El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1: Deróngase los incisos f) y h) del Anexo I, artículo 1° del decreto 432/1997.

Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Nación.

Señor presidente:

La inmensa mayoría de los argentinos recibieron con estupor e indignación el recorte de pensiones a personas con discapacidad llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley

Según lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social en un comunicado oficial, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas. En lo que va de este ya se eliminaron otras 5713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron 5714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491 por el mismo concepto. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas en lo que va de 2017. La justificación fue la revisión de los beneficios en el marco de un cumplimiento estricto de las condiciones para al acceso a este derecho de los más vulnerables. En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario se enteró al ir a cobrar la pensión al banco. Frente a los reclamos de los damnificados, en el 40 por ciento de los casos las pensiones fueron restablecidas, pero luego de un arduo proceso que se demora seis meses en promedio.

A estas eliminaciones y suspensiones arbitrarias se suma que Desarrollo Social no pide precedentes para aclarar el estado patrimonial de las familias involucradas, a lo que se suma que desmontó los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias. Sobre este punto se sustentaron la mayoría de las denuncias que recogió la Defensoría del Pueblo para fundamentar las distintas presentaciones judiciales.

Para llevar a cabo dicho recorte, el ministerio de Desarrollo Social hizo uso del decreto 432/1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’, pero debemos advertir viola la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.

Esta medida, que provocó la baja del 10 por ciento del universo que es beneficiario de este beneficio recibió el repudio de la Multisectorial por la Discapacidad, que a través de su representante, Germán Ejarque, dijo que la quita de pensiones no contributivas “se hizo sin haber tenido en cuenta criterios socioeconómicos”.

2017-"Año de las Energías Renovables"

Según lo manifestado por distintos letrados especialistas en jubilaciones y pensiones, se violó la ley de procedimiento administrativo, que advierte que para suspender un beneficio el Estado debe citar o acudir en busca de la persona para que demuestre qué medios de vida tiene, y una vez concretado el análisis, si correspondiera, suspender la pensión. Esta violación a la ley provocará la realización de una gran cantidad de amparos.

Estamos obligados de dar a conocer, además, la preocupación de gran parte de la Iglesia Católica argentina por los divorcios que ocasionan estas medidas a quiénes están legalmente casados, ya que para no perder los derechos adquiridos se ven obligados a romper los lazos conyugales. En Villa Dolores, Córdoba, tenemos el caso de un matrimonio integrado por ciegos de nacimiento, que necesitan imperiosamente de las pensiones a las que han accedido por derecho, ocasionándoles, la quita de una de ellas, la imposibilidad de gozar de una vida digna.

Para concluir, queremos afirmar que no se trata de una simple y por supuesto grave violación a la ley ni lo que es aún peor la violación de una Convención con jerarquía constitucional sino que estamos ante un gobierno nacional que busca abrir aún más la brecha entre los sectores más empobrecidos de la sociedad y los que más tienen. Es el modo de gobernar de Cambiemos: No considerar a los ciudadanos como sujetos de derechos sino como afirmó uno de sus ministros, habitantes de la incertidumbre y librados a su suerte. Nosotros decimos que en la Argentina de hoy son para el oficialismo habitantes descartables, no ciudadanos.