La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

I.- Su profunda preocupación por la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz suscriptos entre el gobierno de la Republica de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), negociados en Oslo y en La Habana y concluidos con la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá, el 24 de noviembre de 2016 (acuerdo que fue debidamente ratificado por el Senado y la Cámara de representantes de dicho país, el 29 y 30 de noviembre, e incorporado a su bloque de constitucionalidad).

II.- Su preocupación por las modalidades de violencia injustificada adoptadas por las fuerzas militares y de seguridad en el marco de programas de erradicación forzada de cultivos ilícitos, de forma que afectan severamente los derechos humanos básicos del campesinado y las comunidades afroamericanas. Diversos actores de la sociedad civil y observadores de organismos internacionales han advertido que la implementación de esos programas de erradicación ha sido realizada en forma incompatible con las modalidades establecidas en el acuerdo de paz. El agravamiento de las formas represivas -manifestado en amenazas, desplazamiento forzado y confinamiento, específicamente contra comunidades afrocolombianas y campesinas- ha derivado en la muerte en condiciones sumamente confusas de, al menos, nueve personas -incluso niños-, así como en gran cantidad de personas heridas, el día 05 de octubre del corriente en la zona del Municipio de Tumaco, Nariño.

III.- Ante la persistencia de problemas estructurales que provocan o agravan las violaciones de los derechos humanos sufridas por las comunidades campesinas, la H. Cámara de Diputados de la nación exhorta a las autoridades de la hermana República de Colombia a extremar las medidas de cumplimiento de las condiciones de implementación pactadas en los acuerdos de paz, enfocando desde el Estado un plan desde las regiones que se han visto más afectadas por el conflicto, promoviendo una participación interinstitucional para garantizar el desarrollo propio y el buen vivir de las comunidades, evitando que las acciones de los actores parapoliciales impidan el avance definitivo en pos de una paz estable y duradera. En ese sentido, la exhorta a considerar los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sobre Alto Mira y Frontera -Tumaco 6 de octubre de 2017.

Señor presidente:

I. ACUERDOS DE PAZ

En noviembre de 2016, el conflicto armado interno en Colombia -iniciado en la década de 1960- alcanzó un histórico acuerdo de paz. Las negociaciones entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron negociados en Oslo y luego en La Habana. Tuvieron como resultado la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

(http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf ).

Dicho acuerdo fue ratificado por el Senado y la Cámara de representantes de dicho país el 29 y 30 de noviembre e incorporado a su bloque de constitucionalidad, conforme el artículo 93 de su Constitución.

El conflicto, que inicialmente involucraba al Estado y las guerrillas, se vio agravado por la presencia grupos paramilitares, carteles del narcotráfico y bandas criminales. El acuerdo final contempla, en forma consecuente, disposiciones específicas relativas a “Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos” (cfr. Punto 4.1. del Acuerdo).

II. PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCION DE CULTIVOS ILICITOS

El Gobierno colombiano se comprometió a poner en marcha “un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”. El PNIS “pondrá en marcha un proceso de planeación participativa para garantizar la participación activa y efectiva de las comunidades —hombres y mujeres— en el proceso de toma de decisiones y en la construcción conjunta de las soluciones. Las FARC-EP luego de la firma de Acuerdo Final y en los términos que se acuerde en los puntos 3 y 6 de la Agenda del Acuerdo General participarán en el Programa y contribuirán a la solución de los problemas de los cultivos de uso ilícito”.

Los principios que rigen la implementación del PNIS son claros en tanto el acuerdo establece su “Integración a la Reforma Rural Integral (RRI)”, la “Construcción conjunta participativa y concertada”, el “Enfoque diferencial de acuerdo a las condiciones de cada territorio”, el “Respeto y aplicación de los principios y las normas del Estado social de derecho y convivencia ciudadana” y la “Sustitución voluntaria”.

La sustitución voluntaria implica que “a partir de la decisión y compromiso de los cultivadores y cultivadoras de abandonar los cultivos de uso ilícito, la sustitución voluntaria es un principio fundamental del Programa, para generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a la solución del problema de los cultivos de uso ilícito, sin detrimento de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las comunidades y de los respetivos territorios. Ello implica acciones de promoción de la sustitución voluntaria y definir con las comunidades las alternativas de sustitución que sean sostenibles desde el punto de vista económico y socioambiental, y adecuadas para fortalecer las economías familiares, garantizando condiciones de vida digna. Lo anterior en el entendido de que el proceso de sustitución y su sostenibilidad requieren del apoyo del Gobierno en los términos acordados con las comunidades”.

III. REPRESION Y MUERTE DE CAMPESINOS EN TUMACO

Entonces, en un contexto programático y de legalidad tan claro, observamos con profunda preocupación que la implementación del PNIS ponga en riesgo la paz colombiana, en especial porque existen varias denuncias de notorios excesos represivos de parte de las fuerzas de seguridad del propio Estado.

Se ha tomado conocimiento público de que el día 05 de octubre, en el marco de manifestaciones pacíficas de las comunidades campesinas presentes en la zona de Tumaco que reclamaban el cumplimiento de lo acordado en el acuerdo de Paz -en cuanto a la concertación y voluntariedad que debe caracterizar los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito- se registraron agresiones con arma de fuego por parte del Ejército y la Policía Nacional de Colombia. Se denuncia que en esa represión, debido a disparos indiscriminados de las fuerzas de seguridad, han muerto al menos nueve campesinos y se han registrado una cantidad notable de heridos.

Lamentablemente, estos sucesos no constituyen un hecho aislado, sino que evidencian el deterioro de las condiciones de implementación del punto 4 de los acuerdos, “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

IV. ANTECEDENTES SIMILARES: REPRESION DE MANIFESTACIONES EN BUENAVENTURA

En efecto, diversos antecedentes verifican el carácter de problemática sistémica que registra la cuestión. En ese sentido, nos parece oportuno recordar que la cuestión viene siendo objeto de análisis y pronunciamientos en los periodos de sesiones 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ya en junio de 2017, la CIDH expresó “su preocupación por la represión de protestas y manifestaciones en Buenaventura, Colombia, por parte del Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD)” y urgió “al Estado colombiano a investigar si hubo un uso excesivo de la fuerza y a adoptar medidas urgentes y razonables para garantizar plenamente los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión”. Recordemos que en esa oportunidad, en el marco de una huelga general en Buenaventura que se extendió por 22 días y durante la cual se realizaron marchas y protestas en reclamo de acceso a fuentes laborales, vivienda, agua potable, educación y salud (entre otros derechos económicos, sociales y culturales), se denunció que personal fuertemente armado del ESMAD realizó un operativo represivo, incluyendo el uso de tanques entre civiles. La CIDH también indica que se le informó que se utilizaron gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos, incluidos niños, personas mayores y personas con discapacidad (Cfr. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/076.asp ).

Por eso, expresó “profunda preocupación por la información recibida en cuanto a que podría haber habido un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad. Los Estados deben adoptar medidas a fin de garantizar que todos los sectores de la sociedad puedan ejercer su derecho a participar pacíficamente en protestas, sin temor a sufrir actos de violencia. La conducta de las fuerzas de seguridad debe respetar en todo momento las normas internacionales de derechos humanos y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. También destacó “el deber de los Estados de adoptar todas las medidas a su alcance para promover el respeto y la garantía de todos los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo en cuenta la situación de exclusión sistemática de los afrodescendientes y sus comunidades”, enfatizando que “las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indivisible basado en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, razón por la cual ambos requieren protección y promoción permanentes para su plena realización”.

V. PRONUNCIAMIENTOS RECIENTES DE LA CIDH SOBRE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

En el 163 Período Extraordinario de Sesiones, realizado del 3 al 7 de julio en Lima, a invitación del Estado peruano se realizaron diversas audiencias, entre ellas tres sobre Colombia. Al finalizar las sesiones, la CIDH se pronunció respecto de la “Justicia Especial para la Paz y responsabilidad de terceros en Colombia”, indicando: “Las organizaciones solicitantes de la audiencia plantearon sus preocupaciones en torno a la ley 1820 de 2016 y al Acto Legislativo No. 01 de 2017 sobre la implementación del Acuerdo de Paz […] Las organizaciones de la sociedad civil recomendaron a la Comisión que se pronuncie sobre la obligación del Estado colombiano a investigar a todas las personas que sin formar parte de los grupos armados son responsables por violaciones y a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Asimismo, recomendaron que solicite al Estado proporcionar un informe sobre el estado de reglamentación de la jurisdicción para la paz y las medidas implementadas para garantizar los derechos de las víctimas, además del cumplimiento por parte del Estado de su deber a investigar a todos los responsables”.

En ese caso, la Comisión se pronunció sobre las garantías de participación para las víctimas en los procesos ante la JEP e indicó que los actos indirectos de terceros deben ser investigados y sancionados de acuerdo a los estándares internacionales. Asimismo, reiteró su apoyo al proceso de paz e hizo un llamado para continuar con los esfuerzos para alcanzar la paz en Colombia (cfr. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/122.asp )

Asimismo, en esa oportunidad se realizaron sendas audiencias por “Situación del derecho a la libertad de expresión en Colombia”, “Situación de derechos humanos de las personas afrodescendientes afectadas por el conflicto armado en Colombia” y “Caso 12.953 – Juan Carlos Martínez Gil, Colombia”:

1.- En la primera de las audiencias referidas, la organización solicitante informó sobre hechos de violencia, agresiones, ataques, amenazas y presiones contra periodistas que se han venido registrando desde 2016 a la fecha y se refirió al proceso de Paz y sostuvo que es fundamental garantizar la no injerencia en la libre circulación de información a través de la pauta de publicidad oficial y el acceso a la información sobre el proceso de paz. El Estado ratificó su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

La CIDH concluyó que “es preocupante que persistan los niveles de impunidad que fueron indicados por la sociedad civil”

2.- En la segunda, las organizaciones solicitantes denunciaron “los inúmeros efectos del conflicto armado sobre las poblaciones afrodescendientes en Colombia, en particular mujeres y personas desplazadas. Señalaron la invisibilidad de estos grupos y, sobretodo, la falta de implementación del “Capítulo Étnico” del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia. Las organizaciones apuntaron que la falta de políticas públicas con enfoque étnico y de género ha agravado la situación de estas poblaciones en la región del Pacífico. Las organizaciones hicieron referencia al paro cívico de Buenaventura e indicaron que fue un reclamo de acceso a fuentes laborales, vivienda, agua potable, educación, salud y otros derechos económicos, sociales y culturales. Denunciaron que esta protesta pacífica fue reprimida con uso excesivo de la fuerza por medio del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), dejando a 19 personas heridas con armas de fuego”.

El Estado reconoció los impactos acentuados del conflicto armado sobre las poblaciones afrodescendientes, si bien destacó los acuerdos firmados con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, que incluyen la creación de un fondo de inversión exclusivo para obras prioritarias en la región.

La CIDH pidió al Estado que informe sobre las medidas específicas que adoptará para promover el acceso a derechos económicos, sociales y culturales a las poblaciones afrodescendientes de la región del Pacífico. La Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial reiteró la importancia del levantamiento de datos desglosados por género y origen étnica de las victimas del uso excesivo de la fuerza en Buenaventura y reiteró la importancia de que garantice el derecho a la manifestación pacífica a las poblaciones afrodescendientes. La Comisión hizo un llamado al Estado de Colombia para que tome las medidas necesarias para la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

VI. PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE ALTO MIRA Y FRONTERA

Se verifica, en síntesis, la existencia de problemas estructurales que provocan o agravan las violaciones de los derechos humanos sufridas por las comunidades campesinas y afrocolombianas y se ven agravados por el accionar de organismos estatales, ocasionando desplazamientos masivos, confinamientos forzados y desapariciones. Incluso se han verificado actos de violencia y otros ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos que, como señala la CIDH, “no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad”.

En forma concordante, en el pronunciamiento de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sobre Alto Mira y Frontera, Tumaco 6 de octubre de 2017, se señala que “con gran preocupación conocimos ayer que murieron violentamente entre 5 y 8 personas, y otras 15 más resultaron heridas, en hechos que condenamos y sobre los cuáles no hay una información clara”.

La Oficina analiza la alta tensión generada entre la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación de los mismos, y reitera su alerta “sobre los riesgos que para la vida de las personas del Alto Mira y Frontera significa esta tensión, unida a la aparición de diferentes grupos interesados en las economías ilícitas”. En el marco de una serie de acciones que han desarrollado en Alto Mira y Frontera durante este tiempo, registran. “· Presencia limitada del Estado · Altos niveles de pobreza multidimensional · Presencia de economías ilícitas · Índices de violencia a niveles endémicos · Falta de implementación integral del Acuerdo de Paz en lo relacionado con: el capítulo étnico, cultivos ilícitos, lucha contra organizaciones criminales y reforma rural integral · Amenazas a líderes y lideresas que apoyan la sustitución de cultivos · Problemas en la reincorporación de los integrantes de las FARC-EP a la vida civil · Aparición de disidencias de las FARC-EP e ingreso de otros grupos armados y/o de carteles de narcotráfico. Todas estas problemáticas generan violencia contra la población, manifestada en homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y confinamiento, específicamente contra comunidades afrocolombianas y campesinas. Lamentablemente, las anteriores características evidenciadas en el Alto Mira y Frontera son similares en otros 42 municipios de Colombia”.

El análisis de la Oficina señala que las muertes de ayer se dan en un contexto de problemas estructurales de derechos humanos, sumados a la falta de implementación del Acuerdo de Paz, y a la urgente y necesaria solidaridad y acción de todos los sectores de la sociedad civil.

En forma coincidente con la propuesta que se efectúa en el presente proyecto de declaración, la Oficina “invita al Estado colombiano y a la sociedad a hacer todos los esfuerzos necesarios para implementar de forma urgente e inmediata el Acuerdo de Paz, articulando la actuación de las diversas instituciones gubernamentales y civiles para desarrollar, con prioridad en las zonas más críticas: · Programas efectivos de reforma rural integral construidos con las comunidades · Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos · Acciones de prevención, garantía y protección de los derechos humanos de la población que habita en los municipios con mayor riesgo · Inclusión política, económica y social de las comunidades rurales”.

VII.- CONCLUSION

Hemos señalado como los organismos internacionales alertan sobre las violaciones a los derechos humanos que se registran en Colombia y hacen continuo llamamiento a la implementación urgente de los acuerdos de paz.

La afectación de los derechos elementales de las comunidades originarias, campesinas y afrodescendientes es severa; en particular, no puede soslayarse el grave riesgo que el conflicto violento y los desplazamientos forzados constituyen para la niñez campesina, indígena y afrodescendiente colombiana.

La violencia represiva sobre movilizaciones y protestas civiles, la falta de garantías para la libre circulación de la información, los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas, constituyen una amenaza grave a la propia institucionalidad democrática de la región.

En el caso más reciente, en el Municipio de Tumaco, Nariño, que motiva este proyecto de declaración, se registra un número aún indeterminado de personas muertas en medio de una balacera producida en confusas circunstancias y en medio de excesos evidentes de las fuerzas de seguridad.

Si bien la cifra de muertos todavía no se ha establecido, mientras las autoridades dicen que fueron 5 muertos, algunas fuentes de los campesinos y organizaciones sociales refieren hasta 15 y diversas fuentes indican que el número podría crecer debido a que hubo personas que fueron trasladadas a Ecuador, sin que exista información sobre su paradero y estado. En cuanto a los heridos podrían ser más de 50. Respecto de la amenaza a la estabilidad de la región, en este caso surge en forma patente y directa: el conflicto se desarrolla en zona de frontera, a pocos minutos de la republica de Ecuador.

Es insoslayable en el análisis del problema, la referencia a la implementación del capítulo 4 de los acuerdos de paz, referido al “problema de las drogas ilícitas”. Como se señala en el propio texto del acuerdo, “la persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”.

En el marco de los derechos humanos económicos, sociales y culturales se impone entonces que las políticas adoptadas den, como señalan los acuerdos “un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico que son las personas que cultivan y las que consumen drogas ilícitas, e intensificarán los esfuerzos de desarticulación de las organizaciones criminales”.

Como señaláramos en el punto II, los acuerdos contemplan detalladamente como debe efectuarse la sustitución de cultivos. La realidad evidencia que la implementación de esa cláusula no se adecua a lo pactado y ocasiona severas violaciones a los derechos humanos de las comunidades involucradas.

En ese sentido, entendemos que es pertinente que desde la Cámara de Diputados acompañemos los pedidos de las comunidades locales y de los organismos internacionales, propiciatorios del cumplimiento de las condiciones de implementación pactadas en los acuerdos de paz, enfocando desde el Estado colombiano un plan desde las regiones que se han visto más afectadas por el conflicto, promoviendo una participación interinstitucional para garantizar el desarrollo propio y el buen vivir de las comunidades y evitando que las acciones de los actores parapoliciales impidan el avance definitivo en pos de una paz estable y duradera

Por eso, señor presidente sometemos a consideración del cuerpo el presente proyecto.