Las últimas semanas, la hermana República del Paraguay ha sido el epicentro del choque de fuerzas sociales diversas, pero que a grandes rasgos pueden reconocerse entre quienes desean mantener un statu quo, y aquellos que reclaman y abogan por un cambio. Los lamentables acontecimientos de Curuguaty, sobre los que ya hemos escuchado mucho en este recinto, no son el comienzo de nada. Quedarnos sólo con una foto de la vida política de un país, de la dinámica de cambio de una realidad social, sólo responde a los intereses de uno u otro sector, dependiendo del prisma con el que se mire todo. La situación de los campesinos de ese país, la lucha por sobrevivir en un modelo de producción latifundista, la tenencia y propiedad de la tierra, las relaciones de poder entre un grupo de familias adineradas, confrontada a la situación de supervivencia de los pequeños campesinos, es allí donde encontramos los verdaderos orígenes de lo que terminó en muertes totalmente injustificadas y posteriormente un proceso realizado " conforme a derecho" contra el presidente electo Fernando Lugo.
Desde la dictadura de Stroessner, la propiedad de la tierra en el hermano país se encuentra bajo un régimen latifundista extremo, como no se ha visto en otros lugares del mundo. El 85% de las tierras cultivables se encuentran en manos del 2% de la población paraguaya. De más está decir que las familias que se encuentran beneficiadas por este régimen son aquellas que estaban a favor del dictador y por ello recibieron su recompensa posterior. En la vereda de enfrente, se encuentran 250.000 campesinos sin tierra que luchan por llevar adelante una vida digna. Ahora bien, sumemos a este contexto de extrema desigualdad social algunos otros condimentos que no hacen más que incorporar aristas para un estallido social. Paraguay cuenta con una estructura impositiva que recae fuertemente sobre los hombros de los que menos tienen. La regresividad es tal, que en ese país no esta gravada la riqueza, y tampoco se encuentra gravada la exportación de granos, con lo cual sólo se logra hacer que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, sea cada vez mayor.
Pero todo este contexto, si bien cada uno de nosotros puede tener una opinión sobre esa realidad social, no es motivo que merezca una sesión especial de este Congreso Nacional argentino. Lo que nos trae aquí es lo que sucedió a partir de esta realidad. La toma de tierras por parte de campesinos que luchan por tener la propiedad de las que trabajan, la brutal represión que tuvo ese hecho, las muertes generadas allí, y por sobre todas las cosas, la destitución en tiempo récord del presidente democrático de Paraguay es lo que ha generado esta sesión del Parlamento argentino. Un presidente que fue elegido por el pueblo paraguayo a partir del voto, pero que tenía un Parlamento que no respondía a él. Una mayoría parlamentaria que está en manos de una oposición acérrima. Entonces, no podemos ser ingenuos y creer que todo esto no tiene absoluta conexión con la celeridad de la salida del presidente Lugo.
Habiendo dicho esto, y con los antecedentes que aún están recientes en la memoria colectiva de America Latina, con el historial negro de gobiernos autoritarios, con el recuerdo patente de lo sucedido en el año 2009 en Honduras, es nuestro deber sumarnos en la defensa. Pero, entonces, la pregunta que cabe hacernos es: ¿La defensa de qué, o de quién? Nuestro deber como legisladores, como funcionarios nacionales, como ciudadanos de una democracia moderna, es velar por la república. El proceso de destitución del ex presidente paraguayo, ha dejado un sabor amargo. La celeridad con que ha sido definido el proceso, sólo ha dejado en claro una sola cosa: la falta de respeto que se ha tenido para con la decisión que tomó en su momento el pueblo, porque al ex presidente Lugo lo votó su pueblo. Y en ese hecho no hay posibilidades de interpretación. Puede gustar más o menos la plataforma política o las acciones llevadas adelante por su gestión, pero el voto popular fue lo que le permitió ser la máxima autoridad del Paraguay.
Y todo esto que está sucediendo ahora, ocurre a menos de un año de que el país tenga que elegir a su nuevo gobernante, lo cual me parece que es mucho más grave, porque intentar legitimar un proceso sólo por el hecho de haber seguido las reglas, pero rayando con la ilegalidad debido a la celeridad con que se ha llevado adelante, no hace más que atentar no sólo contra la democracia sino también contra la división de poderes y el respeto hacia la voluntad popular.
No es deber de esta Cámara de Diputados hacerse eco de las muchas versiones que se escuchan de uno y otro lado acerca de los verdaderos intereses que han llevado a que Fernando Lugo no ocupe ya el cargo para el que fue elegido. No somos ni abogados defensores ni fiscales de nadie. Somos defensores sí, de la democracia como forma de gobierno, del respeto a las instituciones, del respeto a los tiempos democráticos. Y es eso lo que se ha violado en Paraguay con la salida del ex presidente, porque si bien parecería que el proceso de destitución se ha ajustado a la legislación del país vecino, ¿qué resultado se puede esperar de la votación de un Senado cuya mayoría es de una oposición que tiene intereses y que parece ser que está dispuesta a ponerlos por encima de la voluntad de los ciudadanos de ese país?
La defensa del ex presidente paraguayo ha sido totalmente dejada de lado en ese proceso sumarísimo, que en menos de una semana rompe con los canales normales de funcionamiento de una república. Lo que el pueblo paraguayo necesita en este momento no es un cambio de personas en el poder, lo que necesitan es la verdad. Saber quiénes son los responsables de las muertes en Curuguaty, que se conozca el porqué de la muerte de civiles, que se sepa quiénes dieron las órdenes, cuáles fueron y cómo se ejecutaron. Y si alguien intenta convencerme de que todo ello se hizo de manera responsable y acabada, en una semana, entonces ya no podemos más que condenar a quien intenta burlarse de nosotros.
La Argentina es un país que lucha y levanta las banderas de la democracia. Porque somos unos convencidos de que, aun cuando podemos no estar de acuerdo con el resultado de una elección, es ésta la mejor forma de gobierno para los estados modernos. Es por ello que el Interbloque al cual pertenezco, el partido del cual soy miembro, y yo como persona, estamos convencidos de que la destitución de Fernando Lugo ha sido como mínimo un proceso apresurado que debe llevarnos a prestar mucha atención a cómo continúan los sucesos en la vida política de Paraguay, y esperando que los conflictos sociales no tengan una escalada de violencia que nadie desea.
Las instituciones, nacionales e internacionales de las cuales nuestro país es miembro deben repudiar los acontecimiento generales sucedidos en Paraguay, y es allí donde deseo sumar mi voz y ser parte de quienes pedimos que se respeten las instituciones y los mecanismos plenos de sucesión en ese país. En el concierto internacional es fundamental el respeto a las políticas internas de un país, así como también a las cláusulas democráticas suscriptas en la región ante los organismos multilaterales a los que se pertenece.