El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1.- Declárase Monumento Histórico Nacional al edificio del ex Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dependiente de la Unidad Regional II, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar, ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 2.- A los fines dispuestos en el artículo 1º de la presente ley, el citado bien quedará amparado por las disposiciones de la Ley 12.665 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3.- La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos por la Ley 12.665 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

El centro clandestino que funcionó en el ex Servicio de Informaciones se encontraba en la Jefatura de Policía que se ubicaba en la intersección de las calles Dorrego y San Lorenzo de la ciudad de Rosario.

En 1984, la CONADEP elaboró un informe en el que confirma que en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía Provincial de Rosario, funcionaba un centro clandestino de detención. En dicho informe, se señala: “Los secuestrados en las localidades próximas a Rosario en gran parte confluían al CCD del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía Provincial, que centralizaba el accionar represivo. Por allí pasaron cientos de secuestrados. Dicho centro estaba dirigido por el jefe de policía, Comandante de Gendarmería Agustín Feced, quien a tenor de los testimonios recibidos, secuestraba y torturaba en forma personal...”.

Según figura en el requerimiento de elevación a juicio de la causa Feced: “las personas que estuvieron privadas de la libertad en estas habitaciones antes mencionadas permanecieron vendadas, con las manos atadas, no recibían comida, o sólo la recibían una vez al día. La misma era desagradable. No les daban agua de beber, muchas veces permanecían desnudas, tiradas en el piso y sin mantas en invierno. Cuando pedían para ir al baño eran maltratados, si los llevaban era a los empujones, y en oportunidades los captores permanecían delante de los detenidos mientras estaban allí. Los testimonios de los sobrevivientes describen también los innumerables métodos de tortura (física y psíquica) que se utilizaron en este CCD, así como las condiciones de detención. El paso por el mismo debe ser considerado, por sí mismo, una forma de tormento.”

Previo a su funcionamiento como centro clandestino de detención, el edificio – construido en 1916 -, tuvo diversas funciones, entre las que se conocen, se señala su funcionamiento como casa del jefe de bomberos debido a que durante un tiempo los bomberos zapadores se ubicaban en el ala de la calle San Lorenzo de la actual Casa de Gobierno y además, funcionaron diferentes oficinas estatales.

Por su variada funcionalidad, y por la intencionalidad de los militares de que los sobrevivientes no reconocieran el lugar donde habían estado detenidos, el edificio sufrió numerosos cambios a nivel estructural.

Entre los años 2002 y 2012, el edificio fue entregado en comodato por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe a los organismos de derechos humanos de la ciudad de Rosario, con gran protagonismo de la organización Familiares de Detenidos-Desaparecidos por razones políticas. Desde el año 2006, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe brindaban visitas guiadas en el lugar y además funcionaba el Centro popular de la memoria.

Al finalizar el comodato, la provincia decide encabezar un conjunto de obras y arreglos debido al deterioro del ala de calle Dorrego, las cuales comenzaron en el año 2014. Finalmente, en septiembre de 2015, se inaugura el ex Servicio de Informaciones como espacio de memoria, en el que además funciona el archivo audiovisual de juicios de lesa humanidad y se ofrecen recorridos guiados por el lugar.

Dado el valor histórico que contiene este edificio, habiendo sido el centro clandestino de detención más grande de la provincia, que operó entre 1976 y 1979, por donde pasaron entre 1800 y 2000 personas, y por su importancia en la construcción de la memoria colectiva acerca de lo sucedido en la última dictadura cívico-militar, y su aporte en la construcción de la verdad y la justicia, es que considero impulsar esta iniciativa a los efectos de dar status jurídico de "Monumento Histórico Nacional" mediante la sanción de una ley del Honorable Congreso de la Nación.

En virtud de lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.