El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1°: El Congreso Nacional convoca a una Consulta Popular Vinculante (Referéndum) al pueblo de la Nación Argentina a fin de votar si está de acuerdo o no con la fórmula que se plantea en el artículo 2° de esta Ley.

Art. 2°: ¿Acuerda Usted con la suspensión del pago de los Bonos que componen la totalidad de la deuda externa argentina, hasta tanto se realice una auditoría integral que determine si existe o no usura y negociados en la misma, que atentan contra los intereses del Pueblo y de la Nación Argentina?

A favor o En contra.

Art. 3°: Esta Consulta Popular será vinculante y deberá realizarse dentro de los 60 días corridos de haberse aprobado la presente Ley.

Art. 4°: Se utilizarán los procedimientos que reglamentan (Ley 23.532) la Consulta Popular, avalada por la Constitución Nacional, en lo que respecta a los términos del Código Nacional Electoral y la financiación por el presupuesto nacional de este proceso electoral.

Art. 5°: De forma

Señor presidente:

En momentos en que se pactó el acuerdo con los Fondos Buitres presentamos este Proyecto de Ley -expediente N° 5139-D-2014- que fue cajoneado y nunca tratado por el manejo discrecional del oficialismo en la Cámara de Diputados. Hoy nos vemos obligados a reflotarlo ante la profundización del rumbo entreguista que ha adoptado el gobierno de Mauricio Macri, marchando a un endeudamiento exponencial que amenaza con llevar a nuestro país a nuevas crisis de la deuda. Demuestra así, una vez más, el sometimiento completo de los gobiernos de las últimas décadas al capital financiero internacional, permitiendo una sangría permanente de los recursos nacionales, a través de la generación de una deuda externa constante e impagable. Después de 40 años de haber pagado varias veces esta hipoteca colonial, compuesta fuertemente por acumulación de intereses usurarios, la deuda argentina alcanza ahora los 350.000 millones de dólares,

La situación es crítica: un gobierno que sólo puede pagar deuda con más deuda está en virtual cesación de pagos. El actual Gobierno ha profundizado la orientación llevada adelante por el anterior gobierno de Cristina Kirchner, por haber convalidado todas las hipotecas que dejaron los gobiernos anteriores y las que generó (y está generando) en forma fulminante este mismo gobierno. Estamos en una nueva marcha hacia una bancarrota, por cuarta vez (1982, 1989, 2001/2), hacia una crisis que implica otra enorme sangría nacional, que ya estamos pagando con recesión económica, inflación, tarifazos, despidos, suspensiones, más de un tercio de la población bajo la línea de pobreza, 35% de trabajadores en negro.

La política de desendeudamiento, que publicitó el Gobierno anterior, constituyó una farsa. La ‘quita’ impuesta a los bonistas en los canjes 2005 y 2010 terminó siendo compensada por el cupón PBI; a ello, se suma el pago en efectivo al FMI, con reservas del Banco Central, y el ‘resarcimiento’ usurario a Repsol, al Club de París y las privatizadas del CIADI. En el medio cambió parte de la composición de la deuda. Gran parte de la deuda externa fue transferida a la Anses y al Banco Central, generando una enorme deuda interestatal, afectando los fondos de los jubilados y los recursos nacionales.

El pago a los fondos buitre, gestionado por la anterior administración, pero concretado en forma leonina por la actual, terminó “abriendo” otro ciclo exponencial de endeudamiento.

Y este endeudamiento se produce en términos usurarios, no con la aprobación del Congreso, pero sí con su complicidad, que ha votado ‘cheques en blanco’ sobre los cuales se basa el Gobierno para llevar adelante latrocinios pocas veces vistos. Esto se ha manifestado en dos operaciones recientes. Por un lado, el Bono a 100 años que ha impuesto por 2.700 millones de dólares el ministro de Finanzas Caputo, con el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional. Este Bono ha sido colocado a las financieras con un descuento del 10% de su valor nominal (a 90 dólares), lo que ha elevado su tasa de interés real al 8%. Es un bono-modelo de una política que hay que detener. En menos de dos semanas los usureros han ganado ¡115 millones de dólares!

Por otro lado, el Gobierno ha emitido el pasado 14 de junio ‘deuda interna’ (Lebacs), con los grandes bancos nacionales y extranjeros de la City por 75 mil millones de pesos al 25% anual. Antes de los 15 días esos Bonos subieron un 2%, lo que significa que ganaron 94 millones de dólares. En 15 días los banqueros se han embolsado 209 millones de dólares, gracias a las tasas usurarias que pagan Caputo y Macri. Así vamos de cabeza a nuevas crisis y defol de la deuda.

El Partido Obrero (en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores) ha señalado que está en contra del tipo de defol, como el que llevó adelante el gobierno de Rodríguez Saa en el 2001, es un defol basado en el reconocimiento de la deuda, como se evidenció poco más tarde, donde el gobierno de Kirchner y Lavagna reanudaron el pago de la misma.

La salida a esta situación es comprender que el pago de toda esta deuda usuraria es incompatible con el desarrollo del país y con los intereses de las mayorías populares. Lo prueban, por la negativa, los gobiernos que se han empeñado en pagarla e indefectiblemente terminaron en defol, luego de haber dilapidado decenas de miles de millones de dólares e incrementando, otra vez, la deuda.

Planteamos la suspensión inmediata del pago de la deuda para su investigación. Recordemos que en su origen, el gigantesco crecimiento de la deuda en 1982, operado por la dictadura bajo el dictado de Domingo Cavallo y José Alfredo Martínez de Hoz, fue resultado en su abrumadora mayoría de una estatización de deuda privada (entre las cuales se encontraban las empresas del grupo empresario que regentea el presidente Macri) mediante un seguro de cambio a favor de los capitanes de la industria de la época, varios de los cuales son ahora cruzados de la nueva fase de endeudamiento. Luego, la deuda pegó otro salto con el megacanje, mediante intereses sobre intereses, lo que caracteriza la naturaleza usuraria de la deuda que nos ha conducido a sucesivas cesaciones de pago.

Nuestra política no es la cesación de pagos de los capitalistas, que apunta a rediscutir con los propios usureros las condiciones para reanudar el pago de la deuda. Estamos por su desconocimiento en el marco de una reorganización social integral, que sólo puede ser emprendida por un gobierno cuya base social sea la mayoría trabajadora nacional. La primera cuestión es que la deuda debe ser pagada por los propios bancos y compañías exportadoras y monopolios industriales que lucraron con el negocio de los bonos soberanos, resarciendo a la Nación las cifras que se han pagado: para ello, planteamos la apertura integral de todos los libros de bancos y grandes empresas, lo que demostrará que una parte fundamental de la llamada deuda externa se basa en operaciones de fuga de capitales y autopréstamos, o sea, el reingreso de fondos que están contabilizados como deuda contra el país (operativo que también incluye el llamado ‘blanqueo’ realizado por este Gobierno. De esa forma, quedará de manifiesto el carácter fraudulento de la hipoteca que el país viene pagando en las cuatro últimas décadas.

En segundo término, planteamos un plan económico y político que sea elaborado en un congreso de trabajadores. Ese plan debe disponer del ahorro nacional, lo que exige de la nacionalización de la banca y del comercio exterior para poner fin a la fuga de capitales, y establecer una reindustrialización del país sobre nuevas bases sociales. Por lo tanto, y en tercer lugar, abordamos la crisis de la deuda como una cuestión de poder, cuya salida plantea una gestión anticapitalista por parte de un gobierno de trabajadores.

El desconocimiento de la deuda plantea la cuestión del fondo de garantía de la Anses, un “acreedor” que resultaría afectado parcialmente por ese repudio. Sin embargo, debemos explicar que la gestión de la economía por parte de la clase obrera restituirá el 82% móvil a los jubilados como derecho, y para ello contaremos con los recursos que quedarán liberados del pago de la deuda. Igualmente, serán respetados todos los pequeños ahorristas que fueran tenedores de bonos, mayoritariamente en manos de la gran banca y grupos económicos y financieros.

Por todo lo expuesto ponemos a discusión del Congreso de la Nación un referendo de carácter vinculante en los términos del artículo 40 de la Constitución Nacional. Rechazamos que el pueblo trabajador y contribuyente sea una vez más el pato de la boda en la crisis creada por grupos económicos y los partidos políticos que gobiernan para ellos. Y, mediante el referendo propuesto en los artículos de esta ley sometemos a la voluntad popular una decisión que toma el grupo gobernante sin mandato popular y sin siquiera discusión en el Congreso, pero que afectará a los ciudadanos comprometiendo el presente y futuro de todos los argentinos.

Por lo expuesto planteamos el referendo en relación a la totalidad de la deuda. Por lo tanto, estamos reclamando una deliberación nacional sobre la cuestión de la deuda considerada en su conjunto.