La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más honda preocupación por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de conceder una reunión a abogados y familiares de represores detenidos por su participación en el genocidio de la última dictadura cívico militar a la vez que manifiesta su malestar por el rol cumplido por representantes del Poder Ejecutivo en la gestión de dicho encuentro.

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar su preocupación y repudio por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de conceder una reunión a abogados y familiares de represores detenidos por su participación en el genocidio de la última dictadura cívico militar.

Lamentablemente, por primera vez en la historia, la (CIDH) recibirá a las agrupaciones defensoras de genocidas, en una reunión de carácter. Dicha reunión fue gestionada a través de la intervención que el gobierno nacional y efectuada por intermedio de la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos, Paula Bertol.

Los encuentros y gestiones de funcionarios nacionales en favor de estas agrupaciones, tristemente célebres por propiciar la apología del terrorismo de Estado, no son una novedad. En este marco, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió de forma secreta con Cecilia Pando en mayo de 2016: "La recibí a ella como recibo a todas las personas que me piden una audiencia”, se justificó ni bien trascendió el encuentro.

De forma coincidente y como es de público conocimiento, referentes de las agrupaciones pro genocidas fueron recibidos por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pocos días de haber asumido en su función.

Ahora, según consta en reportes que realizó a la Cancillería, Bertol mantuvo por lo menos tres reuniones con representantes de la CIDH en los que las demandas de las agrupaciones pro represores fueron un tema tratado.

Las Abuelas de Plaza de Mayo lamentaron la decisión del organismo internacional, recordaron que “los detenidos por crímenes de lesa humanidad están en una clara situación de privilegio frente al resto de las personas sometidas a procesos penales” y reforzaron su “preocupación” en relación con el hecho de que haya sido una funcionaria del Ejecutivo quien intercedió para que la CIDH recibiera a estas agrupaciones: “Demuestra el difícil momento por el que atraviesa la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina”.

Finalmente recordaron en su misiva “la historia de la comisión en relación con los crímenes del terrorismo de Estado, tan destacada” y remarcaron que “esta reunión no le hace honor”.

Por lo expuesto, entendemos que resulta indispensable manifestar la más honda preocupación por la inédita decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de conceder una reunión a abogados y familiares de genocidas detenidos por su participación en delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, por lo que solicito a los/as legisladores/as el acompañamiento de la presente declaración.