1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

El Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán, elevado a esta Cámara con media sanción del Senado Nacional, debe ser rechazado por violatorio de la Constitución Nacional y porque significa un retroceso para dilucidar el mayor ataque terrorista sufrido por nuestro país. Dudo que nos conduzca a la verdad y mucho menos a la justicia. En todo caso puede servir para otros propósitos, por ahora desconocidos.
Muchos nos preguntamos sobre el porqué de esta iniciativa y todo el abanico de subjetividades es posible. Sería muy provechoso saberlo. Por ello y dado nuestra responsabilidad para considerar este proyecto de ley, cabe debatir el para qué de este instrumento legal.
A mí y a muchos diputados no nos resulta indiferente la desazón que manifestaron los familiares ante el plenario de comisiones. Aquí nos reclamaron que rechazáramos este memorando por lesivo a los derechos de las víctimas y por la cesión de soberanía que ello constituye.
El Memorándum de Entendimiento entre la Argentina y la República Islámica de Irán, de aprobarse, se constituirá en un tratado con jerarquía superior a las leyes argentinas que estaría modificando.
No obstante, queda por debajo de la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos.
Se trata de un instrumento de política exterior que, por sus implicancias, compromete al Estado nacional. Su posterior denuncia dejará situaciones irreversibles.
Ello significaría un viraje en la política exterior no informado por el gobierno. Si existen motivaciones comerciales y de intercambio científico-militar, el gobierno debe comunicarlas, porque aquí no estamos ante la siempre discreta negociación, sino es la etapa de consumación de lo acordado que debe aprobarse o rechazarse. Si hay algo secreto es malo y si no hay nada más que estas carillas, sin anexos y las aclaratorias necesarias e indispensables, mucho más grave aún. Ningún país firma semejante acuerdo y si Irán lo hace es porque logró las garantías exculpatorias que siempre solicitó, hasta para tramitar los exhortos de nuestra justicia
Ante la Asamblea de las Naciones Unidas, la presidenta de la Nación abonó el concepto de política del Estado argentino. Lo afirmó al anunciar que el memorando con Irán debía ser consultado con los familiares del acto terrorista perpetrado en la AMIA y aprobado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Por lo visto, en esta sesión, acompañarán al oficialismo sus habituales aliados y todo el arco opositor votará en contra. Si se consuma la incorporación de un diputado, con licencia para asumir como jefe de Gabinete en Chubut y otra diputada, que renunció para ocupar un ministerio en Tucumán, estaríamos ante una maniobra ilegítima, con visos de ilegalidad por violar las Constituciones de sus respectivas provincias. Este escándalo institucional es un acto ilegítimo que hiere la autoridad moral de esta Cámara. Lejos de contarse con el consenso de las demás representaciones políticas en el Congreso, ni siquiera cuenta con la totalidad de la bancada oficialista dado que son varios los que se oponen.
Por cierto que el envío al Congreso no es una concesión del Poder Ejecutivo sino que ese recorrido es ineludible.
Una vez más el mensaje de la primera mandataria crea confusión al decir que no se cede soberanía. Cabe preguntarse si lo acontecido en nuestro territorio, juzgado bajo nuestra legislación pasa a ser tramitado con otra legislación: ¿qué es eso?
En el fondo, la presidenta, que fue diputada y senadora, no concibe al Congreso como un ámbito de debate, diálogo y consenso para fortalecer sus políticas, sino como un escollo que debe ser sobrepasado de cualquier modo, sin discusión ni aceptar aportes, extendiendo el estado de emergencia mientras repite que vivimos lo mejor de nuestros 200 años de historia.
Se catalogó al acuerdo como un "acuerdo histórico" y su endeble defensa, posteriormente se dijo es lo máximo que se puede con un régimen en el que no confiamos. En ese razonamiento, este memorando se tramitará conforme a la buena fe de las partes.
Ante las comisiones del Congreso, el ministro de Relaciones Exteriores, no informó sobre motivos del cambio en el discurso denunciatorio contra Irán por no colaborar con la causa. La sobreactuación del ministro es un recurso tan repetido como su pobreza argumental.
Al elevar el memorando al Congreso, convocando a sesiones extraordinarias, mientras se dejan sin tratamiento cuestiones prioritarias, la presidenta de la República señaló que no se presta al tablero de ajedrez ni al juego geopolítico de otros. Es previsible el objetivo geopolítico de Irán y se percibe el venezolano desde el cambio de gobierno en EEUU. ¿Cuál es el objetivo geopolítico nuestro en este caso? ¿En aras del mismo se entrega una causa judicial en curso y nuestra legislación penal? ¿Qué hay detrás de este proyecto sometido a semejante trámite exprés?
Dejando de lado la presunción de aquella expresión de autodeterminación, que se contrasta con la irrelevancia de nuestro país en el escenario internacional, todas las conjeturas sobre la motivación de ese abrupto cambio de posición ante el desacreditado régimen teocrático y fundamentalista iraní, en todos los casos, parece incurso en iniciativas ajenas.
Errático, contradictorio e imprevisible manejo de los intereses nacionales en un mundo donde la previsibilidad, la respetabilidad de la palabras de sus gobernantes y la credibilidad en sus leyes e instituciones constituyen las bases de las relaciones estables y provechosas. Mientras nos enajenamos de países centrales que pueden aportarnos inversiones, nos parecemos a países cuestionados por la comunidad internacional y copiamos recetas del fracaso. En distintos organismos multilaterales, mientras los países centrales bloquean nuestras solicitudes y nos sancionan, Irán y Venezuela nos acompañan con su voto.
Con Venezuela e Irán compartimos los pináculos de inflación, de intolerancia, de cercenamiento de acceso a la información pública, de dificultades para el ejercicio periodístico y de profundización del populismo plebiscitario, con el uso abusivo e ilimitado del poder para impedir la alternancia, degradando la república que en los tres casos se manifiesta como sistema político. La nuestra es una república, la venezolana es una República Bolivariana y la de Irán una República Islámica y ello informa sobre su atadura, a la ley, a la ideología y a la religión que esos aditamentos implican. No obstante esa denominación, algo los asemeja en este tiempo, usan esas definiciones como cobertor de una estrategia de acumulación de poder. En nuestro caso se desconoce el imperio de la ley y coloca a una persona y a un grupo político en colisión con el marco normativo al que suponen debe estar supeditado a sus designios.
¿Estamos pagando aquellas solidaridades y lo que debemos a Venezuela o anticipándonos a nuestras necesidades para importar gas y petróleo?, a lo que nos condena nuestra política interna, donde se agitan divisiones y se fogonea la confrontación que se proyecta a las fricciones externas. Esa forma de cohesionar el frente adicto con épica grandilocuente, fue y es ensayada sin medir consecuencias, como es usual por gobiernos autoritarios, ni evaluar los resultados de esos movimientos para distraer la atención de la agenda impostergable. La intentona de manipulación del lenguaje ya fue utilizada con la democratización de los medios para ampliar las voces, con la estatización de los fondos previsionales, la confiscación de Aerolíneas Argentinas, YPF y el escándalo de Ciccone.
La malvinización de la política argentina en el último año se inscribe en esa clave de construcción y retención de poder, aunque nos aleje de la recuperación de la soberanía sobre las islas australes y el mar circundante donde se depreda riqueza ictícola y se exploran cuencas hidrocarburíferas. Esto último puede generar derechos de terceros, controvertidos por la disputa, pero efectivos en tanto pueden generar lazos económicos, cada vez más amplios, que pesan a la hora de negociaciones con tantos actores y poderosos intereses en juego.
Los inmensos y promisorios recursos de hidrocarburos no convencionales de que disponemos y la imperiosa necesidad de no quedar rezagados en la innovación tecnológica, ahora que existen capitales disponibles para emprendimientos de magnitud, quedan trabados por ese modo de gobernar sin reglas ni certidumbres mínimas.
Los escasos volúmenes captados de inversión extranjera directa, cuando la mayoría de los países de la región los atraen para modificar sus estructuras productivas y modernizar su infraestructura; la imposibilidad de obtener financiamiento con bajas tasas; la interrupción de créditos de organismos financieros y la fuga de capitales domésticos, son el resultado previsible de los desatinos que desploman la inversión e impiden la creación de empleo genuino. Los niveles de pobreza y trabajo precario y la creciente inflación no son casuales ni fruto de conspiraciones del mundo que sólo se nos vino encima a nosotros, porque todos los latinoamericanos crecen a mayor velocidad y no padecen semejantes problemas. La Argentina lleva doce meses consecutivos de caída interanuales en la inversión; diez meses consecutivos en caída de la construcción y desde hace varios años no se crea trabajo privado registrado. Aunque se demore su difusión, volveremos a tener déficit primario como no acontecía desde 1996. El déficit fiscal bordeará los $ 55.000 millones, aún con el significativo aporte de la ANSES y del Banco Central cercano a $ 30.000 millones. En los que va del año, las reservas del BCRA cayeron U$S 2.000 millones, contra los U$S 3.000 millones que descendieron el año pasado en virtud del cepo cambiario. Las importaciones de bienes de capital cayó 8 % en enero; la producción de petróleo disminuyó 4,3% el año pasado y la producción de gas cayó 3,7%. Las importaciones de energía en enero fueron el doble de igual mes de 2012, por encima de U$S 700 millones. Pese a su baja calidad, importamos más de U$S 500 millones de fuel oil a Venezuela que en su mayor parte se lo adquiere a otros. En esa curiosa triangulación pagamos por barril más de lo que cobramos por el fuel que exportamos. Se estima que nuestra deuda con Venezuela es de U$S 2.000 millones y los negocios paralelos en esa relación generan demasiadas sospechas, como otras alrededor del destino final de la transferencia de tecnología nuclear. Nuestra reputación exige clarificar ese intercambio.
Venezuela e Irán tienen fenomenales reservas de hidrocarburos, el 17,9% de las reservas mundiales, que les permiten ciertos márgenes, cada vez más acotados por el peso del gasto público improductivo. Los precios del petróleo y las cuencas de Venezuela e Irán los constituyen en jugadores poderosos en ese estratégico mercado. La Argentina goza de un desperdiciado ciclo favorable de precios de la soja, pero la cuenta de importaciones de energía cada vez más voluminosa que obliga al cierre de importaciones de insumos industriales y al cepo en el mercado de divisas. La brecha cambiaria indica la distancia entre discurso y realidad y la reciente devaluación venezolana un espejo anticipatorio de cómo terminan estos extravíos irrazonables, en un ajuste que empobrece al conjunto y cristaliza las desigualdades que dicen combatir con sus epopeyas emancipadoras.
El "hacerse cargo" de los problemas, invocado en este caso judicial, no se observa en la lejanía de este gobierno ante la tragedia de Once, donde su responsabilidad es ineludible y en la que actualmente exhibe ante el desborde inflacionario, donde descarga en otros lo que le compete en materia fiscal, monetaria y cambiaria. El no comienzo de clases en las escuelas, la labilidad del sistema de salud y la inseguridad ciudadana, ponen en análisis las políticas y el modo en que se administra el aumento de los respectivos presupuestos, porque eso califica a un gobierno haciéndose cargo verdaderamente para resolver problemas acuciantes. Algo muy distinto es crear problemas y conflictos como metodología de poder, desplegando consignas para evitar que la sociedad comprenda y aborde los datos de la realidad. Siempre hay un discurso, una excusa y un enemigo a quien endilgarle culpas, pero también hay consecuencias.
En la audiencia que hoy se desarrolla en la Corte de Apelaciones de Nueva York (donde EEUU apoya la posición Argentina como amicus) donde todo parece complicado, en los pleitos ante organismos que integramos, en las severas objeciones sobre nuestro fraude estadístico, en las humillaciones padecidas por embargos y en las nulas solidaridades obtenidas, se exhibe el fruto de la pérdida de rumbo a que llevan las improvisaciones en nuestro relacionamiento en la interdependencia global.
En la palestra internacional es donde se refleja con mayor nitidez el realismo que el ideologismo esconde para uso doméstico. Allí las cosas se calibran tal como son y acorde a ello se cosecha y paga. Las giras recientes parecen desvinculadas de un eje conductor y el desafecto del G-20 es cuanto menos un gesto gratuito, presidido seguramente por el pensamiento de una anticipada e irremediable decadencia de los países más poderosos. Mientras tanto exportamos menos y cerramos importaciones, autoinfringiéndonos daños a nuestro aparato productivo donde la balanza comercial industrial luce cada vez más deficitaria. Con quienes atizamos conflictos innecesarios, perdemos comercio exterior y ello lastima a sectores productores argentinos, porque en el mundo hay muchas oportunidades y se eligen las de menor riesgo.
La continuidad de objetivos y la flexibilidad para incorporar novedades, en las coordenadas internacionales otorgan seriedad y amplían los márgenes de autonomía en un mundo cambiante pero donde los que progresan pugnan por una inserción que sea ventajosa para sus intereses, que son permanentes y trascienden los cambios de gobierno.
Sea para limpiar esa mácula de rebeldía que pesa sobre Irán y sus funcionarios, para que puedan avanzar negociaciones iniciadas ayer en Almaty, Kazajistán, por las 5 potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China) más Alemania, con vistas al desarrollo nuclear de ese país o para contribuir al convulsivo tablero de Oriente Medio o para el retiro de tropas de Afganistán e Irak, ese dispositivo es materia de EEUU y la Unión Europea. Ellos, con los recaudos que les otorga su poder (entre otros el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU), intentan una estrategia de contención del programa nuclear. Esa negociación será prolongada, cuidadosa y con un final abierto por su complejidad e implicancias. Seguramente allí cada palabra será ponderada con más prudencia y precisión que las que tuvieron quienes formaron este Memorando, para que no haya interpretaciones abiertas y contradictorias. Cuando Irán componía el denominado "eje del mal" la Argentina arremetió y ahora, cuando trasciende una conversación creen habilitada una hipotética luz verde y la Argentina ofrece esta salida a Irán. No se me escapa que ni EEUU ni los países del G-20 hayan opinado sobre este convenio, pero no son pocas las voces de advertencia y reservas que se escuchan si se presta cuidadosa atención. Para la ley de EEUU y muchos países más, Irán es un estado terrorista y en el juicio celebrado en Alemania por los crímenes de disidentes kurdos en el bar Mykonos, fueron condenados altos funcionarios del gobierno de Irán. Recuerdo lo que pasó cuando Brasil hizo en 2009 aquel movimiento respecto del régimen Iraní, aun siendo un integrante de los emergentes nucleados en la sigla BRICS y llevar décadas de una política planificada y activa hacia África y Asia.
Si fuera para tender un puente sudamericano con esa conflictiva región, ese camino fue privilegiado por Venezuela y el bloque bolivariano, uno de cuyos componentes, Bolivia, hizo caso omiso al pedido de captura internacional que pesa sobre el ministro de Defensa de Irán, designado después de la orden emitida por unanimidad por Interpol. "El amigo Evo," como gusta decir la presidenta de la República, le permitió visitar esa tierra fronteriza sin ser detenido.
El saludable diálogo Sur-Sur y las relaciones con todos los países es un dato de madurez, que no obliga a adquirir conflictos gratuitos e inútilmente con temerarias improvisaciones basadas en cuestiones subjetivas y en lecturas incompletas y forzadas sobre lo que está pasando en el mundo y que no se sujeta a conveniencias para recibir aplausos en la platea de los fanáticos.
El discurso con lecciones sobre cómo se deben gobernar los países más adelantados, por cierto muchos de ellos en una prolongada crisis, pero con umbrales de desarrollo y equidad muy superiores a los nuestros, no es aconsejable y mucho menos redituable. En cualquier caso, nada sustituye a una diplomacia profesional con planteles capacitados de funcionarios y embajadores. Un registro de las designaciones en las representaciones externas y los movimientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, califican tanto como el cotejo entre los problemas resueltos y creados durante las últimas décadas.
Es notoria la improvisación que reina en nuestra política exterior, sometida a bandazos por afinidades pasajeras, teñidas de difusos parentescos ideológicos o frustraciones por ilusiones infundadas. Ya tuvimos ensayos similares y padecimos los costos de esa impostura. Recuerdo el reequipamiento con pertrechos y rezagos militares para una supuesta Tercera Guerra Mundial; las tareas sucias en Centroamérica buscando la condescendencia de EEUU para las ulteriores aventuras belicistas y el alineamiento automático ofreciendo arbitrar en el conflicto de Medio Oriente, por citar algunos delirios de grandeza. No entra en mi ponderación creer que se aspira a un protagonismo que se pierde por las razones permanentes que marcan su proyección. A un mal diagnóstico, impregnado de voluntarismo, le siguen pasos equivocados y sea cual fuere la intención, el mundo observa y toma nota, en este caso del acercamiento a un régimen aislado y repudiado por la comunidad internacional cuyo gobierno termina su mandato a mediados del corriente año.
Aquellos y otros supuestos falsos, sobre los que se diseñó la política externa ocasionaron enormes costos de toda índole, comenzando por el prestigio que siempre es un valor a preservar. En un creciente aislamiento y con problemas abiertos con nuestros vecinos, cabe preguntarse cuál es el rumbo de nuestra política externa y para que objetivos nacionales se ejecuta.
La ausencia de visitantes extranjeros, los problemas suscitados en el Mercosur, las exóticas giras y las humillaciones padecidas en los últimos años informan que no hay diseño de política exterior para intereses permanentes de la Nación sino alineamientos pasajeros por cercanías y distancias caprichosas con quienes tenemos intereses convergentes. ¿Cómo se explica el doble rasero para suspender del Mercosur a Paraguay y aceptar la irregular situación de la Presidencia en Venezuela, tan veloz en el primer caso y tan condescendiente en el segundo? La no injerencia en asuntos internos y la cláusula democrática son componentes que deben aplicarse sin mirar el color partidario porque reglan la relación de Estados soberanos.
Si queremos ser serios y tener una política exterior acorde a objetivos nacionales, el gobierno debe anunciarlo al país y procurar enriquecerla para darle continuidad porque ella madura en el mediano y largo plazo.
Nada de lo conocido obliga a esta celeridad cuando para ser operativo de ser aprobado por el Parlamento de Irán que no comprometió plazos para tratarlo. Es probable que lo traten pronto porque, como lo destacó la prensa oficial de Teherán, está " estrictamente en línea con la posición diplomática iraní".
Está claro que para Irán es un logro y para la Argentina un peligroso derrotero.
Las diferentes interpretaciones sobre el texto firmado en Etiopía que hacemos oficialistas, opositores y expertos en nuestro país y las que se hacen en Irán desmintiendo a nuestro canciller, indican que no se puede aprobar lo que puede ser una cosa y lo contrario. ¿Quién resuelve una diferencia de interpretación sobre el cumplimiento del futuro tratado para darlo como caído, según el ministro de RREE? Sea cual fuere la intención de cada firmante, en caso de controversia sólo tiene validez lo escrito y sobre ello se basarán los llamados a interpretarlo, más allá de lo que dicen estos días nuestros funcionarios para salir del atolladero.
No cumpliríamos con nuestras funciones si aprobáramos un tratado donde está clara la conveniencia de Irán y no aparece ninguna ventaja para la causa que se tramita en el país porque el hecho sucedió en nuestro territorio.
Para no conjeturar, los hechos: se crea una Comisión de la Verdad, antigua pretensión de Irán para relativizar a la Justicia argentina; Irán niega su participación en el atentado; elude el pedido de captura sobre cinco de sus funcionarios y nos ofrece un proceso bajo su legislación, donde no se garantiza la aplicación de nuestro Código Procesal. El memorando estipula que no se pondrán en riesgo los derechos de las personas garantizados por ley. Irán garantiza constitucionalmente la inmunidad de sus habitantes para declarar ante otra ley que no sea la suya.
Este tratado desmerecerá toda reivindicación futura, por lo contradictorio de las palabras empeñadas en múltiples mensajes de los presidentes Kirchner y Fernández de Kirchner.
Por su ambigüedad, inexactitudes, por la prórroga de jurisdicción y el desconocimiento de la legislación procesal vigente, este memorando no debe ser transformado en tratado, porque agravaría lo que ya tendrá consecuencias al informarse a Interpol donde un ministro, un ex ministro, dos diplomáticos y un ex jefe de la Guardia Revolucionaria, entre ellos dos posibles candidatos presidenciales, tienen notificación roja internacional. La orden de captura puede ser levantada a pedido del juez interviniente y por la propia Interpol. El motivo de la orden roja es la no comparecencia y el texto no lo garantiza, pero si se dan, con ello desaparece la razón de su existencia. Lo que sí garantiza es que Irán se somete al proceso, dialoga, acuerda con quien lo acusa, o sea blanquea su irregular situación actual y libera la interdicción que pesa sobre sus líderes para desplazarse por el mundo, donde Irán también está aislado por su inobservancia en materia de derechos humanos y denuncias sobre irregularidades electorales. ¿Por qué si son ocho los imputados iraníes en la causa, sólo se interrogará a cinco que son sobre los que pesa esa alerta roja? Es obvio que es para sacarlos de ese confinamiento, aunque muchos se desplazan por diferentes lugares lo hacen con ese peligro, de lo contrario el interrogatorio debería ser a todos los imputados por el juez. Lo único que es operativo desde la sola firma del memorando, aún sin ser aprobado por los órganos de ambos países, es la comunicación a Interpol. La Argentina pierde su principal herramienta de presión y negociación, porque sin alerta roja, ¿qué interés puede tener Irán en dilucidar el caso?
¿Por qué asumir el riesgo de la posible caída de las notificaciones rojas, aun antes de aprobar y poner en marcha este proceso?
El traslado a Interpol de este memorándum indica claramente el objetivo de Irán y la claudicación de la Argentina para perseguir a los culpables, detenerlos y juzgarlos conforme a nuestra ley. Repito, es la única cláusula del memorando operativa al firmarse, aún antes de la aprobación del mismo y antes de que tomásemos conocimiento, los legisladores y el pueblo quienes fuimos notificados por Twitter. Es obvio que el pedido de captura lo puede solicitar el Juez de la causa, pero sí puestos a derecho, con una simple presentación para fijar domicilio, Irán se presenta ante Interpol será éste quien decida de oficio si levanta la circular y la cuestión quedará en terceras manos. Algo de ello ocurrió ante la cuestionada investigación del destituido juez Juan José Galeano.
¿Hace cinco años Interpol consideró válidas las pruebas presentadas que ahora nosotros mismos consideramos insuficientes para saber la verdad? ¿Con esas mismas pruebas los presidentes Kirchner y Fernández de Kirchner hicieron encendidos discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ahora esas pruebas serán revisadas por una comisión donde la mayoría de sus componentes deben ser elegidos por Irán, el acusado? Al margen de la confusión que se crea sobre la cantidad de miembros, según las versiones en inglés y castellano, el quinto miembro debe ser un jurista a quien Irán conceptúe con alto estándar moral.
No habrá indagatoria y el interrogatorio, subordinado a la ley iraní y conducido por el juez iraní, con o sin asistencia de los inculpados, no tendría el efecto para poder detenerlos y mucho menos de juzgarlos, porque no existe tratado de extradición entre ambos países. El juez iraní no tendrá acusación porque considera que Irán no tuvo nada que ver; la comisión tendrá que ponderar la validez de la investigación y el juez y el fiscal argentinos no tienen garantizado poder indagar en los términos de nuestra legislación. Es incomprensible que el oficialismo se niegue a que el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman puedan informar y aclarar ante las comisiones parlamentarias. Si se busca optimizar el procedimiento esa consulta hubiera sido muy pertinente. Hace días he pedido al Consejo de la Magistratura que cite a ambos magistrados para garantizar su independencia, porque es una función que se debe ejercer para defender a nuestros jueces. Es inconcebible que no sepamos de qué seguridades gozarán ellos al pisar territorio de Irán, donde es aventurado que el canciller Héctor Timerman pueda garantizar todo lo que se comprometió, pero no figura en lo firmado hace 30 días en Addis Abeba, negociado durante cerca de dos años y desmentido, aquí y en exterior, cuando el periodista argentino Pepe Eliaschev lo informó sobre la reunión celebrada en Aleppo, Siria, motivando entonces una furibunda descalificación y ninguna disculpa posterior
Todo ello porque según el memorando aquí entran otros jueces, el Iraní y los cinco desconocidos jueces de la llamada Comisión de la Verdad, que debe sancionar sus normas y procedimientos. Se estipula de ambos países tomarán en cuenta las recomendaciones de la comisión. Se dice que su recomendación no es vinculante, lo que habilita a preguntarse ¿entonces para qué sirve? No obstante lo dicho vincula, porque hará conocer el expediente bajo secreto a los denunciados, todo lo colectado por organismos nacionales y extranjeros será puesto a su disposición. La paradoja es notable, mientras esos juristas conocerán esa información sensible, no existe ninguna voluntad de abrir los archivos secretos para investigar la conexión local sin cuya colaboración hubiera sido muy improbable el atentado. Esto es contradictorio con el decreto del presidente Néstor Kirchner donde el Estado asumió su responsabilidad en el encubrimiento. Recuerdo que la Argentina fue víctima de un ataque terrorista y dos veces, en 1992 en la embajada de Israel y dos años después en la mutual de la comunidad judía en el país. La conexión interna es la más contaminada y menos profundizada. Estamos próximos a un juicio en nuestros tribunales que puede avanzar en esa pista. ¿Ayuda para ello este proyecto? ¿No es necesario ello para saber la verdad y hacer justicia? ¿Por qué no postergar este memorando hasta tener más certezas de las que se nos informó en unas pocas horas donde quedan muchas preguntas sin formular y muchos interrogantes sin contestar? El ministro no agregó más que deseos y anhelos, aunque prometiera quedarse hasta la medianoche ofuscado por un hecho irrebatible y muy sensible: el memorando con un régimen negacionista del Holocausto se firmó en una fecha tan infausta como la del tratamiento para sancionar esta ley en este Parlamento. Casualidades evitables para quienes tienen semejantes responsabilidades.
Por otra parte, la Comisión de la Verdad emitirá un informe y podrá dar una opinión distinta a la del juez argentino, única verdad según nuestras leyes y al expedirse puede poner en cuestión la investigación.
Nada asegura que la recomendación sea posterior al interrogatorio, porque no lo dice lo firmado, como tampoco otros compromisos que el canciller Héctor Timerman asumió ante la comunidad judía. Puede hacerlo antes y dejar sin efecto el interrogatorio. ¿Sus recomendaciones para proceder en el marco de la ley y las regulaciones de ambas partes se refieren a la ley argentina, de Irán y son ellas compatibles? En el punto tercero se consigna que la comisión consultará a las partes a fin de completar la información. ¿Qué investigación judicial se hizo en Irán y qué tipo de información válida puede ingresar por fuera del proceso sustanciado en la Argentina? Lo mismo cabe para analizar otro punto donde se dice que cada parte tiene el derecho de presentar nueva documentación ¿será para que Irán acuse a otros?
Ni siquiera existe seguridad de que el juez y el fiscal sean aceptados por Irán.
Ante esa comisión, es la Justicia argentina la que queda bajo sospecha, a la que se le revisarán su prueba y es improbable que sean llevados al banquillo los acusados, por lo menos el ministro de Defensa, como lo anticipó el régimen iraní. Se dice que con esa comisión la investigación logra un aval internacional que por cierto ya lo tiene por las actuaciones de Interpol. ¿Por qué entonces no se informó a la ONU en el marco de cuya asamblea se inició este diálogo?
Finalmente, no es mediante la diplomacia que se sustancia una causa judicial. Con las apreciaciones antedichas, no debemos perder de vista que se trata de una causa judicial sobre un atentado terrorista que nuestra Justicia adjudica a un Estado, Irán cuyos funcionarios están implicados.
Hemos sido víctimas de un ataque contra nuestra soberanía, organizado según la Justicia argentina por un país que niega haberlo hecho y desvía la responsabilidad en Israel, país que pretende hacer desaparecer.
Irán dice que no hay pruebas suficientes en el expediente y el kirchnerismo, que creó la Fiscalía Especial y con esas pruebas denunció ante la ONU y logró el respaldo unánime del Comité de Interpol, ahora descree de esas pruebas porque las somete a la "revisión detallada de la evidencia relativa" de una Comisión de la Verdad que puede desecharlas. ¿Qué pasa si la Comisión de la Verdad no encuentra evidencias y deslegitima lo actuado por la Justicia argentina?
La anterior investigación viciada y la actual, elogiada por el actual gobierno, parecen según este acuerdo conducir al mismo lugar, la impunidad. Ello es la mayor señal de debilidad de nuestras instituciones para contrarrestar al delito penalizándolo y en este caso, para ofrecer recaudos de defender a nuestro pueblo con la ley. Una ventana abierta a la vulnerabilidad.
El atentado a la AMIA donde hace 19 años se bombardeó a población civil, puede ser considerado como crimen de lesa humanidad. De nada sirve la convenida conversación con los imputados si no hay juicio y castigo. Aunque se avanzara con lo que se considere otra versión de la verdad, este procedimiento no garantiza la justicia sino que la puede entorpecer.
La sola lectura de 200.000 fojas demorará la revisión de la evidencia acordada.
Lejos de destrabar la causa, este tratado puede significar un retroceso en lo logrado porque una Comisión de la Verdad analizará la causa, valorará la prueba colectada y la pertinencia de interrogar a los imputados, que para declarar deberán contar con autorización de un juez iraní, bajo procedimiento estipulado por esa comisión que no sabemos por quiénes estará integrada ni existen plazos para constituirla ni para dictaminar. Es claramente una comisión especial, conformada con posterioridad al hecho que cambia el juez natural, prohibido por nuestro ordenamiento constitucional.
El Código vigente no prevé la existencia de una comisión, que puede preguntar y fue creada con posterioridad al hecho y en medio del proceso. Para salvar este impedimento, se debe reformar el Código Procesal Penal, o ¿este tratado implica una reforma implícita?
La Comisión de la Verdad es un agravio para la verdad de nuestra Justicia y puede cerrar el proceso. El posterior desarrollo del proceso en nuestro país, sin testimonios obtenidos bajo nuestra legislación, quedaría expuesto a posteriores nulidades por ese apartamiento procesal, dado que en el interrogatorio habrá otras autoridades además del juez, el fiscal, los imputados y la defensa.
El único argumento justificatorio parte de la paralización de esta causa que lleva 19 años, plagada de contrariedades, reflotada con una fiscalía especial, sobre cuya investigación existe un absoluto consenso aprobatorio. Tanto no está paralizada que un dirigente de la comunidad judía en la Argentina informó que el fiscal Alberto Nisman se apresta a presentar un nuevo informe, con más pruebas y conexión local. Quienes han tenido acceso a él, sostienen que en el expediente hay material probatorio muy contundente sobre la responsabilidad de Irán en el atentado que costó 85 vidas de ciudadanos argentinos. La causa judicial no está paralizada sino interferida por el gobierno de Irán que rechaza la inculpación y por su ley impide que sus habitantes comparezcan y sean juzgados por ley extranjera. Tan grave es para Irán el delito de hacerlo que el fiscal Nisman tiene orden captura por la imputación a funcionarios iraníes.
Para avanzar en el juzgamiento y tratándose de crímenes de lesa humanidad, podríamos analizar el juzgamiento en rebeldía e incorporarlos para aquellos casos en nuestro Código Penal, aunque ello no podría ser aplicado en esta investigación en curso.
La Constitución Nacional prohíbe al Poder Ejecutivo actuar en causas judiciales en trámite y este Congreso no puede ser cómplice al modificar el curso de ellas. El artículo 109 de la C.N. se basa en la división de poderes de la República. La territorialidad figura en la legislación penal. El artículo 26 prohíbe al Congreso la concesión de facultades extraordinarias que este caso supone. Es una ilicitud que seguramente será apelada ante la Corte Suprema de Justicia y otro baldón para quien debe sancionar leyes acorde a nuestra Ley Fundamental.
Lo ilegítimo no cambia de naturaleza con una votación porque toda ley debe sujetarse al control de constitucionalidad y así espero ocurra con este acuerdo político que afecta a nuestras instituciones.
Con todo lo que se necesita para optimizar el acceso al derecho de justicia, la impunidad penal de que gozan los funcionarios es una injuria al conjunto. Allí está el centro de esta cuestión, el encubrimiento al poder. De lo contrario no trabarían el acceso a la información pública y no habrían desplazado a un juez, un fiscal y un procurador general por investigar al vicepresidente. La actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, dijo ayer que "la Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados." El gobierno kirchnerista lleva diez años y durante ese período se designaron el 54 % de los jueces. El juez Norberto Oyarbide es defendido por el kirchnerismo mientras exculpa y sobresee funcionarios, mientras el Poder Ejecutivo incumple sentencias de la Corte Suprema. ¿A esa ilegitimidad se refiere?
Por ello comparto la reinstalación de la normalidad institucional, en los términos expresados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El doctor Ricardo Lorenzetti dijo lo obvio: "La Corte no gobierna. Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino que hemos dicho lo que es contrario a la Constitución o hemos afirmado lo que la Constitución quiere que se haga."
De ser ley, este tratado también debe pasar por ese control.
Son conceptos del siglo XVIII, puestos en cuestión por quienes proponen democratizar la Justicia, que ejerce un contrapoder para resguardar a las minorías e impedir que mayorías circunstanciales arrasen con el sistema político vigente si se les ocurriera.
Democratizar, para el kirchnerismo, parece ser sinónimo de domesticar, proteger a quienes fallan conforme a sus designios y presionar y desplazar a quienes fallan con imparcialidad, imponiendo límites al poder de turno. Las inadmisibles recusaciones de magistrados, el vaciamiento de un fuero judicial y la rémora para conformar el Tribunal de Ética Pública, ya creado por ley, verifican la mentira del discurso oficial.
El mismo razonamiento cabe para el libre ejercicio del periodismo y la sustentabilidad de medios de comunicación independientes que critican al poder e informan lo que se quiere ocultar. Ambos limitan los excesos y abusos y los someten a las leyes vigentes y al registro de la opinión pública.
La República y la democracia los necesitan para no deslizarnos en la pendiente del autoritarismo. Se han registrado más de un centenar de agresiones y amenazas a medios y periodistas.
Cada retroceso en la división de poderes y en la libertad de expresión es un recorte de derechos y garantías. El boicot sobre la publicidad privada en los medios independientes es una ilegal presión que violenta la ley, la Constitución Nacional y el Tratado Internacional de Derechos Humanos. Esa censura muestra la debilidad y la prepotencia que desmerece todo el relato democratizador, utilizado para imponer la ley de medios y ahora para derrumbar el edificio judicial de la República.
Se conocen 15 inobservancias al articulado vigente y no cuestionado de la Ley de Medios y la pauta de publicidad oficial creció 1.770 % desde que asumió el kirchnerismo.
Estaríamos desplazándonos hacia una democracia plebiscitaria, marco que el populismo requiere para evadir límites y controles. A ese cambio de sistema político y al "vamos por todo," recortando derechos y libertades, apuntan estas iniciativas y el mensaje que pretender colocar a quienes nos oponemos como defensores de las mal denominadas corporaciones, porque tanto la Justicia como la prensa libre contribuyen al bien común. Ese es el fin último del liderazgo que como el poder constituyen medios para alcanzarlos. No es esa prevalencia la que caracteriza a los regímenes populistas y sería bueno saber si el pueblo argentino brinda consentimiento a esa alteración, maquillada con ideales principistas que se contraponen con lo que se hace para afianzarlos.
Debemos resistir esa embestida contra la Justicia y la libertad de expresión destinada a lograr la perpetuidad en el poder y la impunidad. Que ello se esconda hasta que pasen las elecciones legislativas es una maniobra y la oposición debe saberlo al momento de diseñar su propuesta alternativa, porque está en juego la democracia republicana.
Esta iniciativa, que se pretende aprobar con una voluntad sin límites, es repudiada por los familiares de las víctimas y rechazada por la mayoría de la población. Si sancionamos esta ley, la querella probablemente lo apelará ante la Corte Suprema de Justicia y seguramente recurrirá ante las cortes internacionales. ¿Estaremos entonces ante otra épica kirchnerista contra la Justicia nacional y ante la Comisión Interamericana que Venezuela y Ecuador quieren destruir? Cada pueblo tiene el derecho de elegir su modo de vivir y su forma de gobierno, pero formo parte de los que nos queremos jueces encarcelados y medios de comunicación clausurados como acontece en los países antes mencionados y con los que parece alinearnos nuestro gobierno.
Mal haríamos los representantes en contravenir la opinión de los familiares y en nada contribuiríamos con su pedido de justicia aprobando lo que despierta tantas dudas. Mal hace el oficialismo en insistir contra todo sin explicar mejor o intentar incluir en el proyecto lo que desde tantas miradas se le sugiere.
Estamos a tiempo para evitar cometer un grave error, que sería devastador, porque preanuncia futuros caminos tendientes a alterar aún más nuestras pautas de convivencia en paz.