La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación y rechazo por la decisión de venta de las acciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA que posee el Estado Nacional —a través de COMPAÑÍA INVERSORA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA - CITELEC SOCIEDAD ANÓNIMA—, dispuesta a través del Decreto N° 882 del 31 de octubre de 2017 (B.O. 01-11-2017); y por la metodología empleada para llevarla a cabo, establecida por la Disposición de la Subsecretaría de Coordinación N° 527 del 28 de diciembre de 2017 (B.O. 29-12-2017).

Señor presidente:

Con fecha 31 de octubre de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 882, a través del cual, entre otras medidas, se instruyó al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA “…para que en su carácter de accionista mayoritario de ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA) y EMPRENDIMIENTOS ENERGÉTICOS BINACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA (EBISA), impulse los actos y recaudos societarios necesarios a fin de efectuar la fusión por absorción de ambas sociedades, revistiendo ENARSA el carácter de sociedad absorbente, la que pasará a denominarse INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A.” (art. 1°); y se dispuso que el citado Ministerio impulsara “…las medidas necesarias para que INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. proceda a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia, según corresponda, de: a) Los activos correspondientes a las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, así como la transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales. En el marco de dicha operación, deberán incluirse las condiciones y requisitos que aseguren la finalización y puesta en marcha de las obras de conversión a Ciclo Combinado de las referidas Centrales en el menor tiempo posible. b) Los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II. No obstante ello, el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA podrá disponer la continuidad o cancelación del proyecto y definir e implementar, en caso de disponerse su continuidad, el mecanismo contractual que estime pertinente para su ejecución mediante inversión privada. c) La participación accionaria de ENARSA en COMPAÑÍA INVERSORA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CITELEC SOCIEDAD ANÓNIMA. A tales fines, el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA podrá encomendar a INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. el desarrollo de los procedimientos y la suscripción de los documentos contractuales que resulten necesarios para cumplir con los fines previstos en el presente decreto” (art. 6°).

Para motivar tales medidas, la parte expositiva del decreto expresa que

a) “…La actividad de generación de energía eléctrica, en particular la generación térmica convencional vinculada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), es una actividad desarrollada mayoritariamente por agentes privados en un mercado diversificado y competitivo, regido por normas legales y reglamentarias que propenden a asegurar su

normal funcionamiento sujeto al control de las autoridades competentes, por lo que la participación del Estado Nacional o ENARSA

como titular u operador de centrales del tipo descripto no resulta necesaria para asegurar el normal funcionamiento del sector.”

b) “…En igual sentido, la actividad de transporte de energía eléctrica es mayoritariamente desarrollada por empresas privadas que cuentan con los recursos necesarios para garantizar una correcta operación y funcionamiento de las instalaciones, por lo que el involucramiento del Estado Nacional o ENARSA en carácter de accionistas de empresas dedicadas a dicha actividad no resulta necesario para garantizar la prestación del servicio.”

c) “…En ese sentido, tanto la Ley N° 24.065 como la Ley N° 24.076 establecen como objetivo para la política nacional en materia de energía eléctrica y gas natural, promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda y alentar la realización de inversiones para asegurar la eficiencia y continuidad de los respectivos servicios; previendo la intervención estatal en lo que respecta al ejercicio de la policía de seguridad, al cumplimiento de los requisitos mínimos del servicio público, a la preservación del medio ambiente y a la protección del usuario y del consumidor frente a posibles violaciones a los principios de la sana competencia.”

d) “…El sistema eléctrico nacional requiere que se continúen adoptando las medidas que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país, para lo cual resulta conveniente propiciar la participación de terceros capaces de asumir actividades de generación y transporte en los proyectos energéticos antes mencionados, mientras el Estado Nacional asigna sus recursos a aquéllas que hacen al cumplimiento del cometido público estatal.”

e) Por todo ello, “…resulta conveniente transferir ciertos emprendimientos energéticos en los que el Estado Nacional tiene participación, a empresas del sector privado que posean las capacidades técnicas y financieras suficientes para garantizar, en su caso, una eficiente finalización de las obras y/o la operación y mantenimiento, permitiendo al Estado Nacional asignar sus recursos a otros fines prioritarios.”

Lo así dispuesto suscitó críticas y rechazos.

La propia Unión Cívica Radical, parte de la agrupación política gobernante, a través de una carta de la que se hizo eco el Diario La Voz, expresó los primeros y serios agravios. Así, con la firma del presidente del partido, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el titular de la convención nacional, el cordobés Jorge Sappia, y los jefes de los bloques

legislativos, el radicalismo cuestionó en duros términos la decisión del Gobierno. “Como miembros de Cambiemos y garantes de la gobernabilidad, es nuestra responsabilidad hacer este tipo de cuestionamientos. Queremos ratificar al señor ministro (Aranguren) nuestra oposición, en nombre de la UCR, a continuar avanzando en la dirección que se ha tomado en la venta de la participación del Estado nacional en la empresa Transener”, dice el carta. En la carta al ministro Aranguren, los máximos dirigentes del radicalismo dicen que apoyaron “con fuerza” la decisión del Gobierno nacional de adquirir el año pasado la participación que la empresa cordobesa Electroingeniería tenía en la firma Citelec, propietaria de Transener. En aquella operación, el Estado nacional le pagó a Electroingeniería 28 millones de dólares.

Además de oponerse a la venta del porcentaje de Transener, el radicalismo también le hace una dura advertencia al ministro Aranguren, sobre uno de sus principales funcionarios. Le apuntan al subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio, Marcelo Blanco, quien hasta 2015 fue ejecutivo de Pampa Energía, una de las empresas interesadas en quedarse con la porción de Transener que posee el Estado nacional. Consultado sobre este tema, el cordobés Sappia defendió la posición de su partido. “El radicalismo es parte de Cambiemos y tenemos la obligación y el deber moral de advertirle al Gobierno nacional las cuestiones que creemos son erróneas. Esa es la intención de esta carta”, señaló el titular de la convención nacional del radicalismo. Sappia argumentó que las máximas autoridades del partido, entre ellos el titular del bloque radical en Diputados, Mario Negri, rubricaron esta posición. “Transener viene demostrando que es una empresa muy eficiente y que brinda ganancias, teniendo al Estado como propietario mayoritario. No hay elementos para venderla”, finalizó Sappia (http://www.lavoz.com.ar/politica/reclamo-de-la-ucr-la-nacion-por-la-venta-de-transener).

Otro dirigente de ese espacio político, Ricardo Alfonsín, criticó la decisión de vender las acciones de Transener. "Perjudicaría a muchos argentinos", advirtió. "Se trata de un monopolio natural en un sector estratégico para el país. Cuando hay un monopolio natural debe estar en manos del Estado", afirmó en diálogo con El Destape (https://www.eldestapeweb.com/ricardo-alfonsin-la-venta-transener-perjudicaria-muchos-argentinos-n38225). Según lo informado en su portal por La Política Online, Ricardo Alfonsín habría, asimismo, publicado en la red social Twitter, este mensaje: Espero que la UCR persuada al Gobierno de que sería un grave error privatizar Transener. Se trata de un monopolio natural en un sector estratégico para la economía de los argentinos. No hagamos algo de lo que, cómo en el caso de la venta YPF en los '90, nos vanos a arrepentir (http://www.lapoliticaonline.com/nota/110565/).

También desde el bloque que integro, el Frente para la Victoria, se alzaron voces de advertencia y rechazo contra la venta de las acciones estatales en Transener. Fue así que el jefe de bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV-PJ), Agustín Rossi, criticó, además, la autorización para que puedan venderse las centrales termoeléctricas del Estado. En ese sentido aseguró: "El Boletín Oficial nos trae otra triste noticia: Mauricio Macri rifa los recursos energéticos de todos los argentinos mediante la autorización para privatizar las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica". Al mismo tiempo destacó la construcción de las centrales de "Ensenada de Barragán" y "Brigadier López" durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Férnandez.

En la misma resolución, el gobierno Nacional pone a la venta las acciones que tiene el Estado en Transener (la operadora del transporte de electricidad en la mayor parte del país). También, decide transferir la concesión al sector privado de dos represas ubicadas en Santa Cruz que aún no se construyeron. En ese sentido, Rossi aseveró "en poco tiempo la producción energética del país pasará a regirse en forma total por las reglas del mercado, deslindando al Estado de cualquier tipo de intervención. ¿Así pretende resolver los problemas energéticos, Presidente?"

Además, resaltó que la disposición firmada por Mauricio Macri, Marcos Peña y José Ma Aranguren "vuelve a tomarse a espaldas del Congreso Nacional, ninguneando las voces de los diferentes representantes del pueblo argentino". Asimismo, dijo que el Presidente traía "otra mala noticia para los santafesinos" ya que las centrales eléctricas que funcionan en la provincia, más precisamente en las localidades de Sauce Viejo (Estanislao López) y Timbúes (Vuelta de Obligado y San Martín) en poco tiempo "serán cooptadas por manos privadas". "Prometieron una Argentina para todos pero lo único que hacen con sus medidas es construir la Argentina S.A. Cualquier similitud con el modelo neoliberal que nos llevó al desastre en los 90 NO es pura coincidencia", finalizó el Diputado Nacional (https://www.unosantafe.com.ar/politica/rossi-critico-la-privatizacion-centrales-electricas-del-estado-n1544791.html).

Por su parte, según informa el periodista Fernando Krakoviak, el Ministerio de Energía llamó a concurso público para contratar a una consultora que asesorará en la venta de las acciones que Enarsa posee en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec) a cambio de 24,2 millones de pesos. Enarsa posee el 50 por ciento de Citelec, firma controlante del 52 por ciento de Transener, la mayor transportadora de electricidad del país. La decisión de desprenderse de este activo estratégico se conoció el 1 de noviembre cuando el gobierno publicó un decreto donde puso en venta su participación en seis centrales

termoeléctricas, una porción de la proveedora nuclear Dioxitec y acciones en otra serie de compañías del sector energético.

En el pliego de bases y condiciones particulares para avanzar con la contratación de la consultora, publicado ayer en el portal comprar.gob.ar, se afirma que la compañía elegida deberá realizar una valuación de las acciones de Enarsa en Citelec (donde el Estado es socio de Pampa Energía), trabajar en el asesoramiento financiero integral para el diseño y la estructuración del proceso de enajenación de esa participación accionaria y asistir al Ministerio de Energía durante la negociación y el cierre financiero de la operación. El plazo de ejecución de la consultoría es de seis meses. Por lo tanto, se supone que a fines de junio la venta debería estar concretada.

Toda la información está en la Disposición N° 527/17 publicada en el Boletín Oficial el pasado viernes 29 de diciembre de 2017. La norma lleva la firma del Subsecretario de Coordinación Administrativa, Marcelo Pedro Blanco, ex CEO de Deustche Bank Argentina. En los requisitos técnicos del pliego se aclara que la consultora debe incluir entre sus antecedentes la participación en procesos de fusiones y adquisiciones, transacciones de compra y venta de activos y asesoría financiera, por montos superiores a 100 millones de dólares. También se pide detallar el listado de antecedentes en servicios de valuación de activos que haya prestado en los últimos cinco años, por activos valuados en montos superiores a 100 millones de dólares, discriminando si pertenecen al sector público o privado e indicando cuando correspondan a la industria de la energía (http://econojournal.com.ar/2018/01/pagaran-242-millones-a-una-consultora-para-vender-acciones-de-enarsa-en-transener/).

Ahora bien, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendió la venta de la participación estatal en Transener.

La salida actual "permitiría una ganancia importante", según describe Aranguren en su carta de descargo. Desde 1993, Transener es una compañía privada. Cuando la brasileña Petrobras quiso salir de Citelec —la sociedad controlante de Transener— le vendió su parte a Electroingeniería y Enarsa. En 2016, Enarsa compró las acciones de Electroingeniería. Según el ministro, el gerenciamiento de Transener venía siendo profesional desde antes que el Estado aumentara su participación accionaria. Y estima que el Poder Ejecutivo obtendrá una ganancia del 500% con la venta. "Dicha empresa cuenta (....) con un gerenciamiento de primer nivel, (...) y sus servicios mantuvieron elevados índices de calidad, aún en las peores circunstancias, cuando se la privó desde el año 2002 de las revisiones tarifarias previstas en el marco regulatorio y el contrato de concesión suscripto por el Estado Nacional y, por ende, de los recursos necesarios para realizar inversiones y mantener un

adecuado nivel de operación.” Aranguren también cree que el presupuesto de $ 24 millones para determinar la valuación de la participación estatal representa un 0,4% del precio que se podrá obtener en la venta (https://www.clarin.com/economia/aranguren-defiende-venta-transener_0_Sy8_C-hNM.html).

Un artículo publicado en la La Política Online describe, con mayor detalle, la defensa del ministro Aranguren con relación a la venta de las acciones de Transener, efectuada a través de una nota mediante la cual contesta a las autoridades radicales. Informa aquel portal que Aranguren busca dejar expuestos algunos "errores" de concepto básicos de sus socios de Cambiemos. "Se destaca, en varias partes de la nota, la idea de la importancia de la presencia del Estado Nacional en Transener, como si ésta fuese una empresa de control estatal, o que por razones estratégicas relativas a su operación requiriese indefectiblemente de la presencia del Estado", escribió, antes de recordar que desde 1993 está bajo control de privados. Las empresas del sector objetan que la venta de Transener y las centrales se encargue a un banco y piden que se haga bajo el sistema de licitación pública. "Con ese sistema hay menos riesgo de direccionar la operación", explicaron a LPO.

Aranguren también remarca que el hecho de que el Estado controle acciones "en ningún caso le otorgó a Transener el carácter de empresa pública" y recuerda que en los hechos la empresa estuvo en los últimos diez años manejada por Pampa Energía y Electroingeniería (que en 2016 vendió su parte al Estado) y que ni siquiera el kirchnerismo designó directores cuando ingresó como accionista en 2008.

El ministro también explica a los radicales que "no es correcto" afirmar que el Estado, a través de Enarsa y la Anses, "sea el mayor accionista" de la compañía ni pueda tomar decisiones. "Enarsa no es titular de acciones directas de Transener, sino que es el accionista co-controlante de Citelec", aclara. Citelec controla el 52% de Transener y es la mitad de esa sociedad la tenencia que se pondrá en venta. También detalla Aranguren que no podría el Estado tomar el control de Transener "porque ello significaría incurrir en una violación de sus obligaciones contractuales y del marco regulatorio (...) que prohíbe a los generadores mantener una posición de control en una transportista eléctrica".

En el artículo publicado en La Política Online (http://www.lapoliticaonline.com/nota/110738/), además, puede leerse que “La privatización total de Transener es en rigor parte de una operación más amplia que incluye vender las acciones que tienen en un grupo de centrales convencionales. Por todo el paquete Macri aspira a reunir unos 1.100 millones de dólares. En ese paquete entra la venta de las acciones (un 8 por ciento) que tiene el Estado en Central Puerto, la empresa de Nicolás "Nicky" Caputo, Osvaldo Reca y los Escasany, entre otros empresarios

cercanos a Macri. Por desprenderse de estos papeles, esperan recaudar 250 millones de dólares. La compañía tiene un valor de mercado de unos 3.000 millones, número al que llegó tras quedarse el año pasado con dos centrales licitadas por Energía. El plan se completa con la venta de las centrales térmicas "Brigadier López", en la provincia de Santa Fe, y "Ensenada de Barragán", en Buenos Aires. Por ellas, la recaudación esperada es de 500 millones de dólares. En el Gobierno sí admiten que Mindlin apostará fuerte a quedarse con las centrales.

Pero la operación ya levanta cuestionamientos en el mercado por el mecanismo elegido. El gobierno lanzó una consulta a bancos internacionales para que guíen en proceso de manera privada. Esto es visto como un mecanismo menos opaco que las habituales licitaciones públicas con apertura de sobres en el Palacio de Hacienda. "Es una pena que lo hagan de esa manera, va a generar ruido" reconoció a LPO una fuente del sector. En el Ministerio de Energía no quisieron contestar preguntas, pero fuentes al tanto de la operación explicaron a LPO que los bancos harán un filtro previo para identificar potenciales compradores que tengan solidez financiera y antecedentes técnicos sólidos y luego de procederá al sistema de sobre como es habitual. Además, en la compra se podrán capitalizar deudas que tenga el Estado vía Cammesa con generadoras del sector, lo que podría dejar en mejor posición a las empresas de Mindlin y Central Puerto. Para atenuar ese desequilibrio en Energía pusieron dos requisitos: Las acreencias de Cammesa se tomarán con un gran descuento —bastante por debajo de su valor nominal— y cualquier interesado podrá comprarlas. Igual, LPO pudo confirmar que ya hay grupos empresarios en diálogo con fondos de inversión para estructurar propuestas para Transener, la mayor transportadora del país.

Como explicó LPO, el argumento que esgrimen en Energía para desprenderse de las acciones es que el Estado debe asumir el rol de regulador y liberar el mercado. Aranguren no sólo reitera esa posición sino que también destaca la labor de la gestión privada en la empresa.

En la última parte de la nota, el ministro defiende el negocio que significa para el gobierno. En primer término, desmiente que la compra del 25% de Citelec en 2016 haya sido por "razones estratégicas" como sostienen los radicales, sino que fue por motivos económicos ya que por el aumento de las tarifas energéticas evidentemente la empresa aumentaría su valor de mercado. "Enarsa tuvo claramente en cuenta y este ministro lo avaló, al momento de proponer y considerar la operación de compra, la posibilidad de aprovechar una oportunidad de negocio antes que una decisión de tipo estratégica", admite Aranguren, que luego agrega que la venta permitirá "una ganancia más que

importante" para Enarsa. "Ese fue, en definitiva, el resultado buscado, y no dejar que ese buen negocio lo concretara un tercero", añade. Este medio había adelantado que en el Gobierno esperan obtener unos 350 millones de dólares por la venta del paquete accionario, que según Aranguren significará una ganancia de 500% comparando con el valor de compra.”

Como se advierte, no sólo la decisión de venta de las acciones que posee el Estado Nacional, a través de Citelec, en Transener, es preocupante, ya que se trataría de la privatización de un monopolio natural en un sector estratégico para la economía de los argentinos, que se decidió llevar a cabo omitiendo toda intervención del Congreso; sino que también es llamativo que no se recurra a un procedimiento de licitación pública para dar cumplimiento a la instrucción de venta de aquellas acciones.

Es por todos los motivos indicados que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.