La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación por la situación planteada recientemente por enduristas de la Provincia de Mendoza respecto a la construcción de un dique clandestino sobre el Río San Isidro, de esa provincia, y la prohibición de paso a dicho curso de agua, por parte de la empresa DALVIAN S.A., en violación a los dispuesto por los artículos 239 y 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Señor presidente:

En los primeros días de octubre del corriente, enduristas que recorren habitualmente esa región de la provincia de Mendoza, difundieron a los medios de comunicación y por redes sociales imágenes de la construcción de un dique clandestino frente a la cascada del cauce del Río San Isidro, en la propiedad de la empresa Dalvian S.A. La empresa ya había instalado una cañería en ese lugar, desviando el curso de agua hacia un barrio privado cercano. Anteriormente también había sido denunciada por alambrar el río, impidiendo el paso a través del camino de sirga.

El Departamento General de Irrigación de la provincia señaló a los medios de comunicación locales que ya estaban al tanto de la situación, a partir de inspecciones realizadas en la zona, donde pudieron constatar que la obra “no estaba notificada”. El organismo levantó un acta contra Dalvian S.A, advirtiendo que "el agua del río es pública" y hay más usuarios autorizados para su consumo, por lo tanto la empresa deberá "notificar la obra" y "garantizar el acceso a todos los usuarios". Actualmente se encuentran esperando el descargo de la empresa. Puesteros de la zona, autorizados para el uso del agua por dicho departamento, se presentaron ante la Justicia para que resuelva el conflicto.

El río San Isidro ha sido objeto de pujas desde hace décadas porque aunque está en plena montaña de Mendoza, ha sido captado por un particular que tiene de hecho su uso exclusivo. El Departamento General de Irrigación reguló ese cauce y determinó que era público, pero de uso privado: le otorgó permiso precario de uso con fines recreativos a un grupo de propietarios. El principal usuario es la firma Dalvian S.A, de la familia Vila, a quien Irrigación le ordenó pagar el canon por "creación de cauce" y la cuota establecida por el usufructo. La empresa reclamó por la decisión y ahora la Suprema Corte de Justicia provincial analiza "de quién es el río San Isidro" y si corresponde que la empresa pague por el uso de ese recurso.

En primer lugar, esa firma se negó a pagar el canon porque asegura que ese curso de agua es privado. Por eso recurrieron al máximo tribunal de la provincia, quienes aceptaron la demanda y ahora analizan el tema. La causa va más allá de la puja entre la empresa y la administración local;

"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional".

se trata de un conflicto que atañe a cómo se administran los recursos naturales y puede sentar un precedente para muchos conflictos similares que hay por el acceso y uso de cursos de agua. En la provincia hay decenas de ríos y arroyos que son cercados y cuyo acceso está vedado por parte de los propietarios de los campos, a pesar de que el agua y sus márgenes son de acceso público.

El reclamo de Dalvian S.A. es que el río San Isidro está dentro de su propiedad; el Departamento de Irrigación apela al Código Civil y también a la Ley de Aguas, porque si bien la naciente está en un terreno de propiedad privada, el agua es parte de un curso público. El problema es que el recorrido del río fue alterado: hay una alcantarilla y un sistema que desvía el agua hacia la estancia San Isidro.

Por todo lo antes señalado, y convencidos de que resulta imprescindible proteger el agua como derecho humano indispensable para la vida, como así también garantizar su libre acceso para toda la población, es que solicito me acompañen en el presente proyecto de resolución.