La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1) Su preocupación por el derrame de cianuro ocurrido en la mina de Veladero, departamento de Iglesia, provincia de San Juan el pasado 8 de septiembre.

2) Su solidaridad con la población afectada.

3) Su exhortación al Gobierno de la Nación y al de la provincia de San Juan arbitren las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.

Señor presidente:

El pasado 8 de septiembre suspendió sus actividades la mina de Veladero, tal como lo dispuso el Poder Ejecutivo de la provincia de San Juan, por una fuga de cianuro ocurrido en la pila de lixiviación.

El incidente ocurrido a las 2:30 AM del 8 de septiembre se produjo a causa del desacople de una cañería corrugada del sistema de colección de solución, que a su vez transporta solución por gravedad. A raíz de esto, la solución circulante comenzó a saturar el mineral provocando que una fracción se deslizara fuera de la zona. En una superficie de 200 m2 y un volumen de mineral de 100 m3. Durante el transcurso de la mañana del día 8 de septiembre, la empresa dió aviso al secretario de Gestión Ambiental y Control Minero. Ese mismo día, durante la tarde, la empresa finalizó las tareas de reparación de la cañería, pero no se descartó la posibilidad de tener mineral fuera de la zona de contención.

Este incidente ocurre a un año del mayor accidente ambiental de la historia de la minería argentina, el derrame de Veladero. Es importante remarcar que en aquella oportunidad, la población se enteró del desastre mediante los dichos de los empleados del yacimiento que fueron los que advirtieron a sus familias del accidente ocurrido. Frente a este grave acontecimiento la minera Barrick Gold, hizo todo lo posible para ocultar lo que pasó y minimizar sus consecuencias.

En marzo del corriente año el gobierno de San Juan impuso a la minera la multa más alta que contempla la legislación argentina: 145.696 millones de pesos, por el derrame ocurrido en septiembre del 2015.

Es imperioso que el Estado tome cartas en el asunto para evitar que las empresas mineras no se transformen en verdaderos Estados paralelos en los que el poder de las autoridades es insignificante.

Es lastimoso ver como los habitantes de la zona peregrinan en soledad pidiendo explicaciones, recibiendo a cambio retazos de estudios que no tranquilizan sino que confirman una y otra vez que en Jáchal, Mogna y Tamberías el agua está contaminada.

La empresa informó que el último accidente, se produjo por el desacople de una cañería y que no hubo contacto con ningún curso de agua. El Gobierno provincial ordenó suspender la actividad en la mina, a la vez que la gobernación anuncio que volverán a multar a la Barrick Gold, como si el dinero lograra resarcir el daño efectuado en la salud y en el ambiente de todo un pueblo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.