La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar, en forma inmediata, para su interpelación, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, Al Ministro de Comunicaciones de la Nación Oscar Aguad y a su turno al Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, a fin que informen y den explicaciones, en una Sesión Abierta de la Cámara, sobre el acuerdo firmado entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A.

Señor presidente:

La condonación de la deuda por más de $70.000 millones a Correo Argentino SA, según el cálculo de la fiscal Gabriela Boquín, empresa de propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri, por la deuda que contrajo con el Estado Nacional es otra página bochornosa del gobierno actual.

Este desfalco es un eslabón más en el largo proceso de protección y rescate fraudulento de parte del Estado de los negociados que se iniciaron con las privatizaciones menemistas, continuaron con la Alianza y fueron protegidos y rescatados por el gobierno kirchnerista. Cabe recordar, por otra parte, que no es la primera vez que el Estado rescata una deuda privada de las empresas de la familia Macri, la última dictadura militar en 1982 estatizó la deuda de este grupo empresario, llevada adelante por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo por una cifra de 170 millones de dólares. Entre 1973 y 1983, el grupo Macri pasó de tener 7 empresas a un número total de 47.

En 1997, el gobierno de Menem privatizó el correo estatal entregándolo al grupo Correo Argentino. Sus propietarios eran una sociedad constituida por el grupo SOCMA, de la familia Macri, con Franco Macri a la cabeza, el Banco Galicia y el Correo Inglés.

La concesión se firmó por 30 años: la sociedad debía pagarle al Estado nacional un canon semestral de 51,6 millones de pesos/dólares (En ese momento la relación peso dólar era de 1 a 1). En el año 1999, Correo Argentino S.A dejó de pagarlo y acumuló una deuda de aproximadamente 900 millones de pesos/dólares, de los cuales 450 millones de pesos/dólares, correspondían al Estado. En menos de cuatro años despidieron a 10.000 trabajadores. Fraguaron una quiebra contable y en septiembre de 2001, la empresa Correo Argentino entró en concurso preventivo.

La “estatización” del correo en 2003, llevada adelante por el gobierno de Néstor Kirchner, fue tan o más fraudulenta que la de YPF o la de Aerolíneas Argentinas: no sólo le permitieron no pagar la deuda con el Estado, sino que incluso hoy la familia Macri “detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”, según ha afirmado la fiscal.

El oficialista diario Clarín (10/2) destaca que “la deuda se inició en el 2001”, pero “esa deuda nunca intentó cobrarla el kirchnerismo y algunos sostienen que por ese motivo Franco Macri adhirió públicamente –por muchos años– al gobierno de Cristina. Ese apoyo originó un conflicto familiar entre los Macri, que solo se saldó cuando Mauricio ganó la presidencia. Ahí Franco se reconcilió con el Presidente”.

La reconciliación trajo bajo la manga la condonación de la deuda multimillonaria. Para que el trámite se aceitara, Mauricio Macri, apenas asumió la presidencia, nombró al frente del Correo “estatizado”, a Jorge Irigoin, quien dirigía la empresa cuando estaba en manos de su padre.

El grupo Macri, además, reclama intereses retroactivos al 2009, cuando por el acuerdo sellado con el gobierno por la deuda del Correo Argentino la deuda está congelada al 2001, a pesar de que la inflación acumulada es del 1.300% y la devaluación fue del 1.600%. Otra vez una doble vara, que tiene como trasfondo el saqueo del Estado.

Por otro lado, el ministro de comunicaciones, Oscar Aguad, justificó el acuerdo señalando que el grupo Macri carece de recursos económicos para enfrentar un pago mayor. Esto es falso. Si el grupo declara no tener fondos para afrontar la deuda actualizada deben confiscarse los activos de la empresa y de sus accionistas hasta cubrir la totalidad de la deuda con el Estado.

Esta historia de defraudaciones se completa con el ataque y la estafa contra los trabajadores. A los miles de despidos, se debe añadir que no se entregaron jamás las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP) comprometidas durante el proceso de privatización, una situación común a prácticamente todos los trabajadores de empresas privatizadas (YPF, Correo, telefónicos, entre otros). Desde nuestro bloque hemos presentado un proyecto de ley para reparar esa situación para estos trabajadores. Mientras que a los trabajadores se les negó este derecho adquirido, se premia a los beneficiarios de la privatización que estafaron al Estado.

La denuncia de la fiscal ha producido una conmoción popular y política. Mientras el pueblo trabajador sufre los despidos, las paritarias a la baja, la carestía, los tarifazos, es decir sufre la brutal política de ajuste del gobierno nacional y los gobernadores, se premia a esta empresa de propiedad de la familia presidencia.

El Estado debe confiscarle los activos al grupo Macri hasta cubrir la totalidad de la deuda, actualizada por tipo de cambio e intereses.

Ante la magnitud del perjuicio que este acuerdo provoca al Estado y ante lo escandaloso de que el acuerdo va en favor de los propios intereses de quien hoy detenta el poder en el país, corresponde que de manera inmediata el Jefe de Gabinete y el propio Presidente concurran al recinto de esta Cámara a dar las explicaciones que tan grave hecho requiere.

Solicitamos el acompañamiento de los los/as sres/as diputados para frenar la consagración de este bochornoso acuerdo.