La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar repudio a la tardía intervención del Estado en la protección de los derechos de los niños y niñas víctimas de abusos sexuales perpetrados por sus autoridades, educadores y personal civil en el Instituto de Educación Especial Antonio Próvolo de la ciudad de Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza, y de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en clara violación a los Convenios Internacionales de los Derechos de los Niños y de las Personas con Discapacidad con rango constitucional en virtud de la inacción en las funciones de control en los ámbitos de Educación, de protección de los derechos de las personas con discapacidad en la Dirección de Discapacidad u organismo equivalente, de investigación en la Justicia y de intercambio y seguimiento de información de los antecedentes penales de los sacerdotes educadores residentes en nuestro país en el Ministerio a cargo de las relaciones internacionales.

Señor presidente:

En los últimos meses causó impacto la noticia que dio cuenta de las reiteradas violaciones y abusos sexuales que sufrieron niños y niñas con discapacidad auditiva por parte de autoridades y educadores, algunos de ellos eclesiásticos, de la Institución Antonio Próvolo de las Provincias de Mendoza y Buenos Aires, quienes tenían la responsabilidad de educarlos y protegerlos. Son hechos que se investigan en las Provincias de Mendoza, localidad de Lujan de Cuyo y de Buenos Aires, ciudad de La Plata.

Las declaraciones de las víctimas, hacen referencia a detalles impactantes como por ejemplo que los abusadores les quitaban los audífonos al momento de abordarlos y detallan que muchos ataques sexuales transcurrieron en la cocina. Se trata de delitos aberrantes que se agravan por las circunstancias de la convivencia y guarda y de la relación de confianza que existe entre educador y educando.

Hay que destacar que en Mendoza, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Alejandro Gullé, solicitó que la Iglesia católica como así también el Estado ,a través de la Dirección General de Escuelas y la Dirección Provincial de Discapacidad, den respuestas “más convincentes” a las expresadas hasta ahora. Según entiende, ninguno de los argumentos mencionados por ambas instituciones ha sido suficiente. A esta crítica contundente acerca del rol del Estado en sus funciones de educación y protección de los derechos de las personas con discapacidad, se suma que ya en 2008 había una denuncia de abuso sexual que nunca avanzó lo cual demuestra la inacción de la Justicia que ha permitido la perpetración de nuevos delitos con más víctimas hasta el presente

En 2016 fueron 90 los chicos y adolescentes hipoacúsicos que pasaron por las aulas del Instituto, y entre 10 y 15 pernoctaban en el albergue de lunes a viernes. Una vez que salieron a la luz las primeras denuncias, la Justicia dispuso que las clases se reanudaran con una orden de restricción para los religiosos y administrativos que dependieran de ellos (no podían ingresar al lugar). No obstante, muchos padres optaron por no volver a mandar a sus hijos al Instituto. Si bien las clases culminaron la semana pasada, el futuro de los chicos que aquí estudian es incierto ya que no existe otro establecimiento similar en Mendoza.

Las consecuencias de los delitos que se denuncian ponen de relieve la urgencia de que se asegure el acceso a la educación por parte de los y las estudiantes con discapacidad auditiva poniendo a disposición una Institución de Educación, lugar físico y autoridades y educadores que inspiren seguridad y confianza a aquellos y sus padres ya que se trata de experiencias traumáticas que afectarán sus vidas por largo tiempo. En ese marco de reflexión, se torna imprescindible poner a disposición de las víctimas y sus familias una contención psicológica prolongada a través de equipos interdisciplinarios en el marco de la Ley de Salud Mental ya que es irrefutable los padecimientos mentales traumáticos que viven aquellos.

Estas medidas que se deben aplicar en las dos Provincias es cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, en especial las Convenciones de los Derechos del Niño y de los Derechos de las Personas con Discapacidad que tienen rango constitucional.

Por último es importante mencionar que estas denuncias tienen como antecedente al menos 235 casos ocurridos en su sede de Italia, en Verona, desde los años 60. El dato deja de manifiesto un intento por ocultar por parte de la Iglesia estos antecedentes de este clérigo, que muy lejos de ser juzgado o sancionado, fue reubicado en nuestro país, previo acuerdo entre las distintas sedes del Instituto Antonio Próvolo de Verona, Mendoza y La Plata. Nicola Corradi estaba acusado junto a otros 130 sacerdotes de abusar sexualmente de niñas y niños sordos entre 1955 y 1984 en la sede italiana del Próvolo.

Esta circunstancia demuestra la inacción del Estado en el intercambio y seguimiento de información sobre sacerdotes educadores residentes en la Argentina y que prestan servicios en Instituciones en que concurren niños y niñas por lo que es necesario construir mecanismos de convenios que aseguren esa información y su seguimiento por parte del el Estado a los fines de proteger los derechos de los niños y niñas y adolescentes que concurren a las instituciones pertenecientes a las distintas ordenes con actuación en nuestro país ya que la inmunidad diplomática tiene el exclusivo fin de proteger y cuidar a quienes representan a los países sin otorgar impunidad a sus delitos.

Señor Presidente, por todo lo expuesto es que solicitamos el acompañamiento de los Señores Diputados Nacionales para repudiar enérgicamente estos hechos que victimizan y re-victimizan a niños y niñas con discapacidad.