La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de solicitar que, a través del organismo que considere pertinente, brinde ante esta H. Cámara de Diputados información precisa y detallada respecto a:

1- ¿Cuáles son los lineamientos de política que desde ese Ministerio se han establecido hacia la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)?

2- Si ya se ha procedido a liberar los 150 millones de pesos del presupuesto para que comience a funcionar, de manera integrada y a nivel nacional, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)

3- Si está previsto que, para paliar los efectos de la inflación, se reactive la producción de medicamentos a través de los Laboratorios Públicos que pueden ofrecerlos al público con precios constatados 10 a 15 veces inferiores a los de los laboratorios privados

4- Si se proyecta impulsar la investigación en productos biomédicos a través de convenios de investigación y desarrollo realizados con universidades y organismos de ciencia y tecnología

5- Si ya se han definido los reemplazantes del Presidente, Vicepresidente y Secretario de dicho organismo removidos de sus cargos por los Decretos 883/16, 923/16 y 924/16 respectivamente

Señor presidente:

En diciembre del 2014, la Cámara de Senadores de la Nación sancionó con fuerza de Ley la creación de una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) para que sea el organismo que diseñe la Política Pública de Producción, Investigación y Desarrollo de Medicamentos en nuestro país, y que además tenga capacidad de establecer precios de referencia y realice compras unificadas de insumos para abaratar costos. La ANLAP nuclea a los 39 laboratorios de producción pública existentes en el país y funciona de forma descentralizada.

Durante parte de nuestra historia el Estado apeló a la compra de medicamentos para abastecer a la población con necesidades sociales. Sin embargo ello no incluyó la producción de los mismos. Un ejemplo de ello, en los últimos años, se expresa en el programa Remediar, un plan implementado para abastecer a 15 millones de personas en estado de desamparo y sin cobertura social. El Programa Remediar se pudo implementar en los primeros cuatro años (2002-2006) con fondos provenientes de un préstamo del BID por 140 millones de dólares, más 90 millones de dólares aportados por el Estado nacional.

Sin embargo, la concepción de abastecer de medicamentos para resolver necesidades sociales a través de la compra no tiene en cuenta que los medicamentos, vacunas e insumos médicos es una temática sensible cuya dinámica necesita de investigación y desarrollo permanente, algo que gran parte de los laboratorios locales no realizan. Los que hacen I+D, por otra parte, lo hacen solo en temas muy acotados a sus líneas terapéuticas.

Así, establecer políticas públicas de abastecimiento de medicamentos para planes sociales direccionadas sobre el eje de la compra, las vuelve muy vulnerables al significativo poder de las grandes empresas farmacéuticas y a los avatares de una economía de “mercado”.

Una alternativa real a las políticas de compra de medicamentos consiste en la utilización de la capacidad instalada existente en el sector público para producirlos y que se expresa en los laboratorios de Producción Pública de Medicamentos –PPM- que hay en nuestro país.

La creación de ANLAP en el 2014 estableció como referencia “la propuesta de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud” (OMS); definió “prioridades” en función de los perfiles epidemiológicos de las distintas regiones y promovió “la provisión de medicamentos, vacunas y productos médicos que demande el primer nivel de atención” a través de “valores ajustados a estructuras de costos, asignando al Estado la responsabilidad de regular y orientar políticas”.

También impulsa “la investigación y desarrollo de “medicamentos huérfanos” (o sea aquellos que las compañías farmacéuticas no elaboran por ser poco rentables) y la citada articulación, incluso con instituciones académicas y científicas y organizaciones de trabajadores y usuarios.

El notable incremento de precios de los medicamentos del presente año no solo producto de la inflación, sino a causa de la conformación oligopólica de la corporación farmacéutica y el abuso en los precios en medicamentos a través de la cartelización de los mismos por las empresas farmacéuticas, según denunciaran varios miembros del actual oficialismo este mismo año, podría haberse combatido a partir de la puesta en funcionamiento y profundización de la PPM. Según numerosos especialistas, la PPM sale por fuera de la lógica del mercado y posibilita tener medicamentos hasta 10 o 15 veces más baratos. Esto permite generar un mecanismo de control de precios y un freno a la política de los grandes laboratorios. A la vez, ese impacto económico se aprecia en la reactivación de toda una cadena de valor. En la medida en que se complejizan los laboratorios, se van demandando apoyos de pymes. Muchas veces los laboratorios no cuentan con la capacidad tecnológica requerida y entonces tienen que recurrir a las pymes, cuya función y producción se ve así revalorizada.

Como ya se ha dicho, el sistema de PPM no tiene solo una dimensión económica. También lo tiene en el sector científico-tecnológico a través de convenios de investigación y desarrollo realizados con universidades y organismos de ciencia y tecnología, en la medida que estas políticas no refieren solo a medicamentos, sino también a productos biomédicos que se importan y que podrían producirse localmente.

Sostenemos que la salud es un derecho, por ende el medicamento no debe ser considerado como un bien mercantil sino como un bien social y garantizado por el Estado. La PPM es de esa manera, una cuestión central para la soberanía en salud, para impedir que quedemos a merced de los precios que fijan los laboratorios internacionales y para poder desarrollar tecnología y conocimientos locales.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de los Señores Diputados al presente pedido de informes.