64. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RIESTRA

Fundamentos del apoyo en general del bloque del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Estamos transitando la etapa final de este intenso debate, donde seguramente quedará consagrada por una amplísima mayoría la expropiación del 51% de las acciones que la española Repsol posee de nuestra YPF. Nos encontramos frente a una instancia que podemos definir como histórica, por el punto de inflexión que significa para la política petrolera del Estado nacional. No estamos realizando una reestatización, pero la decisión que vamos a adoptar mejora la posición estructural del país para avanzar en esa dirección. Como ya explicaron otros integrantes del Interbloque FAP, apoyamos en general el proyecto del oficialismo, pero marcando nuestras disidencias en varios puntos: planteamos modificaciones al marco regulatorio; corregimos la discriminación que favorece al grupo Petersen; establecemos garantías para la participación estatal mayoritaria y el destino de las utilidades; reivindicamos el carácter federal de la petrolera; avanzamos en la constitución de una empresa pública; ampliamos los criterios de valuación y fijamos mecanismos de control.
Estas diferencias se explican en primera instancia en la mirada estratégica distinta que tenemos sobre el problema energético, pero sobre todo por el lugar que ocupamos en la historia reciente de las luchas de nuestro pueblo por recuperar su soberanía energética.
Propongo una pregunta: ¿De dónde sale el enorme consenso político y social que está generando este proyecto de expropiación de las acciones de YPF? Estoy seguro de que ninguno de los presentes podrá decir que este apoyo se construyó a partir de los aciertos de la política del ministro De Vido. Saludamos el golpe de timón, pero todos sabemos que los arrepentidos no generan mística en las masas. Tampoco los tecnócratas. Pero hoy no estamos para jugar con la retórica, porque creo que es necesario acercarnos a la dimensión histórica y política de lo que vamos a votar, para no confundir el escenario y saber hacia dónde tenemos que marchar.
Detrás de YPF hay 70 años de inversión social acumulada en la construcción del Estado nacional. No me equivoco si digo que hablar de la petrolera de bandera es la mejor manera de expresar nuestra concepción de soberanía. Por eso, no nos tiene que sorprender que la imagen de una YPF estatal despierte algo similar a lo que sentimos por Malvinas.
Lo decíamos antes: para terminar de remover el cepo estructural que los gerentes locales del neoliberalismo le pusieron a nuestro desarrollo tenemos que dar este primer paso que nos permita llegar a la efectiva nacionalización del petróleo y el gas. Como lo venimos reclamando desde las privatizaciones en marchas, petitorios y cientos de tribunas levantadas por la CTA y el conjunto de organizaciones, trabajadores y profesionales del sector energético que conformaron el Grupo Moreno.
Por eso, considero oportuno traer a este recinto las palabras que el compañero José Rigane, secretario adjunto de la CTA y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina pronunció en la audiencia pública realizada por esta Cámara el pasado 24 de abril. Decía este dirigente: “Si hay algo que hay que destacar de este modelo energético es la extranjerización, precisamente de nuestra riqueza, que son nuestros recursos (…) Por eso nos parece que hay una oportunidad, que hay que aprovecharla y esa oportunidad tiene que ver con la necesidad de cambiar todo el modelo energético. No sólo no alcanza con el 51% de las acciones de YPF, sino que tampoco hay que pensar que acá la única que se portó mal es Repsol. Acá se porta mal Petrobras, Chevron, Panamerican Energy, Total, etc., y en ese sentido a nosotros nos parece que hay que avanzar y cambiar este modelo energético, modelo energético que ha llevado al fracaso y a necesidades de crisis energética al pueblo argentino pero que ha sido un modelo exitoso para los grupos multinacionales que no sólo extrajeron la riqueza de nuestro país, sino que además obtuvieron ganancias espectaculares a través de dividendos y otras iniciativas”.
Estamos hablando de recuperar soberanía, de transformar la matriz energética, que en este país depende esencialmente del gas y del petróleo, y volver a reconstruir el entramado productivo que se desarmó con el proceso de privatización.
Por eso nosotros, desde la provincia de Santa Fe, estamos impulsando la recuperación de la destilería San Lorenzo, otrora parte de la cadena productiva de YPF y actualmente en manos de la empresa OIL Combustibles, de Cristóbal López, tras el proceso de desguace de la petrolera estatal.
A continuación, deseo reseñar algunos antecedentes jurídicos esenciales respecto de la privatización de YPF, a saber:
Ley 23.696, sancionada el 17 de agosto de 1989: denominada de “Reforma del Estado” que, al declarar la emergencia administrativa, fue el primer avance en el esquema de privatización de las empresas del Estado.
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 2778, firmado en fecha 31 de diciembre de 1990: dispone que a partir del 01 de enero de 1991 se transforma a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima, poniendo en marcha el plan de transformación global de la empresa.
Dicho decreto tiene dos anexos muy importantes, a saber: I) El plan de acción para la transformación de la empresa, y II) El estatuto de YPF Sociedad Anónima. El anexo I) tuvo una gran incidencia en la provincia de Santa Fe, en virtud que definió el destino de la destilería que YPF S.A. tenía en la ciudad de San Lorenzo, y de la planta de despacho de combustibles que tenía en la ciudad de Santa Fe.
En este punto, el dato que no debe pasar desapercibido refiere a que la verdadera transformación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado y el estatuto social de YPF S.A. se instrumentaron por decreto, y no por ley.
Ley 24.145: también denominada de “Federalización de Hidrocarburos y privatización del Capital de YPF S.A.”, que dispuso cómo se iba a realizar el primer proceso de “entrega” del Capital Social de la empresa.
Dicha ley en su artículo 8º establecía las clases y porcentajes de distribución de las acciones: “El capital social de YPF Sociedad Anónima está representado por acciones, cuyas clases serán atribuidas del modo que a continuación se señala: a) Clase ‘A’: Las acciones pertenecientes al Estado nacional, equivalentes al CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) del Capital Social, con el derecho de acrecer; b) Clase ‘B’: Las acciones que adquieran las provincias en cuyo territorio se hallen ubicados yacimientos de hidrocarburos o, en su caso, por las provincias no productoras de hidrocarburos, hasta un TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (39%) del Capital Social, distribuidas entre ellas. Las acciones de esta clase a vender al capital privado se convertirán en Clase ‘D’; y c) Clase ‘C’: Las acciones que adquiera el personal de la empresa hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del Capital Social, bajo el régimen de propiedad participada.
Lo cierto es que esa composición duró muy poco tiempo, terminando todo el Capital Social en manos privadas; lo que permitió que se hagan grandes negocios sobre la base del siguiente dato:
Las acciones de YPF S.A. comenzaron a venderse en el mercado privado (Bolsa de Comercio), el día 07 de julio 1993 a un precio de diecinueve pesos mientras que en febrero de 2011 llegaron a una cotización superior a los doscientos pesos.
Resulta importante señalar que, al momento de la privatización, YPF había desarrollado las siguientes estructuras empresariales en nuestra provincia:
• La Divisional Rosario (que se ubicaba en las calles Montevideo y San Martín), donde operaba el centro de comercialización para todo el litoral, que fue cerrada después de la venta de la destilería San Lorenzo, concentrando la actividad comercial en la Terminal San Lorenzo.
• La planta de despacho de combustibles de la ciudad de Santa Fe (que funcionaba dentro del puerto), que terminó siendo cerrada y desguazada en el marco del decreto 2.778/90.
• La destilería San Lorenzo y la planta de despacho de combustibles (ubicada sobre el margen ribereño de la ciudad), que fueron vendidas a capitales privados el 01 de abril de 1993 en el marco del Decreto 2778/90.
• La cabecera del Poliducto San Lorenzo y la Terminal de Despacho de Combustibles (ubicada en el acceso norte de la autopista Rosario – Santa Fe), que en la actualidad siguen perteneciendo a YPF S.A.
En el caso puntual de la destilería que YPF tenía en la ciudad de San Lorenzo, ésta fue vendida en el marco del decreto 2.778/90.
Los compradores, por un precio vil, se apropiaron en esa misma operación de una terminal de despacho de combustibles (que actualmente funciona), ubicada sobre el margen ribereño de la ciudad que, entre otros bienes valiosos, posee cuatro muelles para buques de gran porte.
Durante un buen tiempo YPF S.A. quedó sin muelle en San Lorenzo y alquilaba uno de los muelles que había vendido (luego el residual de Gas del Estado pasó a ser de YPF S.A., y a partir de entonces opera en el muelle que esa empresa poseía en la misma ciudad).
Además, como si se tratara de un combo, también se quedaron con el club que YPF había construido para la comunidad sanlorencina.
La destilería San Lorenzo fue vendida el 01 de abril de 1993 al único oferente que se presentó a la licitación, que fue una sociedad conformada de la siguiente manera: 42,5% Pérez Companc, 42,5% Soldati y 15% Petroquímica Argentina Sociedad Anónima (que pertenecía a Pérez Companc).

El precio de venta fue $ 12.200.000 (doce millones doscientos mil pesos) y con referencia a ese precio, sirve tener presente los siguientes datos:
a) YPF S.A. pagó $ 16.000.000 (dieciséis millones de pesos) en concepto de indemnización de los trabajadores que despidió por la venta de la destilería (es decir cuatro millones más de lo que percibió por la venta de la misma);
b) Soldati, en 1997, vendió su porcentaje accionario a Repsol en $ 75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos).
Cuando Repsol compró YPF S.A., vendió la parte que tenía de la destilería San Lorenzo a Pérez Companc. Luego se vendió la totalidad del paquete accionario a Petrobras, y actualmente pertenece a OIL Combustibles (como ya he mencionado, empresa de Cristóbal López).
Considero imprescindible que el Estado recupere el control de la destilería San Lorenzo, lo cual obedece a una necesidad estratégica.
Tengamos en cuenta que Yacimientos Petrolíferos Fiscales, según el diseño estratégico del general Enrique Mosconi, poseía seis destilerías distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, con la finalidad de asegurar el abastecimiento de combustible en todo el territorio nacional, a saber:
 Campo Durán (Salta).
 San Lorenzo (Santa Fe).
 Dock Sud (Buenos aires).
 Ensenada (Buenos Aires).
 Luján de Cuyo (Mendoza).
 Plaza Huincul (Neuquén).
Las tres primeras fueron vendidas por disposición del anexo I) del decreto 2.778/90, es decir que dejaron de pertenecer a YPF S.A.: razón por la cual, ahora la destilería San Lorenzo no queda alcanzada por el proyecto de ley de control estatal mayoritario.
Debe observarse que el decreto 2.778/90 preveía para esa refinería dos opciones: a) cierre, y b) venta.
Ello se debe a que el Ing. José Estenssoro era partidario de que la destilería San Lorenzo se cierre, porque le reconocía un gran valor estratégico (otorgado por las ventajas comparativas de su ubicación geográfica); lo que implicaba un serio riesgo para el caso de que terminara en manos de la competencia de YPF S.A..
Fue por planteo hecho por el sindicato, en defensa de las fuentes de trabajo, que esa destilería no se cerró.
Es cierto que la capacidad de procesamiento de la destilería San Lorenzo es relativamente pequeña (puede procesar hasta 6.000 mts. cúbicos de petróleo por día, mientras que la destilería de Ensenada puede procesar 50.000 mts. cúbicos diariamente). Sin embargo, con la inversión denominada “mayor conversión”, que en muchas oportunidades fue proyectada pero nunca se realizó, se podría duplicar o triplicar su capacidad de procesamiento, y eso sería un aporte fundamental en el camino del autoabastecimiento.
Hay que tener presente que las tres refinerías que actualmente posee YPF S.A. (Ensenada, Luján de Cuyo y Plaza Huincul) mantienen la misma capacidad de procesamiento que tenían 20 años atrás, circunstancia que hace imprescindible contar con más destilerías (si realmente se pretende lograr el autoabastecimiento).
En ese contexto, por claras razones estratégicas, habría que incluir también la participación estatal mayoritaria en la sociedad que actualmente posee la Destilería San Lorenzo, del mismo modo en que se incorporó al proyecto original la expropiación de YPF GAS S.A..
Si ello sucediera, la provincia de Santa Fe tendría un argumento más sólido para sustentar su pretensión de participar en el paquete accionario de YPF S.A. porque, en el proceso productivo, la etapa de la refinación es tan importante como la de la extracción.
Por otro lado, querría introducir una perspectiva de análisis que tanto en el debate como en el texto del proyecto no aparece, ya que se ha privilegiado la cuestión económica en desmedro de abordajes ambientales y sociales. Puntualmente, me refiero a dos temas que considero de vital importancia: el resguardo de los territorios indígenas y el cuidado del ambiente. En ningún momento se mencionan estas dos cuestiones en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
En el artículo 3º se enumeran los principios de la política hidrocarburífera de la República Argentina. El cuidado del ambiente y la sustentabilidad en todas las etapas de la extracción de hidrocarburos, debe ser uno de ellos. Sin embargo, el proyecto no los menciona.
Muchas de las concesiones hidrocarburíferas se encuentran en territorio indígena, los pueblos originarios reclaman que se exprese en el texto de la ley el respeto a los Derechos de los territorios comunitarios. Esta preocupación es central para las comunidades afectadas por la explotación petrolera ya que, en las últimas décadas, los estados provincial y federal no garantizaron sus derechos, produciendo desalojos y conflictos ambientales y sociales.
Entonces es necesario que se incluya entre los principios enumerados en el artículo 3º “la explotación sustentable, ambientalmente responsable y respetuosa de las comunidades cercanas a los yacimientos, garantizando el cumplimiento del convenio 169 de la OIT respecto de territorios y comunidades indígenas”.
Se dice en el proyecto oficial que para obtener el autoabastecimiento se recurrirá a los yacimientos no convencionales, lo que generará un escenario de profundo riesgo ambiental y social para gran parte del país, como lo demuestra la experiencia internacional. Las actividades extractivas de este tipo representan y generan en la actualidad grandes costos ambientales y sociales. La explotación de yacimientos no convencionales requiere de procesos enormemente contaminantes, tal como lo advierte la Agencia de Protección Ambiental de EEUU.
Creemos que una mayor participación estatal en la actividad debe asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional, garantizando los derechos de los pobladores a un ambiente sano y de los pueblos originarios sobre los territorios que tradicionalmente ocupan, derechos que las empresas transnacionales del sector vienen vulnerando y desconociendo en nuestro país.
Para terminar, quiero recordar algunos párrafos del documento que dio inicio a la campaña por un millón de firmas para lograr la nacionalización del petróleo y el gas, impulsada por el Grupo Moreno, la CTA, ex trabajadores de YPF y Gas del Estado, organizaciones socia-

les, políticas, de derechos humanos, gremiales, de desocupados, cooperativistas y estudiantiles, diputados, personalidades y dirigentes de todos los ámbitos. Decíamos ayer:
“Hay que parar cuanto antes ese saqueo vergonzoso. La renta petrolera debe estar al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, y no de las multinacionales. Por eso reclamamos:
• Nacionalización integral del petróleo, el gas y todos los recursos energéticos, y potestad soberana de la Nación sobre el subsuelo. La provincialización adoptada por la reforma constitucional de 1994 es el subterfugio a través del cual se canalizan los negociados.
• Reestatización de YPF y Gas del Estado, anulando esas privatizaciones sin indemnización. Por una empresa de hidrocarburos estatal, integrada, monopólica y eficiente, bajo control democrático de sus trabajadores y consumidores, único camino para lograr una política genuinamente nacional y revertir la caída en la exploración y explotación”.