La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar a la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, a través de sus titulares el embajador Santiago de Estrada y la ministra Susana Malcorra respectivamente, que informen sobre la situación que se vive en el país respecto de los casos de abuso infantil perpetrados por curas en instituciones clericales, respondiendo a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos curas y sacerdotes de distintas religiones, que se desempeñan en instituciones educativas, sociales y religiosas, por su función, están en contacto con menores de edad en todo el país?

2. ¿Qué antecedentes de abusos sexuales en instituciones religiosas y entidades de culto existen en el país? ¿Existe algún registro? ¿Qué medidas piensan disponer frente a la situación?

3. Siendo de público conocimiento que es un accionar recurrente por parte de las instituciones religiosas, y en particular de la Iglesia Católica, el traslado de los curas que son denunciados por abuso sexual infantil hacia otras diócesis donde siguen ejerciendo funciones. ¿Cuántos curas que desempeñan funciones en instituciones religiosas y entidades de culto del país han sido previamente trasladados de diócesis del interior del país o de otros países? ¿Qué conocimiento tiene la Secretaría de Culto respecto de los motivos por los que estos traslados se realizan?

4. ¿Qué sucede con las credenciales eclesiásticas otorgadas por la Secretaría de Culto a los curas denunciados por casos de abuso sexual?

5. ¿Qué sucede con el otorgamiento de subsidios a instituciones religiosas y de culto que han sido denunciadas por casos de abuso infantil perpetrado por personal clerical? ¿Se mantienen esos subsidios?

6. ¿Cómo intervienen la Secretaría y el Ministerio que tienen a su cargo las relaciones del Estado argentino con los diferentes cultos presentes en el país en relación a las denuncias de abuso perpetradas en instituciones religiosas y por personal acreditado por ustedes para cumplir funciones religiosas? ¿Qué medidas adoptará para aportar a la investigación de estos crímenes que suceden bajo la órbita de su jurisdicción?

Señor presidente:

El caso atroz del Instituto Próvolo de Luján de Cuyo, dirigido por sacerdotes de la Iglesia Católica para niños hipoacúsicos, ha develado una historia de décadas de abusos sexuales, violaciones y prácticas de felación a partir de que una alumna egresada del mismo le transmitiera en un acto en la Legislatura de Mendoza a una senadora los hechos que presenció en aquel internado. Así, fue puesta en contacto con la justicia para declarar, y esto desencadenó al menos diez denuncias judiciales de las víctimas, y por sus declaraciones se calcula que son más de 60 las víctimas de estos abusos. Al momento hay cuatro detenidos, dos sacerdotes y dos personas que trabajaban en el lugar.

Los curas detenidos son Nicolas Corradi (82) y Horacio Corbacho (55). El primero fue trasladado del Instituto Próvolo de Verona, Italia hacia Argentina, junto a otros 130 sacerdotes acusados de abusar sexualmente de niñas y niños sordos entre 1955 y 1984. La sede mendocina fue durante décadas su refugio. Además de Corradi, a la Argentina llegaron otros sacerdotes con similares denuncias, que fueron asignados a las sedes que el Instituto Antonio Próvolo tiene en Mendoza y en la ciudad de La Plata.

El Instituto Antonio Prólovo, propiedad de la Obra San José, es una de las casas de retiro con las que cuenta el Arzobispado de Mendoza en la provincia, que depende de la Santa Sede. El responsable es el Padre Ramón Amarilla.

Estos hechos se inscriben en una larga lista de denuncias por abuso de menores que pesa sobre representantes clericales tanto en nuestro país como en el mundo. Sólo en Argentina en el último tiempo se conocieron los casos de Juan de Dios Gutiérrez en Catamarca, el obispo de la diócesis de Río Gallegos, el cura colombiano Escobar Gaviria denunciado por dos monjas en Entre Ríos; a los que suman otro tipo de acusaciones, como las torturas de monjas de la localidad de Nogoyá también en esa provincia y la nueva causa por malversación de fondos contra el pedófilo Julio César Grassi.

La respuesta habitual por parte de la Iglesia es el encubrimiento y la impunidad. El “traslado” de curas abusadores a otras latitudes para garantizar su impunidad es una práctica corriente por parte de la jerarquía vaticana. Así ocurrió por ejemplo con el cura Ilarraz, trasladado de Tucumán a Entre Ríos. Otro caso es el del cura Carlos Urritigoyti (también mendocino), acusado de pedofilia en los EE.UU., que recaló en Paraguay para terminar refugiado en San Rafael, gracias a la protección de la Iglesia Católica. Este departamento del sur mendocino está dominado por el Opus Dei y la congregación de “El Verbo Encarnado”.

El ocultamiento de esta información al pueblo, y la impunidad que reina en la enorme mayoría de los casos, revela que el Estado Nacional y los estados provinciales están involucrados en la defensa de una institución que ha llegado a un nivel de descomposición intolerable. Los gobiernos continúan tercerizando en la Iglesia Católica funciones de vital importancia para la sociedad. La falta de un sistema educativo único, laico y gratuito habilitó que una gran parte de la educación haya sido tercerizada en instituciones religiosas, lo mismo que ocurre con la asistencia social. Valoran la formación en el miedo y el renunciamiento, y su función de contención social. Por ello la persistencia del derecho canónico, una parodia de justicia, que el Estado reconoce pese a las consecuencias gravísimas que en la recurrencia del abusador Corradi quedan de manifiesto. Además estas instituciones son subsidiadas de manera millonaria por las provincias y el gobierno nacional, e incluso cobran cuotas a los padres de sus alumnos.

Es necesaria una investigación profunda sobre los antecedentes de los curas que están a cargo de Institutos educativos y religiosos en contacto con menores de edad, que se den a conocer qué antecedentes de abusos sexuales en instituciones religiosas y entidades de culto existen en el país, que se informe cuántos curas han sido previamente trasladados de diócesis del interior del país o de otros países y cuáles son los motivos del traslado.

La Secretaría de Culto de la Nación, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que tiene a su cargo las relaciones del Estado argentino con los diferentes cultos presentes en el país, debe informar de manera urgente sobre estos temas y dar a conocer cómo interviene en relación a las denuncias de abuso perpetradas en instituciones religiosas y por personal acreditado por dicha secretaría para cumplir funciones religiosas, y qué medidas piensa adoptar para aportar a una investigación.

Por estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas el acompañamiento de este pedido de informes.