29. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA PUIGGRÓS

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda y de Libertad de Expresión en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito del territorio de la República Argentina

Sr. Presidente:

No caben dudas de que en la Argentina tenemos una gran deuda en materia de radiodifusión con la democracia, no sólo, y más allá de las modificaciones que se han hecho en estos años, porque el actual decreto-ley 22.285 Videla que rige en la materia proviene del periodo más oscuro que ensombreció la vida de los argentinos y por los avances tecnológicos impensados hace 30 años, sino, además, porque el proceso democratizador de la comunicación se traduce en entender el derecho a la información como un derecho humano. Esta deuda pendiente con la democracia, con la sociedad, con el pueblo en su conjunto, sólo podrá saldarse con una nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Esta ley no es solo la propuesta de un gobierno, es el resultado del trabajo de muchas organizaciones sociales, universidades, organismos de derechos humanos, asociaciones, pueblos originarios, gremios, ONGs, entre otros tantos sujetos, que conforman la Coalición por una Radiodifusión Democrática y que aportaron para este proyecto los 21 puntos básicos “Por el derecho a la comunicación” -Por una ley de radiodifusión para la democracia-. También es la participación ciudadana a través de los innumerables foros que se realizaron a lo largo y ancho del país debatiendo el proyecto, que tiene como resultado, la incorporación de esas miradas, de los aportes que se han realizado en estos foros al respecto.
En sociedades del conocimiento y de la información como en las que estamos insertos, en los que el acceso a la información y la libertad de expresión debe ser entendido como un derecho humano, de igualdad de oportunidades para todos, no es menor, entender que está una nueva legislación de radiodifusión respeta justamente estos derechos.

UN DEBATE QUE NO COMIENZA EN 2009

Pero para comprender en profundidad el verdadero debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de lo que está en juego con esta nueva legislación, es necesario tener en cuenta algunos antecedentes.
Algunos breves antecedentes históricos muestran la imbricación profunda que existe entre las luchas por la hegemonía política y económica y los medios de comunicación social.
Encontramos un antecedente en el hecho de que Mariano Moreno, cuando fundó “La Gaceta de Buenos Aires”, el primer diario argentino, produjo simultáneamente otro acontecimiento de enorme importancia: introdujo en las escuelas el “Contrato Social”, de Jean Jacques Rousseau. La información pública tenía para Moreno una función de construcción de la opinión del Pueblo y, al mismo tiempo, contribuiría a la instalación de un nuevo orden social. Subrayémoslo: el periódico oficial de la Primera Junta era considerado por su fundador un instrumento indispensable en la lucha por la Independencia. Como es sabido, la voz de Moreno fue acallada.
Durante el Congreso Pedagógico Sudamericano, realizado en Buenos Aires en 1882, Domingo F. Sarmiento eligió intervenir desde las páginas del periódico “El Nacional”, en lugar de asistir a las sesiones del evento. Los artículos al respecto fueron recopilados en su libro titulado “La educación ultrapampeana” y constituyen piezas de enorme interés para conocer la lucha de Sarmiento contra el monopolio privado de la educación. Se trataba por entonces del monopolio eclesiástico, pero el autor de los artículos intuía que esa “libertad de enseñanza” que sus contrincantes oponían a toda intervención del Estado resultaba un obstáculo para garantizar la educación común, así como un acto de negación de la libertad a manos de intereses particulares.
Es interesante la idea que tenía Sarmiento sobre el rol del Estado en materia de comunicaciones. Según él, la celeridad de su extensión ejercía “una grande influencia civilizadora, moral y política en los pueblos”, sirviendo tanto a “los intereses del comercio” como al desenvolvimiento de sentimientos de fraternidad 1 . Sarmiento estaba orgulloso de las cuatro mil millas de telégrafo que alcanzaron a estar en funcionamiento durante el ejercicio de su presidencia. Consideraba que “el telégrafo es una forma de la correspondencia epistolar cuya transmisión es función nacional”. Argumentaba que el telégrafo debía ser “una rama de la administración pública” e informaba que su gobierno había rechazado solicitudes de concesiones de líneas de telégrafos “temeroso de crear intereses contra su posible rescate para la unificación de las redes telegráficas, y para evitar que con propósito de lucro, recarguen de costos innecesarios al público”. Apoyaba su argumento en el hecho de que Inglaterra había expropiado las compañías de telégrafos particulares y que Estados Unidos estaba por hacer lo mismo 2 . Una medida que, hoy, los diarios de la oposición acusarían de “chavista”…o “peronista”.
Pero no dejaré de mencionar el poder que han tenido los medios de comunicación en las decisiones más profundas y trascendentes de la vida política de la sociedad argentina. Todo el país, pero en especial el radicalismo, debería recordar que en 1929 fue el diario Crítica el que ejerció una masiva influencia descalificando al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Los periódicos La Nación y La Prensa realizaron su constante tarea de limar las informaciones sobre políticas populares que pusieran en peligro los privilegios económicos, políticos y culturales. La Razón no se quedó atrás.
Una diferencia entre los tres últimos diarios mencionados y Crítica es que este último tenía entre sus lectores a la gran masa de inmigrantes, la misma población que interpelaba el radicalismo y que proyectaba una imagen de independencia de los poderes establecidos; en 1930 llegó a vender cerca de 80 mil ejemplares. Natalio Botana, el fundador y dueño de Crítica, no contaba con fax, cable, radios FM…pero su intervención fue decisiva para derrocar al gobierno constitucional, mediante el golpe cívico militar que encabezó el Gral. José Félix Uriburu el 6 de septiembre de 1930.
Aún falta estudiar detalladamente la cuestión de los medios durante los gobiernos de Perón y su papel en el golpe de Estado de 1955. La derecha aún ataca desmesuradamente, con odio, la participación activa del gobierno peronista en los medios de comunicación, pero no admite su propio papel “destituyente”. Durante los dos primeros gobiernos peronistas el espacio mediático fue un campo privilegiado de la lucha por la hegemonía.
Es por demás recomendable releer los titulares de los diarios de los días siguientes al golpe de Estado de 1976. Pueden encontrarse por Internet. Expresan el acontecimiento como si fuera un hecho natural, esperado, y no hace falta profundizar demasiado para advertir en esos titulares que se trató, como en todos los casos, de un golpe cívico- militar, no simplemente de un “cuartelazo”. Repasar las informaciones mediáticas emitidas durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón permite advertir que los medios tradicionales mantenían una extrema oposición a los apoyos sindicales del gobierno, pasividad ante los actos criminales de la derecha delictiva enquistada en ese mismo gobierno, y una permanente labor de destrucción de las posibilidades de continuidad institucional. Mucho se ha escrito, aunque nunca será lo suficiente, sobre el papel cómplice jugado por los medios privados, adictos al régimen, durante la Dictadura Militar.
Ni en 1930, ni en 1955, ni entre 1975 y 1983 los adolescentes estaban en las escuelas porque todavía no había llegado la hecatombe económico social neoliberal que dejaría a cientos de miles en la calle. Pero no tenían celulares ni Internet ni acceso a radios FM locales. Los jóvenes, esos habitantes del ciberespacio, no contaban, como cuentan hoy, con una tecnología que les es propia y que está actuando como reaseguro ideológico contra toda forma de represión política y social. Debemos ser cuidadosos en la calificación de las ideas que predominan entre los jóvenes. Su alejamiento de la militancia política tradicional no necesariamente lo es de todas las formas de la política, ni significa que carezcan de convicciones, ni que no existan posturas antagónicas entre ellos. Los espacios comunicacionales son espacios de lucha ideológica y cultural donde militan millones de personas. El antagonismo orgánico de esos espacios es entre la apropiación monopólica y la libertad de participación, producción y creación.
Para evitar cualquier malentendido, que el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual enviado al Congreso de la Nación en 2009 por el Poder Ejecutivo Nacional no dispone, ni prevé, ningún tipo de expropiación, muy por el contrario. El proyecto de ley establece medidas antimonopólicas y amplía el mercado de la comunicación dándole la posibilidad a una variedad de sujetos que no podían acceder a él de participar.
También cabe aclarar, que no hay un solo artículo del proyecto, ni ningún tipo de restricción a la libertad de expresión –falacia de quienes se oponen a esta ley y pretende dejar en el imaginario de la opinión pública la idea de una ley “mordaza”-. En este sentido, es oportuno decir que la libertad de expresión de todos los ciudadanos, no sólo de los periodistas, ni de los dueños de medios de comunicación masivos, de monopolios u oligopolios, están garantizados por nuestra Constitución Nacional (CN) en su artículo 14 que establece “el derecho de publicar sus ideas por la prensa” y el artículo 32 que defiende “la libertad de imprenta”. Es claro que nuestra máxima Ley como lo es la Constitución Nacional garantiza que todos los ciudadanos podamos expresarnos libremente.

EL PODER DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SIMBÓLICO

Uno de los mayores aportes de Pierre Bourdieu fue sostener que los sistemas simbólicos son capaces de ejercer un poder estructurante porque son estructurados. En otros términos reproduce la antigua pregunta del marxismo “¿Quién educa al educador?”, en realidad, la pregunta de Rousseau en su obra “El Emilio”. La cuestión tiene un tipo de respuesta en la postura de Mariano Moreno al fundar “La Gaceta” como la voz comunicadora del Estado educador, cuando ni siquiera disponía del telégrafo como Sarmiento. (No temáis, el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no da la misma respuesta pues no ubica al Estado como el único comunicador ni educador sino que le otorga la tercera parte del espacio, siendo las dos restantes, una para el mercado y otra para las asociaciones sociales sin fines de lucro).
Sigamos con Bourdieu quien nos informa que el poder simbólico lo es de la construcción de un orden gnoseológico, es decir del sentido del mundo social, de la concepción del tiempo y del espacio, de las relaciones de causalidad, de cantidad y de calidad. Atendamos esa observación porque la integración de la sociedad adquiere configuraciones diversas en lo político y lo cultural, y en la factura de esas configuraciones actúan intereses y poderes cuya posesión de los medios de comunicación y/o acceso a ellos es determinante para el orden simbólico que predomine, domine o hegemonice la sociedad.
Surge de esta manera el interrogante más fuerte de la discusión que está hoy ocupando el centro de la vida política del país:

¿Quién o quiénes son los sujetos que tienen derecho a participar en la construcción, producción, conducción y regulación del sistema simbólico que organiza nuestra sociedad?

A CONFESIÓN DE PARTES, RELEVO DE PRUEBAS

¿El mercado pretende ser la autoridad de aplicación de las normativas sobre comunicación e información? Ese objetivo quedó claro cuando la compañía Televisión Association of Programmers-Latin America (TAP) expuso sus demandas, opuestas a la ley antimonopólica, en la Audiencia Pública realizada en la Cámara de Diputados de la Nación para consultar el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En representación de la Fox, Disney, ESPN y la Metro, entre otras empresas, los voceros de la TAP dijeron que en nuestro país es donde sus asociadas obtienen las mayores ganancias, dentro del mercado latinoamericano y que, de aprobarse el proyecto de ley, el porcentaje de sus ingresos disminuiría significativamente. Denunciaron que el proyecto de ley no tiene en consideración el carácter pan-regional y global de los programadores de TV extranjera y rechazaron que se establecieran diferencias entre las señales nacionales y las del exterior. Rechazaron enfáticamente la propuesta del proyecto de una tarifa social que permitiera el acceso de todos los habitantes a la comunicación audiovisual, aduciendo que esa medida los obligaría a rebajar sus tarifas.
La “desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”, así como las “políticas públicas regulatorias y de promoción del derecho a la información y al aprovechamiento y alfabetización tecnológica superando los criterios basados en la sola previsión del soporte técnico”, que propone el proyecto oficial, no son compatibles con los intereses de un mercado concentrado y transnacionalizado.
La intervención del Estado en la regulación del mercado de las comunicaciones es rechazada por los interesados en sostener los mecanismos de concentración y monopolización. Una de las metas de los monopolios es instituirse ellos mismos como autoridades de regulación del mercado y lograr una incidencia primordial en la elaboración, sanción y aplicación de las normas que lo afecten.
En este sentido, un rol relevante juega la Organización Mundial del Comercio (OMC), a favor de los monopolios sin encontrar una verdadera oposición a esa postura en organismos internacionales como la UNESCO, donde están presentes las presiones de los grupos concentrados, por lo menos, para evitar pronunciamientos que sobrepasen las generalidades y, defendiendo el derecho de todos, afecten sus intereses.
En 1998 la OMC formó un grupo de trabajo destinado a elaborar líneas de mayor liberalización del comercio de la educación y la comunicación, aumentando la participación empresarial. Entiéndase bien: su finalidad no es garantizar la libertad de expresión sino de mercado. El informe de trabajo de la comisión mencionada destaca la rápida multiplicación de acuerdos entre instituciones educativas y empresas como, por ejemplo, la Western Governors`University fundada por 17 gobernadores de estados norteamericanos asociados con IBM, AT&T, Cisco, Microsoft y Thompson International. El informe de la comisión de la OMC celebra que haya avanzado la desreglamentación del mercado de la enseñanza superior en Europa y la reducción relativa de la esfera estatal en la materia, y rechaza las medidas que limitan la inversión extranjera o la existencia de lo que llaman “monopolios gubernamentales” en la educación superior, considerándolos obstáculos para la liberalización del comercio de servicios educativos.
Los representantes de la TAP han objetado que la obligación de incluir contenidos nacionales que establece el proyecto de ley reducirá el espacio para la emisión de los programas que les proporcionan enormes beneficios. ¡Imagínense, encima del MERCOSUR, peor aún, contenidos de tono latinoamericano, pero aún latinoamericanista, exaltadores de libertades populares que siempre tienden a controlar el mercado!
De avanzar la ley que propone el gobierno, tal vez ya no podría repetirse un aviso publicitario en el cual puede verse el terrorífico rostro de un hombre morocho sudoroso, piquetero tal vez, que choca contra la puerta de seguridad que se publicita. Esa figura seguramente no va a poder aparecer por televisión, a lo mejor vemos un rubio ropa sport de marca, negándose a pagar los impuestos.
Los representantes de Fox, de la Metro, de Cartoon Network, la ESPN, Disney y otras compañías, han venido asociados en la lucha contra las producciones nacionales. Recuerdo que Disney, para dar un ejemplo, hace diez años tenía 30 billones de dólares provenientes de su trabajo en educación. Aquellas empresas no pretenden participar del mercado, sino devorarlo. Es coherente con su lógica que las pantallas sean ocupadas por sus producciones, que les insumen bajos costos y altos réditos, que no dan trabajo a casi ningún argentino porque producen en gran escala y reproducen lo mismo en todos los países.
Es ya habitual que las películas para niños y adolescentes incluyan contenidos subliminales dirigidos a ellos y a los adultos. No sé si el señor Presidente vio la película “La era del Hielo 3”, que es terrible por los contenidos subliminales que tiene, con el doble lenguaje para los adultos y tremendamente discriminatorios. Vaya y véala con tranquilidad. Vaya solo, sin hijos ni nietos, para que la pueda ver usted, porque hay una parte que es para adultos. En la Argentina lo posibilita la ley vigente, la ley de la dictadura. Es lo lógico porque la ley de la dictadura tenía que entregar la pantalla precisamente a esas empresas que son coherentes con la concepción de la economía del ministro del dictador Videla, José Martínez de Hoz.

LIBERTAD DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN

La mayor parte de la gente sostiene –como pensamos todos- la idea de la educación como un servicio público. Siento tener que desmentirlo y quiero informar que la educación se ha transformado, en los últimos veinte años, en un mercado que creció a un ritmo desenfrenado. El principal exportador mundial de servicios educativos son los Estados Unidos. Este primer mercado no sólo se compone de instituciones educativas tradicionales como todos sabemos , sino que está profundamente cruzado por la tecnología de la información y de la comunicación, lo cual puede ser bueno o malo.
Debe tenerse muy en cuenta que la mención a “servicios educativos” se desplaza cada vez más hacia las ventas por Internet (que debe ser considerado ya como un medio de comunicación masivo) o mediante soportes como DVD, CD-ROM y aquellos configurados mediante nuevas producciones tecnológicas que rápidamente van entrando al mercado. Las empresas comerciales que avanzan en el territorio de la educación mediática tienen como meta tanto desplazar y sustituir directamente a la educación formal presencial como penetrar las instituciones educativas públicas y privadas transformándolas en consumidoras cautivas de sus productos.
Sobran razones a los defensores de la liberalización del mercado de la educación y la comunicación para tener entre sus principales metas el evitar que el Estado sea un productor de contenidos; nuevamente subrayaré que aspiran a la liberalización que de vía libre al avance monopólico privado, no a la libertad que supone, como enuncia el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales “la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos”.
Puede ser muy bueno porque puede ser un elemento enormemente democrático para responder a la masificación de la enseñanza, a la gran demanda para que los multimedia puedan llegar al aula, para que Internet como herramienta, pueda en muchos casos complementar o sustituir incluso a la educación formal, pero para eso hacen falta ciertas condiciones; esto es muy importante.
Durante los cuatro días de audiencias públicas recordé los cinco años anteriores en los que recorrí muchos lugares donde se educa en el país y me encontré con cableros, con gente de radio, con periodistas que desarrollan una labor educativa permanente y que siempre reclamaron una normativa que de alguna manera la protegiera.
Me acuerdo, por ejemplo, de algo que contribuyó a los 21 puntos básicos por el Derecho a la comunicación, y que es justamente la opinión de los pueblos originarios.
Estoy muy contenta de que el Parlamento mapuche pueda tener voz. Yo me acordaba de la asamblea del pueblo guaraní que hace unos años reclamaba que hubiera Internet en guaraní, y decían que no fueran a decirles cómo defender su cultura porque ya sabían cómo hacerlo. Querían participar y tener su voz, para que su voz llegue al mundo. Estos son los problemas fundamentales. Espero todavía que podamos discutir a fondo el proyecto.
En la Argentina hoy, según lo que pude ver en este tiempo, hay más radios y cables que escuelas, que instituciones educativas. Hay que considerar que cada una de esas bocas es un emisor de educación, un emisor de cultura y hay que tomarlo con muchísima seriedad. También, ya todos sabemos que a la dimensión de informar, entretener y educar que tienen los medios de comunicación, hay otra que es la de la participación ciudadana.
Entonces, a lo mejor soy muy ingenua, pero yo digo lo siguiente: acá se está proponiendo que haya pluralidad de prestadores, y veo al conjunto de prestadores que están en el país buscando una legalidad, un orden democrático, un acceso equitativo a todas las plataformas disponibles. Asimismo, cuando hablo con las universidades veo que ellas necesitan como el agua disponer de medios. No vamos a poder hacer ninguna reforma educativa si no se democratizan los medios y hay monopolios; no se puede. ¿Y saben qué? El acceso universal a los acontecimientos de interés público, deportivos, culturales -lo que está incluido en el inciso 7 del artículo 77 de este proyecto de ley- es muy importante para el conjunto. Si no, después no nos quejemos diciendo: “Ah, la cultura de los argentinos, cómo era la cultura de antes”. “Sí, claro, cómo era la cultura de antes”. Pensemos en la cultura de ahora y en la del futuro. Entonces demos acceso universal a la información, a los acontecimientos de interés público, al deporte, a los eventos culturales.
¿Y saben algo? ¿Y la protección de la niñez y los contenidos dedicados a la niñez? Me refiero al artículo 68. Pido a los señores diputados de la oposición que lo lean y me digan si aunque más no sea por ese artículo no vale la pena votar esta ley.
También les pido que lean detalladamente el artículo 70, que es antidiscriminatorio. ¿Se van a oponer al artículo antidiscriminatorio? ¿Se van a oponer por razones políticas circunstanciales a los principios fundamentales que establece esta ley? ¿Se van a oponer al artículo 71, que obliga a cumplir la normativa antiadicciones, o al artículo 81, que regula la publicidad? ¿O se van a oponer a que en el Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia -me refiero al artículo 17- se incluya a los niños y los adolescentes? Esto es algo que la Argentina debe a los niños y los adolescentes desde principios del siglo XX, es decir, darles voz.
Valoricen estas cosas. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual tiene un representante de las universidades nacionales y uno de las carreras de Comunicación. ¿Saben cuántos alumnos de las carreras de Comunicación hay actualmente en el país? Hay 60 mil alumnos. ¿Saben a cuánta gente le va a dar trabajo esta ley? A muchísima gente.
Entonces, creo que es la hora de la reflexión profunda y no de la chicana o de dejarse llevar por cuestiones inmediatas. Y considero que este proyecto de ley puede ser un parte aguas en la cultura y en la educación argentina.
Creo que ya es la hora de una nueva ley de medios de comunicación audiovisual acorde a este presente y al futuro que ya está en este presente. Que es la hora de saldar con la democracia una deuda. Estoy convencida de que es la hora de hacer valer a la comunicación como un derecho humano, indelegable, que garantice la igualdad de oportunidades y no la igualdad de empresa, no es igualdad de quienes son en realidad detractores de ella, de los que falazmente dicen en defensa de la libertad de expresión, del acceso a la información, que es una ley mordaza y que en realidad lo que pretenden es manipular la verdad y acallar las voces de millones. Creo que es la hora de esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que es el resultado del debate y de la participación ciudadana.
 

1  Sarmiento, D.F., Papeles del Presidente, 1868-1874, Parte segunda, Obras Completas de Sarmiento, Ed Luz de Día, Buenos Aires, 1956, p. 215

2  Ibídem, p. 271