13. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PANSA

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Municipales, de Transportes y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el cual se ratifica la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios de transporte subterráneo y premetro


Esta Honorable Cámara se ve reunida para discutir un proyecto de ley que no dispone una regulación o el inicio de una política nacional.
Los diputados aquí presentes, hemos sido convocados para dirimir un conflicto político entre dos Poderes Ejecutivos.
Sinceramente, no creo que deba ser nuestra función, ni atribución, ni deber, el tomar partido en esta ocasión.
Nosotros debemos legislar para la República Argentina, para nuestros conciudadanos, para nuestro pueblo, y no ser herramienta de arbitraje en una pelea. Para eso está la Justicia.
No me voy a demorar repitiendo y reiterando los mismos argumentos que ya hemos escuchado incontables veces. Creo que no es necesario hacer una gran reseña histórica del federalismo en nuestro país.
Simplemente, considero que basta resaltar que las leyes ya existen.
La autonomía de la Ciudad, justamente, Autónoma de Buenos Aires, ya ha sido plasmada en nuestra Constitución, en su Art.129.
De la misma manera, con la ley 24.588 se ha establecido claramente que los servicios públicos ubicados dentro de esta jurisdicción son responsabilidad del gobierno local.
Y así podría seguir, con decretos y adhesiones.
Pero, concretamente, hay un acta firmada por partes responsables que se comprometieron a efectuar la transferencia de los servicios públicos en cuestión.
Las obligaciones de las partes comprometidas en dicho documento están establecidas y han sido aceptadas al momento de la firma.
No hay nada más que decir al respecto: el que firmó y se comprometió deberá hacerse cargo.
¿En que términos debe efectuarse el cumplimento del acta? Eso es cuestión que deberá ser resuelta y negociada por el gobierno nacional y por el gobierno porteño, por sus Poderes Ejecutivos.
La política apunta justamente a la resolución de conflictos; para eso los ciudadanos votan a sus representantes, sobre todo a los del Poder Ejecutivo.
Si ellos no logran resolver este conflicto que los envuelve, podrán recurrir a la Justicia.
Nosotros no tenemos por qué intervenir. Nuestra función ya ha sido cumplida con anterioridad. Las leyes ya están escritas; no es para esto que hemos sido elegidos.
Ahora bien, si en otro momento se quiere discutir la política nacional de subsidios y su distribución o, por qué no, la Ley de Coparticipación Federal, aquí está el Congreso de la Nación listo para entrar en ese debate, en esa reflexión, en esa negociación.
En cuanto al presente proyecto, creo que no corresponde que sea por nosotros sancionado.

 


 

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