El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1: Se anula el decreto 225/2017, publicado por el Poder Ejecutivo Nacional el día 04 de abril de 2017 en el Boletín Oficial de la nación, donde autoriza a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, a disponer y enajenar los inmuebles del ESTADO NACIONAL detallados en el anexo del decreto, entre los que se encuentra en el orden n° 37, el inmueble ubicado en RUTA PROVINCIAL Nº 92 S/Nº – “CAMPO LOS ANDES”, Tunuyán- Mendoza, de 10.000 hectáreas de superficie.

Art. 2: De Forma.

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo publicó en el Boletin Oficial del día 4 de abril de 2017 el decreto n° 225/2017 que autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a disponer y enajenar 39 inmuebles del Estado Nacional.

Entre ellos se encuentra en el número de orden 37, el terreno ubicado en Ruta Provincial n°92 S/N denominado Campo Los Andes, pertenecientes al Ejército, ubicados en zona montañosa de Tunuyán, Mendoza.

El decreto adjunta un anexo con detalles de las propiedades estatales que se rematarán, junto a un croquis que detalla las 10.000 hectáreas de superficie que el Estado Nacional pondrá a la venta para favorecer negocios privados, tal como lo explicara el Ministro de Hacienda de la provincia “con este proyecto queremos reforzar el desarrollo vitivinícola”. Este DNU expresa una entrega fenomenal de terrenos estatales en una zona estratégica para los empresarios extranjeros del vino, sector al que va dirigida este decreto.

El proyecto oficial no contempla a los pobladores de Campo Argentino, aproximadamente 25 familias que viven allí desde hace décadas, nada dice de su reubicación, como mínimo. El gobierno provincial sólo dio información del proyecto (previamente a este DNU que pedimos anular) a través del titular de la Unidad para el Cambio Rural dependiente del Ministerio de Agroindustria a partir de que los pobladores de San Carlos y Tunuyán, y pobladores de La Remonta (paraje afectado por este DNU) comenzaran a organizarse en asambleas de vecinos auto convocadas, realizando una serie de petitorios y comenzando un plan de lucha con cortes de calle expresando el rechazo a este proyecto de venta de tierra y de agua, al que caracterizan como un saqueo institucional. En estos terrenos se encuentran las plantas potabilizadoras que proveen de agua potable a las comunidades de La Consulta, Vista Flores y Campo Los Andes, lo que hace absolutamente entendible la preocupación y el rechazo contundente a la venta de las mismas por parte de las familias que habitan esos terrenos.

Con este decreto el gobierno favorece al sector concentrado de la actividad vitivinícola, que acumula ganancias exorbitantes colocando la mayoría de su producción en la exportación y mantiene mano de obra extremadamente precarizada, que además cuenta con exenciones impositivas diversas, como la tradicional quita de impuestos al espumante extendido mediante decreto años tras año.

Las ventas de estos terrenos, según argumentan desde el oficialismo, promovería las inversiones en el sector y la creación de empleo, pero este plan de desarrollo vitivinícola en una zona estratégica será sobre la base de un remate con precios base de U$S 30.000 por hectárea, lo que está fuera del alcance de la población del lugar y contrasta con la quiebra de cientos de pequeños productores vitivinícolas en la provincia, sobre todo en la región este provincial. Los pequeños productores de esta zona se han pronunciado en contra de este proyecto de venta, ya que la producción vitivinícola y agraria de esa zona se riega con las aguas del río Tunuyán, que sería utilizada en gran parte para regar las tierras en venta.

Estas promesas de nuevas inversiones y generación de empleo hechas por el gobierno de Cornejo, también por el Presidente Macri, se enmarcan en el rotundo fracaso del plan económico del gobierno, donde las inversiones prometidas nunca llegaron, incluso luego de tomar medidas a favor del empresariado, devaluando, eliminando retenciones y habilitando la remisión de utilidades. Este proyecto de venta desesperado se conjuga con la pérdida de un importante patrimonio público, que por sobre todas las cosas remata los bienes comunes como el agua y la tierra, en favor de la extranjerización y concentración de la tierra en manos de los privados.

Por todo esto, solicitamos a los diputados/as que acompañen el presente proyecto de ley.