10. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CIAMPINI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el Código Electoral Nacional habilitando el sufragio a partir de los 16 años de edad

El proyecto que estamos debatiendo en esta jornada para habilitar el voto a menores de 16 y 17 años, plantea ampliar la ciudadanía para los jóvenes de esa edad al reconocerles los derechos políticos que establece nuestra Constitución. Quiero expresar mi total acuerdo con un proyecto que propone ampliar y profundizar la democracia. Se incorporarán alrededor de un millón 400 mil jóvenes, lo que implica un crecimiento del 4,6 del padrón electoral, según datos que aportó el director nacional electoral Alejandro Tullio en las audiencias públicas. Nunca una ampliación de las bases de la democracia puede ser cuestionada.
Quisiera remarcar la génesis histórica que tienen los derechos. Hace unos días celebramos los 100 años de la sanción de la Ley Sáenz Peña y los 65 años de la ley que promulgó el voto femenino. Hoy nadie se atrevería a dudar de que ambas conquistas de derechos profundizaron el proceso democrático. Los derechos no son atributos naturales de las sociedades, sino que en el transcurso de la historia las distintas luchas han devenido en reconocimientos de nuevos derechos y facultades por parte de los estados, y a través de la promulgación de leyes por parte de los representantes de la sociedad en el sistema político.
La Ley Sáenz Peña tiene su origen en la falta de legitimidad democrática en la que estaba el régimen conservador. Cuando se sancionó esa ley que estableció el voto obligatorio para los adultos varones mayores de 18 años, los conservadores se manifestaron en contra de la apertura democrática. En ese momento la mayoría de edad sin embargo era a los 22. En 2009 esa mayoría de edad se bajó a los 18.
La Ley Sáenz Peña permitió acceder al gobierno a una fuerza democrática, la expresada por el radicalismo de Yrigoyen, por primera vez en la historia argentina hasta ese momento, aun sin que votasen las mujeres y donde la mitad de la población era de origen extranjero. Al momento de sancionar esa ley, el 35,6% de los habilitados para votar era analfabeto, y sin embargo eso no impidió que se profundizara la democracia a través de la participación. Remarco ese dato porque los que se oponen a este reconocimiento de derechos políticos para los jóvenes de 16 y 17 años mencionan la supuesta falta de capacidad o educación que tendrían los jóvenes de esa edad para ejercer el derecho al voto. Hoy por el contrario frente a ese panorama, y gracias a la sanción de la Ley Nacional de Educación, tenemos que el 80% de los chicos de entre 16 y 18 años están en el sistema educativo, con lo cual los argumentos de la supuesta falta de capacidad quedan refutados.
Podemos mencionar también el contexto de la sanción del voto femenino en 1947 impulsado por el primer gobierno peronista. En ese momento las fuerzas reaccionarias a que la mujer alcance los derechos políticos se oponían argumentando que era una maniobra de Perón para ganar las elecciones, o como decía un diputado opositor de la época, que “la participación de la mujer en los asuntos públicos fomentaría la disolución de la familia porque desatendería los asuntos domésticos”. Lo que queda claro entonces si uno observa la historia es que los derechos son conquistas. La misma analogía la podemos hacer con la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género que consagran derechos de minorías y que fueron fuertemente cuestionados por sectores conservadores.
Hoy con este proyecto no faltan las voces contra la juventud, los argumentos que sostienen que el gobierno estaría preparando esta ley para manipular a los jóvenes y ganar las elecciones (argumento llamativo éste dado que en todo caso tendrían que preguntarse por qué esos jóvenes votarían por el gobierno y no por sus propuestas, si es que las tienen). Esta ley va a transformar a los jóvenes en sujetos de derecho. Resulta llamativo que mencionen la posibilidad de manipulación, cuando esos sectores no se cuestionan ni se preocupan al ver que diariamente son manipulados por el mercado como meros objetos para consumir de igual manera que los mayores.
Las reacciones expresan los temores respecto de los jóvenes. Día a día son estigmatizados fuertemente, sobre todo los sectores de nivel socioeconómico mas bajos, por los medios de comunicación, donde diversos programas montan realitys en horarios centrales donde muestran desbordes, peleas de borrachos en boliches, jóvenes con problemas de drogas o violencia familiar. Unas semanas atrás, un domingo de septiembre, Clarín publicó una nota en cabeza de página con un gran título: “Generación Ni-Ni: casi medio millón de jóvenes que ni estudia ni trabaja”. Y la idea se completaba con la siguiente bajada: “Historias de adolescentes con vidas marcadas por la pobreza, las drogas y los embarazos. Ahora podrían votar” haciendo notar una supuesta incapacidad para votar de esos jóvenes. Deberían contextualizarse ciertos flagelos sociales que sufren aun muchos jóvenes de barrios y villas, porque de esa manera generan una representación social que hace que se los distancie en vez de incluirlos socialmente. Hay que terminar con esas autoprofecías cumplidas donde se estigmatiza a los jóvenes y no se les dan oportunidades Los jóvenes fueron los más castigados por las políticas neoliberales, con la consecuente pérdida de credibilidad en la política y las instituciones. El saldo de la dictadura y de los 90 fue la destrucción de los lazos sociales de solidaridad, con el legado del “sálvese quien pueda”.
En contraposición a esas políticas, lo que define precisamente a nuestro gobierno y al proyecto iniciado en 2003 es la inclusión social y podemos citar algunas políticas públicas claves para los jóvenes. Distintas políticas públicas del gobierno como por ejemplo la asignación universal, que es una base para los que aún están desocupados o con un trabajo en negro, les permite tener la mochila llena como contrapartida de que el chico vaya a la escuela y tenga el carnét de salud. El Plan Conectar Igualdad donde el Estado ya entregó 2 millones de netbooks a estudiantes secundarios de escuelas públicas es una herramienta de igualación social. El Plan Conectar está a la altura de la época en ese sentido, porque la información y la política transcurren también por Internet y las redes sociales; los jóvenes se informan y se relacionan por ese medio. Podemos nombrar también la Ley de Protección Integral de la Niñez. Desde 2009 tenemos el Programa Jóvenes con más y mejor trabajo en el que se les brinda un ingreso a los jóvenes de entre 16 y 24 años para que puedan capacitarse laboralmente y puedan terminar la secundaria, ya han pasado por él más de 500 mil jóvenes en todo el país. Si bien todavía hay muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan entre los 16 y 29 años, con un 18% en esa situación, estamos por debajo de países como Brasil o Corea. Donde antes no había Estado y por lo tanto no había contención social para los excluidos del mercado, ahora hay un Estado que tiene como objetivo incluir socialmente.
Este proyecto va a significar una ampliación de ciudadanía que se va a ver reflejada en las escuelas, en las materias de formación ciudadana, que van a dejar de ser algo abstracto sobre la división de poderes y la Constitución, para convertirse en algo concreto, por ejemplo, analizar propuestas y proyectos y analizar la información a fin de generar un voto crítico, para lo cual es muy importante que la escuela se abra a la política y al compromiso ciudadano y esto no es adoctrinamiento como ha denunciado algún sector político, sino todo lo contrario, es dar herramientas y acompañamiento a nuestros jóvenes para que con un pensamiento libre y con total discernimiento puedan involucrarse en la política. Los jóvenes a esa edad construyen su autonomía, su concepción moral y su cultura propia muchas veces, en contraposición a los adultos y proponen cambios.
Lo que estamos intentando delinear aquí es justamente el centro del concepto de representación política, porque lo que viene a hacer esta propuesta no es más ni menos que hacer presente a los jóvenes en la esfera pública. Dotarlos de una nueva herramienta, que no hace más que reconocer su capacidad de tomar decisiones de forma consciente, razonada y fundamentada. Estamos en presencia de un facultamiento para la emisión del voto de los jóvenes de entre 16 y 18 años. Estamos planteando pasar de tomar a los adolescentes como objetos a considerarlos sujetos.
La Argentina con este proyecto puede transformarse en uno de los países vanguardia en derechos políticos, como lo fue al momento de sancionar el voto de la mujer cuando eran muy pocos países en los que podían votar. Este proyecto de ley es una apuesta por los jóvenes y va a fomentar la participación. Esta no puede ser adjetivada sobre quien tiene o no tiene capacidad para ser un ciudadano. En ese sentido, nuestra presidenta en sus discursos menciona reiteradamente como un logro la participación política y alienta la militancia juvenil que vivimos, porque esa es la manera con la cual puede ir mejorando la democracia. Entonces este proyecto se adapta a la época y siempre generar nuevos derechos es un avance.