La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, que informe respecto de la ex empresa Consultores Asociados Ecotrans S. A., del Grupo Plaza, sobre las siguientes cuestiones:

- Las condiciones en las cuáles se ha operado la transferencia de los contratos de trabajo de las líneas que la integraban a una nueva razón social a cargo de la empresa “La Metropol” o “La Nueva Metropol” y qué respuestas puede dar ante las denuncias de los delegados gremiales y trabajadores, que sostienen que hay en curso un operativo de desguace de la empresa.

- La aplicación de las Actas de Remediación, firmadas con la intervención directa de su ministerio, para salvaguardar los puestos y condiciones de trabajo de los trabajadores y delegados y qué medidas piensa adoptar respecto de su incumplimiento por parte de la patronal.

- Las acciones e inspecciones realizadas para verificar las graves denuncias realizadas por los delegados de los choferes de estas empresas de incumplimiento de normas laborales, el convenio colectivo y la legislación protectora del trabajador vigente.

Señor presidente:

Durante años la empresa Ecotrans S.A., dirigida por los hermanos Cirigliano, tuvo el monopolio del transporte público automotor de pasajeros y del ferrocarril que liga a la zona Oeste de la Capital, con la zona Oeste del Gran Buenos Aires. Era una empresa que cobraba subsidios del Estado que no eran destinados al mantenimiento del servicio automotor, sino que los invertía en nuevas empresas del grupo empresario. Se trató de un vaciamiento en gran escala, que el Estado permitió livianamente. No podemos olvidarnos que la llamada masacre de Once con decenas de muertos y centenares de heridos (y otros accidentes ferroviarios y automotores también trágicos) es considerada responsabilidad directa de este grupo empresario. Hecho por el cual han sido juzgados.

No se trató solo de vaciamiento empresario, sino también de superexplotación de los trabajadores: tratando de reducir salarios, no cumpliendo con normas convencionales, despidiendo, incrementando ritmos de trabajo, etc. Todo esto fue resistido durante más de una década por el Cuerpo de Delegados de Ecotrans que impidió el desguace.

Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri procedió a blanquear este proceso de vaciamiento. Permitió el desguace de las líneas de Ecotrans, pasando los contratos a la patronal de las empresas “La Metropol” o “La Nueva Metropol” dirigida por los hermanos Javier y Eduardo Zbikoski. Ante la resistencia de los trabajadores que veían amenazados sus puestos y condiciones de trabajo, fue la intervención directa del propio ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el que colocó garantías de salvaguarda. La nueva patronal se comprometía a respetar los puestos y normas de trabajo de TODOS los trabajadores transferidos de Ecotrans, así como los derechos gremiales del Cuerpo de Delegados.

Pero esto no se cumplió de ninguna manera. La patronal comenzó una política de hostigamiento de los trabajadores transferidos con el evidente propósito de que estos aceptaran el “retiro voluntario”, es decir el despido inducido por agravamiento de las condiciones laborales y las amenazas patronales. A su vez incumple y violenta las normas convencionales: no se reconocen los tiempos de espera obligatorios de los chóferes entre vuelta y vuelta, pretende avanzar en un cambio del régimen laboral (no se entregan libretas y los cambios de horarios son completamente arbitrarios), se imponen vueltas ‘en negro’ por fuera del horario normal de trabajo, etc. Todas medidas que no solo perjudican a los trabajadores del transporte automotor, sino también a los pasajeros en sus márgenes de seguridad.

A esto se suman lluvias de sanciones arbitrarias y completamente desproporcionadas (cinco, seis, siete o más días de suspensión) que no tienen justificación o tienen ‘justificaciones’ antojadizas, que deterioran sensiblemente el ingreso salarial de la familia del trabajador y que tienen como propósito crear un clima de amedrentamiento destinado a amenazar al trabajador con el despido ‘con causa’, es decir sin pago de indemnización alguna, para forzarlo a su retiro ‘voluntario’. Desde ya que los derechos gremiales tampoco han sido respetados: a los delegados no se les paga su salario, pretendiendo para ello que renuncien a su condición sindical y a los fueros que los protegen. Ha habido casos en donde durante ¡siete! meses no se les ha abonado el salario a los representantes gremiales.

El resultado: ¡una masacre social! El 70% de los 331 trabajadores de la línea 503 se ha ‘retirado’ de la empresa mientras la patronal continúa imponiendo normas salvajes de superexplotación laboral.

En el mes de marzo, el ministro Dietrich, concurrió a un plenario de comisiones de esta Cámara de Diputados. En dicha oportunidad hizo referencia explícita a la “recuperación de Ecotrans”, como un logro del gobierno Macri. “Es un ejemplo”, dijo y añadió: “teníamos 1200 trabajadores en riesgo, se trabajó junto al sindicato y los empresarios y se pudo recuperar la empresa, con una inversión de 350 millones de dólares y con coches nuevos que hoy están circulando en el Oeste”. El diputado del Frente de Izquierda-Partido Obrero, Pablo López, le retrucó en el instante, señalando que la nueva patronal impuso “retiros voluntarios” y que el servicio se prestaba (en ese momento) con la mitad del personal, que tiene jornadas de 12 horas y en negro, señalando que se ponía en riesgo la vida de chóferes y pasajeros. Pablo López denunció que era “una vergüenza” que “aquí se haya indicado que el Estado ha puesto plata para una empresa que funciona en estas condiciones” y planteó una inmediata investigación para que quede claro quién aportó y en qué fueron utilizados esos 350 millones de dólares de ‘inversión’ anunciados por el ministro.

El presente pedido de informes al señor ministro de Transporte atiende precisamente al problema planteado, con el objetivo de verificar qué es lo que se ha hecho con las denuncias de los trabajadores damnificados ante esa cartera. Todo indicaría que absolutamente nada, porque no se ha visto una sola medida de inspección o verificación.

Ya en otros conflictos laborales, como ha sido el caso de Cresta Roja, se evidenció que el gobierno considera resuelto el problema si la patronal ha logrado su objetivo de estructurar una continuidad de la empresa, aunque sea en detrimento de los trabajadores y sus derechos (en Cresta Roja quedaron 2000 trabajadores despedidos).

En contraposición, este proyecto apunta a defender los derechos de los trabajadores contra la intención patronal de flexibilizar la jornada de trabajo, reducir el personal mediantes despidos encubiertos (“retiros voluntarios”) e imponer múltiples atropellos a su organización gremial y derechos sindicales.

Por estos motivos solicitamos a los señores Diputados que acompañen este proyecto de resolución.