La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su enérgico repudio al violento operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad el pasado viernes 1 de septiembre de 2017 en la Plaza de Mayo y sus inmediaciones luego de la manifestación por los 30 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Tuvo lugar una especie de razia con más de 30 detenidos en la que muchos de ellos alegan no haber participado de disturbio alguno que justifique la aprensión. Entre los detenidos se encontraban al menos 6 periodistas que no solo no participaban de los disturbios sino que pretendían cubrir el operativo.

Las agresiones, ataques y/o detenciones perpetrados a ciudadanos, periodista, comunicadores o trabajador de medios en el contexto de manifestaciones públicas, configuran una grave violación al derecho a manifestarse, a la libertad de expresión, como así también vulnera la garantía de la pluralidad de voces y el derecho a la información de la ciudadanía. Al tratarse de una manifestación realizada como consecuencia de la represión y desaparición forzada de una persona, el accionar fuera de la ley de las fuerzas de seguridad duplica su gravedad.

Señor presidente:

La criminalización de la protesta social significa una violación a la libertad de expresión. Impedir que los trabajadores de la comunicación puedan realizar su tarea informando el proceder de las fuerzas de seguridad agrava dicha violación.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos establece que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión".

De acuerdo al Comité de Derechos Humanos de la ONU, “Los Estados partes deberían adoptar medidas eficaces de protección contra los ataques destinados a acallar a quienes ejerzan su derecho a la libertad de expresión”. Es decir que la manifestación no solo no debe ser criminalizada sino que protegida.

En vistas a que el derecho a manifestarse y a la libertad de expresión, como así también al derecho de la ciudadanía a recibir información plural, se encuentra en grave peligro como puede desprenderse de los hechos aquí descriptos, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.