El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1°: Anúlese la Resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad publicada en el Boletín Oficial con fecha 26 de septiembre de 2018, a partir del cual se establece un brutal recorte de las pensiones mediante un nuevo circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto n° 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez.

Art. 2°: De forma.

Señor presidente:

A través de la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad, publicado el pasado 26 de septiembre en el Boletín Oficial, el gobierno informa que crea un nuevo circuito administrativo “de notificación de incompatibilidades” para pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Esto, que es presentado como un control sobre presuntas irregularidades de quienes están cobrando actualmente, no es más que una nueva herramienta para seguir suspendiendo pensiones a gente que las necesita. Las personas que sufren una discapacidad deberán concurrir, en el término de 10 días, al Anses para realizar el reclamo y seguir cobrando la pensión.

De esta manera, el gobierno insiste en el objetivo de dar de baja 170 mil pensiones a través del decreto 432/97 –el cual también hemos planteado anular por medio de otro proyecto de ley. Así, el gobierno, de la mano del FMI, profundiza una política criminal sobre las personas con discapacidad en momentos de una fuerte crisis económica y social, que los hace aún más vulnerables.

Buscan asimismo generar una opinión pública hostil a los beneficiarios, argumentando supuestos excesos en la concesión de las mismas. Sin embargo, tanto las bajas anteriores como las que se darán a partir de esta nueva disposición, no toman en cuenta las condiciones de vida concretas de las personas. Tampoco se toma contacto con las personas, quienes en la mayoría de los casos se enteran que son perjudicados cuando van a cobrar.

Este mecanismo perverso se refuerza otorgándoles solo 10 días a los beneficiarios para presentar toda una serie de documentos, y de no cumplir con la presentación de alguno de los documentos, se les da automáticamente la baja.

Como ya planteamos desde esta banca con el proyecto de Ley que presentamos por la anulación del decreto 432/97 (expte 3248-D-2017) -de autoría de Soledad Sosa-, el gobierno profundiza la línea de conceptualizar derechos bajo asistencialismo estatal, por ello, planteamos la necesidad de que las pensiones no sean percibidas como un “beneficio” sino como un derecho universal.

Esta nueva resolución profundiza el paquete de medidas contra el pueblo trabajador y los sectores más vulnerables en pos de cumplir con los requisitos exigidos a partir del acuerdo con el FMI. Salvataje a las empresas y más miseria para el pueblo trabajador y los sectores más vulnerables.

El enorme repudio social que ha generado la tentativa de dar de baja pensiones el año pasado y la persistencia en es te objetivo han sido objeto de denuncia de las organizaciones de personas con discapacidad en todo el territorio nacional, y dan cuenta del rechazo popular frente a estas medidas perversas contra los grupos sociales más golpeados.

Esta orientación política del gobierno de Macri, que acompañan los gobernadores que defienden el acuerdo con el FMI, golpea en bruto a numerosos sectores de la sociedad y forma parte de un ataque de conjunto a las condiciones de vida y laborales de las mayorías populares.

Desde nuestra banca, junto con este proyecto, convocamos al pueblo a manifestar el rechazo absoluto a este ajuste, que los diputados firmantes acompañaremos adentro y fuera de la Cámara.

Solicitamos a los/as señores/as diputados/as que se planteen en contra de este ajuste, a acompañar el presente proyecto de ley.