El proyecto de ley tiene por objeto el resarcimiento, por parte del Estado nacional, de los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de Propiedad Participada (PPP), que no hayan sido incluidos en él y que se encontraban trabajando en la empresa al momento del dictado de la norma que la declara sujeta a privatización.
Beneficiarios: son beneficiarios del resarcimiento económico todos aquellos trabajadores o sus derechohabientes, que por cualquier razón no se acogieron al Programa de Propiedad Participada de Altos Hornos Zapla, o que incorporados al programa hubiesen sido excluidos.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
Génesis: en 1943 se crea el Establecimiento Altos Hornos Zapla, como planta piloto. Un complejo minero-forestal-siderúrgico bajo la dependencia de la Dirección General de Fabricaciones Militares, con asiento en el departamento de Palpalá, provincia de Jujuy. Como núcleo industrial siderúrgico representó uno de los centros fundamentales de la actividad económica de la provincia.
Aspecto socioeconómico: la presencia de esta empresa en la región marcó líneas de crecimiento y permitió su inserción en el ámbito nacional. El desarrollo de la actividad productiva supuso la instalación de toda una infraestructura de capital, tecnología, educación, salud y cultura. Ello derivó en el desarrollo de una comunidad que fue construyendo una amplia y compleja red de relaciones sociales que iba más allá de lo económico, trascendiendo el marco laboral y abarcando detalles de la vida cotidiana. Tal estructura legitimó el desarrollo de un modelo de acumulación promovido y sostenido por y desde el Estado.
La alta concentración de puestos de trabajo en torno a Zapla generó una fuerte dependencia de la población con la empresa estatal, tanto desde el punto económico y laboral como social.
En consecuencia el crecimiento de la ciudad estuvo atado al comportamiento adaptativo dominante en la economía argentina.
PRIVATIZACIÓN:
El 23 de agosto de 1989 se sanciona la ley 23.696 de Reforma del Estado y Emergencia Administrativa. Casi un año después, el 19 de septiembre de 1990, por ley 23.809 se aprueba la declaración de "sujeto a privatización" del establecimiento Altos Hornos Zapla, dependiente de la Dirección General de Fabricaciones Militares, una semana después de la emisión del decreto de necesidad y urgencia 1.818 del 12-9-90 que legisló sobre el tema.
Un año después, en noviembre de 1991, se emite el decreto 2.332 que dispone la privatización de Altos Hornos Zapla, dependiente de la Dirección General de Fabricaciones Militares, con la firma de Menem, Gonzalez y Cavallo.
Así, Altos Hornos Zapla pasó a manos privadas transformándose en Aceros Zapla S.A. Por las condiciones de licitación, el pago de los activos de la empresa (algunos cálculos estiman el pago en 33 millones de dólares), se realizó con la siguiente modalidad: “DIEZ POR CIENTO (10%) del precio base, en efectivo; el saldo en títulos de Deuda Argentina, de los cuales hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) podrán ser los creados por la ley N°23.982 (Los Bonos de Consolidación o Bocones) y el resto en títulos de la Deuda Externa Argentina Soberana. La parte en títulos será considerada a su valor nominal...”. Y hay que recordar que los títulos se han negociado muy por debajo de su valor nominal, lo cual generó una ganancia financiera importante a los compradores en desmedro de los ingresos del Estado.
Altos Hornos Zapla refleja la historia de las privatizaciones impuesta a fuego por los decretos de necesidad y urgencia, luego ratificados por el Poder Legislativo, que como un vendaval azotaron a la Argentina bajo el imperio de las políticas neoliberales aplicadas por el tándem Menem Cavallo. Las ratificaciones legislativas, algunas no sin dificultad, permitieron este proceso que, años más tarde demostró ser, como muchos lo vaticinamos en sus inicios, altamente perjudicial para la Argentina, los usuarios de los servicios privatizados y los consumidores de los bienes de las empresas industriales que también se privatizaron.
En 1991, AHZ se encontraba en estado de mínima producción con racionalización de gastos y reducción de la planta de personal que, de 8.000 trabajadores en 1980, se fue desgranando a lo largo de la década, hasta llegar a 2.560 personas antes de la privatización. La nueva empresa sólo contrató a 800 empleados. Fuente: Olimpiadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet, organizadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET),
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2005/JUJUY/1063/mina.htm
Creo que éste es uno más de los ejemplos del desgarrador impacto de las privatizaciones sobre el trabajo y la desocupación.
Tal acontecimiento no pasó con indiferencia en la localidad de Palpalá y trajo consecuencias sobre la actividad socioeconómica de la ciudad. Debido a reestructuración llevada adelante por los adjudicatarios, la actividad económica de la zona no encontró una alternativa que pudiera soslayar la reducción en las fuentes de empleo.
CONFLICTO SOCIAL:
Desde fines de la década del noventa se evidencia un incremento en los niveles de protesta en Palpalá, relacionados estrechamente con la privatización de Altos Hornos Zapla y sus consecuencias. Entre otros, el eje principal de las movilizaciones de protestas en la ciudad se centró en el reclamo por el pago del Programa de Propiedad Participada que debieron recibir los trabajadores en 1992 cuando la acería fue privatizada.
La revisión del Programa de Propiedad Participada es un conflicto que nace con la venta de la empresa y se extiende hasta la actualidad. Los ex empleados, en su mayoría, debieron recurrir a la Justicia por el cobro de dicho programa.
Palpalá fue impactada duramente por los efectos recesivos de la convertibilidad, la política de privatizaciones y el modelo de país que estas suponían, evidenciándose claramente la desestructuración de los lazos sociales, fundamentalmente en su población joven. Las tradicionales categorías sociales que se estructuraban dentro de esa sociedad se descentralizaron y no fueron reemplazadas.
ANTECEDENTES NORMATIVOS:
Es importante señalar que por similares situaciones se promulgó la ley 25.471 a favor de los ex empleados de YPF, y la 26.572 en beneficio de los ex trabajadores de Somisa. Ambas leyes reconocen, por parte del gobierno nacional, una indemnización económica a favor de los ex trabajadores que se encontraban en relación de dependencia al momento de las respectivas privatizaciones, y que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada o que, incorporados, hubiesen sido excluidos.
EL PROYECTO DE LEY EN TRATAMIENTO Y LA REPARACIÓN:
El proyecto de ley en tratamiento establece un resarcimiento económico en razón de la cantidad de acciones que cada ex agente debió percibir a la fecha de la privatización de la empresa.
A tal efecto, computa el valor de cada acción en razón del cálculo establecido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en las causas entabladas por ex trabajadores de Altos Hornos Zapla por el reconocimiento del Programa de Propiedad Participada (valuado en $ 4,87 a junio de 2004).
En consecuencia, y por aplicación del coeficiente de actualización más el interés aplicable por mora hasta julio de 2010, se establece que el valor de cada acción será de $ 17,63, al que se le adicionará el 1 por cada año de antigüedad laboral que corresponda a cada ex trabajador.
CONSIDERACIONES FINALES:
La conversión en ley de este proyecto es un modo de intentar reparar los efectos del proceso privatizador que desgarró el tejido social de la localidad y de la Argentina, evidenciado en la precarización, desprotección y desintegración, que provocaron un verdadero genocidio social.
Por razones de carácter ético-social, y a partir de los nocivos efectos del proceso de privatización de Altos Hornos Zapla, es un deber del Estado nacional acudir en ayuda y tutela de los ciudadanos y poblaciones que quedaron desamparadas como consecuencia de la privatización de las empresas estatales argentinas.
Por ello, apoyamos este proyecto como un camino más a la reparación de los damnificados del proceso privatizador neoliberal, proceso que ha dejado una deuda del Estado a la sociedad -entendiendo por Estado a los tres poderes-, que consiste en revertir aquellas privatizaciones que han demostrado grandes falencias, así como las que afectan sectores estratégicos para la producción, recuperando, con el resarcimiento que corresponda, el capital financiero, físico y social invertido por el Estado en todos esos años en los cuales funcionaron las empresas públicas, que fueran malvendidas por el gobierno menemista.