Proyecto
PROYECTO DE TP
Expediente 8907-D-2016 Sumario: COMISION BICAMERAL INVESTIGADORA DE LAS ACTIVIDADES DEL "GRUPO MACRI" EN SU RELACION CON EL ESTADO ARGENTINO. CREACION EN EL AMBITO DEL H. CONGRESO DE LA NACION. Fecha: 10/02/2017 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 193
El Senado y Cámara de Diputados...
ARTÍCULO 1°: Creación. Créase en el ámbito del Congreso Nacional la Comisión Bicameral Investigadora de las actividades del GRUPO MACRI en su relación con el Estado Argentino y de la actuación del Poder Ejecutivo Nacional respecto de dicho grupo económico.
ARTÍCULO 2°: Objeto. La Comisión Bicameral Investigadora tendrá por objeto:
a) El análisis, la investigación y la evaluación de las actividades del GRUPO MACRI en su relación con el Estado Argentino y del cumplimiento de normas legales, administrativas y tributarias que como consecuencia de las relaciones contractuales entre ese grupo económico y el Estado Nacional correspondan, a fin de determinar si han existido responsabilidades políticas de parte de funcionarios públicos del Estado Nacional a partir de situaciones que puedan implicar omisión al cumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencia y/o violaciones a la Ley de Ética Pública en el caso “Correo Argentino” y/o en otras operaciones que involucren al GRUPO MACRI.
b) El análisis, la investigación y la evaluación de la posible existencia de responsabilidades políticas de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional posibilitando la licuación de pasivos de la empresa CORREO ARGENTINO S.A. perteneciente al GRUPO MACRI en el proceso de quiebra que tramita ante el fuero comercial.
c) Analizar, investigar y evaluar la posible vinculación entre la quiebra de CORREO ARGENTINO S.A. y el proceso penal en el que se investiga al GRUPO MACRI por presunto lavado de dinero y la consiguiente evasión fiscal.
Para cumplir su cometido, la citada Comisión deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente. Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo.
ARTÍCULO 3°: Integración y designación. La comisión bicameral estará integrada por veinte (20) miembros, observando la siguiente composición: diez (10) senadoras/es nacionales y diez (10) diputadas/os nacionales, designados por los presidentes de cada Cámara a propuesta de cada bloque, respetando la proporción de las representaciones políticas en cada una de las Cámaras.
ARTÍCULO 4° – Organización y funcionamiento. La comisión bicameral organizará su funcionamiento conforme a las siguientes pautas:
a) Elegirá entre los legisladores que la integran a un presidente/a, a un vicepresidente/a y a dos secretarios/as. La presidencia será ejercida durante un período legislativo por una de las Cámaras y el siguiente por la otra;
b) Podrá dictar su reglamento de funcionamiento y establecer su estructura interna de trabajo, de conformidad con los reglamentos de ambas Cámaras;
d) Contará con las facultades establecidas para las comisiones bicamerales en los reglamentos de ambas Cámaras;
e) Podrá requerir informaciones y realizar investigaciones referidas a su competencia, tanto en el sector público como en el privado.
f) Elaborar un informe anual, de carácter público dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difusión;
ARTÍCULO 5° – Constitución. La comisión bicameral deberá constituirse dentro de los treinta (30) días de aprobada su creación.
ARTÍCULO 6° - Financiamiento. El Senado y la Cámara de Diputados asignarán las partidas correspondientes para el cumplimiento de la presente Ley.
Se autoriza al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la vigencia de la presente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Presidente Mauricio Macri le perdonó a su propia familia más de 70.000 millones de pesos, correspondientes a la deuda de Correo Argentino con el Estado, la cual lleva más de 15 años frenada en los tribunales a la espera de una resolución.
La empresa Correo Argentino S. A., que era del Grupo Económico perteneciente a la familia Macri, se presentó en concurso preventivo en 2001. En ese proceso se decretó la quiebra en diciembre de 2003. Luego de ese hecho, el servicio de correspondencia pasó a manos del Estado. A mediados del 2016, con Mauricio Macri a cargo del Ejecutivo, se aceptó una propuesta de pago de la deuda de la empresa que era de su padre.
Según la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, ello “equivale a una condonación” de la deuda y debe considerarse "abusivo", dado que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.
La fiscal general Gabriela Boquín consideró que, de acuerdo a los cálculos realizados por la DAFI, la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos a 2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a familiares del presidente de la Nación.
Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta "que directa o indirectamente beneficie" a familiares del presidente de la Nación, Mauricio Macri. El Gobierno había aceptado la propuesta de Correo Argentino en junio del año pasado.
La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva" en tanto implicaría, de acuerdo con los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de $4 mil millones en la actualidad y de más de $70 mil millones a 2033.
Advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Boquin destacó que "la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA".
El Estado Nacional es titular del 32,65% del pasivo concursal de la firma. La segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia (del 28 de junio de 2016)- "mejoraba" el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que "el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada implica una quita velada del orden del 98,82%", de acuerdo con el cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad "es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional".
"Familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie", apuntó la fiscal.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo. La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033.
Asimismo, la representante del MPF advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.
En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de homologación- analizó la última propuesta realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del propio Estado Nacional siendo este titular del 32,65% del pasivo concursal.
La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI de la Procuración General de la Nación: la segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia- “mejoraba” el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”, aseveró Boquín.
En una ampliación al dictamen presentada ayer, la fiscal general acompañó los cálculos complementarios elaborados por la DAFI, de los que surge “el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional”, a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-.
La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
Conflicto de interés
Por otra parte, la fiscal general consideró que el consentimiento fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo -el Dr. Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180 días-, en virtud de que debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.
Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.
"En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”, señala el dictamen.
“En efecto, pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él [en referencia a Mocoroa], podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, apuntó la fiscal. Y precisó: “En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”, por lo que debió haber mediado una “opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública”. Por ese motivo, solicitó que se libre oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los fines que su titular estime corresponder”.
En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.
La Fiscalía advirtió que “se encuentran en juego fondos públicos destinados a la satisfacción del bien común, por lo que rige un régimen específico, de carácter publicístico y con principios orientados a la preservación de dichos intereses generales”.
Finalmente, Boquín formuló reserva para acceder por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en caso de que haya una sentencia contraria a lo dictaminado.
Competencia del Congreso de la Nación en materia de control
Una de las tareas esenciales del Congreso de la Nación es la función de control político que ejerce sobre los actos del Poder Ejecutivo. En el supuesto de que el Congreso no ejerciera esta tarea de control, sin dudas que se estaría incumplimiento gravemente con el funcionamiento del sistema republicano ya que, ningún otro órgano del estado puede reemplazarlo jurídicamente en esta función específica de vigilancia sobre el resto de los poderes del estado.
Si bien es cierto que el Poder Judicial también desempeña tareas de control de constitucionalidad sobre el Poder Ejecutivo nunca podría reemplazar la función de vigilancia del legislador sin un grave riesgo para el estado de derecho. El sistema de división de poderes que impone la Constitución Nacional exige contrapesos y equilibrios entre los órganos del estado que se alcanzan, entre otros mecanismos, mediante el mutuo control. Es justamente el ejercicio de esta es tarea de fiscalización la que garantiza también la transparencia de un gobierno y aleja toda sospecha de impunidad sobre los actos y decisiones que adoptan los funcionarios de la administración investigando, si correspondiere, los ilícitos relacionados con el ejercicio de la función pública.
Es entonces una tarea y una obligación profundamente democrática la que impulsa al Congreso Nacional a cumplir con este rol de fiscalización, por ser además un dispositivo político pluripartidario que representa, como ningún otro, la soberanía popular.
La conformación de comisiones investigadoras sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo forma parte entonces de esta función de vigilancia y refuerza el adecuado funcionamiento del parlamento nacional que tiene incluso, según el artículo 60 de la Constitución Nacional, la facultad de sancionar a los más altos funcionarios de la República.
En definitiva, el control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo, realizado con la rapidez, oportunidad y eficacia, es una de las garantías más sólidas e irremplazables sobre la que se cimenta el régimen republicano.
Desde el punto estrictamente jurídico estas atribuciones son reconocidas en el artículo 75 inciso 32) de la Constitución Nacional que señala que son facultades del Congreso Nacional, “Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina”. Es en el contexto de estos poderes implícitos donde se encuentra consagrado esta atribución de control e investigación.
También el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, en su artículo 104 habilita la conformación de comisiones especiales en aquellos casos que lo crea conveniente, o que no estén previstos en el citado reglamento. Esta atribución se ve reforzada en el artículo 106, en el párrafo que establece que, “En cuanto a las comisiones investigadora, podrán ejercer, durante el receso, las facultades de que se hallaren investidas por la Cámara”.
Tal como lo expresa el ex- camarista federal y ex diputado nacional Ricardo Gil Lavedra, el Congreso no puede investigar delitos o ilícitos cuya competencia correspondiera al Poder Judicial “pero bien podría indagar hechos, contratos o circunstancias irregulares de actos estatales”. Aunque existiera una investigación judicial del caso, no habría superposición de competencias pues los fines perseguidos serían diferentes. Es condición indispensable que en el objeto de investigación se halle siempre un acto o conducta de un funcionario de gobierno. (Ricardo Gil Lavedra, Clarín, Bs.As. abril 9- 1997, pág.17).
Repudio Unánime
Dirigentes de distintos espacios políticos cuestionaron al Presidente por beneficiar a su grupo empresario. Estas son las principales declaraciones:
El jefe del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde consideró "ruinoso para la sociedad y para el Estado" el acuerdo del Gobierno con Correo Argentino por $4.000 millones. "Es tan manifiesto el conflicto de intereses, es tan manifiesto que se trata de encubrir una condonación de una deuda privada, que es realmente un escándalo". "Esto arrastra una cadena de responsabilidades, porque sube hasta el ministro de Comunicaciones (Oscar Aguad) y después a (el presidente Mauricio) Macri".
Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, consideró "inadmisible" la propuesta aceptada por el Gobierno. "El hecho amerita una seria objeción ética y jurídica. Ética desde el punto de vista del vínculo familiar y jurídica desde el punto de vista de la condonación que se pretende realizar". "Es absolutamente necesario una revisión por la vía judicial para impedir un acuerdo de esta naturaleza. La condonación equivalente a casi el 98 por ciento es absolutamente inadmisible".
El también legislador porteño kirchnerista Gabriel Fuks recordó que “el correo fue una caja más para los Macri, que lo utilizaron para pagar deudas de otras empresas del grupo” y consideró una “vergüenza” la condonación de la deuda al grupo empresario del Presidente. “Queda muy claro que después del intento de incluir a los familiares en el blanqueo hay una actitud sistemática del gobierno para beneficiar a este tipo de grupos. No hay casualidad entre una cosa y otra”, señaló.
"Mauricio Macri vino a transferir recursos a los sectores más favorecidos de la sociedad. Lo del Correo es lo mismo pero a un nivel grotesco. Ojalá sirva para que algunos asuman lo que hay detrás de 'la revolución de la alegría'", declaró el legislador porteño del Frente para la Victoria Carlos Tomada. "Está en el ADN de la familia Macri servirse del Estado"
Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti fueron los encargados de presentar el escrito en la Justicia. Acusan tanto a Macri como al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por el acuerdo. Les achacan los delitos de “fraude en perjuicio de la Administración Pública” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones pública”. La denuncia también alcanza a Manuel Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Comunicaciones; y quedó a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni.
Desde el massismo también cuestionaron el arreglo del Gobierno con el Grupo Macri. “El Estado le está regalando a la empresa de Macri. La fiscal de investigaciones dice que esto es una barbaridad, que afecta el Estado nacional y que beneficia a la familia del presidente", advirtió el diputado Felipe Solá. Tras remarcar que “la deuda es de 70 mil millones de pesos”, Solá añadió que “Macri tiene que entender que una cosa es el gobierno del PRO y otra cosa es el gobierno de la familia”.
Margarita Stolbizer también se sumó a las críticas. La diputada del GEN consideró que "la confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este gobierno, y debe resolverlo con absoluta transparencia". También calificó el acuerdo por el Correo como "escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar".
"Es grave cuando desde el Estado se abren posibilidades de negocios particulares", expresó la diputada de Proyecto Sur Alcira Argumedo y apuntó que “esto del Correo ya viene de los años 90 con la privatización y tiene las mismas características: favorecer sistemáticamente al Grupo Macri."
El senador nacional por la Unión Cívica Radical Julio Cobos estimó que el acuerdo de condonación de deuda al Grupo Macri puede ser considerado "nulo" y respaldó el rechazó "por abusivo" realizado por la fiscal general Gabriela Boquín. "Hay que ver cuál es la competencia de este director (funcionado del ministerio de Comunicaciones), este acuerdo puede ser nulo. Para realizarlo se requiere un empleado de planta y con el respaldo de una resolución". "Estas cosas no pueden estar ajenas a un ministro o hasta al propio presidente (Mauricio Macri). ";”se trata de una deuda por el canon de alrededor de 290 millones de pesos/dólares por lo que multiplicando esa cifra por 16 pesos, precio aproximado actual del dólar, se arriba a los $4.600 millones”. “Creo que la fiscal ha actuado bien diciendo esto no puede ser, esto es abusivo, veremos ahora cómo evoluciona este tema”.
Por nuestra parte, consideramos que el acuerdo del Gobierno con Correo Argentino S.A, por la condonación de la deuda, es escandaloso y grave, tanto que hasta lo admiten desde el mismo oficialismo.
Por tanto, es ineludible la creación de una comisión investigadora, dado que el Congreso no puede seguir al margen o mirando hacia otro lado en cuestiones tan delicadas como las que se presentan en el Grupo Macri con los Panamá Papers y el Correo Argentino. Están en juego responsabilidades políticas del presidente y su gabinete. Si hay elementos contemplados en la Constitución como causales de juicio político se puede habilitar esa vía. El Congreso tiene un rol de control y sanción al Poder Ejecutivo, no solamente lo tienen la justicia y los fiscales.
Por este proyecto se plantea que la comisión bicameral investigue las actividades del grupo Macri en su relación con el Estado nacional y del accionar de funcionarios del Poder Ejecutivo en relación con ese grupo. También se planteará que se investigue si han existido situaciones de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencia u omisión del Poder Ejecutivo en relación con el Grupo Macri, en particular del Correo Argentino. Asimismo, se pretende investigar si hay posibles vinculaciones entre el Correo Argentino con la actuación de sociedad off shore investigadas por lavado de dinero en paraísos fiscales.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen en la sanción de la presente iniciativa.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CARMONA, GUILLERMO RAMON | MENDOZA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| RECALDE, HECTOR PEDRO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| CAROL, ANALUZ AILEN | TIERRA DEL FUEGO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| SOLANAS, JULIO RODOLFO | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| RACH QUIROGA, ANALIA | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| GRANA, ADRIAN EDUARDO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO (Primera Competencia) |
| COMUNICACIONES E INFORMATICA |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | REPRODUCIDO POR EXPEDIENTE 1131-D-18 |
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina
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