Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Expresar su profunda preocupación por la actual situación de pobreza entre niños, niñas y adolescentes en todo el territorio de la República Argentina.
FUNDAMENTOS
Proyecto
Señor presidente:
Recientemente, la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que 6 de cada 10 chicos de hasta 17 años (unos 7,6 millones) se encuentran sobre la línea de pobreza.
De acuerdo con el Estudio del Barómetro de la Deuda Social de la UCA, se establece que la pobreza entre niños y adolescentes de 0 a 17 años alcanza el 58,7%.
“El Observatorio de la Deuda Social Argentina propone un índice de medición de las privaciones en el espacio de los derechos de los niños y las niñas, y para su cálculo se vale de tres propuestas desarrolladas por la Universidad de Bristol, el Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) y la contribución de UNICEF conocida como Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA)”, sostuvieron desde la UCA.
Del análisis de los seis derechos básicos y la contribución de cada dimensión a la composición de la pobreza infantil, ubica en primer lugar al espacio vivienda (grados de hacinamiento) y en segundo al de la salud (carencias de vacunas y diversos controles médicos). Saneamiento, es decir, no acceder al agua de red o no tener inodoro con descarga en la vivienda, se ubica en el tercer lugar.
Cuando tomamos la diferenciación por estratos sociales, se puede advertir con claridad la situación regresiva para los sectores sociales con una integración socio-ocupacional precarizada e informal y de menor calificación respecto del estrato medio profesional.
También se advierte un incremento de la brecha regresiva para los niños y niñas en el espacio informal de villas y asentamientos urbanos respecto de los espacios urbanos formales de nivel medio alto.
El estudio en cuestión, reconoce que los niños y niñas en hogares que perciben transferencias de ingresos, como la AUH, han experimentado una merma significativa de la pobreza en múltiples dimensiones, lo cual es un indicador positivo de su existencia. Aunque en esta materia, resulta evidente que las transferencias monetarias no son suficientes para alcanzar mejoras sustantivas en la igualdad de oportunidades.
Sin dudas, el informe precedente expone una realidad dramática que está afectando el presente y el futuro de la Argentina y es insoslayable trabajar para solucionar esa coyuntura, que además debería ser prioridad del actual gobierno y los venideros.
Los datos son preocupantes no sólo por la magnitud, sino por la tendencia que muestran, pues el estudio indica que, la pobreza estructural infantil bajó entre 2010 y 2016 pero que entre 2015 y 2016 se mantuvo igual, estancándose.
A este panorama desolador del cual somos testigos, se agregan otros índices que dan cuenta de la situación crítica actual, que podríamos calificar de estructural: la mitad de los chicos no terminan el secundario y la desocupación entre jóvenes de hasta 24 años supera el 24%.
En este contexto, hablar de pobreza es referirnos a millones de personas que no tienen las posibilidades mínimas de ejercer sus derechos, pero hablar de pobreza y niñez reviste aun mayor gravedad.
Porque también aquí es menester expresar y dejar bien en claro que detrás de los “números fríos” y porcentajes, existe una persona, una familia, aquellos que verdaderamente padecen este flagelo que hasta el momento, resulta difícil de erradicar.
Vivir en condiciones de necesidad, implica no tener acceso a servicios básicos y elementales para el desarrollo de una vida digna; en este sentido, resulta imposible garantizar los Derechos de los Niños sin atacar la pobreza.
A su vez, un informe de Unicef sobre la situación social en el país revela números duros para la juventud argentina, en especial en las provincias más postergadas. Según el estudio “Para cada adolescente una oportunidad”, uno de cada dos adolescentes (representa un 51%) son pobres: la incidencia es mayor entre chicos y chicas de 13 a 17 años que entre la población general, donde afecta a uno de cada tres habitantes.
El estudio, realizado con la Encuesta Permanente de Hogares del último trimestre de 2016, revela además que el nivel de las privaciones no es homogéneo, es decir, la pobreza alcanza a uno de cada tres adolescentes en el sur del país pero a uno de cada dos en el NEA, Cuyo y Centro.
La situación descripta precedentemente, sin dudas expone a los niños y adolescentes a múltiples vulnerabilidades, entre las cuales, citamos: habitacionales, nutricionales, enfermedades, accidentes, explotación, violencia, discriminación y acceso insuficiente o inadecuado a la vestimenta, el calzado, la asistencia médica pero también al desarrollo y por ende, a la estimulación emocional, intelectual y social de los jóvenes.
En este sentido, es importante además hacer hincapié en la importancia de la nutrición materna durante el embarazo y la del niño desde el nacimiento, ya que permiten incorporar el tipo y la cantidad de nutrientes adecuados para prevenir el desarrollo de eventuales trastornos en el sistema nervioso y de la autorregulación que, en algunos casos, podrían extenderse en el tiempo, incluso hasta en la vida adulta.
El niño/a que no logra satisfacer sus necesidades nutricionales por falta de acceso a la alimentación en cantidad y calidad, y de modo particular en los primeros años de vida, puede verse afectado en su crecimiento físico y el sostenimiento de una vida saludable. No acceder a los alimentos es una necesidad no satisfecha en sí misma y que compromete el pleno ejercicio de otros derechos, como son gozar de buena salud, llevar una vida activa, educarse, jugar y participar de la vida cultural, entre otros.
El art. 41 de la Constitución Nacional y el art. 21 de la Ley 26061 establecen derechos a un hábitat saludable. En particular, el Estado argentino se ha comprometido con el siguiente ODS: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Específicamente, indica como meta para 2030, “lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables”.
Un adecuado ejercicio del derecho al agua requiere de disponibilidad, calidad y accesibilidad. Se entiende que el agua potable constituye un servicio primordial con efecto directo en la calidad de vida de la niñez e incidencia en la tasa de morbimortalidad infantil.
Por otro lado, la Carta Magna a través del art. 14 bis garantiza el acceso a la vivienda digna, derecho también reconocido en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La vivienda constituye el espacio de residencia en donde niños/as desarrollan sus actividades cotidianas fundamentales. Tales como alimentarse, jugar, descansar, higienizarse, estudiar e interactuar con pares y adultos de referencia.
Las características constructivas de las viviendas precarias hacen que las paredes y techos sean porosos, los suelos sucios y difíciles de limpiar, las paredes pintadas con pinturas elaboradas con plomo, entre otros atributos que hacen compleja la protección de las bajas y altas temperaturas, de los insectos y roedores, que se constituyen en factores de peligro para ese grupo etario.
La ley 26061 manifiesta la obligación de garantizar a la infancia el acceso a servicios de salud (art. 14). En el caso de la infancia, la asistencia a controles periódicos de la salud del niño sano sin dudas es un indicador relevante para la detección temprana de enfermedades y para su tratamiento oportuno, y contar con las vacunas correspondientes a la edad según el calendario, también representa un indicador sustantivo en términos de prevención de enfermedades.
En la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061, se señala el derecho del niño a la libertad de expresión e información. Para los niños/as y adolescentes, el acceso a la información es particularmente importante en los procesos de formación y socialización (acceso al conocimiento, expresión de opiniones, interacción con grupos de pares y participación social, entre otros).
La Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1989) en el art. 18, establece que los Estados deben prestar asistencia a los padres para el desempeño de sus funciones de crianza y velar por la creación de servicios de cuidado.
Por ende, se establece que la educación es un derecho que habilita, promueve y facilita el ejercicio de otros derechos (por ejemplo: el derecho al trabajo, a la salud y a la participación política) (UNICEF, 2016a). La educación tiene un valor intrínseco e instrumental en el desarrollo humano en tanto herramienta para el desarrollo de una cultura común, la superación de la pobreza y la desigualdad. Dentro de este ámbito, la educación secundaria se ha constituido en la educación básica para la integración social de las nuevas generaciones.
Ninguna “polarización” ni “grieta” pueden ocultar los resultados del informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que no hacen más que poner de manifiesto la grave situación de la infancia y adolescencia en nuestro país.
La profundización de la pobreza en Argentina es consecuencia primordial de las medidas y políticas de ajuste que tomó este Gobierno durante su gestión, haciendo caer el salario real y cerrando puestos laborales, entra tantas otras causales.
Si bien contamos con 30 años de democracia, que es una conquista muy grande y que no se puede dejar de soslayar, aún nos falta resolver el tema de la equidad ya que los niveles de pobreza estructural no se han podido bajar ni revertir.
Todavía en la Argentina no se garantiza el acceso a los alimentos en cantidad y calidad para todos los niños/as; el acceso a la atención de la salud sigue una tendencia regresiva y por ello se constituye en un alerta importante, entre otros problemas estructurales como los observados en el hábitat de vida. Y otros no menos importantes que implican corresponsabilidades como los de la estimulación emocional e intelectual en la temprana infancia.
En definitiva, que las imágenes de este flagelo que se aportan a través de dicho estudio, sirvan y se traduzcan en políticas concretas destinadas a resolver los problemas que hoy se constituyen en derechos no garantizados, en barreras para el desarrollo de capacidades y el florecimiento humano.
Por todo lo expuesto de manera precedente, solicito a mis compañeros Diputados, acompañen el presente proyecto de declaracion.
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