La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su enérgico repudio al despido del periodista Roberto Navarro del canal de televisión C5N como así también de la emisora Radio 10, presuntamente motivado por presiones perpetradas por miembros del Gobierno Nacional al Grupo Indalo, propietario de dichos medios de comunicación, tal como ha sido denunciado.

Este tipo de censuras indirectas implican una violación al derecho a la libertad de expresión e información de los ciudadanos, máxime cuando los propietarios de los medios ya habían objetado al periodista por diferentes investigaciones que implicaban la presunta comisión del delito de dádivas y/o corrupción por parte del Gobierno Nacional, como precedentes indiciarios de lo que terminó con siendo su despido.

Hechos de estas características configuran una grave violación al derecho a la libertad de expresión, como así también vulnera la garantía de la pluralidad de voces y el derecho a la información de la ciudadanía.

Señor presidente:

El 20 de septiembre de 2017 el Grupo Indalo, propietario de C5N y Radio 10 despidió al periodista Roberto Navarro argumentando “graves faltas” e “indisciplina”. Ni las faltas concretas ni los hechos de indisciplina imputados al periodista fueron dados a conocer, pero sí fueron denunciados en detalle por Navarro diferentes hechos de intimidación por parte del Grupo mediático en razón de investigaciones que presuntamente involucran al Gobierno Nacional en diferentes hechos de corrupción, concluyendo con el despido en cuestión.

La existencia de medios de prensa y otros medios de comunicación libres y exentos de censura y de trabas es esencial en cualquier sociedad para asegurar la libertad de opinión y expresión y el goce de otros derechos reconocidos por el Pacto [de Derechos Civiles y Políticos]. Es una de las piedras angulares de toda sociedad democrática . Uno de los derechos consagrados en el Pacto es el que permite a los medios de comunicación recibir información que les sirva de base para cumplir su cometido . La libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable. Ello comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública . El público tiene también el correspondiente derecho a que los medios de comunicación les proporcionen los resultados de su actividad (Comité de Derechos Humanos, 102º período de sesiones, Ginebra, 11 a 29 de julio de 2011, Observación general Nº 34 al Artículo 19, Libertad de opinión y libertad de expresión, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

El Pacto citado posee jerarquía constitucional y de acuerdo a nuestra CSJN, al momento de aplicarse los Pactos deben ser interpretados a la luz de los organismos internacionales a cargo de su monitoreo e implementación. De allí la relevancia para nuestro ordenamiento jurídico de las Observaciones Generales emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Las prácticas de censura de las que fue víctima el periodista Roberto Navarro -y que se inscriben en una serie de hechos de similares características contra otros comunicadores críticos al Gobierno Nacional- son inaceptables en una sociedad democrática. Atentan contra la libertad de expresión, cercenan el derecho al trabajo y vulneran el derecho a la información de la ciudadanía toda.

En vistas a que el derecho a la libertad de expresión y su diversidad, como así también al derecho de la ciudadanía a recibir información plural se encuentra en grave peligro como puede desprenderse de los hechos aquí descriptos, solicito a mis pares que acompañen con este proyecto.