8. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO COMI

Fundamentos del rechazo del señor diputado a los proyectos de acuerdos de cooperación de energía nuclear

Nuestro bloque se manifiesta por la negativa en relación con los proyectos de acuerdos de cooperación de energía nuclear: 17-S-12. Orden del Día 913, 18-S-12. Orden del Día 914, 23-S-12. Orden del Día 916, 38-S-12. Orden del Día 917, 93-S-11. Orden del Día 918, 94-S-11. Orden del Día 919, 101-S-11. Orden del Día 920. En esta materia, venimos sentando una clara y crítica posición respecto del mantenimiento de la energía nuclear como fuente para la provisión de energía eléctrica. Tanto es ello así, que tenemos inclusive presentado desde el mes de septiembre de 2011, nuestro proyecto de ley que se encuentra actualmente en tratamiento legislativo de esta Honorable Cámara, bajo el número 5.589-D-2011. El proyecto mencionado, pretende alcanzar un sistema de generación y distribución de energía eléctrica enteramente basado en fuentes de energía renovables para el año 2050. Esto como fin y objetivo para el despliegue de una política energética nacional con miras al futuro. Y nos parece propicia la oportunidad para reiterar algunos conceptos que hemos mencionado en los fundamentos de dicho proyecto. Debe en efecto advertirse que la energía nuclear es el modo más caro y peligroso para producir electricidad. No existe una central nuclear, ni ciclo del combustible nuclear, ni residuos nucleares generados en el proceso que estén exentos de gravísimos riesgos a la seguridad medioambiental. Estos peligros están asociados siempre a situaciones que entrañan un impacto significativo para la salud de las personas y del medioambiente que circunda a las plantas por grandes extensiones. Un reactor nuclear opera en un delicado equilibrio dentro de márgenes de seguridad muy precisos. Sólo es posible sostener su funcionamiento dentro de esos márgenes por medio de una compleja ingeniería y haciendo uso de múltiples sistemas de control y seguridad. Mantener ese equilibrio es extremadamente caro y es el precio a pagar en el intento de reducir los peligros de la energía nuclear. Disminuir los riesgos sólo es posible ampliando las barreras ingenieriles, pero esto representa incrementar los ya de por sí elevados costos de la energía nuclear. No obstante, los riesgos nucleares no pueden ser mitigados a niveles aceptables para la población. El mayor accidente posible, como el ocurrido en los reactores de Fukushima, Japón, es un riesgo inaceptable para la población, máxime cuando las plantas nucleares de nuestro país se encuentran ubicadas a escasos kilómetros de centros densamente poblados. Estamos convencidos de que los altísimos costos económicos; los riesgos en la operación en todo el ciclo del combustible nuclear (minería, fabricación de combustibles, operación de reactores, etc.); el legado de residuos altamente radiactivos, que deben ser protegidos de por vida ya sea por sus riegos radiológicos como por su potencial desvío hacia fines militares o terroristas, convierten a la producción de electricidad por medio de reactores nucleares en una verdadera insensatez y en un total desatino cuando la ciencia y la tecnología actuales nos demuestran que es posible incentivar y desarrollar con éxito, fuentes de energías limpias y renovables que resultan ser más amigables con el medioambiente y la seguridad humana, sin que ello signifique resignar el nivel de producción requerido por la demanda energética.
La Argentina no está exenta de los riesgos que entraña la actividad nuclear. Tanto las plantas de Embalse y Atucha I, así como otras instalaciones, registran en su historia incidentes que han afectado a operarios y pudieron derivar en accidentes mayores. Las minas de uranio han dejado un pasivo ambiental en diferentes puntos del país que aún no ha sido resuelto.
Lamentablemente, en estos últimos años se está reviviendo el viejo plan nuclear de la dictadura militar: un plan megalómano que fue diseñado con un fuerte componente militarista. Siguiendo aquel plan inicial, el gobierno nacional promete inaugurar Atucha II (después de 30 años en construcción), proyecto de la primera junta militar iniciado en 1981; se han reabierto los laboratorios de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, el proyecto secreto que piloteaba el contralmirante Castro Madero, a la cabeza de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); se pretende construir el reactor CAREM que deriva del proyecto de construcción de un submarino nuclear y que, modificado, se ha intentado vender desde la década de los 80 como "mini-central" para el cual no existe mercado alguno. Incluso, el gobierno nacional ha llegado a plantear la construcción de navíos propulsados por reactores atómicos. Todos estos proyectos sólo existen mediante los enormes subsidios del Estado nacional que podrían ser destinados eficientemente para el desarrollo de otras fuentes de energías alternativas y renovables.
Sostenemos que cada peso gastado en energía nuclear es un peso gastado en incrementar el riesgo nuclear y, por otro lado, es un peso menos destinado al desarrollo de fuentes energéticas limpias, renovables y económicamente más eficientes. La opción nuclear es ideológica; no tiene nada que ver con la cuestión energética. No tiene ningún sentido correr los riesgos que implica, ni pagar el costo económico que representa.
La apuesta a la energía nuclear ha desviado, y continúa desviando, fondos que son necesarios para realizar el urgente cambio de matriz energética que debemos realizar en los próximos años, urgidos por el desafío del cambio climático y la necesidad de asegurar un suministro independiente, seguro y sustentable.
La Argentina no debe perder tiempo y debe tomar la decisión de desmantelar con la mayor urgencia posible las actuales plantas nucleares dentro de un plan que contemple la puesta en marcha de un programa realista, sin realizar más inversiones en la extensión de la vida útil de las mismas y desistir de toda nueva planta de energía nuclear. Asimismo se debe concentrar la tarea de la Comisión Nacional de Energía Nuclear en la centralización de las actividades nucleares permitidas: reactores de investigación, bajo control internacional y de la comunidad científica argentina; garantizar la plena aplicación de todas las normas municipales, provinciales y constitucionales que regulan las actividades nucleares.
Por otro lado, la Argentina debe apostar fuertemente a las energías renovables, de las que podemos hacer un uso masivo dado la enorme disponibilidad de recursos y las modernas tecnologías actualmente aprovechables. La apuesta por las energías renovables no sólo nos garantiza un suministro energético ambientalmente seguro, sino que además nos permite generar una matriz energética soberana, con seguridad en el suministro, dependiendo de recursos abundantes, de libre acceso, que permiten una mejor distribución y descentralización.
La Argentina posee dos reactores nucleares (Atucha I y Embalse) operativos en la red eléctrica y planea conectar próximamente una tercera planta (Atucha II) luego de estar más de 30 años en construcción. Las dos plantas operativas aportaron, durante el año 2010, el 5,9% del total de la electricidad generada en el país, en tanto que si observamos el aporte nuclear dentro de la matriz de energía primaria nacional tenemos que las plantas atómicas aportan sólo el 3% a la producción energética nacional (2008). Así, la realidad indica que se trata de un sector que puede ser fácilmente remplazado por otras fuentes de energía.
Para poner en perspectiva, la energía nuclear sólo aporta el 6% de la electricidad a nivel nacional, pero si pensamos que la ley nacional 26.190 establece una primera meta para el año 2016 del 8% de la electricidad nacional proveniente de fuentes renovables de energía - sin contabilizar allí a las grandes represas hidroeléctricas- podemos ver lo insignificante del aporte nuclear. La meta de las renovables, a diferencia de lo que demanda la energía nuclear, es fácilmente alcanzable con una mínima voluntad política. Voluntad política que no ha existido de parte de los diferentes gobiernos nacionales desde la aprobación de esa ley por el Congreso Nacional a finales del 2006.
En mayo de 2009, el gobierno nacional reglamentó la ley 26.190 y presentó el programa denominado GENREN, de fomento de las energías renovables, cuyo principal objetivo sería dar cumplimiento a la meta del 8% de la electricidad nacional con fuentes renovables y limpias. El GENREN puede ser realmente un primer paso hacia la configuración de una matriz energética más segura y limpia para la Argentina. Sin embargo, prácticamente nada se ha hecho.
El dato que no puede pasar inadvertido es que a mediados de 2009 se lanza un programa, que con un módico presupuesto, servía para disparar una serie de proyectos que en tan sólo 6 años podrían cubrir el 8% del consumo de electricidad con fuentes renovables. En comparación, la energía nuclear recibió atención prioritaria y presupuestaria en el sector de ciencia y tecnología desde comienzos de la década del 50. Los presupuestos para el sector son verdaderamente incalculables a lo largo de sus 60 años de existencia, tan sólo para obtener el 6% de la electricidad, demanda que debería avergonzar a quienes han contribuido durante más de seis décadas a dilapidar fondos públicos en un negocio ruinoso como es la energía nuclear.
Lograr suplantar la energía nuclear por fuentes energéticas renovables y limpias es una tarea relativamente sencilla si se adoptasen las decisiones correctas, como por ejemplo dejar de seguir subsidiando a la generación nuclear y facilitar el desarrollo de proyectos renovables, donde la energía eólica debería ser sin duda un actor destacado.
El aumento de la capacidad nuclear dificulta la entrada de fuentes energéticas variables e intermitentes como lo son las energías renovables, como es el caso de la energía eólica, haciendo cada vez más rígida la matriz energética. De esta manera se va por un camino a contrapelo de la tendencia general de configuración de sistemas y redes eléctricas más flexibles y con un manejo de la oferta y la demanda más inteligente.
Entendemos que es preciso que, acorde con lo que ocurre en otros sitios del mundo, la Argentina vuelva a discutir el sentido que realmente tiene continuar con la generación nucleoeléctrica, dado sus altos costos, riesgos en todo el circuito del combustible nuclear y sus irresueltos problemas como la gestión de los residuos radiactivos y de seguridad.
La Central Atómica de Embalse, por ejemplo, posee 28 años de antigüedad y para continuar operando deben realizarse reparaciones y actualizaciones de su equipamiento durante los próximos 3 años para extender su vida útil por otros 30 años más. Esa extensión de la vida útil se estima en 1.000 millones de dólares. Por esto creemos que Embalse debe ser desactivada de manera inmediata y la inversión de los 1.000 millones de dólares se debe redireccionar al financiamiento del programa GENREN (Energías Renovables). La ley 26.566 debe ser derogada.
La planta nuclear Atucha I posee una antigüedad de 37 años y, al igual que Embalse, para continuar operando deben realizarse reparaciones y actualizaciones de su equipamiento. Esa extensión de la vida útil aún no se encuentra aprobada. No debe haber más inversiones para extender la vida de Atucha I, sólo aquellas necesarias para garantizar el mejor funcionamiento de la misma para los próximos meses. Atucha I debe ser desactivada de manera inmediata.
El cierre de Embalse y Atucha I debe realizarse con una previa y seria revisión del estado de situación de ambas centrales y la necesaria compensación en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). En cualquier caso, el inmediato cierre de ambas plantas debe ser una decisión que debe adoptarse de manera urgente por el Congreso Nacional. El primer paso para que el Congreso Nacional comience a tomar las medidas para poner en marcha este proceso es la inmediata aprobación del proyecto de ley 1.845-D.-2011 (2), presentado por la diputada nacional Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que deroga la ley 26.566, obliga a una revisión de las medidas de seguridad en el sector nucleoeléctrico y establece una revisión del estado de situación de las plantas y prohíbe la extensión de la vida de ambas.
Por otro lado, la minería de uranio es hoy una actividad de alto interés internacional en el territorio argentino. Esta minería comparte los riesgos de contaminación química que otros tipos de emprendimientos mineros, con el agravante de la generación de una enorme cantidad de polvo de roca que contiene elementos tóxicos y radiactivos, altamente peligrosos para la salud, tanto de los trabajadores como para las poblaciones vecinas.
De la explotación del mineral de uranio en décadas pasadas han quedado en diversas provincias (Mendoza, Córdoba, Chubut, Salta, San Luis, La Rioja) sitios que representan un pasivo ambiental que nunca fueron debidamente remediados por la CNEA.
La minería de uranio es altamente peligrosa y su único propósito es la fabricación de combustible para las plantas atómicas. Es un riesgo que carece de sentido desarrollar. La minería de uranio debe prohibirse de inmediato, tanto sea para ampliar la oferta interna o para la exportación.
Hoy la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) está conducida por un directorio reducido de tres miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto no se corresponde con la letra de la ley nacional 24.804 "Ley Nacional de la Actividad Nuclear" , que define en sus artículos 17 y 18 que el directorio debe integrase por seis miembros designados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos a propuesta del Congreso de la Nación. Esta reducción se produjo a través del decreto nacional 1224 de 2001, fundamentado en la necesidad de reducir gastos.
Es necesario el pleno cumplimiento de la ley nacional 24.804, recomponiendo el directorio tal como lo prevé la ley votada por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional debe proponer los dos miembros que les corresponden para incorporar a ese directorio. Por este motivo precisamente hay un proyecto de ley de mi autoría que se encuentra actualmente en trámite parlamentario en esta Honorable Cámara, y que gira bajo el N° 6.036 – D – 2012 por medio del cual se deroga el decreto nacional 1224 y se dispone la plena vigencia de la ley nacional 24.804.
En cuanto al control, debe hoy denunciarse inclusive la falta de transparencia de los distintos órganos del Poder Ejecutivo que hacen caso omiso a cuantos pedidos de informes e inquietudes se plantean desde este Congreso. Sirvan de ejemplo nuestros proyectos incontestados 5.851-D.-2012 y 5.827-D.-2012.
Por las razones expuestas, votamos negativamente la cuestión traída a debate.