La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar que la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación promueva citar al señor Germán Garavano, en calidad de Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a los efectos de que informe sobre la sugerencia realizada por el poder ejecutivo a la justicia de conceder el arresto domiciliario a 96 genocidas, con la excusa de descomprimir la sobrepoblación que caracteriza las cárceles argentinas.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como objeto citar al señor Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para que dé explicaciones acerca de la recomendación que realizó el servicio penitenciario a la justicia de otorgar arrestos domiciliarios a 96 genocidas.

Como es de noto conocimiento, el 31 de enero pasado el SPF envió a la justicia un listado de 1111 internos a quienes sugirió que se les permita acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica u otras modalidades de egreso anticipado. La nómina incluía a 96 represores procesados o condenados por secuestros, torturas, violaciones y asesinatos como Jorge “El Tigre” Acosta, el Turco Julián o el ex capellán Cristian Von Wernich.

Según trascendió en los medios, el listado fue actualizado el día 8 de marzo, elevando a 1436 el número de “internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisión”. Entre ellos se encuentra Alfredo Astiz, “el Angel Rubio”, quien es recordado por haberse infiltrado cobardemente en las Madres de Plaza de Mayo, hecho que dio lugar al posterior secuestro y desaparición de los Doce de la Santa Cruz, entre los que se encontraban tres Madres fundadoras, Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco, así como las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Astiz acumula tres condenas a prisión perpetua: en 2008, en ausencia, lo condenó la Corte de Apelaciones de Roma por casos de ciudadanos italianos vistos por última vez en la ESMA; en 2011 y 2017 hizo lo propio el Tribunal Oral Federal 5. Según el SPF, estaría en condiciones de acceder a la libertad vigilada en 2023 y a la libertad total en 2028.

Pero además, y es por esto que entendemos necesario que el señor Garavano se presente para explicitar su posición, el poder ejecutivo dio señales contradictorias sobre este tema. Por un lado, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, se han manifestado en contra de este tipo de beneficios para quienes cometieron los delitos más aberrantes que se conocen. Además, en la sesión del día 21 de marzo se aprobó por unanimidad el repudio de la Cámara de Diputados de la Nación al listado con los genocidas que podrían ser beneficiados por el arresto domiciliario. Por otro lado, sin embargo, el señor Garavano ya en 2017, cuando ya se vislumbraba el aumento en el otorgamiento de las cárceles domiciliarias, sostuvo en declaraciones públicas que “el Gobierno se ajustará a derecho y no apelará las decisiones judiciales que, se estima, incrementarán el número de reclusos domiciliarios”.

Entendemos que es necesario aclarar la posición del gobierno sobre este tema que además vemos como una provocación, ya que se da a conocer en el marco de un nuevo aniversario del 24 de marzo y debido a que en este caso, como en muchos otros, el gobierno dice una cosa y luego hace otra. Es por estos motivos que pido a los señores legisladores acompañen este proyecto.