo que conocemos cada tanto es por las denuncias que logran trascendencia pública.

Con respecto a los institutos que albergan menores en conflicto con la ley, numerosas denuncias advierten que estos centros se han convertido en verdaderas unidades carcelarias, a pesar que está prohibido por ley que los menores de edad estén presos. La realidad es que decenas de niños, niñas y adolescentes se encuentran en estas instituciones y en malas condiciones de higiene y seguridad, con maltratos físicos y psicológicos y con escasas actividades educativas, deportivas y de recreación que permitan la reinserción.

La conmoción que nos genera el crimen de las niñas en Guatemala, junto a casos que tuvieron una trascendencia pública en nuestro país, nos lleva a poner la lupa en estas instituciones y a interpelar a los representantes del Estado nacional para que informen sobre las condiciones en que se encuentran los niños institucionalizados en la Argentina.

Por estos motivos, solicitamos a los diputados el acompañamiento del pedido de informes.