La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Reclamar, en defensa de sus elementales Derechos Humanos, la libertad de los 11 (once) trabajadores del transporte de Salta, quienes se encuentran detenidos por exigir al Secretario General de la UTA Salta que adopte medidas frente a los despidos, el trabajo en negro y otros atropellos contra los trabajadores del transporte en esa provincia.

Asimismo, exige el cese inmediato de los despidos y de toda acción de persecución a la actividad sindical.

Señor presidente:

Desde finales del mes de Septiembre de 2016, once trabajadores del transporte de la provincia de Salta fueron detenidos cuando reclamaban en la sede de su sindicato contra el secretario general del mismo, porque éste, en total connivencia con las empresas de transporte y el gobierno, está avalando los despidos, el trabajo en negro y la sobrecarga horaria, entre otros atropellos.

Los detenidos son: Sixto Tactagi, Secretario Adjunto; Omar Pereyra, Secretario Gremial; Carlos Barrios, Secretario de Actas y Jorge Banda Secretario de Cultura, de UTA Salta. Walter Pérez y Daniel González son delegados de la línea 6 B; Oscar Camacho y Agustín Cayo, delegados de la empresa San Antonio de la localidad de San Ramón de la Nueva Orán; Cristián Figueroa, trabajador de la Línea 8; Oscar Villa y Exequiel Malenque, despedidos de la empresa El Cóndor y Flecha Bus respectivamente.

En sólo 30 días, el fiscal Horacio Córdoba ha elevado a juicio a los once imputados, todos como como presuntos Autores de Secuestro Coactivo, agravado, porque serían más de tres personas las responsables, lo que lleva la condena a un mínimo de 10 y hasta 25 años de prisión. La figura penal aplicada es el 142 bis del Código Penal, modificado en nombre de apresar a las bandas de la policía bonaerense que hacen secuestros extorsivos.

Como se ve, estos trabajadores son verdaderos rehenes políticos del gobierno provincial y las empresas, con la clara complicidad de la UTA nacional, que quieren imponer a través de la infame imputación que pesa sobre estos trabajadores, el temor sobre el conjunto de la clase obrera. Hay un claro objetivo de amedrentamiento y disciplinadmiento sobre los trabajadores, para que no denuncien atropellos, y mucho menos cuestionen el enorme negocio que se estableció con los cientos de millones de pesos que tanto el Estado Nacional como el Provincial otorgan en concepto de subsidios a los empresarios que monopolizan el sistema de transporte en Salta.

Antes, y más intensamente después de las detenciones, se producen despidos de los activistas opositores. En Orán, 14 despidos en las Empresas Urkupiña, y en San Antonio, cuyos delegados están presos. En los últimos 10 meses hubo más de 50 despidos entre los principales activistas del gremio.

Con los dirigentes presos, el Secretario General de UTA Salta con el apoyo de la UTA nacional, proscribió la lista de delegados encabezada por Rodrigo Colque en la Empresa TRANSAL (línea 6) simplemente porque adscribe a la posición de los dirigentes detenidos.

Con las detenciones las empresas han instalado el terror entre los trabajadores y se multiplican las sanciones arbitrarias.

La actual Comisión Directiva de la UTA derrotó en las elecciones sindicales a un dirigente que estuvo al frente del sindicato durante 30 años, dejando pasar todo tipo de atropellos y los negociados con los subsidios estatales. Ante esto, el gobierno y las empresas lograron cooptar al nuevo Secretario General, pero no así a una parte importante de la Comisión Directiva. Esto es lo que motiva la tan brutal criminalización de la protesta por parte de la Justicia y el Ministerio Público Fiscal, a cuenta y orden del Gobernador Urtrubey y las empresas del transporte.

En función de garantizar los derechos humanos de estos trabajadores, como así también su absoluta libertad sindical, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.