La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico rechazo y repudio a los dichos del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que tienen por objeto desacreditar al fuero laboral en todo el territorio nacional, e interferir en la adopción de decisiones judiciales que protegen los derechos de los trabajadores.

Estas expresiones –que afectan a la forma republicana de gobierno y viola tratados internacionales de Derechos Humanos suscriptos por el Estado Argentino-, son la continuidad de un embate consistente que lleva adelante esta administración contra los fueros especializados en derecho del trabajo y de la seguridad social; sea adoptando decisiones que intentan desguazar al mismo, modificando normas que impidan la efectiva defensa de los derechos o sea en otros casos atacando a miembros de la Magistratura que no han resuelto conflictos jurídicos de acuerdo a los intereses y valores esperados por el empresariado.

Señor presidente:

En el día de ayer, en ocasión de una reunión llevada a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, reiteró expresiones que cuestionan la labor de los jueces del trabajo: “Tenemos que enfrentar estas cosas, por ejemplo a la mafia de los juicios laborales que destruye la generación de empleo futuro”. Los dichos se complementaban cuestionando la función del abogado que cumple con el patrocinio de trabajadores (“Cuando convencen a un trabajador de una pyme de hacer un juicio indebido, y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa, dejan a ocho, diez o doce trabajadores en la calle porque la PYME cierra”)

La desafortunada frase no es nueva ni es casual. En un acto en el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevado hace quince (15) días, acusó a DOS (2) jueces integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo de perjudicar a las PYMES con sus sentencias. Esos mismos jueces, los Dres. Enrique Arias Gibert y Graciela Marino habían ya sido objeto de pedido de juicio político por resolver favorablemente hacia los trabajadores un conflicto relacionado con la paritaria de los bancarios. En ese mismo acto advirtió el Presidente, en relación con los jueces federales : "Si no nos representan, vamos a buscar otros".

En realidad el objetivo buscado por el presidente es otro. Estamos ante la continuidad de una política de descrédito y desguace del fuero del trabajo. No porque existan mafias –como atribuye interesadamente el mandatario-, por el contrario, el cuestionamiento nace porque el fuero cumple con la función tuitiva para la que fue creado.

La intención que ha tomado estado público, sigue los mismos objetivos políticos que nacieran en la década de 1990 en nuestro país, y que también tuvo su proyección hacia los tribunales especiales de la materia. No faltan los actos manifiestos. Podemos señalar algunos intentos para plasmar estos objetivos, como cuando se trasladó personal del fuero laboral a otros fueros o cuando se trasladaron o se intentan trasladar competencias propias del mismo a otros fueros.

El Fuero del Trabajo nace en la Argentina del decreto 32.347/44 impulsado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y fue ratificado por la ley 12.948. Fueron estas primeras normas, las que con posterioridad impulsan la creación de los distintos fueros provinciales del trabajo. El estado nacional, creó un fuero con competencia nacional especializado para poder resolver los conflictos que originaba esta materia.

La existencia de fueros especializados a mediados del siglo pasado, fue solo un anticipo del desarrollo doctrinal y político-institucional que tuvieron estos Juzgados con el impulso del reconocimiento de los derechos humanos. La creación de estos fueros, tuvieron y tienen por objeto resolver en justicia desde el lugar del grupo vulnerable. Los fueros especializados ya se encuentran generalizados y pacíficamente aceptados en todo el territorio de nuestra nación. Cuando los trabajadores se organizaron –ya a mediados del siglo pasado- , y pudieron tener un gobierno –y políticas públicas- que reflejaran sus intereses, los consagraron.

Es natural que administrar justicia afecte otros intereses y que en el recortado mundo de los conflictos laborales, sean los empresarios quienes se opongan a que los jueces especializados del fuero hagan cumplir la ley. Debemos recordar las enseñanzas de Juan Bialet – Massé, frente a los argumentos que esgrimían los empresarios para no cumplir las leyes laborales vigentes; que pagar toda deuda, es cara. Y lo que hace un juez es nada más que hacer cumplir las obligaciones que nacen de la ley. Le podrá gustar o no al obligado (y a sus familiares o amigos, o a un tercero en relación a los litigios -como el ingeniero Macri que debería serlo en este caso-), pero las leyes deben cumplirse. Y las leyes laborales argentinas deben cumplirse.

La conducta reincidente de esta administración, violenta los principios más básicos que sostienen a un estado republicano y los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado el estado nacional; y ello debe serle advertido al Presidente de la Nación. Las consecuencias lesivas que han inevitablemente de caer sobre las instituciones y nuestra población, deben ser limitadas a tiempo.

En razón a todo lo expuesto es que solicito al resto de los legisladores para que acompañen la presente iniciativa.-