Señor Presidente:
Hemos llegado por fin a la instancia de poder aprobar en esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Ley que viene recorriendo un largo camino de construcción democrática: la Ley de Salud Mental. Este camino cuya historia es una historia no solamente de discusión de una norma sino fundamentalmente una historia de lucha de profesionales, familiares, y usuarios de los servicios de salud mental, y también de militantes por los derechos humanos en nuestro país y en el mundo.
Muy lejos de un espíritu falsamente “fundacional”, hemos querido hacer una contribución, construir un escalón más, recogiendo de esas experiencias y esas tradiciones las enseñanzas y los aportes que se fueron logrando, para plasmarlas en un proyecto de ley que pudiera darle a la política de salud mental de la Argentina un marco sólido en materia de Derechos Humanos.
Destacamos el continuo acompañamiento y los aportes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; de la Organización Panamericana de la Salud; de la Organización Mundial de la Salud; del Centro de Estudios Legales y Sociales; del Consejo General de Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires; del Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional; y de muchos otros referentes latinoamericanos e internacionales; autoridades nacionales, provinciales y municipales en la materia; legisladores y jueces nacionales; otros integrantes de organismos de derechos humanos; autoridades e integrantes de equipos e instituciones de salud; investigadores y docentes de universidades públicas; integrantes de asociaciones de familiares y usuarios de atención en Salud Mental.
Nuestro país ha padecido numerosos períodos en los cuales la vulneración de los derechos humanos ha sido la regla, el más reciente a manos de la dictadura militar que usurpó el poder de 1976 a 1983. Esa historia nos ha enseñado, y parte de ese aprendizaje se refleja en la incorporación en nuestra Carta Magna de Tratados que nos comprometen, ante el mundo, a promover y resguardar los Derechos Humanos Fundamentales de los argentinos y las argentinas.
Ese marco normativo de jerarquía constitucional requería ser aplicado también, sin ninguna duda, a un campo que durante décadas, aún más, durante siglos, fue proclive a la vulneración de derechos y a la degradación de las personas.
Y no es que esa necesidad no estuviese ya recogida y manifestada por verdaderos militantes que desde hace mucho tiempo vienen, no sólo reclamando, sino también construyendo un cambio profundo en las prácticas concretas en distintos lugares de nuestro país.
La historia de la Salud Mental en nuestro país ha sido reseñada por destacados investigadores y se reescribe permanentemente con los aportes de distintas disciplinas que nos permiten visualizar la complejidad de la situación actual. Si bien muchos de estos desarrollos han sido influidos por las formas de abordar la salud y la “locura” en otros países - incluyendo el modelo asilar que no ha sido exclusivo de estas tierras - la tensión permanente entre, por un lado, políticas de encierro y estigmatización y por el otro, políticas de respeto y cuidado de las personas ha estado presente en distintos momentos históricos. En esta breve presentación, queremos hacer un reconocimiento a algunos pensadores y militantes perseverantes en el trabajo por una sociedad más justa que incluya a aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad por su padecimiento mental. En la segunda mitad del siglo XX, Enrique Pichón Rivière desarrolló los fundamentos de la psicología social en nuestro país, destacando el rol fundamental de los lazos familiares y sociales, tanto en función del padecimiento como de la recuperación de las personas. En la década de 1960 , Mauricio Goldenberg, a cargo de la dirección del Servicio de Psicopatología del Hospital Gregorio Aráoz Alfaro de Lanús (el “Hospital Zonal Evita”), coordinó un proceso de transformación de los modos de pensar y trabajar en salud mental en nuestro país, promoviendo la activa presencia de otras disciplinas y el desarrollo de novedosos encuadres terapéuticos, cuya influencia llega a nuestros días.
La dictadura militar - como en todas las áreas de la vida social y política de nuestro país - produjo un abismo que desarticuló estos procesos, junto con el saldo en víctimas de trabajadores de esas y otras instituciones y ámbitos del campo popular.
A partir de 1983, con la apertura democrática, la Salud Mental fue caracterizada como una de las prioridades del sector salud. En ese marco, Vicente Galli puso en marcha los denominados "programas participativos nacionales" y se consolidó un "acuerdo político-técnico", que se tradujo en la creación de Direcciones y Programas de salud mental en muchas provincias. Asimismo, se creó" la Residencia Nacional Interdisciplinaria en Salud Mental", como parte de los programas de capacitación para funcionarios y profesionales.
Con el inicio de la década de los años noventa, se produce un estancamiento de estas políticas, en sintonía con los procesos de ajuste y transferencias masivas a las provincias de los servicios de salud y educación. En ese contexto, La Dirección Nacional de Salud Mental vio relegada su injerencia, pasando a ser Instituto de Salud Mental, para posteriormente convertirse en Unidad Coordinadora y Ejecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable.
A pesar de ello, en las distintas jurisdicciones se continuaron desarrollando experiencias -algunas muy incipientes, otras con mayor grado de consolidación- que implementaron prácticas alternativas a la internación psiquiátrica, de los cuales algunos ejemplos son la provincia de Río Negro y la de San Luis. El proceso de desmanicomialización de la provincia de Río Negro es uno de los referentes ineludibles de la historia por la lucha por la salud mental y los derechos humanos de las personas.
También la Provincia de Tierra del Fuego ha sostenido un modelo de atención no manicomial, en base a servicios de salud mental en los Hospitales Generales con un dispositivo de internación compartido y de carácter breve. La muy escasa tasa de derivaciones que se generan desde el Hospital Regional de Ushuaia demuestra como, en un contexto de relativo buen funcionamiento de los distintos dispositivos estatales, es posible sostener un modelo sin instituciones cerradas.
En nuestros días, esta tensión persiste. Por un lado, el modelo asilar que se resiste a desaparecer o procura reinventarse bajo diferentes formatos, que no ocultan la ideología del encierro del peligroso, de la discriminación del diferente, del abandono del vulnerable. Concomitantemente, se instalan con inusitada fuerza estrategias de control social, tales como la medicalización de la vida cotidiana desde de edades cada vez más tempranas , procurando encuadrar el malestar bajo rótulos psicopatológicos, mayoritariamente funcionales al orden social hegemónico y a los intereses de la industria farmacéutica.
Queremos jerarquizar el rol de los Organismos de Derechos Humanos en nuestro país, que han sido uno de los referentes y articuladores de esta lucha: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que este año está convocando al VIII Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos en nuestro país, entre otros.
Como señalara el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Eduardo Luis Duhalde, en la Apertura de la Jornada del 30 de junio del año pasado "...Si bien nadie hoy teoriza a favor del status-quo, este se impone por fuerza de la inercia, pese a los esfuerzos y reclamos de los profesionales y auxiliares de las distintas áreas de la salud mental, y de las organizaciones no gubernamentales específicas. Lo cierto es que la falta de una Ley sobre la Salud Mental, es una de las grandes deudas del Parlamento argentino, que es hora de saldar positivamente..."
En este marco, queremos destacar que dentro de las políticas de desinstitucionalización, distinguimos aquellos procesos que se inscriben meramente en la lógica de deshospitalización de aquellos que dan cuenta de una verdadera lógica de desmanicomialización. Por un lado, los procesos de deshospitalización son funcionales a las políticas de desentendimiento del Estado de sus funciones de garantizar el cuidado de la salud de las personas, constituyéndose en estrategias de reducción de presupuesto y de servicios, profundizando la vulnerabilidad de las personas afectadas - ya sea usuarios de servicios de salud o sus familiares -y precarizando la situación de los trabajadores del sector. Por el contrario, la desinstitucionalización, planteada en términos de desmanicomialización, es un proceso que conlleva una profunda transformación no sólo del concepto de cuidado de la salud, sino incluso de aquellas cuestiones que fueron determinantes del padecimiento mental. En este marco, las políticas de desmanicomialización se centran en el respeto de la dignidad de la persona, en el desarrollo o recuperación progresiva de su autonomía y en el fortalecimiento de lazos familiares o sociales o la recreación de nuevos lazos en su comunidad.
Por último, o al principio, queremos referir también que el padecimiento mental es parte de los procesos salud-enfermedad-atención que nos atraviesan a todas las personas, y por ello entendemos que el cuidado en salud mental debe incluir diferentes encuadres, en el marco de los principios de la Atención Primaria de la Salud, en tanto abordajes interdisciplinarios, intersectoriales y con participación de todos los actores involucrados.
Por lo expuesto y con la vocación de afianzar los avances realizados en la historia de nuestro país, consolidando a la Salud Mental como un valor humano fundamental, y reconociendo que la protección de los derechos sociales y humanos de las personas con trastornos mentales es una obligación del Estado, venimos con entusiasmo a este recinto a tratar la sanción de esta ley, que esperamos sea completada en el Senado, constituyéndose en un hito trascendental para nuestro pueblo.