La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación por la inminente aplicación de la Resolución N° 280/16 del Concejo Federal de Educación, que dispone la creación del Operativo de Evaluación Educativa Nacional “Aprender 2017”.

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Educación de la Nación y a todo otro órgano competente que, en vistas del cuestionamiento y preocupación que dicha resolución suscita en la comunidad educativa, se revean y se arbitren los mecanismos y medidas pertinentes para dejar sin efecto la aplicación del mencionado Operativo, promoviendo los medios para hacer parte de la elaboración de los instrumentos de evaluación a la docencia y comunidad educativa.

Manifestar su defensa de los derechos a la educación pública y gratuita y a las óptimas condiciones laborales para quienes la sostienen a diario.

Señor presidente:

El próximo 7 de noviembre comenzará a aplicarse, a instancias del Concejo Federal de Educación y del Ministerio de Educación de la Nación, el Operativo de Evaluación Educativa Nacional “Aprender 2017”, dirigido a estudiantes de sexto grado de primaria y quinto y sexto año de secundaria de escuelas públicas y privadas de todo el país. Dicho operativo, creado por la Resolución número 280/16 del Concejo Federal de Educación y difundido a la población con el argumento de mejorar la calidad educativa, costará $ 380 millones.

A través de los medios de comunicación, el gobierno nacional ha instalado que los gremios se oponen a la evaluación porque quieren conservar la educación en las condiciones en que la encontramos hoy. Nada más alejado de ello, tal como lo muestra la larga historia de lucha de la docencia y de la comunidad educativa en Argentina, que ha defendido incansablemente a la educación pública y laica como una gran conquista del pueblo trabajador.

El diagnóstico de “crisis educativa” es el que vienen denunciando públicamente, desde hace años, los docentes, estudiantes y familias. Y es por ello que exigen mayor presupuesto educativo para la construcción de escuelas, becas para que todos los alumnos puedan concluir sus estudios, el mejoramiento de los comedores escolares, el nombramiento de cargos docentes y aumento del salario, la introducción de nuevas tecnologías y capacitación permanente de los trabajadores y trabajadoras de la educación, entre otras tantas demandas que han realizado incansablemente ante las diversas instituciones del Estado. Como han señalado, para realizar una evaluación exhaustiva de la educación, hay que partir de estas consideraciones que plantea la comunidad educativa. Los instrumentos de evaluación que implementa el gobierno hoy, con el Operativo Aprender, no dan cuenta del contexto educativo en el cual aprenden los alumnos y enseña la docencia, además de ser una evaluación inconsulta, no elaborada con los protagonistas de la educación que son los docentes, alumnos y familias, los más interesados en garantizar la calidad educativa.

Si realmente el gobierno quiere tener una evaluación del aprendizaje para mejorar la educación, debería tomar en cuenta las distintas realidades socioeducativas, contemplando la sobrepoblación en las aulas, las condiciones de infraestructura en las que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, contemplando las condiciones de vida y de pobreza en la que viven más de 6 millones de niños, niñas y jóvenes de Argentina, lo que equivale al 46% del total, determinando un proceso desigual de aprendizaje en los niños y jóvenes más vulnerables. Este es también el motivo de una significativa deserción que se registra en los distintos niveles, pero particularmente en el nivel secundario, donde la juventud en muchas oportunidades se ve obligada a abandonar sus estudios para trabajar.

Es decir, se requiere un instrumento de evaluación que no oculte la política de desfinanciamiento que hace años arrastra la educación pública ni el incumplimiento de la política de Estado, que se expresa entre otras cosas en que ni siquiera se ha avanzado en las metas de extensión de la jornada escolar que dicta la Ley Nacional de Educación, ya que al día de hoy solo el 13,8% de escuelas a nivel nacional y tan solo el 6,8% en provincia de Buenos Aires cuenta con jornada extendida.

En el mismo sentido, recordamos que el Operativo que motiva este proyecto fue aplicado ya en 2016, siendo rechazado por trabajadores de la educación, los sindicatos docentes y la comunidad educativa, que denunció que el mismo disponía un sistema de evaluaciones estandarizadas externas al proceso de enseñanza – aprendizaje. Con los resultados de la evaluación en 2016 ¿Qué políticas tomó el gobierno y qué conclusiones extrajo? ¿Aumentó el presupuesto educativo en función de las necesidades que consideró oportunas? ¿Qué política tomó hacia la formación docente? ¿Y en relación a la capacitación? ¿Qué iniciativas tuvo?

Con el argumento de “mejorar la educación”, en Argentina se siguen realizando evaluaciones externas elaboradas por organismos internacionales que no dan cuenta de la realidad educativa del país.

Al respecto, destacamos que en Argentina ya se aplican las pruebas ONE (Operativo Nacional de evaluación); PISA (Prueba Internacional de Aprendizaje de los estudiantes) que promueve la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos); TERSA y FESBA en Ciudad de Buenos Aires. Todas ellas son pruebas estandarizadas, externas, de competencias y conocimientos, con evaluaciones basadas en el múltiple choice, alejadas totalmente de la didáctica que desarrollan las y los docentes en el país. Lejos de aportar, al mejoramiento del sistema educativo, esas evaluaciones -como sostienen diversos especialistas en la materia- han reforzado un diagnóstico errado, poniendo el foco del origen de la llamada “crisis educativa” en los trabajadores de educación, apuntando a políticas de desfinanciamiento educativo y subsidiando con arcas del estado a la educación privada en detrimento de la pública.

Por esta experiencia, el Operativo Aprender de 2016 contó con límites a su implementación, siendo resistido en provincias enteras como Neuquén, Santa Cruz y Río Negro y en numerosas escuelas de las provincias de Mendoza y Córdoba, el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. El gremio que nuclea al conjunto de los trabajadores de educación, CTERA, lo rechazó en declaraciones que fueron tomadas en manos de la docencia que defiende la escuela pública. Con asambleas, jornadas de debate y diversas medidas de fuerza. Así ocurrió, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, donde el gremio local realizó una medida de fuerza; también en distritos enteros del conurbano bonaerense, como La Matanza -donde el SUTEBA local organizó jornadas de debate y medidas de resistencia- y en numerosas escuelas de La Plata y Ensenada, por citar sólo algunos ejemplos.

El gobierno nacional, en el marco de la lucha paritaria docente y por aumento del presupuesto educativo expuso en aquél momento, a través de los medios masivos de comunicación, los resultados obtenidos del Operativo de 2016. La publicación de dichos resultados, que difundieron cómo más satisfactorios en las escuelas de gestión privada abonaron la campaña que buscaba responsabilizar a los docentes de la crisis educativa, en particular tratando de instalar la idea que sostiene que las escuela públicas tendrían menor calidad educativa y sus docentes serían los principales responsables de esa situación. Una idea ajena a la realidad de las escuelas, que da cuenta de la intención de demonizar a quienes defienden diariamente el sistema de educación pública y gratuita.

Ha quedado claro, por otra parte, que el gobierno nacional sigue en esto los lineamientos de la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y el BID. El Banco Mundial es, de hecho, es principal impulsor e ideólogo del Operativo Aprender, como se puede apreciar en varias de sus publicaciones, como la titulada “Profesores excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina” (2015), donde el organismo analiza la implementación de las reformas educativas durante la primera década de este siglo, buscando las conclusiones que permitan imponerlas con la “menor resistencia posible”.

No está de más destacar que dichos organismos tienen injerencia en la educación latinoamericana desde hace ya años, y funcionan a través de la contratación de empresas orientadas a la realización de estas prácticas, convirtiendo al derecho a la educación en un gran y lucrativo negocio. Se alienta, de esta manera, la injerencia de GEMS, Junior Achievement o programas como Teach for America, Educar y Crecer, entre otras corporaciones mentoras de los programas de evaluación externa y programas educativos al servicio de la demanda del mercado laboral.

Por citar un ejemplo, destacamos que en 2015 la consultora GEMS Education llegó a los titulares de los diarios europeos por su “Índice de eficiencia”, en base a las consultorías que financian los gobiernos con el objetivo de “mejorar sus estándares en educación”. La polémica por el informe estalló en el Estado español, cuyo sistema educativo Gems ubicó a este país en la posición 26 de 30 países. La empresa recomendó incrementar la proporción de alumnos por profesores en un 68 %, pasando de 10 a 17 alumnos por docente. Además, planteó la posibilidad de mejorar sus resultados en las evaluaciones PISA reduciendo los salarios docentes en un 20 %. A “menor rendimiento”, “menor salario”.

Es preocupante y queremos poner una alerta sobre este Operativo, ya que al igual que el operativo Enseñar a nivel terciario, pueden ser utilizados para elaborar y establecer rankings, generando un contexto de competencia y clasificación de las instituciones, estableciendo el salario por mérito y los incentivos económicos a las escuelas mejor clasificadas, creando un escenario propicio para el desarrollo de esquemas privatizadores de la educación. Estos son los resultados de los planes de evaluación externa aplicados en Chile, México y Ecuador. Si miramos el caso de Chile, los profesores que obtienen puntajes sobresalientes en las evaluaciones pueden recibir una bonificación y es el parámetro para determinar los ascensos. En lugar de promover a los profesores únicamente en función de la antigüedad (como ocurre hoy en día en la mayor parte de los países latinoamericanos), se los puede ascender sobre la base de la aptitud reconocida individualmente

Salarios atados al “merito”, ceses y despidos de docentes son algunas de las consecuencias de estas reformas. En México, la misma viene acompañada de una nueva currícula, a partir de un modelo copiado de EE.UU., donde han recortado contenidos relacionados con la filosofía y la sociología, por ejemplo.

Por ello es legítima la preocupación de los gremios junto a sectores de la comunidad educativa que, en el marco de las distintas reformas anunciadas por el presidente Mauricio Macri, advierte que detrás de este Operativo se esconde también el intento de sentar un precedente para avanzar contra los derechos y las condiciones de trabajo en la educación, incorporando entre otras cosas el “premio al presentismo”, como ya se hizo en la provincia de Mendoza con el Ítem Aula, y a tono con el intento de imponer una Reforma Laboral y Previsional en todo el país.

Por supuesto, este proceso no es ajeno a las condiciones impuestas en las últimas décadas, como consecuencia de los lineamientos determinados por el BID y el BM. En 1992 con la Ley de transferencia de servicios educativos a las provincias y la posterior Ley Federal de Educación, comenzó un proceso de descentralización financiera y centralización pedagógica que tuvo continuidad en la Ley Nacional de Educación de 2006 y se profundiza con el Plan Maestro que propone el gobierno actual. Esta descentralización financiera genera una profunda diferencia entre escuelas de provincias con más recursos y provincias o distritos con menos recursos, fragmentando el sistema educativo nacional y promoviendo la privatización de la educación por distintas vías, ya sea favoreciendo la educación privada por el vaciamiento de la escuela pública o con modalidades que, a causa del desfinanciamiento estatal, empujan a las instituciones educativas a introducir el financiamiento privado de empresas, ONG, etc. para poder sostenerse materialmente. En Argentina la primera necesidad que se impone es la renacionalización del sistema educativo

Para mejorar el sistema público de educación nacional es menester centralizar los recursos económicos destinados a la educación, votando un presupuesto acorde a las necesidades, que permita garantizar la construcción de las instituciones educativas que hacen falta en todos los niveles, la creación de cargos, los materiales didácticos, la promoción de los comedores escolares con una dieta sana y nutritiva, acorde a las etapas de crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar. Asimismo, es necesario que se garanticen las condiciones para que el conjunto de los trabajadores de la educación, estudiantes y familias, que son quienes más conocen los problemas que atraviesa el sistema educativo, puedan debatir y elaborar un plan educativo nacional que dé respuesta a la crisis que atraviesa la educación pública argentina.

Esa es la única vía para garantizar que la educación esté al servicio de las necesidades del pueblo trabajador y no de las demandas del mercado laboral y las empresas, que buscan utilizar esta reforma educativa para abaratar costos, tal como lo anticipa el proyecto “Secundaria del Futuro” - también ampliamente rechazado por el estudiantado de la Ciudad de Buenos Aires-, que introduce pasantías laborales gratuitas en los últimos años de enseñanza como si se tratara de “prácticas educativas”.

Como se señalara, ya hay sectores de trabajadores de la educación cuyas organizaciones se oponen a la aplicación de este nuevo Operativo, como son la Central de Trabajadores de la Educación Argentina (CTERA) y diversos sindicatos provinciales, como SUTE (Mendoza), ATEN (Neuquén), las seccionales del SUTEBA en el conurbano Bonaerense, como La Matanza y Tigre, y los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus sindicatos Ademys y UTE. En consideración de estos rechazos es que presentamos el presente proyecto de resolución, a la espera de que el Ministerio de Educación de la Nación, el Concejo Federal de Educación y el Poder Ejecutivo dejen sin efecto esta medida.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.