El Senado y Cámara de Diputados...

BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. CREACIÓN

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. Créase el Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito para ser utilizado en el servicio público de transporte de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, con la extensión y alcance establecidos en la presente y en la reglamentación.

ARTÍCULO 2°.- BENEFICIARIOS. Serán beneficiarios del presente régimen:

a) Todos los estudiantes pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el sistema educativo nacional, en los niveles inicial, primario, secundario y superior;

b) Los docentes y no docentes pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal, de gestión privada con aporte estatal y de gestión privada sin aporte estatal que integran el sistema educativo nacional, en los niveles inicial, primario, secundario y superior.

c) Los estudiantes de las universidades públicas radicadas en el territorio nacional;

d) Los estudiantes de las universidades privadas radicadas en el territorio nacional que sean beneficiarios de becas por las que se les financie un porcentaje igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) de las cuotas, aranceles o cualquier otro concepto que perciban dichas instituciones educativas por la prestación del servicio educativo.

ARTÍCULO 3°.- BENEFICIO. El beneficio comprende la bonificación del cien por ciento (100%) del valor final de la tarifa del transporte público de pasajeros en sus servicios urbano, suburbano e interurbano.

ARTÍCULO 4°.- MODALIDAD DEL BENEFICIO. Las empresas de transporte suburbano e interurbano darán cumplimiento al régimen gratuito establecido en la presente ley en la modalidad “común”, cualquiera sea la distancia del recorrido. Las empresas de transporte urbano darán cumplimiento a lo establecido en la presente norma en las modalidades que actualmente lo prestan en sus respectivas jurisdicciones. En todos los casos, el precio del pasaje será el que rige al momento de la emisión del abono correspondiente, de conformidad a la legislación vigente.

ARTÍCULO 5°.- MODALIDAD RURAL. En el caso de los beneficiarios que pertenezcan a establecimientos rurales sin servicio público de transporte regular, deberán arbitrarse los medios para asegurar el efectivo goce del beneficio.

ARTÍCULO 6°.- CREACIÓN DEL FONDO. Créase en el ámbito del Ministerio de Transporte, el Fondo para la provisión del Boleto Educativo Gratuito, destinado exclusivamente a solventar los costos del transporte de estudiantes, docentes y no docentes del Régimen creado por la presente Ley.

ARTÍCULO 7°.- INTEGRACIÓN DEL FONDO. El Fondo referido en el artículo anterior se integra con los siguientes recursos:

a) Los montos que el presupuesto general de la Nación le asigne;

b) Los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo Nacional;

c) Las donaciones y legados que se reciban de personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, destinadas a este Fondo;

d) Los intereses devengados por la inversión de dinero correspondiente a este Fondo.

ARTÍCULO 8°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El Ministerio de Transporte o el Organismo que en el futuro lo suplante, será la autoridad de aplicación del presente régimen, quién dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su correcta aplicación y estará facultado a suscribir los convenios que fueren menester para garantizar la efectiva implementación del régimen de provisión del Boleto Educativo Gratuito en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 9°.- ADHESIÓN. Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente Ley a fin de que se garantice la aplicación efectiva de este régimen de provisión del Boleto Educativo Gratuito en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 10.- REGLAMENTACIÓN. La presente Ley será reglamentada dentro de noventa (90) días de promulgada.

ARTÍCULO 11.- DE FORMA.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto de Ley tiene como objeto la creación del régimen de provisión del Boleto Educativo Gratuito (BEG) a nivel nacional para todos los estudiantes pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el sistema educativo nacional, en los niveles inicial, primario, secundario y superior; todos los docentes y no docentes pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal, de gestión privada con aporte estatal y de gestión privada sin aporte estatal, en los niveles inicial, primario, secundario y superior; los estudiantes de las universidades públicas radicadas en el territorio nacional y los estudiantes de universidades privadas que sean beneficiarios de becas que cubran el 50% o más de las cuotas, aranceles o cualquier otro monto abonado por el servicio educativo, para los servicios de transporte de pasajeros urbanos, suburbanos e interurbanos.

La Constitución Nacional en su artículo 14 establece el derecho de todos los habitantes de la República Argentina de enseñar y aprender, al mismo tiempo que atribuye al Congreso Nacional, en su artículo 75, tercer párrafo del inciso 19, la facultad de “sancionar las leyes de organización y de base de la educación (…) que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal (…)”. Estas disposiciones se reafirman en distintos artículos de tratados internacionales de jerarquía constitucional que garantizan el derecho a la educación, como el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que incorpora en el apartado e) de su inciso 1, el deber de los Estados Partes de “adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”.

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece en su artículo 2 que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”, y en su artículo 11 establece como uno de los fines y objetivos de la política educativa nacional, el “asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales” (inciso a) y el “garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades” (inciso h). La misma Ley, en su artículo 16 modificado por la Ley N° 27.045, establece la obligatoriedad escolar desde los cuatro (4) años hasta la finalización del nivel secundario.

El Estado Argentino cumple su responsabilidad y obligación de garantizar el derecho a la educación, a través de sus distintos niveles de gobierno, brindando el servicio en establecimientos creados a tales fines. Así también, a través de distintos programas de becas y apoyo a la continuidad educativa, como las Becas Universitarias, las Becas Bicentenario, el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Prog.r.es.ar), y otras iniciativas similares, pone en funcionamiento distintas herramientas para garantizar el ingreso y la permanencia de los estudiantes en el sistema. Sin embargo, existen aún barreras de tipo económico que obstaculizan el pleno acceso a la educación de manera gratuita. Una de las principales barreras, es el costo de transporte que muchas familias deben afrontar para poder concurrir a estudiar o aprender.

Si bien existen antecedentes de normativas a nivel nacional, provincial o local de distintos descuentos en la tarifa de transporte de pasajeros para alumnos y docentes, se trata de medidas aisladas que cubren a determinados sectores y de manera parcial. En este sentido, la Provincia de Córdoba ha sido pionera en hacer efectivo desde el año 2011 el derecho al Boleto Educativo Gratuito como política universal, iniciativa a la que han comenzado a sumarse algunos gobiernos de otras jurisdicciones a partir de entonces.

Esta tendencia de ampliación del derecho al boleto educativo en distintas provincias o ciudades es sin dudas una buena noticia. No obstante, la diversidad de criterios utilizados para su aplicación, genera inequidades entre las distintas jurisdicciones, que de ninguna manera deberían existir en un derecho tan fundamental como lo es el de la educación. En primer lugar, encontramos una amplia variedad en el precio de las tarifas de transporte de pasajeros, especialmente en la modalidad urbana, que es la utilizada con mayor frecuencia por la población educativa. En segundo lugar, encontramos criterios muy variados en la definición de la cobertura de la población objetivo con respecto a la población potencial; desde jurisdicciones que sólo cubren a alumnos de nivel inicial y primario, a jurisdicciones como Córdoba que alcanzan a cubrir todo el universo potencial de beneficiarios.

Existen también diferencias entre aquellas jurisdicciones que aplican algún tipo de subsidio o descuento a las tarifas de transporte para el sector educativo, en la diversidad de alícuotas aplicadas, que, en conjunto con la variación de los precios de las tarifas regulares, generan desigualdades entre ciudades o provincias. Por ejemplo, la ciudad de Rosario tiene un boleto urbano de $8,50 mientras que en la ciudad de Córdoba el precio es de $9,15; sin embargo, en la ciudad de Córdoba rige el programa provincial de Boleto Educativo Gratuito, por lo que el costo para estudiantes, docentes y no docentes del boleto urbano es de $0, mientras que en Rosario rige una franquicia de medio boleto para estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario del 50% que lleva el costo del boleto a $4,25, por lo que pese a tener un transporte urbano más económico, el régimen aplicado deviene para los alumnos en un boleto más caro que en una ciudad de similares características como Córdoba.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los regímenes de tarifas subsidiadas para el transporte de pasajeros del sector educativo, son iniciativas de nivel local que se aplican al transporte urbano, por lo que queda desprotegido un sector de la población para el que es quizás aún más dificultoso afrontar los costos del transporte para ir a estudiar o aprender, como son los alumnos y docentes de los establecimientos educativos rurales.

Con la aplicación de un programa a nivel nacional de provisión del Boleto Educativo Gratuito, se subsanarían todas estas diferencias en los criterios de aplicación de subsidios al sector educativo para el sistema de transporte de pasajeros entre jurisdicciones, generando un sistema más equitativo y federal. En este sentido, los artículos 2°, 3° y 4° del presente proyecto, determinan los criterios a aplicarse en todo el territorio nacional, fijando que la población objetivo abarca a todos los estudiantes, docentes y no docentes pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el sistema educativo público del país (en el caso de docentes y no docentes, también se incluye a aquellos que pertenecen a instituciones de gestión privada sin aporte estatal), en los niveles inicial, primario, secundario y superior, los estudiantes de las universidades públicas radicadas en el territorio nacional y los estudiantes de universidades privadas que son beneficiarios de becas que cubran el 50% o más del arancel o cuota. El artículo 3° establece la gratuidad total de la tarifa de transporte de pasajeros para los beneficiarios. El artículo 4° se encarga de fijar el criterio en cuanto a la modalidad de transporte de pasajeros que cubre el Boleto Educativo Gratuito en todo el territorio nacional, que serán los tipos urbanos, suburbanos e interurbanos (en las últimas dos categorías, se cubrirá la modalidad de servicio común).

El artículo 5° de este proyecto, establece que se arbitren los medios necesarios para que se logre la cobertura del sector rural que no cuenta con un servicio regular de transporte. La aplicación del Boleto Educativo en Córdoba puede servir de ejemplo para estos casos, ya que en la provincia está contemplada la contratación a través de municipios o comunas de transportes particulares para cubrir este tipo de casos, con un pago que se determina de acuerdo a criterios preestablecidos entre los que se consideran las distancias y el estado y tipo de los caminos que se recorren.

Tomando como fuentes de datos el informe de Características del Sistema Educativo Argentino 2016 publicado por la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (DINIEE) del Ministerio de Educación y Deportes del Gobierno Nacional y datos publicados para el año 2014 del Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes (los datos más recientes disponibles), la población objetivo del presente régimen de provisión del Boleto Educativo Gratuito es de aproximadamente 15.000.000 de personas. Sin embargo, es previsible que una vez que se implemente el régimen la cifra de beneficiarios sea menor considerando que no toda la población objetivo se traslada a su establecimiento educativo utilizando el servicio de transporte de pasajeros.

Es teniendo en cuenta la diversidad existente en las normativas y reglamentaciones locales del sistema de transporte, que el artículo 9° de este proyecto de Ley invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta normativa nacional, y el artículo 8° faculta al órgano de aplicación a firmar los convenios necesarios a los fines de que los actores involucrados participen en la implementación de la política, buscando así poder brindar un mejor servicio para los ciudadanos. Por último, los artículos 6° y 7° del proyecto, refieren a la creación e integración del fondo para el financiamiento del Boleto Educativo Gratuito, el cual deberá ser incluido en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada período.

Este proyecto de creación del régimen de provisión del Boleto Educativo Gratuito a nivel nacional se basa en la exitosa experiencia llevada adelante en la Provincia de Córdoba y en la firme convicción de que la educación es el nuevo nombre de la justicia social. La educación no sólo permite alcanzar mejores oportunidades laborales con mejores ingresos y movilidad social ascendente, sino que también es fundamental para generar un pensamiento crítico que amplíe nuestra libertad y el funcionamiento de nuestra democracia. Eliminando barreras de tipo económico en el acceso a la educación, buscamos aportar a la creación de nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes, para que puedan desarrollarse y forjarse un futuro mejor.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de Ley.