La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Rendir homenaje a los 22 jóvenes militantes, quienes resultaran torturados y fusilados en un operativo conjunto del Ejército Argentino y la Policía del Chaco, durante la noche del 12 al 13 de diciembre de 1.976, en un paraje cercano a la localidad de Margarita Belén, Provincia del Chaco, hecho al que se denominó como la “Masacre de Margarita Belén”.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto rendir homenaje a aquellos jóvenes militantes, pertenecientes en su mayoría a la Juventud Peronista, quienes resultaran asesinados en un operativo conjunto del Ejército Argentino y la Policía del Chaco durante la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, en un lugar cercano a la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco, sobre la ruta 11 que va hacia Formosa.

El hecho que se conoce como la Masacre de Margarita Belén, refiere a la tortura y fusilamiento de alrededor de 22 presos políticos.

El fusilamiento se disfrazó como un teórico traslado desde la Alcaidía de Resistencia hacia una cárcel de Formosa. En un supuesto tiroteo acaecido durante un intento de fuga de los prisioneros, los mismos fueron fusilados. En la versión oficial murieron en el enfrentamiento un grupo de ellos, y 5 se declararon prófugos. Se conocen testimonios de compañeros que estaban presos en la alcaidía, que durante toda la madrugada del 13 fueron brutalmente torturados en el comedor, donde se supone que varios murieron en la tortura. Luego los subieron en un camión del ejército, con el único destino que era el fusilamiento.

El caso fue uno de los más de setecientos tomados en cuenta en el Juicio a las Juntas, en 1985, por el que se condenó a los ex dictadores Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, que más tarde, en 1990, serían indultados por el entonces presidente Carlos Menem. Derogados los indultos y las leyes de impunidad durante el gobierno de Néstor Kirchner, los genocidas responsables de la masacre fueron juzgados y condenados en 2010 a prisión perpetua, la mayoría de ellos. En esta lista de compañeros militantes asesinados, había tres entrerrianos, Raúl María Caire, Reynaldo Zapata Soñez y Fernando Gabriel Piérola. Los otros militantes asesinados, que se conocen hasta el momento, fueron Luis Ángel Barco, Mario Cuevas, Luis Arturo Fransen, Manuel Parodi Ocampo, Néstor Carlos Sala, Patricio Blas Tierno, Carlos Alberto Duarte, Julio Andrés Pereira, Alberto Díaz, Roberto Horacio Yedro, Carlos Alberto Zamudio, Alcides Bosh y Emma Cabral. Hay además una lista de militantes que según investigaciones realizadas y por datos surgidos de los testimonios en los juicios, se cree que fueron asesinados también en la masacre, como son Delicia González, Carlos Enrique Tereszecuk, Dora Noriega, Eduardo Fernández, Ramón Vargas y Raúl Méndez.

El 16 de mayo de 2011 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Resistencia, integrado por los jueces Gladis Mirtha Yunes, Eduardo Ariel Belforte y Ramón Luis González, dio lectura al fallo referido a los autores materiales de la masacre. La sentencia declara probado que el 13 de diciembre de 1976 trece detenidos fueron trasladados en camión a un paraje cerca de la localidad de Margarita Belén y fusilados. Se determina que no se trató de un intento de fuga sino de un plan premeditado para matarlos

Fueron condenados a prisión perpetua por once homicidios y por cuatro privaciones ilegítimas de la libertad: Athos Renés, Ernesto Simoni, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Horacio Losito (quien ya había sido condenado a 25 años en la causa por el ex Regimiento de Infantería 9, en Corrientes) y Luis Alberto Patetta (también condenado a 25 años, pero en la causa Caballero que investigó la represión ilegal en el Departamento de Policía de Chaco). La sentencia absolvió a Luis Alfredo Chas, un policía que iba en el vehículo que, asignado a la custodia de los vehículos militares, iba por la ruta varios cientos de metros delante de los mismos.

Otro de los genocidas, Norberto Tozzo que no fue condenado en la misma causa, fue detenido el 17 de septiembre de 2008 en Río de Janeiro, donde había permanecido prófugo desde 2003, luego de que un hábeas corpus concedido por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dejara sin efecto una orden de captura emitida por la Justicia Federal. En los años 80, Tozzo se convirtió en un próspero empresario de medios de comunicación y productor agropecuario en Entre Ríos, amparado en la impunidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

El suyo es un caso excepcional, ya que a raíz del acuerdo de extradición entre el estado nacional y su par de Brasil, sólo se lo pudo juzgar por las desapariciones de Piérola, Yedro, Zapata Soñez y Pereyra; y no así por los crímenes de lesa humanidad, pues no era viable invocar la condición de detenido político de las víctimas, eran encuadrados como crímenes comunes según la justicia brasileña, y por lo tanto prescriptos. En abril de 2013 se lo condenó a 24 años de prisión.

Amanda Mayor, madre de Fernando Piérola, artista plástica, escritora y luchadora por los DDHH nacida en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, dedicó su vida a la búsqueda de la verdad de lo que sucedió en la masacre, y para encontrar los restos de su hijo y de sus compañeros. Junto con amigos y militantes de DDHH chaqueños, recorrió cuanto lugar posible y visitó cuanta persona que tuviera algún dato acerca de los posibles enterramientos. Ella murió en el año 2005, sin encontrar los huesos de su hijo y sin ver a los asesinos tras las rejas. Luego de su muerte, sus hijos persistieron en la búsqueda, acompañados de otros familiares y de muchos hermanos chaqueños. Para ello se presentaron como querellantes en las causas judiciales y continuaron con las investigaciones, que a pulmón y sin ninguna ayuda estatal, pudieron seguir avanzando.

En el año 2004 el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) comenzó con las tareas de excavaciones en el cementerio Francisco Solano de Resistencia, convocados como peritos por parte del Juzgado Federal del Chaco. Dichas excavaciones se basaron en declaraciones en las causas judiciales, de testigos que en gran parte fueron aportados por Amanda. Esta búsqueda se realizó en distintos lugares del cementerio, por el transcurso de varios años, sin resultados satisfactorios.

Paralelamente a estos trabajos, en la provincia de Corrientes, se abrió una causa por la búsqueda de desaparecidos. Esto comenzó cuando un grupo de militantes de DDHH de esa provincia, encontró documentación acerca de enterramientos en la localidad de Empedrado de esa provincia, de cuerpos recuperados del río Paraná. Uno de los cuerpos encontrados en el cementerio de Empedrado, exhumados e identificados posteriormente por el EAAF, pertenecía a Rómulo Artieda, correntino desaparecido en el año 1977. En ese mismo lugar se exhumaron otros cuerpos, siendo uno de ellos identificado en el año 2014 como Julio Andrés Pereira (el Bocha), quien fuera declarado como prófugo en la versión oficial en 1976, junto con Reinaldo Zapata Soñez y Fernando Piérola, dos de los entrerrianos mencionados. Esta identificación confirmó una de las hipótesis que se tenía respecto del destino final de los muertos en la masacre, que los habían tirado al río Paraná luego de asesinados.

A partir de esta noticia, los familiares comenzaron a investigar y recorrer la ciudad de Empedrado y de otros pueblos aledaños. Así, un sobrino de Fernando Piérola, que vive en esa localidad, comenzó a entrevistar pescadores de la zona, donde llamativamente se tuvo información de una gran cantidad de cuerpos que se retiraban del río y que probablemente fueron enterrados en el cementerio como NN. Con el fin de poder continuar con estas tareas, se presentaron también como querellantes en esta causa de Corrientes y se logró que el juzgado de esta provincia convoque, no solo al EAAF, sino también al CAMIT (Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán), otra ONG que se dedica a estas tareas de exhumaciones. Desde abril de este año se han exhumado restos por parte de ambas entidades, sin tener novedad aún de sus identificaciones.

Cabe destacar que se ha solicitado la intervención del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, no habiendo obtenido hasta la fecha respuesta alguna del funcionario. Resulta oportuno recordar que entre las funciones específicas de la Secretaria de Derechos Humanos es la de seres el organismo de aplicación de distintas políticas públicas destinadas a reparar los daños provocados por los responsables de los delitos de lesa humanidad.

Por lo expresado, solicitamos el acompañamiento de los Sres. Legisladores, con el objeto de conocer la verdad de los hechos y de poder encontrar los restos, que durante 40 años los han hecho recorrer un largo camino de lucha.

Por todo ello, solicito el acompañamiento de los Sres. Diputados.