El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1°- Se anula el decreto 27/2018, llamado de Desburocratización y Simplificación de los trámites en el Estado, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional el 10 de enero del corriente, y publicado en el Boletín Oficial el 11 de enero, y sus modificatorias.

Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. De forma.

Señor presidente:

El dictado del decreto 27/2018 por parte del Poder Ejecutivo Nacional constituye un eslabón más del plan de ataque a las condiciones de vida del pueblo trabajador argentino. Por otra parte, constituye un reforzamiento de la tendencia a suplantar el debate en el Congreso Nacional por el expediente de la sanción de decretos resueltos por el Poder Ejecutivo. Esto con el propósito de ocultar ante la opinión pública los ataques reaccionarios, antiobreros y a favor del gran capital que se están llevando adelante. Desde ya que constituye un avasallamiento de las funciones parlamentarias marcadas por la propia Constitución.

Se ha calculado que este megadecreto anula 19 leyes y modifica otras 140. Esta vez ni siquiera enviando formalmente el DNU al Parlamento y habilitando su vigencia in límine, contenida en su propia redacción. Recién dos semanas después de haber firmado el DNU -denominado “Desburocratización y Simplificación de los Trámites en el Estado”- y obligado, ante la circunstancia de un cuestionamiento público por parte de la mayoría de las fuerzas que integran el poder legislativo, el PEN manda al Congreso el decreto de “necesidad y urgencia” y empieza a negociar la constitución formal de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que ni siquiera se había constituido.

En la misma semana que el gobierno anuncia la derogación de la Emergencia Económica y que anunciaba, a través de sus voceros, que se acababa la discrecionalidad del Ejecutivo y que el Congreso recuperaría facultades, se anuncia este paquetazo que le otorga al PEN facultades amplísimas y márgenes discrecionales de acción para operar en áreas sensibles de la vida económica y social del país. Finalmente, los superpoderes derogados por la Emergencia Económica son restituidos automáticamente con la vigencia de este megadecreto.

Hay que señalar, llegado a este punto, la responsabilidad de la oposición parlamentaria, que allanó el camino institucional del Ejecutivo, aceptando una mayoría de miembros en manos del gobierno actual de una comisión absolutamente sensible, como es la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo encargada de avalar o rechazar los decretos del Poder Ejecutivo, que debería estar en manos de la oposición, apelando a cualquier lógica.

En lo que se refiere a su contenido, este mega DNU contiene un ataque en regla a los trabajadores y sus derechos, y un enorme beneficio para la clase capitalista, en cuya redacción están los elementos anticipatorios de la reaccionaria reforma laboral que pretende hacer pasar el gobierno en el año en curso. Reducen, por ejemplo, las sanciones a las empresas por infracciones cometidas en el ámbito laboral, como también el tiempo en que las empresas figuran en el registro de infractores, que se circunscribirá a un máximo de 30 días. La figuración en este registro representaba un impedimento para poder acceder a contratos del Estado, subsidios y ventajas impositivas. La reducción de las sanciones para las patronales habilita a aumentar las prácticas abusivas en el terreno laboral y colocan en una mayor indefensión a la clase trabajadora. Esta medida confluye con otra planteada: la de “blanqueo” para las empresas que tienen personal en negro, las cuales serán beneficiadas con la extinción de cualquier sanción por la falta cometida y también de los juicios que pudiese haber en marcha, si decidiesen blanquear a los trabajadores que estén contratados de manera irregular.

Por otro lado, bajo falsos argumentos en cuanto a que beneficiaría a mejorar la calidad crediticia de los individuos, al estar habilitados ahora a dejar sus depósitos en garantía, lo cierto es que el DNU facilita la posibilidad de embargar las cuentas sueldo, facilitando a bancos y acreedores el cobro de sus deudas. En un contexto en donde se viene extendiendo la entrega de créditos hipotecarios y en un marco de ajuste social, en caso de dificultades para efectivizar el pago de las cuotas, las entidades financieras que entren en estas operatorias pueden contar con un blindaje adicional para cubrirse.

Otra medida anticipatoria de la reforma anti-laboral es que este DNU contempla la instrumentación de un plan de mejoras salariales atadas a la productividad. Para la evaluación se tomará en consideración el presentismo de los empleados públicos. El objetivo es instalar una especie de lo que en el gobierno definen como “meritocracia”, con premios y castigos para los trabajadores estatales. El salario podría determinarse a fin de cada mes en función del cumplimiento de metas. Las medidas de ajuste laboral también están contempladas en el plan de achique del personal del Estado, que comenzará por los contratados como viene sucediendo hasta el momento. La disposición de la administración nacional de congelar la contratación de personal jerárquico en las dependencias del Poder Ejecutivo será utilizada para proceder a una amplia pseudo racionalización del personal, fundamentalmente el que se encuentra en situación precaria.

La discrecionalidad de acción del PEN, a la que nos referimos más arriba en los fundamentos, se da como ejemplo en unas de las medidas de este mega DNU, que establece la reducción de diez a cinco la cantidad de días para publicar en el Boletín Oficial de la República Argentina el anuncio antes de lanzar una licitación de hasta 100 millones de pesos y la eliminación de la obligación de su publicación en los Boletines Oficiales de las provincias y/o municipios afectados. Esto en la práctica constituye una vía para achicar los oferentes “donde la discrecionalidad favorece a los amigos del poder” y “la información previa vale muchísimo”. A pesar de apelar permanentemente a la transparencia, el oficialismo reitera los manejos turbios que se le cuestionaba al anterior gobierno. Finalmente, tanto el gobierno actual como su antecesor se valen de sus vínculos con el Estado para armar y desarrollar negocios que favorezcan a la clase empresarial amiga del poder. Los Lázaro Báez y los Calcaterra son la norma, no la excepción.

Una de las cuestiones reaccionarias contenidas en este DNU, y que no sólo reafirman, sino que endurecen las condiciones migratorias, es que instaura como paradigma el “estado de sospecha”, tal como expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes denuncian que “con el DNU todos los migrantes son sospechosos” y que la medida tendrá como efecto “el hostigamiento al migrante pobre, profundizando su exclusión social y económica”.

El DNU avanza en la reforma jubilatoria. Uno de los puntos centrales de este mega decreto es que se vuelve a colocar a los fondos de la Anses a merced de los intereses de la especulación financiera. La normativa habilita al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) a crear fideicomisos y “a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias”. Las nuevas atribuciones potencian la capacidad del Fondo para ofrecer parte de su cartera para garantizar deuda. Eso implica, por ejemplo, que el organismo podrá ofrecer títulos o acciones como garantía de los proyectos de inversión realizados bajo el esquema de Participación Público Privada o, más preocupante aún, para otro tipo de ingeniería financiera de carácter especulativo. La decisión, en definitiva, incrementará los riesgos que puede asumir el fondo y, por lo tanto, el peligro de un vaciamiento. Estamos en presencia de una desnaturalización total de los fondos de la Anses, cuya función es garantizar los haberes de los jubilados y, como tal, deberían invertirse en colocaciones seguras. El decretazo avanza en la tarea de completar la obra de convertir a la Anses en una gran AFJP. Bajo la nueva normativa, hay que olvidarse de que los fondos del organismo previsional sean aplicados a una mejora y recomposición de los haberes. Esto empalma con la tentativa de restablecer la jubilación privada, que va de la mano con el desfinanciamiento del organismo. Si se pretende acceder a una jubilación superior a la mínima habría que aportar -de acuerdo a los proyectos oficiales en preparación- una suma adicional, administrada por una entidad privada.

Este decretazo representa un ataque estratégico a la clase laboriosa de nuestro país, y un salvataje a una clase capitalista quebrada económicamente por su propia responsabilidad y esencia, que ya no es capaz de otorgar ningún elemento social progresivo, sino que cada paso en su interés es un paso más que se da en la regresión de las condiciones de vida históricamente constituidas.

Llamamos a los diputados/as a rechazar este DNU antiobrero y antipopular, acompañando con su firma este proyecto.