La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

La Cámara de Diputados de la Nación manifiesta su profunda preocupación por la incompatible permanencia en democracia del señor Fabián Fernández Garello, como fiscal general de Mar del Plata, por haber formado parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar, realizando espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en su calidad de oficial de la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), circunstancias conocidas a partir de la denuncia formulada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Señor presidente:

Valgan como fundamentos de la presente declaración, lo expresado por la Comisión Provincial por la Memoria al informar sobre esta grave denuncia que compromete la idoneidad moral del actual Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, para ocupar el cargo que ostenta actualmente en el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

“Según consta en los documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), durante la dictadura cívico-militar el ahora fiscal general de Mar del Plata se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la DIPPBA. Sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos; todos estos actos de inteligencia fueron realizados en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado. Participó de actividades de infiltración y espionaje en reuniones de Madres de Plaza de Mayo con el Episcopado Católico, cooperadoras de escuelas, asociaciones sindicales de las fábricas Fiat y Deutze, entre otras, además de integrar grupos de tarea conjuntos entre la Delegación DIPPBA San Martín, la Brigada de Investigaciones de San Martín y el Batallón 201 de Inteligencia del Ejército.

La grave denuncia presentada por la CPM involucra al fiscal general Fernández Garello en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. En el primero se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y en el segundo, el secuestro y tortura de tres militantes comunistas.

La gravedad de los hechos denunciados no sólo obliga a avanzar en las causas penales que se desprenden de estas acciones sino también requieren una rápida respuesta política. La permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la DIPPBA, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado. La relevancia de las funciones que cumple en el marco de las instituciones democráticas hace que sea incompatible su continuidad en el cargo.

Es necesario que se activen los mecanismos institucionales para dar una respuesta política inmediata a esta situación incompatible con la democracia. La presentación pública de la denuncia y pedido de jury, como también las adhesiones y apoyos recibidos por parte de referentes históricos y actuales en la lucha por verdad y justicia, fortalecen el reclamo e interpelan directamente a los distintos poderes del Estado”.

Por estos motivos Sr. Presidente, considero que esta Cámara debe expresar prontamente su más profunda preocupación por la permanencia en el cargo de Fiscal General de una persona directamente implicada con el aparato represivo del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar, nada menos que a través ؘde sus organismos de inteligencia.