El Senado y Cámara de Diputados...

ARTICULO 1° — Prorrógase hasta 31 de diciembre de 2019 la emergencia social en los términos de la Ley Nº 27.200.

ARTICULO 2° — OBJETO. La presente Ley tiene por objeto promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas formas” por el artículo 14 bis y al mandato de procurar “el progreso económico con justicia social” establecido en el artículo 75 inciso 19, ambos de la Constitución Nacional.

ARTICULO 3° — CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y EL SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO. Créase el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (en adelante el CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El CEPSSC será un ámbito institucional permanente, que deberá determinar periódicamente los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 2º de la presente Ley.

ARTICULO 4° — INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y EL SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO. El “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario” estará inicialmente conformado por: a) un (1) representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; b) un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social; c) un (1) representante del Ministerio de Hacienda y Presupuesto de la Nación, y; d) tres (3) representantes de las organizaciones inscriptas en el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas, creado por la Resolución Nº 32/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o la que en el futuro la reemplace, a través de sus respectivos representantes.

ARTICULO 5° — FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y EL SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO. El Consejo deberá estar integrado y en funcionamiento dentro de los noventa (90) días corridos de la promulgación del presente Proyecto de Ley.

ARTICULO 6° — CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LA ECONOMÍA POPULAR (RENATREP). Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el Registro Nacional de la Economía Popular, a los efectos de la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro, en el marco de la Ley proyectada y en los términos que establezca la reglamentación.

ARTICULO 7° — De acuerdo a los objetivos de la presente Ley, los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario.

A esos efectos, facultase al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar las medidas necesarias tendientes a la progresiva implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en Salario Social Complementario.

ARTICULO 8° — Facultase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de proveer los fondos adicionales requeridos a los fines de la implementación de la presente Ley, hasta un monto de veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000) durante el plazo de vigencia de la presente Ley, según las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley 24.156.

ARTICULO 9° — Para el supuesto de haber sido ejecutado al 31 de diciembre de 2018 el nivel de gasto dispuesto en el artículo 8º de la presente Ley, el Jefe de Gabinete de Ministros en uso de las facultades conferidas en el párrafo precedente efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de proveer los fondos requeridos hasta un máximo de cinco mil millones de pesos ($ 5.000.000.000).

ARTICULO 10° — Las organizaciones que al momento de la promulgación de la presente se encuentren inscriptas el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas, creado por la Resolución Nº 32/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o la que en el futuro la reemplace, intervendrán en la definición de los parámetros para la reglamentación de la presente Ley.

ARTICULO 11° — VIGENCIA. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

ARTICULO 12° — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Esta ley es fruto del consenso que se plasmó en el acta acuerdo suscripta entre los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación y las organizaciones de la economía popular que se mencionan continuación: Confederación de Trabajadores de la Economia Popular, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, Movimiento Nacional Campesino Indigena, Movimiento popular la Dignidad, Union de Trabajadores de la Tierra, Frente Popular Dario Santillan, Seamos Libres, Movimiento Octubres, organización Social Los Pibes, Mesa Gremial 19 y 20, CPU, MTD Anibal Veron, EO, Federacion de cooperativas de Trabajo Carlos Mugica, SUBPGA, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, FEDESAM, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Patria Grande, MVB German Abdala, Barrio Los Piletones, La Poderosa, Movimiento Giros, Movimiento 26 de Junio, Organizaciones Libres del Pueblo, MVyA Alberto Ballestrini, Corriente Villera, Corriente Pueblo Unido, entre otras y todos los bloques políticos de ambas cámaras.

Un debate parlamentario que tuvo inicio con el proyecto de ley impulsado por los senadores Juan Manuel Abal Medina, Teresa Luna y Jaime Linares, que obtuvo media sanción en el Honorable Senado de la Nación en fecha del 16 de noviembre del corriente año; promoviendo así la consolidación de un debate entre los actores sociales sujetos de esta normativa y las autoridades nacionales ejecutivas y parlamentarias, emergiendo como resultado del mismo el proyecto de ley que hoy ponemos en discusión.

Este proyecto tiene como objetivo abordar la compleja y crítica situación en la que se encuentran hoy los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, en particular y específicamente aquella que atañe a los trabajadores de la economía popular teniendo en cuenta el ciclo recesivo que atraviesa nuestra economía.

En primer término, resulta necesario referirnos a la situación actual del trabajo. Los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares, correspondientes al segundo trimestre de 2016, han mostrado un claro deterioro en las variables vinculadas al empleo respecto a igual trimestre del 2015, arrojando un resultado de 382.000 nuevos desocupados y un total de 980.000 subocupados demandantes; siendo estos valores de una muestra representativa de 27 millones argentinos. Al proyectar estos indicadores a la población urbana total de argentina - 41 millones de habitantes - esta problemática implica la existencia de más de 2 millones de argentinos con problemas de empleo, es decir que han perdido su trabajo o que trabajan menos horas de las podrían y desearían hacerlo.

En este marco, debe tenerse en cuenta que los pequeños emprendimientos sociales y productivos están enfrentando la combinación de políticas como la apertura indiscriminada de las importaciones, el incremento de las tarifas y medidas que llevaron a la significativa reducción del consumo doméstico. Considerando a su vez, que la dinámica actual del Estado en materia de acciones vinculadas al fomento del empleo es insuficiente y claramente muestra una tendencia contraria a la necesaria para aliviar a los sectores más castigados por la caída del empleo, hecho que se observa si tenemos en cuenta que la cantidad de beneficiarios del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) han disminuido de 59.000 a 22.000, los del Programa de Trabajo Autogestionado de 10.500 a 5.100, y los del Programa de Incentivos de Reinserción Laboral de 92.000 a 58.000, solo en estos últimos meses.

Durante el primer semestre la reducción del salario real de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó al 12%, lo cual permite asumir que el impacto en los ingresos de los asalariados no registrados fue significativamente mayor. Debemos señalar que los datos vertidos previamente se refieren de manera fundamental al sector formal de la economía. Y en este sentido es necesario tener en cuenta que con la perdida de cada puesto de trabajo en el sector formal, se repercute de manera negativa en los ingresos de al menos 3,5 trabajadores de la economía popular, que como su nombre lo indica, por la informalidad de sus condiciones de trabajo, su ingreso se encuentra sostenido por lo que producen a partir del trabajo en el día a día.

Según el Barómetro de la Deuda Social que elabora el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza en 2015 alcanzó el 29% y saltó en el primer trimestre de este año a 34,5%. A abril de 2016 la cantidad de pobres sería de casi 13 millones y 2,35 millones de indigentes. En apenas tres meses, 1,4 millón de personas cayeron en la pobreza en el país. El informe afirma que por la escalada generalizada de los precios, "el mayor riesgo social no sólo lo están experimentando los segmentos de la población más vulnerables, que dependen de la ayuda social, sino también los millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales". Son sectores que "no han sido objeto de una especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad".

Los llama "nuevos pobres", que, según el informe, "emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno". El 48% de los hogares urbanos del país -54% de la población- se ve afectado por al menos una de las formas de pobreza estructural: inseguridad alimentaria (15%), tenencia irregular o vivienda precaria (22%), falta de acceso a la red de agua corriente y servicios sanitarios (17%), enfermedades crónicas sin cobertura médica (20%), exclusión de la seguridad social (25%) o exclusión educativa (20%).

Casi el 40% de la población integra hogares receptores de programas sociales. Al considerar solamente los hogares en situación de pobreza, el alcance de la política social se incrementa a más de 6 de cada 10 unidades domésticas. Los datos revelan además un mayor acceso a programas sociales entre los hogares de los estratos más bajos, dando cuenta así de la necesidad que tienen los mismos de recurrir a la asistencia pública como estrategia de subsistencia económica. En este sentido, hay que señalar que tanto la AUH como la jubilación recibieron los aumentos correspondientes de marzo y septiembre, totalizando un aumento anual en torno al 30%, lo cual puede ser ponderado con el aumento anual esperado de la inflación cerca de un 45% y de la canasta básica alimentaria específicamente en un 57% y concluir que la actualización de los ingresos ciudadanos y de la seguridad social no alcanzará a equiparar la evolución de los índices inflacionarios.

Esta situación, denota la imperiosa necesidad de declarar la emergencia en materia social en todo el territorio nacional e implementar una serie de políticas que atiendan a los trabajadores de menores ingresos con la misma celeridad con la que se implementaron otras medidas tendientes a atender la situación de otros sectores de la economía y la sociedad.

La caída de la actividad industrial, que en el primer semestre retrocedió 3,6%2, los despidos en el sector público y privado, el aumento indiscriminado de la canasta básica, han afectado la capacidad monetaria del conjunto de la sociedad, impactando con mayor fuerza en los sectores más vulnerables de la misma. Los trabajadores de la economía popular, son las víctimas directas de los despidos de trabajadores formales, teniendo en cuenta que por cada despido formal hay tres de la economía popular que sufren igual consecuencia. Esta situación, si bien ha sido reconocida por el gobierno nacional, implementando paliativos para reducir la conflictividad social, hasta el momento no ha logrado modificar las variables económicas a favor de los más pobres. Muy por el contrario ha caído el consumo de leche, carne y verdura y ha crecido la demanda en comedores comunitarios, escolares, merenderos, copas de leche y centros de ayuda asistencial. La conflictividad ha crecido en toda la Argentina; se ha expresado masivamente en el rechazo a los aumentos de tarifas e impulso de recursos de amparo en cientos de ciudades por parte de organizaciones de consumidores, en las manifestaciones de trabajadores para el sostenimiento de las fuentes de empleo y aumento de programas sociales, es obligación de quienes tenemos responsabilidad institucional generar políticas que lleven equidad donde no la hay, que contemplen los conflictos que atraviesan los trabajadores e impidan que caigan en la pobreza o la indigencia. El mejoramiento del poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos de la población contribuirá de manera directa tanto al mejoramiento de la calidad de vida de esos grupos familiares, como así también al sostenimiento de la actividad y la reactivación de la economía.

Según el INDEC, de acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), la actividad industrial de junio de 2016 presenta una caída de 6,4% (-6,4%) con respecto al mismo mes del año 2015. En el primer semestre del año 2016 con respecto a igual acumulado del año anterior, la producción manufacturera muestra una disminución del 3,3% (-3,3%). La construcción, por ejemplo, es una de las ramas de la economía que se encuentra en situación de marcada caída en los índices de actividad, en parte también vinculado a la parálisis de la obra pública. El ISAC elaborado por el INDEC muestra una contracción del 12,9% en mayo de 2016, en tanto acumula una caída interanual del 10,9% en lo que va de 2016. El caso de la construcción es importante según nuestro interés, por su fuerte conexión con la actividad de la economía popular –a través de cooperativas y trabajos subsidiarios de distinto tipo (textil, alimentación, limpieza)- y también por ser una rama donde los niveles de informalidad son muy elevados. Con respecto a la caída de la obra pública la misma puede explicarse por la reducción de los ingresos fiscales que en términos reales fue compensada por la caída del gasto público.

Por otra parte, el informe del Barómetro Social de la UCA, en su capítulo sobre la problemática del empleo señala que: durante el período anterior, las políticas anticíclicas del Gobierno Nacional lograron reducir la tasa de desocupación, pero aumentando en términos relativos el subempleo inestable. Las cifras evidencian en este aspecto algunos déficits serios: persistencia de un sector informal, heterogeneidad de la estructura productiva y posibilidades limitadas de acceso a un trabajo pleno de derechos. La alta rotación entre periodos de empleo y desocupación continúa siendo un problema por resolver. De hecho, en la población económicamente activa, 1 de cada 4 personas entrevistadas dijo haber experimentado al menos una situación de desempleo durante el último año. Dentro del grupo de asalariados, 1 de cada 3 encuestados se halla bajo contratación laboral no declarada. Por otro lado, las inserciones de baja calidad en actividades por cuenta propia han determinado que 7 de cada 10 trabajadores no realicen sus aportes jubilatorios. Según este informe, uno de los asuntos más problemáticos del periodo 2010-2015 es la persistencia estructural de los siguientes cuatro elementos: tasas elevadas de asalariados no registrados, alto índice de subempleo entre los cuentapropistas, bajo nivel de retribuciones en una parte importante de los trabajadores, y rotación vertiginosa entre situaciones de ocupación y desocupación. Por lo general, los trabajadores de este sector están ocupados en actividades precarias o inestables, con condiciones de trabajo deficitarias, bajos ingresos, falta de protecciones sociales y limitaciones para ejercer los derechos laborales. En el mediano plazo, una consecuencia ineludible para el trabajador en estas condiciones es la inmovilidad ocupacional, dada la imposibilidad de acumular experiencia o desarrollar habilidades necesarias para participar del sector formal del mercado de trabajo. En base a las herramientas metodológicas seleccionadas, el informe de la UCA distingue entre 4 sectores de la Población Económicamente Activa; estos son: Empleo Pleno de Derechos, Empleo Precario, Subempleo Inestable y Desempleo Abierto. En base a los índices relevados en el año 2015, la suma de los segmentos de Empleo Precario (31,9%), Subempleo Inestable (15,6%) y Desempleo Abierto (9,4%) alcanza el 56,9% de la PEA con trabajadores que no manifiestan un acceso pleno a derechos.

Desde nuestra perspectiva, estas distintas clasificaciones que define del informe de la UCA o lo que en el mismo se denomina como “nuevos pobres”, representan en parte al universo de los trabajadores de la economía popular. El análisis propio señala que la reconversión de la estructura económica y laboral de la Argentina, fuertemente modificada con la implementación del modelo neoliberal de valorización financiero especulativa (período 1976-2001) y el proceso de consolidación tecnológico-informática en los procesos productivos, significo en términos estadísticos la reducción del segmento de la PEA incorporado a la inscripción formal y con acceso pleno a derecho en el mercado laboral, y la exclusión de una porción considerable de trabajadores a situaciones de diversa precariedad laboral y distinto grado de precarización e informalidad, en el marco de las cuales fueron surgiendo y consolidando otro tipo de prácticas laborales –con distintos grados de inscripción a la economía formal- como solemos decir: “trabajadores que se inventaron su propio trabajo”. Las estrategias de supervivencia que surgieron frente a los efectos devastadores de la política económica del modelo neoliberal fueron reconfigurando las identidades sociales en el territorio, inclusive y de manera fundamental las identidades del trabajo; desde entonces los excluidos subsisten en base a su trabajo en una esfera económica sumergida, informal, infraproductiva (Grabois, 2013). Algunas de estas nuevas modalidades se dieron de forma familiar o comunitaria –introduciendo una relación de cercanía pero no de analogía con el paradigma de la economía solidaria- otras se dieron de modos individuales. El manifiesto fundacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular del año 2011 en el Teatro Verdi del barrio de La Boca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo grafica a través de las siguientes palabras “No fue la virtud sino la necesidad la que nos llevó a juntar cartones, recuperar fábricas, defender nuestra tierra, abrir mercados populares, producir artesanías, pelear por programas sociales, crear miles de cooperativas.”

En paralelo, y desde una perspectiva social vinculada al derecho, se puede inferir que el neo-liberalismo ha operado una retroversión sobre el individuo en cuanto a la responsabilidad por su protección y los costos del mismo, al mismo tiempo que se desarrolla un proceso de individualización de los derechos colectivos. (Roig, 2016) Con la recuperación económica que implico el modelo económico de desarrollo inclusivo con matriz diversificada (período 2002-2015) solo algunos de estos trabajadores fueron absorbidos por el mercado formal de empleo, la mayor parte de ellos persistieron en situaciones de precariedad consolidando lo que la UCA llama como un segmento estructural de trabajadores que no pueden acceder al empleo pleno, y nosotros llamamos economía popular; que hoy alcanza alrededor de un 40% de la PEA. Pero un elemento que si quedó en evidencia es que la evolución de los índices económicos señala la dificultad de que el mercado formal del empleo absorba a ese conjunto de trabajadores y los incorpore en situaciones de trabajo con pleno acceso a derecho dentro de las estructuras jurídico-laborales vigentes. El trabajo asalariado, registrado y estable ya no es la relación laboral predominante en las modernas urbes ni una perspectiva realista para los trabajadores. Los obreros industriales son una minoría decreciente y el creciente sector de servicios no ofrece puestos suficientes para compensar el déficit de empleo. En cualquier caso, las formas institucionalizadas de trabajo no logran absorber ni a la mitad de las personas con necesidad de trabajar y la tendencia se profundiza (Grabois, 2013).

Lo que define a los trabajadores de la economía popular centralmente es que se encuentran inscriptos en relaciones de explotación distintas de las formales o tradicionales. Podemos considerar que los trabajadores de la economía popular están, en primer lugar, por fuera de una relación salarial y en una actividad cuyo trabajo esta socialmente desvalorizado. Podríamos también señalar cuatro fracturas o aspectos de ruptura característicos de la economía popular que la distinguen de la economía capitalista formal. Para avanzar en la caracterización de este segmento de trabajadores podemos describir cada una de estas fracturas. En primer lugar, la que refiere a los derechos y que ubica a estos trabajadores en situaciones de precarización, es decir a la imposibilidad de acceder al piso de derechos que garantice un trabajo digno. ¿Cuál sería este piso de derechos? La Organización Internacional del Trabajo lo definió como “trabajo decente” aquel “que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para expresar opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato”.

Por otra parte debemos hablar de la fractura institucional, que distingue a estos trabajadores por su condición de informalidad. Por un lado la referida al trabajo en sí mismo cuando carece de “protección legal y beneficios laborales” (trabajo informal) y por otro a las unidades productivas donde se desarrolla cuando éstas no están “correctamente registradas conforme a las leyes nacionales” (sector informal). Sin embargo la sustancialidad de esta característica no radica únicamente en la falta de registración del trabajo sino en la desprotección social y la profunda explotación que estas situaciones encubren.

Asimismo la fractura que refiere a la forma en la que se relacionan las personas en los procesos económicos residuales o de la economía popular, nos señala la característica de externalidad; una inmensa cantidad de trabajadores jurídicamente autónomos pero económicamente dependientes. Recicladores, vendedores ambulantes, microemprendedores y una gran diversidad de oficios que se realizan por cuenta propia integrando las cadenas de valor de las grandes empresas. (Grabois, 2013) Se estructura la situación en la cual el precio del trabajo de la economía popular no corresponde ni a lógicas de negociación colectiva, como en el caso de trabajadores formales, ni a normativas que permitan fijar “voluntariamente” un precio del trabajo. Ni la ley, ni el mercado permiten una lógica de negociación de precios. De esta condición de trabajador precarizado, aún cuando sea un “cuentapropistas”, se deduce un segundo elemento: la ausencia de relación fiscal directa asociada a su actividad. Se inscribe sin embargo en relaciones fiscales indirectas (a través del IVA), en tramas tarifarias (pago de servicios o impuestos locales), o en pago de monotributo (social o no) que permite cobertura de salud y de jubilación pero no se asocia a una demanda de derechos. (Roig, 2016)

De esto también se desprende una última fractura, la de la productividad, que caracteriza al trabajo en la economía popular como un reflejo precario de las relaciones capitalistas de trabajo y en algunos casos, de formas pre-capitalistas remozadas. Se trata de emprendimientos individuales o colectivos con mínima tecnología, baja productividad, ingresos inadecuados para los trabajadores y condiciones insalubres de labor (Grabois, 2013).

Sin embargo resulta esencial repetir que estas situaciones no han sido voluntariamente creadas o producto de elecciones racionalizadas, son el efecto y resultado de las transformaciones en la estructura económica y su correlato en el entramado sociolaboral, que encuentra en la exclusión de una porción formidable de los trabajadores de las estructuras jurídico formales del ámbito laboral un elemento fundante para su sustentabilidad. Roig lo expresa de la siguiente manera, la separación entre los circuitos de la deuda y los circuitos de los derechos es, desde nuestro punto de vista, la gran revolución cultural del neo-liberalismo, que permite la individualización de la responsabilidad, revirtiendo la causa sobre el efecto (el pobre es pobre porque quiere). (Roig, 2016)

En base a este análisis se concluye que resulta necesario avanzar en la elaboración de una normativa específica que permita registrar, reglamentar y dotar de derechos a este segmento de los trabajadores. Por un lado las organizaciones sociales, gremiales y los movimientos populares que han emprendido esta tarea organizativa plantean los objetivos de asociación horizontal de los trabajadores por cuenta propia, la creación de cooperativas, la protección de formas artesanales de trabajo, la recuperación de recursos colectivos ociosos, la defensa de la agricultura familiar, y muy especialmente, la lucha por la distribución progresiva de la riqueza social y la aplicación de políticas públicas populares, los trabajadores excluidos luchan contra la explotación y la precariedad. Desde otra dimensión las políticas de Estado deben comenzar a delinear y proponer las posibles y necesarias formas de abordaje para dar visibilidad e institucionalizar a estos sectores. Profundizar una dinámica social que ponga en el centro de la agenda la construcción de una sociedad más igualitaria, no solamente por la disminución de las diferencias de los ingresos sino también en el hecho de ser acreedor activo de derechos y no objeto pasivo de políticas sociales. (Roig, 2016)

Resulta necesario a su vez, que las políticas que se piensen y desarrollen para alcanzar estas metas se construyan sobre un diagnóstico adecuado y contemplen una situación inédita pero consolidada en la estructura socio laboral argentina. El grado de profundidad y arraigo de estas transformaciones requieren y exigen la creatividad y el compromiso de elaborar políticas que realmente sean un reflejo de estos cambios. Los gobiernos de corte conservador sostienen enfáticamente la teoría del derrame, imaginando que solo el capital es el motor del crecimiento y queda a los ciudadanos la posibilidad de capacitarse para aspirar a empleos de calidad o en su defecto, ubicarse en los escalones periféricos de la gama de producción de bienes y servicios que el mercado pueda demandar. Los gobiernos de orientación popular, han promovido lo que llamamos derrame inducido, a través de la búsqueda del crecimiento enérgico del mercado interno, incluyendo una importante gama de subsidios a los menos aventajados, para conseguir su inclusión a través del consumo, pero no a través del empleo. Con ese mecanismo, se ha conseguido que la demanda de bienes y servicios aumente de modo más acelerado que en el modelo conservador y por lo tanto, la ocupación acompañe. En un caso y en otro, la estructura productiva, incluyendo las relaciones entre los eslabones de cada cadena de valor, ha sido la que los sectores del capital concentrado decidieron, motivados por la búsqueda de ganancia.

El Estado argentino en el diseño de su presupuesto para el año corriente (2016) destinó, por ejemplo, $ 3.181.460.000 de pesos para la implementación de gastos en las denominadas Acciones de Empleo del Ministerio de Trabajo; dentro de éstas se incluyen: Programa de Trabajo Autogestionado, el cual está dirigido a asistir financiera y técnicamente a empresas autogestionadas por sus trabajadores y a cooperativas de trabajo, con el fin de garantizar el sostenimiento de dichos empleos; Programa de Recuperación Productiva, destinado exclusivamente a trabajadores que prestan su labor en empresas o áreas geográficas en crisis, por lo que tiene por objeto brindar una ayuda económica a los mismos en su condición de beneficiarios en miras de paliar los efectos negativos en su relación de empleo; Programa de Empleo Comunitario, destinado a brindar ocupación transitoria a trabajadores desocupados en situación de vulnerabilidad a través de la ejecución de distintas actividades tendientes a mejorar sus condiciones de empleabilidad y la calidad de vida de la población de la comunidad a la que pertenecen; Seguro de Capacitación y Empleo, de base no contributiva, tiene por objeto brindar apoyo a los trabajadores desocupados en la búsqueda activa de empleo, la actualización de competencias laborales y en la inserción de empleos de calidad. Asimismo se invierten $2.264.320.000 en programas de capacitación y entrenamiento para el trabajo, a través de este programa se propicia la implementación de políticas activas de formación profesional, de orientación laboral y de terminación de estudios formales, articuladas con otras operatorias de la Secretaría de Empleo, en particular las relativas al funcionamiento del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

En este sentido intentamos señalar que la asignación de recursos debe ser parte del diseño de una intervención política adecuada en términos no solo cuantitativos sino en la forma y contenido de la misma, y su arreglo al diagnóstico social y morfológica sobre los sectores que son destinatarios de las mismas. Entendemos prioritario avanzar en la visibilización institucional y reconocimiento de este sector del trabajo como medida inicial, por lo cual proponemos una serie de medidas de registración de los trabajadores de la economía popular, así como la conformación de un ámbito de desición y desarrollo participativo de las políticas para el sector, que tenga como meta central la institución de un salario social complementario para los trabajadores de la economía popular, cuyo objetivo central radica por un lado en el reconocimiento de la deuda pública y social hacia estos trabajadores, y por otra parte en la satisfacción material que implica alcanzar el monto delimitado como básico para un trabajo decente (SMVyM).

De la misma forma entendemos que desde el Estado deben promoverse las herramientas y medidas necesarias para fortalecer y ampliar los programas de empleo vigentes. Fundamentalmente avanzando en áreas donde las políticas sean el canal para pensar la producción desde el trabajo y no desde el capital abriendo un abanico de posibilidades concretas de generar ocupación digna en la base social.

Eso necesita un Estado que profundice línea por línea y establezca las acciones promotoras y/o reguladoras que correspondan. En las áreas vinculadas a cuidados personales o de salud, al sector energético renovable, en el tratamiento de efluentes cloacales, en el tratamiento de residuos sólidos urbanos y agregado de valor a los reciclables, en la limpieza y mantenimiento de cauces que afectan zonas urbanas, el desarrollo y autoconstrucción de viviendas sociales, la producción, distribución y comercialización de alimentos o materias primas de pequeña escala, la producción de indumentaria textil, son algunas de las líneas que representan una parte del trabajo en la economía popular que con un acompañamiento responsable del Estado se encontrarían en posibilidades de crecer, desarrollarse y abonar a los índices de trabajo digno con pleno acceso a derecho.

La construcción de una sociedad con mejores niveles de igualdad, de inclusión y de dignidad en la vida de los ciudadanos requiere que seamos capaces de elaborar y proponer herramientas que den respuestas a las situaciones que se presentan de manera urgente e impostergable, con las características resultantes de los procesos y ciclos socio económicos que a travesado nuestro país. En este sentido se enmarca la presente propuesta y en base a los argumentos expresados previamente solicitamos a los legisladores que lo acompañen con su voto .

Por los motivos expuestos, solicito a los y las colegas de esta Honorable Cámara que me acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Ley.