La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Manifestar preocupación frente al reciente proyecto de Decreto mediante el cual se busca implementar un nuevo marco normativo de la ley salud metal, menoscabando derechos humanos fundamentales y contradiciendo artículos centrales de la actual Ley N° 26.657, configurando un grave retroceso en el ejercicio profesional en el campo de la salud y de los derechos garantizados a los usuarios del sistema público y privado. Esta nueva reglamentación resultaría en consecuencia una clara y manifiesta contradicción con los principios y las directrices emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Asimismo, y de igual forma resulta sumamente reprochable que se pretenda realizar dicha reforma a través de un decreto reglamentario evitando la intervención del Congreso de la Nación, ámbito institucional para las presentes modificaciones.

Señor presidente:

El Congreso Nacional sancionó la Ley Nacional de Salud Mental el 13 de noviembre de 2010, a través de una amplia mayoría de legisladores pertenecientes a todos los partidos políticos.

El trabajo previo a su sanción implicó una fuerte participación de diversas asociaciones profesionales, de trabajadores y de usuarios vinculadas al campo de la salud mental.

Asimismo, el decreto reglamentario del 28 de mayo de 2013 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional puso en funcionamiento la norma que se constituiría en un referente mundial sobre prevención y tratamiento del padecimiento psíquico.

Dentro de este contexto, recientemente se conoció un proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 por el cual se pretende dar un giro rotundo en la política de salud mental.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Salud modifica el concepto de salud mental como un proceso de determinaciones múltiples que integra aspectos históricos, socio – económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y lo transforma en un fenómeno de abordaje exclusivo por prácticas fundadas en evidencias científicas.

La propuesta, que está a la firma del presidente Mauricio Macri, la cual ya fue fuertemente rechazada por organizaciones de derechos humanos, anularía entre otras cuestiones el pago de terapeutas y otras atenciones y coberturas que los pacientes reciben hasta el momento.

La reforma, entre otras cosas, elimina la atención y cobertura al 80%, que las obras sociales tienen actualmente para atender casos como autismo, down y otros trastornos de conductas que, para su atención, necesitan de prestaciones de terapeutas, masajistas y musicoterapeutas, entre otros.

Asimismo, se reinstala el manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”, el tratamiento en comunidades cerradas para personas con consumo de drogas, y restituye la determinación de la internación compulsiva a la psiquiatría.

De igual forma resulta de una gravedad institucional que se intente hacer la presente reforma a través de un decreto reglamentario cuando es evidente que trata de modificar los postulados centrales de la Ley Nacional de Salud Mental, evitando la intervención del Congreso de la Nación en el debate, ámbito natural para realizar las modificaciones de este tenor.

Del mismo modo, no podemos obviar que dicho proyecto fue redactado sin la consulta a los equipos de salud especializados y organizaciones que reúnen a los grupos que serán afectados por la presente.

Por tales motivos, el presente proyecto de decreto reglamentario es, a todas luces, un fuerte retroceso en el respeto de los derechos humanos, constituyendo un gravísimo perjuicio para los pacientes y familiares del sistema público y privado.

Por lo antes expuesto, entendiendo la gravedad de la situación, solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración