La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que correspondan, proceda a informar lo siguiente:

1.- Si ha analizado en detalle la información enviada a los medios acerca de la interceptación de los correos electrónicos, y comunicaciones de los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico.

2.-Si hay indicios que puedan hacer suponer la intervención por parte de los organismos nacionales de inteligencia en la realización de escuchas, intercepciones de correos, whatsapp, y seguimientos ilegales a periodistas, políticos, magistrados, empresarios, etc.

3.- Si está en condiciones de asegurar que no ha habido intervención de organismo alguno de inteligencia oficial; y en tal caso si el conjunto de información mencionada no puede hacer suponer la existencia de sistemas de inteligencia ilegales con una importante capacidad de operación, actuando por fuera de los estrictos márgenes que sostiene la ley 27.126.

4.- Si se ha dado intervención a la Justicia a fin que realice las investigaciones correspondientes por la posible comisión de delitos contemplados en el Código Penal y las leyes de inteligencia.

Señor presidente:

En las ultimas horas nos hemos encontramos con un nuevo episodio que debe ponernos en alerta acerca de la actividad y organización de los servicios de inteligencia en la Argentina.

Se ha dado a conocer información periodística que da cuenta de lo que sería la intercepción de correos electrónicos y comunicaciones telefónicas de los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico.

En dicha información se alude a un plan de seguimiento de periodistas que puedan llegar a tener líneas editoriales críticas de la actual gestión del gobierno nacional, por lo que se realizarían, a través de medios técnicos, la búsqueda de información para proteger y anticipar posibles operaciones. Dicho plan contempla entre otros aspectos, la interceptación de los correos electrónicos y las comunicaciones.

Resulta inadmisible que los servicios de inteligencia oficiales realicen actividades ilegales de espionaje sobre la vida de las personas, y así como también lo es que puedan existir sectores de inteligencia con márgenes de autonomía para actuar de manera paralela en función de satisfacer actividades lucrativas privadas, utilizando las estructuras oficiales que provee la actual Agencia Federal de Inteligencia.

Es saludable y valioso para nuestra democracia que el periodismo pueda realizar su labor con total independencia, y que aquellos que deseen plantear miradas críticas o ejercer el periodismo de investigación sobre el poder político lo puedan hacer sin ningún tipo de inconveniente. En los últimos años se había vuelto costumbre la utilización de amenazas o desacreditaciones a medios y personas que, en el ejercicio del periodismo, osaban elevar críticas y mensajes no deseables para el Poder Ejecutivo. Sin embargo, este lamentable hecho no demuestra que se esté transitando un camino diferente.

Ante esta situación, debería ser prioridad del Gobierno Nacional asegurar que no se utilice a la Inteligencia nacional de manera ilegal para recabar información de personas o instituciones y cerciorarse que no existen en Argentina sectores de inteligencia paralelos que desarrollan estas despreciables tareas, actuando por fuera de los estrictos márgenes que sostiene la actual ley 27.126.

Hace meses nos indignábamos por una denuncia realizada por legisladores quienes concurrieron a la justicia a partir de que una fuente anónima les entrego un listado de periodistas, políticos, magistrados, empresarios, y distintos personajes famosos espiados. Ese listado daba cuenta de que se habían estado realizando interceptaciones de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes de Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras.

Es por ello que este nuevo hecho resulta igual de alarmante. Se deben exigir explicaciones inmediatas al Poder Ejecutivo. Mirar para un costado frente a hechos que vulneran los derechos más elementales de los ciudadanos, dejándolos en un estado de total indefensión no solo deben ser repudiados, sino necesaria y obligatoriamente investigados.

Ante tales circunstancias es imperioso contar con la información requerida al Poder Ejecutivo.

Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar de mis pares la aprobación del presente proyecto.