Proyecto
El Senado y Cámara de Diputados...
EXPROPIACIÓN DEL INSTITUTO ANTONIO PRÓVOLO
Art. 1: Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el “Instituto Antonio Próvolo” y todas sus instalaciones, propiedad de la Obra San José, ubicado en calle Boedo 385 Carrodilla, Lujan de Cuyo de la provincia de Mendoza.
Art. 2: Actuará como expropiante el organismo que designe el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 3: En función de la continuidad del desarrollo de actividades educativas para alumnos hipoacúsicos y su correspondiente infraestructura e inmobiliario, garantícese una asignación presupuestaria que deberá estar incluida en el presupuesto educativo provincial.
Art. 5: Autorizase al Poder Ejecutivo Nacional para efectuar en el Presupuesto General de la Administración Nacional del ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten para el cumplimiento de la presente ley, no pudiendo superar la indemnización el valor de un peso ($1).-
Artículo 6º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Proyecto
Señor presidente:
Los aberrantes casos de abuso sexual, prácticas de felación y pedofilia perpetrados por los curas Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (55), y tres empleados administrativos del Instituto Próvolo de Mendoza, sobre más de una veintena de víctimas, entre ellas menores de edad que son alumnos con trastornos auditivos y dificultad del habla, son la causa de la elaboración de este proyecto de ley.
Con el objeto de garantizar la continuidad de los estudios de estos menores es que planteamos la inmediata declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte del Estado, del “Instituto Antonio Próvolo” y de todas sus instalaciones.
El cura Nicola Corradi tenía antecedentes de denuncias por abuso sexual en el propio Instituto Próvolo de Verona, Italia, que datan del año 2009 donde alrededor de 70 personas denunciaron haber sido abusadas y violadas en la sede italiana, entre 1950 y 1984. También las víctimas tienen discapacidad del habla y audición.
De acuerdo a la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, Nicola Corradi junto a 130 curas abusadores señalados por las denuncias en 2009, recalaron en la Argentina, en las sedes Próvolo de la ciudad de La Plata y en Mendoza. Incluso, esto fue reconocido públicamente por un ex sacerdote del Instituto Provolo de Italia quien a través de un video confirmó que la institución envió a Argentina a curas que habían sido acusados de abusos en la sede educativa en Verona.
El arzobispado de Mendoza intentó deslindarse de su responsabilidad sobre su conocimiento o no acerca de los antecedentes de los curas acusados, argumentando que el Instituto tiene varias sedes a nivel mundial y que no dependen de ningún arzobispado.
Sin embargo, el informe que otorgó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, solicitado por la comisión de relaciones exteriores y de culto del Senado de la Nación, refuta ese argumento y plantea que "La congregación que nos ocupa tiene su encuadre dentro del Derecho Pontificio, lo cual significa que se encuentra bajo la órbita de la Santa Sede, dependiendo en forma local del Obispo del lugar".
El abogado Carlos Lombardi, especialista en derecho canónico y asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, declaró que el "debido proceso canónico, establecido por la Iglesia para estos delitos denunciados, es una falsedad que no resiste el menor análisis. La ausencia de garantías para las víctimas, la hipocresía institucional y su actitud cínica demuestran a las claras que el sistema de encubrimiento de predadores sexuales seguirá por mucho tiempo más.”
Este abogado, defensor de numerosas víctimas de abuso sexual también detalló sobre: “El sistema jurídico canónico es arbitrario y contrario a los derechos humanos y a las garantías civiles. Los religiosos se protegen entre ellos y no les importan las víctimas. A los acusados primero los trasladan, en silencio. Y si después toma estado público la acusación, comienzan con la defensa. Es lo que hicieron con Corradi cuando lo trasladaron de Italia, y lo que pasó en Mendoza con Iván González y el cura que abusó de él, (Jorge Luis) Morello. Primero lo trasladaron a San Martín, después a la capellanía de un hospital, y todo se hizo en silencio hasta que se hizo público el episodio”.
Este caso destapó la olla sobre numerosos casos de abusos sexuales cometidos en la provincia, así otras víctimas se animaron a denunciar lo ocurrido en el Instituto del Verbo Encarnado de San Rafael, Mendoza, donde se acusa al fundador Buela de haber abusado de sus alumnos durante años.
El Instituto Próvolo de Mendoza tenía alumnos de condiciones socioeconómicas vulnerables que procedían de departamentos del interior de Mendoza o de otras provincias como Salta. Este Instituto es financiado de manera mixta, por subsidios provinciales, nacionales y por las obras sociales privadas o por las pensiones de discapacidad de los alumnos.
En la provincia de Mendoza son escasos los institutos públicos especializados en la educación para personas hipoacúsicas, lo cual revela una política sistemática de entrega, bajo tercerización, de la educación especial y de la asistencia social a la Iglesia Católica. Mediante el presupuesto 2017, votado en la legislatura provincial, la educación privada en Mendoza recibió un subsidio de $2.300 millones, un 3,5% del presupuesto total, siendo dominada en un 90% por la Iglesia Católica.
Ante las denuncias sobre el Próvolo, las madres de los alumnos, víctimas de los curas abusadores, han realizado movilizaciones que repercutieron en todo el país y a nivel internacional, pusieron de manifiesto la desidia por parte del gobierno provincial y la falta de control de sus instituciones como la Dirección General de Escuelas. A su vez, denunciaron la falta de contención psicológica y de salida al problema educativo de sus hijos.
A partir de este reclamo y presionado por la opinión pública, el arzobispado mendocino anunció que realizará una investigación de los antecedentes, incluidas pericias psicológicas, a cada cura o monja que esté en contacto con menores.
El instituto actualmente se encuentra intervenido por el gobierno provincial a través de la Dirección General de Escuelas, se conformó una mesa de seguimiento de las actividades del mismo impidiendo el contacto de la orden religiosa con los alumnos. Las madres de las víctimas denuncian recibir amenazas y amedrentamiento telefónico, ante las denuncias que han realizado.
El Defensor de Personas con Discapacidad de Mendoza ha pedido a la orden religiosa del Instituto el Próvolo que abandone la provincia y entregue al Estado el predio donde funciona el colegio.
Se trata de una falta de incumplimiento grave de la Iglesia Católica al respecto de tratados internacionales de derechos humanos, contemplados en la Constitución Nacional en el art. 75 inciso 22, en especial en la Convención sobre los derechos del Niño.
El caso expresa un problema de fondo en nuestro país, que es la necesaria separación de la Iglesia del Estado, el fin del sostenimiento económico y de sus privilegios.
Por todos estos motivos es que solicitamos el acompañamiento del presente proyecto.
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