Proyecto

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicito al Poder Ejecutivo por medio del organismo que corresponda, informe acerca de la instalación de una base militar de un país extranjero en la provincia de Misiones.

Se solicita se informe:

1) ¿Qué motivos tuvo el Poder Ejecutivo de la Nación para enviar una delegación del Ministerio de Defensa a los Estados Unidos de Norteamérica a finales de mayo de 2016?

2) ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación o el Ministerio de Defensa argentino han realizado acuerdos con países extranjeros para la instalación de bases militares en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones? En caso de una repuesta afirmativa, exhibir el acuerdo.

3) En el caso de existir negociaciones gubernamentales para la instalación de bases militares extranjeras en el territorio de la República Argentina:

a) ¿Cuál es el motivo del incumplimiento de la Ley Nacional 25.880 que exhibe el procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización para permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio argentino?

b) ¿Cuál es el tiempo qué estipula el acuerdo para el establecimiento de las bases en nuestro territorio?

c) ¿Por cuánto tiempo sede el Poder Ejecutivo tierras soberanas para la instalación de las mencionadas bases?

d) ¿Qué es el objetivo persigue la instalación de la base militar extranjeras en territorio nacional teniendo en cuenta que para la protección de nuestras fronteras poseemos tropas propias?

e) Teniendo en cuenta la posición geopolítica y estratégica de la provincia de Misiones dentro del América del Sur, no solo en la región de la Triple Frontera que comparte con la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil sino también dentro del Mercosur, ¿cuál es el motivo de su designación?

f) ¿Qué garantías tiene nuestro país que una cooperación militar con Estados Unidos no afecte las normas de conservación de los recursos naturales, tanto de la Nación como la de provincia de Misiones?

FUNDAMENTOS

Proyecto

Señor presidente:

Este proyecto reconoce su antecedente bajo el N° de expediente: 3750-D-2016 presentado el año pasado, reiterando y ampliando los fundamentos debido a que el mismo no fue incluido en el temario de las comisiones a tratar durante su año legislativo por lo que solicito forme parte este año de la agenda de las mismas.

El 10 de noviembre de 2016 el gobierno del Estado Norteamericano de Georgia anunció que la Guardia Nacional de ese Estado había sido seleccionada como la operadora del COMANDO SUR militar estadounidense para la República de Argentina como parte del Programa de Asociación Estatal (SPP por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa.

La noticia fue dada a conocer recién el 14 de diciembre de 2016 por el Ministerio de Defensa argentino a través del Informe de Prensa N° 523/16 que informó: “El Ministro Martínez firmó un convenio de ayuda humanitaria con la Guardia Nacional del Estado de Georgia, Estados Unidos, para brindar asistencia ante catástrofes naturales y ayuda humanitaria. Mediante la firma de este convenio, presentado ayer en la Embajada de EE.UU por el Embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, Argentina pasa a integrar el Programa de Colaboración Estatal del Departamento de Defensa (SPP), lo que permitirá que las Fuerzas Armadas nacionales desplieguen actividades conjuntas con la Guardia Nacional del Estado de Georgia”.

El convenio expresa: “El SPP entre el Estado de Georgia y Argentina establecerá las bases para desarrollar una relación exitosa a largo plazo, mediante el conocimiento en respuesta a la a emergencias y desastres, la mejora de la seguridad fronteriza y el fortalecimiento de la cooperación en Operaciones de Paz y su preparación” . Además agrega: “Gracias a la Alianza, la Guardia Nacional llevará a cabo ACCIONES MILITARES entre los dos grupos, no sólo en apoyo de los objetivos de SEGURIDAD Y DEFENSA sino que también hará uso de las relaciones de toda la sociedad y recursos para facilitar las acciones interinstitucionales y de respuesta, no sólo con LOS MEDIOS MILITARES sino también con el gobierno, y los sectores sociales y económicos”.

Como misionero tengo la obligación de llevar adelante este pedido de informes para despejar todas las dudas y consecuencias que pueda sufrir nuestro país y la provincia de Misiones debido a la firma de dicho convenio de cooperación militar con Estados Unidos que compromete gravemente la soberanía de la provincia y de la región.

Misiones es el corazón geográfico de la quinta cuenca hidrográfica más grande del mundo: el Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce potable más importante de la región.

Nuestra ubicación geoestratégica nos permite pensarnos como el corazón del Mercosur. Misiones- que es todo territorio fronterizo- es nexo necesario para la integración siendo el epicentro integrador entre Argentina y Brasil dentro del núcleo duro del Mercosur y la CELAC.

La Ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones y la Ciudad de Ushuaia, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego fueron algunas de las localidades designadas para establecer distintas etapas de cooperación militar con Estados Unidos.

Teniendo en cuenta que la provincia de Misiones contiene una importante reserva natural de agua potable (Acuífero Guaraní) y representa a su vez, al 52% de la biodiversidad de nuestro país, no existe duda alguna respecto del especial interés que tiene Estados Unidos en nuestro territorio.

El denominado Sistema Acuífero Guaraní es uno de los reservorios de agua subterránea más grande del mundo, encontrándoselo en el subsuelo de un área de alrededor de 1.190.000 kilómetros cuadrados (superficie mayor que las de los países de España, Francia y Portugal juntas) por lo que también se lo denomina “el Acuífero Gigante del Mercosur.”

Por lo demás, toda intervención de un Estado sobre los cursos de agua internacionales puede perturbar las relaciones de paz y de seguridad internacionales. De allí el interés de las Naciones Unidas por esta cuestión del agua con todos los problemas políticos, estratégicos o de otra naturaleza que le están vinculados. El agua dulce se encuentra en gran medida en los cursos de agua y los acuíferos internacionales, o sea tanto en las aguas de superficie como en las aguas subterráneas que sean además compartidas entre dos o más Estados.

Así las cosas, uno de los principales problemas que se plantean –sino el principal– guarda relación con dos palabras clave: soberanía y reparto, que son dos conceptos clave para la regulación de los recursos naturales y específicamente el de las aguas dulces compartidas, dada la propia característica natural del recurso y sus usos potenciales.

El Acuífero Guaraní es un sistema de aguas subterráneas que se encuentra bajo los territorios de cuatro países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Tras muchos años de estudios técnicos y de negociaciones diplomáticas, los cuatro Estados llegaron finalmente a un consenso para la suscripción de un Acuerdo para proveer a una gestión conjunta de este recurso natural compartido. El 2 de agosto de 2010 se adoptó el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní (AAG).

Los artículos 1 y 2 del Acuerdo hacen referencia a la soberanía de la partes sobre el Acuífero en general, y sobre la de cada uno respecto de su porción de acuífero en particular. En el resto, el Acuerdo enuncia las reglas para la cooperación y la gestión compartida del recurso.

El tema de los derechos humanos también ha llegado a las aguas dulces y se especula que podría limitar también el concepto de soberanía estatal sobre las mismas (Gavouneli 2011).

Y es que efectivamente, los derechos inciden en el tema ya que el agua dulce es indispensable para la vida y esa circunstancia conecta inevitablemente a ambos derechos.

Sieguiendo a Elsa Bruzzone, especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional, el terrorismo y narcotráfico son dos herramientas de ocupación territorial así como la realización de ejercicios militares conjuntos, la presencia de un número reducido de tropas en forma rotativa y asesoramiento en capacitación por parte de la Academia Internacional de Policia, la DEA y el FBI, la apertura comercial irrestricta, la coordinación de misiones militares en África, la cooperación en el ámbito nuclear, el asilo a los refugiados sirios y la creación de Centros de Fusión de Inteligencia, etc, no son más que parte de un plan general para controlar la “rebelión del patio trasero”, el Mercosur- en especial de Argentina y Brasil, dos países que en el 2005 frustraron la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas- que ocupan un lugar de interés primordial por la creciente importancia del bloque en el proceso de transformación geopolítica del siglo XXI.

Argentina cumple un papel estratégico frente a los mayores desafíos del actual sistema mundial: las reservas alimentarias, las energéticas y las acuíferas. Solo como ejemplo, en 2011 nuestro país produjo alimentos para 450 millones de personas y al terminar se estima que lo hará para 650 millones, colocándose entre los principales productores del mundo. En cuanto a la industria del biodisel, Argentina fue el mayor exportador mundial y el octavo productor con 2,4 millones de toneladas en 2011.

Respecto del agua, que junto con recursos energéticos conforman el mayor “factor crítico del siglo XXI”, el continente americano en su totalidad posee el 55,6% de los recursos hídricos renovables del planeta. De los 85 acuiferos que posee, 40 están en Sudamérica y el más importante se encuentra en el Acuifero Guaraní.

Estados Unidos nunca fue aliado de la Argentina, solo hubo buenas relaciones cuando entregábamos nuestra soberanía y recursos, esa es la esencia del TPP, el nuevo ALCA, que con el pretexto de fines científicos, esas bases siempre son instaladas en zonas donde hay recursos naturales altamente estratégicos: agua, tierra fértil para producción de alimentos, minerales, hidrocarburos, biodiversidad, etc. siendo la matriz imperial siempre la misma: influencia- intervención -control- hegemonía, todo bajo el telón de fondo de la competencia por apropiarse de los recursos naturales.

A su vez, me parece oportuno el momento para denunciar el incumplimiento del inciso 28 artículo 75 de la Constitución Nacional y la Ley Nº 25.880 de prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras el territorio nacional en todos y cada uno de sus artículos. Las leyes están hechas para cumplirlas, Señor Presidente.

Hay un diseño geopolítico y estratégico de Washington en la instalación de una base en Ushuaia y otra en la Triple Frontera, como ya le comenté. Su objetivo es recuperar y aumentar la presencia militar en la América del Sur, que parece haberse reducido desde que perdieron la base de Manta, en el Ecuador, y desde que la Corte en Colombia consideró inconstitucional la instalación de siete bases. Bases reconocidas como tales existen en El Salvador (Comalpa), Cuba (Guantánamo), Aruba, Curaçao y Puerto Rico.

Al mismo tiempo los Estados Unidos mantienen en América Latina bases informales y legalmente ambiguas. El Pentágono las llama quasi-bases para evitar tanto el escrutinio del Congreso como la reacción de los países. Las quasi-bases están en Perú, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia, entre otros países, a lo largo del litoral del Pacífico. Las quasi-bases en la Antártida y la Triple Frontera representan una amenaza a la soberanía de Argentina y a la seguridad de Brasil.

Las instalaciones de bases militares extranjeras en territorio nacional deben contener detalles precisos de las consecuencias y objetivos que demandan los organismos internacionales, cabe recordar que el acceso a la información pública es un derecho fundamental en una sociedad democrática.

En un sistema democrático y republicano de gobierno, los principales argumentos que justifican la existencia del derecho de acceso a la información pública se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión, participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la transparencia de los actos de gobierno y la propiedad de la información.

El derecho de acceso a la información es ampliamente reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, el Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), define al derecho a la libertad de expresión como el derecho de “buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole”, incluyendo obviamente a la información en poder del Estado.

En la misma línea interpretativa, el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos protege el derecho de acceso a la información al estipular que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” y que “este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Por su parte, también el Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se orienta a proteger el acceso a la información del Estado sin tener que explicitar los motivos que fundan su solicitud ni decir para qué va a utilizar la información, obligando a todos los organismos del sector público nacional a cumplir con la norma, en tanto y en cuanto el derecho a la información pública sea un derecho colectivo.

La región de la Triple Frontera está conformada por tres países miembros del Mercosur que han venido trabajando hace muchos años con la intención de velar sobre la seguridad y el bienestar de sus habitantes en zonas de fronteras y es por ello que debemos tomar todos los recaudos necesarios para velar por el bienestar de los pueblos libres que habitan en la región.

Por todo lo brevemente aquí expuesto y con la firme voluntad de velar por la soberanía nacional y la autonomía de las provincias Unidas del Sur, es que solicito a mis pares me acompañen con el siguiente Proyecto de Resolución.

Proyecto

Firmantes
Firmante	Distrito	Bloque
DI STEFANO, DANIEL	MISIONES	FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ

Giro a comisiones en Diputados

Comisión
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia)

PROYECTO DE TP