10. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA BRAWER

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

En esta coyuntura histórica, debemos tener presente qué representa recuperar una empresa de las características de YPF.

Recuperar YPF significa, ante todo, recuperar un medio que facilite el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestra sociedad, en el marco de un ejercicio de soberanía irrenunciable. Establece, a su vez, la creación de puestos de trabajo, garantiza la accesibilidad de los productores a los combustibles a un menor costo y eleva la disponibilidad de los mismos en nuestro mercado.

Recuperar YPF significa, asimismo, arrogarnos la posibilidad, como Estado, de trazar los lineamientos necesarios para la planificación de una estrategia racional de crecimiento sostenido y sustentable, en el marco de un proceso de afirmación independiente sobre los recursos de nuestro suelo, sin soslayar la posibilidad de desarrollar nuevas formas de explotación de fuentes energéticas alternativas.

Si uno estudia en profundidad la historia de nuestra América Latina, es de rigor encontrar analogías entre los distintos procesos de liberación nacional, y cómo éstos en la mayoría de los casos, han tenido como telón de fondo la lucha por los recursos estratégicos.

Medidas fundacionales como la nacionalización del petróleo en México, llevada a cabo por el gobierno del general Lázaro Cárdenas, son dignas de destacar como ejemplos históricos para poder apreciar cómo la nacionalización de los hidrocarburos pudo potenciar el desarrollo sustancial de las fuerzas productivas en todos los órdenes de la vida social y económica.

Es desde la nacionalización de sus recursos naturales y del excedente que generó este proceso, que el pueblo mexicano pudo proyectar un desarrollo sostenido en otros órdenes de su vida económica y cultural.

Lamentablemente, los gobiernos que en ese país hermano han sucedido al del general Cárdenas, han ido paulatinamente relegando las tradiciones profundamente revolucionarias, estratégicas y democráticas que caracterizaron a su gestión.

A su vez, tristes períodos de la historia de nuestros pueblos siguieron caminos análogos a las administraciones que sucedieron al gobierno del general mexicano. El rasgo distintivo de éstas, estuvo caracterizado por la aplicación de brutales políticas de desinversión y descapitalización, generalmente ejecutadas por dictaduras militares o gobiernos que, sacando provecho artero del voto popular, no vacilaron en traicionarlo, sometiéndose a los dictados de los organismos de crédito internacionales, promotores de la aplicación de políticas de ajuste y de achicamiento estatal.

Esta política, como no podía ser de otra manera, tuvo su correlato en lo que respecta a los hidrocarburos. En este sentido, gobiernos y empresas transnacionales han fomentando golpes de Estado, guerras y procesos de brutal saqueo de los recursos de nuestros países en vías de desarrollo.

Efectivamente, para la hegemonía de capitales concentrados el fin justificaba -y sigue justificando-, los medios. No importa que estos medios hayan sido y sigan siendo actos de agresión armada, o bien, traiciones al voto popular.

Como ejemplo, baste recordar las terribles consecuencias que produjo a dos pueblos hermanos, el paraguayo y el boliviano, la llamada guerra del Chaco, en la que dos compañías, monopólicas en esa época, la Royal Dutch Company y la Standard Oil, utilizaron a los gobiernos títeres de esas naciones para su puja de intereses, forjando un conflicto armado que duró tres años dejando como saldo miles de muertos.

No es casual que una de esas empresas, la Standard Oil, a través de una de sus subsidiarias en nuestro país, la West Indian Corporation, estuviese involucrada en el primer golpe de Estado que sufriera nuestra sociedad, el 6 de septiembre del año 1930, a escasos días de que fuera a debatirse en nuestro Senado la Ley de Nacionalización del Petróleo.

Esta ley estaba destinada a darle el marco legal adecuado al proceso que había tenido su origen en el año 1922, con la designación del general Enrique Mosconi como director general de la empresa YPF.

Cabe precisar que la creación de YPF sentó las bases materiales necesarias para la aplicación de una política de desarrollo consecuente en materia de extracción de hidrocarburos, al destacar el carácter estratégico que estos representaban en el contexto de un proyecto de autonomía nacional.

Son las palabras del propio general Mosconi, las que definen el ideario que guió su gestión al mando de la empresa: “Nuestro país, que poseía ricos yacimientos en la Patagonia, importaba el combustible líquido necesario para su vida, su defensa y su seguridad. Los cañones de nuestro buques hubieran quedado inmovilizados y nuestros aviones encerrados en sus hangares tan pronto terminaran las reservas existentes, y si por cualquier circunstancia la República viese cortadas sus rutas marítimas de aprovisionamiento, por causas comerciales de tiempo de paz o por razones de guerra, nuestras industrias así como también las actividades bélicas, tanto en el mar como en el aire, se paralizarían inmediatamente. Si esto se produjese en caso de conflicto armado, la suerte de las armas quedaría resuelta inmediatamente. Esto importaba una situación de peligro.

“Por otra parte, si la Providencia había dotado a nuestro subsuelo patagónico de ricos yacimientos de petróleo, el país, que disponía de esta riqueza providencial y la dejaba yacer en sus depósitos, dependiendo del extranjero para su aprovisionamiento en época de paz como de guerra, declaraba un estado de manifiesta inferioridad.

“La circunstancia de que ya se conocieran los procedimientos de elaboración de petróleo y sus costos respectivos, ponía de manifiesto que el país pagaba por el combustible un precio más elevado del que hubiera sido justo y equitativo, de modo que a la situación de peligro y de inferioridad debíamos agregar la desventaja, por un continuo, incesante y elevado drenaje de dinero, con evidente perjuicio para las finanzas y economía de la Nación.

“Este análisis fue motivo de que se formaran y robustecieran en mí las primeras ideas de cooperar en una obra que tendiera a eliminar en absoluto de la República el trinomio de peligro, inferioridad y desventaja, transformando así la situación imperante”.
YPF, entonces, fue concebida, a partir de la gestión de Mosconi, como aquel instrumento capaz de elevar la producción estatal de petróleo hasta el nivel del autoabastecimiento, desplazando a la producción de las empresas extranjeras. En este marco, su visión geoestratégica consistía en imponer una política nacional en el mercado de ventas, poniendo fin al monopolio de las empresas transnacionales, llegando a postular, como objetivo de máxima, el poder organizar definitivamente el autoabastecimiento del país, sobre la base de una política industrial plenamente soberana e independiente de los poderes centrales.

Claro que políticas como las desplegadas por la gestión del general Mosconi, representaban un peligro mortal para los intereses de los grandes monopolios privados, que todavía operaban en nuestro país amparados por el viejo Código de Minería de 1886, el cual, en su artículo 9º, prohibía al Estado nacional el ejercicio del dominio útil sobre los hidrocarburos.

En ese contexto histórico, nuestro país vio interrumpida su institucionalidad. Unos años después, y ya en plena “década infame” durante el gobierno del general Agustín P. Justo, pactos secretos y leyes ajustadas a los intereses de los grandes monopolios recortaron las atribuciones de YPF, profundizando el proceso de enajenación del país respecto de sus recursos energéticos; caracterizados por una fuerte tendencia a la desnacionalización del petróleo.

Baste recordar lo que sostenía el diputado socialista boliviano, Marcelo Quiroga Santa Cruz: “Nadie, medianamente interesado en el principio y la práctica de la autodeterminación nacional, debiera ignorar la importancia económica y política decisivas que al respecto tiene el descubrimiento y control de recursos naturales no renovables. Y ninguno, entre todos éstos, en el área latinoamericana de la dependencia, más importante que el petróleo, a causa de la irremediable y creciente condición energética deficitaria de los Estados Unidos (cabeza del mundo capitalista en crisis, y para el que el subcontinente constituye un área de seguridad nacional y última reserva occidental de recursos de carácter estratégico)”. Vaya este párrafo como dedicatoria a la memoria de este diputado, defensor incansable de los derechos de los trabajadores, quien fuera asesinado durante la dictadura de García Meza en el año 1980.

Para finalizar, hoy, en pleno siglo XXI, asistimos a una coyuntura histórica en la que los poderes del capital concentrado, con total impunidad invaden naciones soberanas, no dudando en destrozar culturas milenarias, en someter a la barbarie a pueblos enteros ni en asesinar a miles de personas, con el único propósito de apropiarse de los recursos naturales de los pueblos más postergados para ser fieles a los intereses de sus monopolios.

En esta escena, es necesario más que nunca adoptar una política independiente en cuanto a la administración y explotación de nuestros recursos, en sintonía con nuestra historia y de cara al futuro, en solidaridad, hermanados con aquellos pueblos con quienes compartimos los desafíos que nos presenta la construcción de ese gran proyecto común, liberador y dignificador, que Bolívar sabiamente denominara la “Patria Grande”.