1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Fundamentos del rechazo del señor diputado a los dictámenes de comisión recaídos en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo sobre ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público; carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos y obligatoriedad de publicar las acordadas y resoluciones que dicten la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales de segunda instancia

El ingreso de estos proyectos de reforma judicial debiera encontrar al Congreso Nacional analizándolos con serenidad, con el concurso de especialistas y verificando experiencias propias y comparadas, si es que fuera cierto el enunciado de democratizar y optimizar su funcionamiento.
El acceso a la Justicia y sus tiempos, tanto como la relación entre excarcelaciones y seguridad ciudadana, la lentitud en avanzar en los casos de corrupción de funcionarios, son reclamos extendidos. Aquí no se tratan los costos de litigar, la ampliación de horarios, la creación de juzgados de primera instancia, justicia de menor cuantía, oralización civil, ni la implementación de los juicios por jurados previstos en la Constitución para el fuero penal, donde no hay ninguna iniciativa. Repito, ninguno de los seis proyectos ingresados al Congreso tiene que ver con estas preocupaciones. Lejos de acercar la Justicia a nuestros compatriotas, los proyectos no mejoran su lentitud y accesibilidad.
Todo parece destinado a proteger al Estado y sus funcionarios, blindando al poder. La diputada nacional Diana Conti sinceró la intención cuando dijo "en democracia la mayoría gobierna los tres poderes". Hace años, durante el menemismo y la Corte con mayoría automática, el ministro Rodolfo Barra señaló que el Poder Judicial es un brazo del gobierno.
Alguna vez se acuñó la frase "al enemigo ni justicia" y a todos nos fue mal. Ahora insistimos con ese ánimo hegemónico materalizado en esta iniciativa kirchnerista. No creen que los funcionarios y ciudadanos son iguales ante la ley, que el gobierno debe cumplir las leyes y las mismas no están sujetas a su voluntad, comenzando por la Constitución Nacional y el Poder Judicial que es la garantía para su cumplimiento.
Este paquete es antidemocrático porque desconoce la existencia con derechos de las minorías como impera en los totalitarismos. Desconoce que el sistema constitucional argentino es la república, con división de poderes. Ya sabemos cómo desprecia el federalismo y como desvirtúa el modo representativo. Ahora avanza sobre el Poder Judicial, porque controla sus abusos y limita su vocación de poder absoluto, su proyecto de perpetuación e impunidad.
La presidenta de la República, desde el atril y su twitter, ataca jueces, ridiculiza a una cámara federal y pierde la voz por una sentencia, pero protege y calla sobre aquellos fallos escandalosos que benefician a funcionarios de su gobierno y sobre casos de corrupción que conmueven a la opinión pública.
Siendo senadora nacional, en octubre de 2006, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que el Congreso era el "órgano deliberativo del Poder Ejecutivo." Ese es el principio de todo lo que está sucediendo. La búsqueda de enemigos seleccionados caprichosamente a aniquilar, una práctica que traerá graves consecuencias para todos. Subordinar la República a la acumulación de poder de un grupo político, tiene funestos antecedentes. Aquí no se respetan la Convención de Derechos Civiles ni el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Su impugnación ante tribunales nacionales y extranjeros será ineludible.
Es una burla recubrir estos proyectos con la "democratización de la Justicia" visto que un lunes a la tarde se anunciaron en la Casa de Gobierno y el miércoles, antes de que cayera la noche, las comisiones del Senado Nacional, sin ningún debate ni posibilidad de introducir algún cambio, emitieron dictamen y una semana después fueron aprobados por el plenario. Una reforma para "100 años" según el secretario de Justicia, tramitada en 15 días. Solamente se abrió el debate para escuchar a una ONG presidida por un periodista de cabecera del gobierno. Ellos puntualizaron serios defectos, muchos baches y objeciones de tipo constitucional. En esa oportunidad el CELS señaló "la redacción apurada, imprecisa e incompleta." Las entidades de magistrados, de abogados, académicas, universitarias, facultades de derecho, ONG, Iglesias, asociaciones empresarias, sindicales y de intelectuales, no fueron escuchadas y se pronunciaron en contra con significativas críticas.
Ya sabemos en qué consisten para el relato oficial la democratización de los medios, la soberanía hidrocarburífera y monetaria.
Publicidad de los actos del Poder Judicial. El acceso a la información judicial está en el sitio digital de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ingreso de proyectos y su tratamiento por el Congreso Nacional se puede conseguir sin intermediarios.
Eso contrasta con la imposibilidad de acceder a la información pública de asuntos vinculados al Poder Ejecutivo que no cumple su propio decreto 1173/3. Es imposible conocer resoluciones ejecutivas, muchas de ellas de gravitante importancia. Nunca pudo el Congreso tratar una ley de acceso a la información pública, aun cuando Cristina Fernández presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y llegó de la Cámara de Diputados un proyecto con media sanción.
Acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado. El proyecto baja los requisitos y la Justicia deberá depositar sus declaraciones juradas en manos del ministro de Justicia. La publicación de las declaraciones juradas de todos los funcionarios es una contribución a la transparencia, pero los escándalos de estos tiempos circulan alrededor de funcionarios del Poder Ejecutivo. Las dificultades para conocer la declaración jurada del vicepresidente de la República y las inconsistencias que motivaron denuncia y escandaloso cierre de las declaraciones de matrimonio Kirchner son por todos conocidas. Hay más de 25 funcionarios kirchneristas con causas abiertas, más de una decena de ellas contra el vicepresidente. La Comisión de Ética Pública nunca fue puesta en funcionamiento.
Ingreso democrático al Poder Judicial. El ingreso por concurso a los estamentos judiciales por concurso es una saludable iniciativa, como también deben concursarse por mérito los cargos que correspondan a los demás organismos públicos. El sorteo por Lotería Nacional no parece ser el método más apropiado para seleccionar en concursos. La Constitución exige idoneidad y su evaluación conforme a merecimientos técnicos. Esto se aproxima a eliminar la carrera judicial. Ya observamos lo que pasa en la Defensoría y mucho más en el Ministerio Público, que no se menciona en esta iniciativa. Allí no hay concurso, tampoco instrucciones para investigar en las denuncias que conocimos por televisión hace tres días. Seguramente allanarán cuando ninguna prueba quede. En el Ministerio Público están designando personal que vigila el trabajo de los fiscales y en el proyecto se habilita la designación de jueces subrogantes y conjueces para dar inicio al funcionamiento en las nuevas cámaras de casación.
A fin de año, por resolución 1126, el PE autorizó el ingreso de 5.000 empleos permanentes a la planta provenientes de dos organizaciones kirchneristas.
Desde 2003 a 2013, la partida de personal para la administración pública nacional creció un 160% (de 27.000 millones a $ 70.387 millones). Según lo presupuestado el incremento para planta permanente fue de 157% (de $ 24.642 millones a $ $ 63.358 millones) y para contratados creció 181% (de $ 2.396 millones a $ 6.730 millones).
¿Cómo es posible aceptar que la Corte Suprema no tenga bajo su responsabilidad la designación de personal, su política salarial, la reasignación de partidas y los recursos correspondientes, que ahora se limitan a los necesarios para su propio funcionamiento ? Se quiere cercar y vaciar a la Corte Suprema, porque como dijo el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, fue designada "para otra cosa." Para esos fines se arrasan media docena de artículos que componen nuestra Constitución Nacional.
Los tres proyectos sancionados por el Senado Nacional configuran el meollo de esta partidización de jueces adictos al partido de gobierno. Intentan la demolición del poder de contralor. Un retroceso a la monarquía absoluta previa a la Revolución Francesa, la que consagró derechos y garantías al ciudadano ante el poder omnímodo del Príncipe. Ya en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, el Poder Ejecutivo introdujo su concepción cuando eliminó la responsabilidad civil del Estado y sus funcionarios. Desaparecen las garantías a los ciudadanos ante el Estado. En la tragedia de Once y la devastación de hogares de La Plata ningún particular podría reclamar resarcimientos
al Estado. Tampoco en el corralón, en los juicios de jubilados, en avances sobre la propiedad, en leyes que violentan la Constitución y en persecuciones arbitrarias de la AFIP.
¿Representamos a quienes nos eligieron para ser opositores si no defendemos su derecho a expresarse, sean mayorías o minorías? Tampoco lo hacemos si no impedimos que prosperen iniciativas para debilitar la protección que los más débiles requieren de los jueces.
Advierto a esta Cámara y al país para que al kirchnerismo no se le ocurra suspender la realización de las internas primarias, abiertas simultáneas y obligatorias. La otra posibilidad, dado la reforma sobre la confección de las boletas, es usarlas como trampolín de alguna candidatura e impedir los acuerdos de los partidos opositores.
En todos los casos significa una partidización de los jueces que sean incluidos, promocionados y elegidos en campañas políticas por el partido al que luego deben controlar y juzgar, un despropósito que impone la disciplina partidaria en la administración de justicia. La Senadora Fernández de Kirchner, al fundar la reducción de 20 a 13 la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura abonó por la despolitización y por la reducción de burocracia. Ahora impulsa lo opuesto al pasar de 13 a 19. Trece de los 19 miembros se elegirán por mayoría y en la misma boleta con los candidatos de presidente y vice, de diputados y senadores, o sea que quien gane la mayoría en los estamentos políticos también obtiene la mayoría en el Consejo de la Magistratura.
Deja de ser la Justicia un control de los poderes políticos. También contraría su argumento de 2005 de evitar la formación de mayorías fáciles al proponer mayoría absoluta (mitad más uno de los miembros del Consejo de la Magistratura) para designar y destituir jueces, eliminando la mayoría agravada (dos tercios) que rige actualmente para aprobar un candidato o suspenderlo de su cargo. Con ello, no sólo se retrocede en el concepto del constituyente del 94 respecto de otorgarle criterio técnico al órgano que selecciona y analiza a los jueces, aunque preservando la presencia de la política, sino que también se involuciona respecto de la Constitución de 1853, porque en ella se requerían mayorías agravadas.
Ahora propone que 10 miembros (mayoría absoluta) pueden decidir la aprobación del concurso y la suspensión del juez. También se modifica la manera de conformar las ternas de los concursos remitiéndolas completas al Poder Ejecutivo. Personas de otras profesiones tendrán que calificar los conocimientos en derecho que acrediten los postulantes.
Se rompe el equilibrio constitucional, se violenta el equilibrio entre los diferentes estamentos y se asemeja a abogados con jueces, como si estos últimos fueran una corporación y no un poder del Estado. El constituyente no dijo que estos fueran designados por elección popular sino en representación, de sus pares se entiende. La redacción es muy clara y la coma puesta en el párrafo una definición del constituyente, ampliado en la versión taquigráfica de la Convención Constituyente de 1994.
Hay una acordada de la Corte Suprema de 1952, ampliada en 1972 y un decreto de 1956 que inhibe a los jueces a participar en actividades de los partidos políticos. La ley de partidos políticos y la de las PASO prohíben a los jueces participar de campañas políticas. Si tuviésemos una especulación mezquina diríamos que en una elección por distrito único, podríamos ganarle al kirchnerismo dado su desgajamiento y su ocaso, pero no se trata de eso; no debe existir una justicia k ni anti k, debe haber justicia imparcial para todos los argentinos. Si los jueces pueden ser removidos tan fácilmente no habrá quien defienda a los ciudadanos de la mayoría circunstancial que gobierne.
Para resguardo de la República, aún subsiste la Justicia, acosada y condicionada en algunos bolsones, pero impartida por magistrados imparciales y en su vértice por la Corte Suprema. Es precisamente sobre la Corte donde se cierne el cerco al despojarla del manejo administrativo y presupuestario del Poder Judicial. Afortunadamente el titular del alto tribunal señaló:" Quédense todos muy tranquilos que es decisión de la Suprema Corte cumplir con la responsabilidad que le ha dado la Constitución, defender la Constitución cuando sea necesario, con equilibrio, independencia y con la honestidad intelectual que nos ha caracterizado hasta ahora." Oportuna certeza ante un gobierno faccioso que pretende eliminar el control constitucional de las leyes vigente desde 1865 con la ley 48. Ese control pasa a ser del partido gobernante.
Tras el discurso de la presidenta de la República queda claro que se quiere suprimir la división de poderes.
La reforma del Consejo de la Magistratura es otro capítulo para destruirlo. Se violenta el artículo 114 de la Constitución Nacional donde está muy claro que abogados y magistrados son elegidos por sus estamentos. Insisto en lo antedicho: los constituyentes quisieron dotar a este organismo de criterios técnicos despojados de los cambios políticos. Es raro que profesionales de otras disciplinas tengan más aptitud y calificación para seleccionar jueces que los especializados en derecho. Se aumenta su composición y sus miembros elegidos por voto popular, o sea deben ser propuestos por partidos políticos. Se quita poder a los jueces y son eliminados de la lista de jurados que actualmente comparten con los académicos. Se cambia el criterio constitucional en cuanto a su equilibrio y su función: contrapoder porque se regirá por mayoría. El senador nacional Miguel Pichetto, como constituyente nacional citó al constitucionalista Germán Bidart Campos y su discurso que sirve para desacreditar este proyecto.
Antes fue la reforma del Consejo de la Magistratura 2006: impulsada por la senadora Fernández de Kirchner, ampliando la presencia política, luego la paralización y los ataques inescrupulosos contra sus miembros, ahora su configuración al margen de lo establecido por la Constitución Nacional.
Este gobierno designó 400 de los 730 magistrados actuales, el 54,8 % de los jueces que ahora descalifica de la peor manera. Siete de los doce jueces federales de los tribunales de Comodoro Py fueron designados durante el kirchnerismo.
Mientras tanto mantiene 183 vacantes en juzgados federales y nacionales.
Más del 20% de los jueces son subrogantes y sin embargo en 2011 y 2012 sólo concluyeron 5 concursos para cubrir 21 vacantes. En 2010 se cubrieron 119 vacantes en 39 concursos. ¿Esto se resuelve con la elección popular de los delegados de abogados, jueces y académicos o dejando de interferir en el trabajo de este cuerpo creado 1994?
No hay ningún país de la región donde los jueces, miembros del Consejo de la Magistratura, sean elegidos por voto popular. En excepción de Ecuador, donde se eligen por concurso, los eligen sus pares.
Respecto de las cautelares contra el Estado, con su regulación y plazo, se violenta toda la historia constitucional. Retrocedemos un siglo. Las cautelares no pueden durar más de seis meses y se suspenden automáticamente con la apelación estatal. Pasados los seis meses el Estado aplicará la medida. ¿Qué juicio se resuelve en seis meses? Ese plazo es irrazonable y tiene como objetivo desamparar al más débil contra el Estado. Esa tutela judicial efectiva queda anulada. Los particulares no podrán defenderse ante los atropellos del Estado y sus gobernantes. Con la eliminación de la caución juratoria y la fianza, este recurso es sólo para quienes tengan grandes patrimonios. Quien interponga una cautelar deberá poner una garantía y pasible de ser embargado. Si quedan prohibidas las medidas que afectan bienes y recursos del Estado, los ciudadanos no pueden recurrir contra el mismo. El debido proceso y la defensa en juicio quedan gravemente afectados. Los damnificados por el corralito de 2001 nunca podrían haber recurrido al amparo judicial para recuperar sus ahorros. Se altera la igualdad ante la ley dado la asimetría entre el Estado y cualquier particular, empresa o corporación que peticione. Si hay abuso en estas medidas, el propio sistema tiene correctivos procesales y no violentar con los artículos 41 y 43 de la C.N. En el invocado caso de la Ley de Medios Audiovisuales fue el propio Estado el que planteó recursos y acciones que postergaron la decisión de fondo. En 1957 comenzó a elaborarse esta acción de amparo, casualmente para proteger un diario del interior. Fue durante un gobierno militar de la Revolución Argentina cuando por ley 16.986 del 18/10/66, se interrumpió esta acción, para impedir daños irrecuperables, al imponerse el interés público por sobre los derechos constitucionales estipulando el efecto suspensivo de las apelaciones del Estado en los amparos de los ciudadanos. El texto del proyecto es increíble semejante al de aquella dictadura.
En la iniciativa en tratamiento, el juez antes de determinar una cautelar contra el Estado, lo convoca a que diga si se afecta el interés público, y si lo compromete, la acción no prospera.
Según lo que se propone, todo lo que hace el Estado puede considerarse de interés público, por lo que quedan anuladas las cautelares contra el Estado, según la presidenta porque nunca se insolventa. Como el Estado y los ciudadanos actualmente pueden apelar, son los jueces quienes dictan o rechazan medidas cautelares acorde a lo previsto en la Constitución y para pedirlas contra el Estado tiene más requisitos que para hacerlo contra particulares.
La creación de tres cámaras de casación se interpone ante la posibilidad que las cámaras de apelaciones fallen contrariando al Poder Ejecutivo. La sentencia de la Cámara Civil y Comercial en el caso Clarín tendría otro recorrido con este proyecto. El senador nacional Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, admitió en un reportaje en un diario que todo esto responde a la disputa con el Grupo Clarín. Dijo más, sobre la Corte Suprema que el kirchnerismo se vanagloria de haberla conformado y todos le reconocemos ese mérito: "Tiene prestigio por la manera en que ha sido designada. Todavía no ha avalado con actos concretos ese prestigio."
El hecho de que la controversia entre jueces del fuero civil y comercial con los del fuero contencioso administrativo sea resuelta por la Cámara Contencioso Administrativo, que le responde al gobierno, desnuda la intencionalidad. Poco tiene que ver con descomprimir la tramitación de causas. Es lo opuesto al per saltum impulsado por el oficialismo hace poco tiempo en este Congreso.
Esa nueva instancia hará más lento el proceso judicial y ello tiene gran importancia en el caso de la Cámara del Trabajo y Seguridad Social, para los reclamos de los trabajadores y postergando los derechos de los jubilados que tendrán otro escalón para acceder a la Justicia. Con el recurso administrativo habría cinco instancias y luego la ANSES para que cumpla. Porque la ANSES siempre apela y paga 2.000 de las 8.000 demandas que anualmente se presentan. Todo esto es dilatorio de trámites urgidos por la edad de los reclamantes, porque esta tercera instancia no es excepcional sino de revisión. Se crea una instancia que falle como el gobierno quiere, dado que la Cámara de Seguridad Social y la Corte Suprema ya se pronunciaron a favor de los jubilados. Con esas cámaras todos los reclamos de los jubilados serán apelables porque no se refieren a hechos sino a cuestiones de derecho o sea sujetas a interpretación de las leyes. Es inexplicable que se unifique el fuero previsional, que es federal, con el laboral que es de competencia local, o sea el nuevo escalón, dominado por el gobierno, que también resolverá sobre los pleitos de los trabajadores.
Ya tendremos oportunidad de ampliar conceptos sobre los proyectos con sanción del Senado cuando lleguen a nuestro tratamiento.
Adelanto mi opinión: se desarticula y afecta severamente el Estado de derecho. Se avasallan los límites al poder establecidos por contrapesos que inspiran nuestra Ley Fundamental.
El riesgo de demolición de estas columnas del sistema es directamente proporcional a lo que desde la política y desde este Congreso estemos dispuestos a hacer para impedirlo y para construir una alternativa, respetuosa, convocante y eficiente, para restablecer la convivencia en paz que nos merecemos para no tener que lamentarlo tardíamente otra vez.
Los legisladores sabemos que no se puede otorgar la suma del poder público. Los jueces saben que no pueden eludir ni encubrir semejantes desvíos jurídicos.
La reunión frente al Palacio de Tribunales (donde hace un tiempo Hebe de Bonafini amenazó con tomarlo para echar a los miembros de la Corte Suprema) y las multitudinarias manifestaciones que se prevén para el 18 de abril en las calles de todo el país, informan sobre el rechazo a esta intentona autoritaria y la reserva moral que se expresa en esa voluntad de autodefensa de derechos y garantías recuperados en 1983.
Hace días leí una nota donde quien representa a las empresas argentinas que más facturan, exportan y emplean apuntó que "un factor clave para el desarrollo de la empresarialidad está fuera del ámbito económico y tiene asiento en el terreno de la institucionalidad de la política y del papel del Estado." Agrega: "la vitalidad del tejido empresario se potencia en el marco de un sistema político democrático y republicano con división de poderes, que brinda la previsibilidad necesaria para encarar nuevas inversiones."
Los dirigentes sindicales defienden sus conquistas legales protectoras de los derechos de sus trabajadores. No es casual esa coincidencia en apelar a la Justicia y al respeto a la Constitución Nacional. No escuchar esas voces es desconocer la realidad y sorprendernos con sus consecuencias. En la vida de una Nación todo se entrelaza, decisiones políticas influyen en la economía y todo tiene que ver con todo, por eso procuro dejar asentadas algunas pistas de ese entretejido que nos condiciona para el despegue y nos atenaza en una decadencia incomprensible para quienes nos miran y para el sentido común.
Según un relevamiento de la Escuela de Negocios de la Universidad de Belgrano, el clima de negocios se ha deteriorado. Tomando un índice 120 en 2007, en el primer trimestre 2013 se ubica 70. Ello posterga toda decisión de asumir riesgos y ampliar actividades.
Una consecuencia que parece no contemplarse cabalmente es el impacto de esta dominación política de la Justicia sobre la actividad económica y las inversiones domésticas e internas que se necesitan para impulsar el desarrollo productivo y la generación de empleo. ¿Quién traerá un dólar si no puede mover sus ganancias y si al cambiarlo en el mercado local le reconocen menos de la mitad de lo que luego debe pagar en sus costos internos que se alinean con la inflación cercana al dólar paralelo? ¿Quién plantará un peso si no tiene garantías sobre su propiedad?
En la Argentina, durante 2012, la inversión cayó 4,9%; en Chile creció 12% y en Perú 14%. La inversión bruta (máquinas, equipos y construcción) cayó 0,4%. No puede sorprender el resultado.
En febrero, el producto industrial disminuyó 4,4%; en metales básicos la caída fue del 24,9%; acero -33,2% metalmecánica -4,6%; vehículos 2,2%; plásticos -1,8% y alimentos -4,1%.
La inversión extranjera directa de 2012 fue de U$S 3.980 millones, un poco más de la mitad de lo captado en 2011. Entonces la Argentina recibió U$S 6.500 millones, un 5% de lo receptado en Latinoamérica y el 10% de lo que se radicó en Brasil que el año pasado captó el 45% de esa corriente de inversiones de calidad. En el último semestre del año pasado, Brasil captó el 38% de lo ingresado a la región; México el 31%; Chile 12%; Colombia 6%; Perú 5,5 % y la Argentina el 0,2 %. Todo un signo de la confianza que merece el modelo que se enorgullece de vivir con "lo puesto."
En una década, pasamos de ser el tercer país receptor de IED en Latinoamérica a ser el sexto. Nos superan Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. En la "década ganada" la Argentina redujo la captación de IED a menos de la mitad, mientras tanto la misma se triplicó en Latinoamérica.
Los valores de los términos de intercambio son 40% más favorables que en la década de los '90. Sin embargo, si tomamos desde 2003/11 la Argentina no aprovechó esa coyuntura de igual modo que otros países de la región. Para la Argentina los términos de intercambio mejoraron en ese período 15%, mientras que para Brasil y Colombia esa mejora fue de 40%; Perú 45%; Bolivia 60%; Chile 85% y Venezuela 120%. Digo esto para moderar el entusiasmo de los que dan por ganado el progreso con nuestra actual matriz de exportaciones.
En febrero, el saldo comercial externo se contrajo 61% respecto de 2012.
En el bimestre las exportaciones cayeron 5,6% y en esa caída están las manufacturas de origen agropecuario (leche en polvo, harinas y vino, en este último caso el mosto se vende a Chile y desde ese país se exportan vinos al mundo).
La pérdida de competividad externa es producto de las inconsistencias de las medidas económicas y en actividades como el azúcar, los cítricos y el tabaco se agrava por sus costos, que no se pueden trasladar a precios internos tan fácilmente.
Desde 2003 a 2012, las exportaciones argentinas crecieron 172%. Pero veamos en el resto de los países de la región. En esa década, todas las exportaciones crecieron mucho más. Bolivia 570%; Perú 407%; Ecuador 385%; Colombia 367%; Chile 278% y Brasil 233%.
El año pasado las exportaciones mundiales estuvieron estancadas (-0,2%), pero las ventas argentinas cayeron 3,3%. Las importaciones internacionales crecieron poco (0,5%), pero las compras argentinas cayeron 7,5%.
Sin seguridad jurídica para la propiedad, no hay quien esté dispuesto a invertir y las exportaciones tienden a amesetarse, especialmente las que incorporan valor. Esa ecuación queda entonces vinculada exclusivamente al consumo y sin las variables antedichas en expansión, las distorsiones del gasto público y emisión monetaria generan tensiones en los precios y en el tipo de cambio.
La batería de controles, perdida la posibilidad del ancla del dólar y las tarifas utilizadas hasta generar el actual desfasaje, sólo preanuncia más cerrojos, desabastecimiento y el sinceramiento desordenado.
Eso es el populismo, usa todos los flujos y se desentiende de la evolución de los stocks.
En estos días, aún en plena campaña electoral, con una inflación del 30% anual y sus exportaciones descendiendo un 2% por año, en Venezuela se devaluó un 81%. Los empobrecidos venezolanos deben pagar por sus alimentos con un incremento del 26,6 % en 2012.
Según el INDEC, en febrero los precios de alimentos crecieron 0,55% y en enero había aumentado 0,3 %. Para las provincias, que aún miden inflación, ese crecimiento oscila entre 3,4/2,5%.
Según las estadísticas oficiales, los alimentos subieron 8,5% durante el año 2012. En el último año la yerba subió 114% y la papa 100%. En pleno congelamiento de precios, ahora extendida por otros 60 días, la merluza publicitada a $ 18 se vende a $ 49 ¿Qué consumidor no lo sabe?¿Son estos consumos que afectan a las clases medias o a los más pobres? ¿Para qué aplicar un congelamiento si no hay inflación? ¿Cómo puede ser creíble extender el congelamiento y el mismo día la empresa estatizada YPF aumenta un 10% ? Seguramente lo hace porque tiene margen para hacerlo por vender más barato que las otras petroleras. Ello la obligaba a importar más por tener más demanda, pero dos días después le siguieron el resto de las compañías, Shell 7%, Axiol 9%; y Oil 4,5%.
YPF actuando como juez y parte, abasteciendo el 55,6% de las naftas y el 58% del gasoil demandado por los consumidores, fija reglas pero no puede lograr incentivar la producción, más bien la desanima y realimenta la escalada de precios internos que en marzo, según el índice del Congreso fue de 1,54%, el doble de lo informado por el INDEC que midió 0,7%. En los índices de inflación, el 2,3 % corresponde a combustibles. El 9% de incremento en el precio de la nafta implica más del 0,2% de aumento en el IPC.
Desde su estatización YPF incrementó 24 % los precios y su valor en Bolsa disminuyó 38 % (de 8.633 millones a U$S 5.440 millones)
Congelar el crudo que se comercializa a U$S 75 con costos que crecen es poco alentador para conseguir fondos para invertir y mayor importación se hará a precios internacionales.
La inflación muestra los límites de un relato que ahuyenta inversiones y pretende mantener el consumo que se contrae por razones económicas y una percepción social de preocupación.
Todo el discurso para crear un clima de combate a la inflación está desmentido por las medidas para incentivar el consumo hasta octubre.
Entre Adelantos del Tesoro, utilidades y uso de reservas, el BCRA dispondrá de $ 150.000 millones para sufragar el gasto electoral. Con déficit fiscal de más de dos puntos del producto, la contención de los precios es improbable y después de las elecciones otra historia se escribirá, si se llega sin sobresaltos a ese día.
Para distraer se promociona un instrumento de compra para supermercados (no para el resto del comercio pequeño de proximidad), con fondos de las aseguradoras y una tasa del 22%. Es bueno analizar el costo de refinanciación de las tarjetas de crédito, pero hay decenas de tarjetas que compiten y el BCRA tiene instrumentos para regular. ¿Qué piensan los asegurados de que les usen sus fondos para ese propósito? Respecto de la tasa, exhibida como tope por la encargada de defensa de la competencia, cabe preguntarse: ¿no dice el INDEC qué inflación del año pasado fue del 10,8 %? ¿Por qué YPF le paga 19% a la ANSES, lo está descapitalizando entonces? Esto se parece a un trato sin ninguna resolución escrita para que los supermercados sofrenen precios a cambio de bajar comisiones bancarias en sus tarjetas.
La implementación sinuosa de la tarjeta Supercard y la advertencia de abrir las importaciones para alimentos y otros productos de la canasta familiar, exhiben la carencia de respuestas ante problemas autoinfligidos y agravados durante los últimos años. Increíble propuesta de quienes cerraron las importaciones de máquinas e insumos y se rotulan industrialistas y defensores de la producción nacional. ¿Importar alimentos y bebidas premium; esa es la solución del modelo nacional y popular?
Después de una década de justificar todo bajo este concepto, según la ONU, en la Argentina, el 66% de sus exportaciones están compuestas por materias primas y commodities agropecuarias, minerales y derivados. Sólo el 10% de nuestros embarques son manufacturas con alta tecnología incorporada.
La mentira como discurso único y la corrupción que se incuba en el secretismo y la discrecionalidad no son prácticas progresistas porque engañan y defraudan la credibilidad, pero además impiden ver la realidad y quitan recursos para hacer lo impostergable.
La pobreza, según el INDEC afecta al 5,4 % y la indigencia al 1,5%. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza alcanza al 26,9% (once millones de personas) y la indigencia al 5,5% (2,2 millones de personas.) En los años 70, mediciones internacionales establecían que el 8% estaba debajo de la línea de pobreza y el 1% debajo de la línea de indigencia.
Para el relevamiento de la UCA la pobreza aumentó entre 2011/12, 5 puntos (dos millones de personas), según el INDEC en ese año descendió del 6,5% al 5,4% (400.000 personas). En indigencia, el INDEC informa que bajó del 1,7% al 1,5%. Según la UCA la indigencia aumentó del 5,4% al 5,5%.
Para el INDEC la canasta básica familiar para no caer debajo de la línea de pobreza es de $ 1.588, para la UCA es de $ 3.226. Para muchos lo necesario se acerca a $ 5000. ¿Eso verifica redistribución de ingresos y posibilidad de movilidad social ascendente o son un muestrario del fracaso y la hipocresía?
Los trabajadores formalizados son reticentes a hacer horas extras porque el atraso en actualizar impuestos a las ganancias les impondría pagar más impuestos. Solamente quienes no saben el valor de depender de un salario mensual pueden aplicar este recorte al trabajo. Solamente quienes tienen asegurado su futuro pueden ser indiferentes a lo que sucede en la economía real, ese ámbito donde se deciden inversiones y tomar nuevos empleos.
El populismo no permite emerger del subdesarrollo al país y salir de la pobreza a uno de cada tres compatriotas que la sufren.
El que menos tiene es quien más sufre la ausencia de un programa integral para atacar las causas de la inflación. Un peso de 2003 hoy vale 27 centavos o sea que perdió más del 70% de su poder de compra y como se sigue emitiendo los pesos tienen cada vez menos valor ¿Eso es progresismo?
No es verdad que el crecimiento requiere inflación. Desde 2003 China creció a tasas del 10% con una inflación de 3%. Brasil creció al 6,3% interanual con una inflación de 4,6%. Perú lo hace al 6,5% con una inflación de 2,8%. La Argentina el año pasado tuvo un crecimiento cero con inflación de más del 25%.
América Latina, en 2012 creció 3 % en promedio. Panamá al 8,5%. La Argentina no creció. Por encima de nuestro país crecieron Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Costa Rica, Haití, Colombia, Surinam, Ecuador, México, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Paraguay.
Si comparamos con otros países de la región vemos que la evolución desmiente lo del efecto del mundo derrumbado y centra la mirada en la desconfianza en la Argentina. Uruguay dice "olvídense de la Argentina" y aunque resulta inaceptable el exabrupto del presidente José Mujica, se preparan para ingresar a la alianza del Pacífico. Hace días Uruguay limita la compra de productos argentinos y esa barrera comercial denominado "cero kilo" es anterior al intercambio de notas por las declaraciones antemencionadas.
Con Brasil hay una evidente crisis, según declaraciones del próximo embajador Everton Vieira Vargas. El caso de la empresa Vale (donde el Estado brasileño tiene una importante participación de más del 30%), es una señal que informa al conjunto. Se trata de la primera minera de hierro del mundo, una de las tres mayores multinacionales en minería y uno de los yacimientos más grandes de potasio, cuyo producido es insumo de la industria de fertilizantes. El anuncio debe preocupar y ocupar, porque de confirmarse puede indicar una tendencia. Por ahora se va. ¿Qué le espera a otras de menor porte y quien va a invertir de adentro y afuera con esta decisión? Se conoce que son varias las empresas brasileñas radicadas en el país que piensan en vender y redireccionar actividades hacia India, Africa del Sur y Montevideo. Deca Piazza es un fabricante de grifería que funciona desde 1995 en Parque Patricios; la constructora Andrade-Gutiérrez y JBS sólo tiene una de sus seis plantas frigoríficas en funcionamiento. Ambas anunciaron su desinversión en el país. La causa es "la desconfianza e imprevisibilidad de los argentinos, según un ex secretario de Comercio Exterior de Brasil. La empresa LVMH anuncia su salida del país, como la mayoría de las dedicadas a la indumentaria de diseño y otras vinculadas al rubro electrónico. El líder en agronegocios El Tejar su radicación en Brasil. Las relaciones con Colombia, Perú, Paraguay y Chile no son mejores, "menos que satisfactorias", en lenguaje diplomático. Con el país trasandino estamos en medio de un conflicto por medidas tomadas contra la empresa de aeronavegación LAN, cuando tenía vigencia un proceso de mediación, lo que motivó una medida cautelar de la Justicia. Chile impuso una salvaguarda del 9,7% al grano de maíz que exportamos.
De Brasil recibimos varias noticias. Ellos tienen sus inconvenientes y procuran resolverlos. Todavía ese mercado tracciona a parte de nuestra industria, especialmente la automotriz por su vinculación.
Una: la carta de entendimiento para que un amigo del poder, dedicado al juego para adquirir un paquete accionario de Petrobras; aunque no hay que descartar que termine en manos de YPF.
Otra: el acuerdo entre Brasil y China para facilitar su intercambio a partir de sus monedas (reales y yuanes), con un fondo de $ 30.000 millones. La exportación desde la Argentina tendrá una complicación más porque alienta las compras chinas a Brasil y las empresas argentinas no cuentan con financiamiento. El fondo semejante que nuestro país constituyó con China hace años, no funciona porque entre cepo de importaciones dispuesto por la Argentina y retaliaciones chinas en el caso del aceite de soja, nuestras relaciones con el gigante asiático se deterioraron.
China destina anualmente U$S 1.750 millones de tecnología en el sector agropecuario y por ello logra incrementar su producción cerca del 10% por año.
Pese al esfuerzo de nuestros productores, en esta campaña muchos no lograrán saldar su endeudamiento. Pese a los buenos rendimientos, sólo crecimos un 40% en la década. Ante ello resulta un insulto que se amenace con aplicar la ley antiterrorista a quienes preservan su capital en silo bolsas o en depósitos de acopiadores. Los productores agropecuarios, descontadas las retenciones, reciben un dólar de $ 3,32 y pagan sus costos con un dólar de $ 8,50. Lo mismo ocurre en el resto del sector donde la apertura de exportaciones para vender 1,5 millón de toneladas de maíz y 5 millones de toneladas de trigo de la próxima campaña sólo tuvo que ver con la necesidad de las arcas del gobierno. Con muy poco se podría pasar de las 25 millones de toneladas de producción maicera a 35 millones.
La cosecha de soja estimada es menor a la de 2010 (52,7 millones de toneladas.) Es el pulmotor artificial que mantiene al modelo, pero la cotización este año estará condicionada por las crecientes cosechas de ese cultivo en EEUU y Brasil. En estos días la caída fue de más de U$S 30 por tn. y se ubica en U$S 500 tn. El gobierno previó una cotización de U$S 532. Este bajón ya significa una disminución de U$S 1.850 millones. Esa cotización puede bajar o subir, pero es tanta la presión por expectativas y tan elevada la factura de importaciones energéticas que es improbable que en este trimestre de mayor ingreso de divisas se logre tranquilizar esa sensible variable.
Es muy probable que en este segundo trimestre ingresen U$S 8.000 millones y entonces se imprimirán pesos ($70.000 millones) para cubrir el déficit y alentar el gasto de las familias.
Poco atractivo es el ahorro al 15% anual en plazos fijos con una inflación del 24%. No obstante ello, ante los cerrojos para refugiarse de esa desvalorización, los depósitos en los bancos aumentaron un 40%.
El kirchnerismo espera que la soja ingrese U$S 24.000 millones y U$S 9.400 millones de retenciones por el total de ventas de granos. Se espera que esta cosecha incremente ingresos por exportación en U$S 4.000 millones. El complejo sojero aportó, desde 2005/12 en concepto de derechos a las exportaciones, U$S 135.600 millones.
Recuerdo que la Argentina producirá menos de 50 millones de toneladas y Brasil superará los 80 millones. En 2012 el consumo de fertilizantes cayó 15 % respecto del año anterior y esos 3,14 millones de toneladas contrastan con los seis millones de nutrientes extraídos. Eso es una descapitalización oculta, otro stock que se depreda como las 12 millones de cabezas menos de stock ganadero en seis años. Por sexto año incumpliremos la cuota Hilton y esas 10.000 toneladas menos embarcadas significarán U$S 150 millones de dólares ingresados al sector exportador.
La faena de hembras bovinas aumentó 17,6% en el primer trimestre de 2013 respecto del año pasado. Eso hipoteca el rodeo futuro. Mientras perdemos cabezas vacunas, Brasil las duplicó en dos décadas. No es casual que Brasil, al mejorar anualmente 8/9% su productividad, se haya transformado en el primer exportador de alimentos del mundo.
La lechería argentina prácticamente es la misma de hace un lustro. En ese período la producción láctea de Brasil creció más del 100% y en Uruguay 50%. Según la FAO, entre 1999/2011 hay 16 países que producen más leche. En el continente americano, la Argentina pasó de 10 millones de toneladas a 10,85, creció un 8,59%. En ese período México y EEUU incrementaron su producción de leche 21%; Chile 28%; Colombia 31%; Uruguay 39%; Brasil 63%; Bolivia 65%; Venezuela 70% y Perú 72%.
El secretario de Comercio hace días impuso restricciones a los permisos para exportar. En el primer bimestre 2013 las exportaciones de leche en polvo disminuyeron 21,4% en toneladas y 30,2% en dólares; en leche fluida las ventas externas cayeron 47,4% en cantidad y 46,9% en dólares y en exportaciones de quesos, la disminución fue de 19,6% en toneladas y 23,8% en dólares.
En el caso del trigo, la cosecha de 2012 fue semejante al ciclo 1902/03 cuando se sembró 3,69 millones de hectáreas. El retroceso es significativo: en 1928/29 se sembraron 9,2 millones de hectáreas. Para la próxima cosecha se espera un crecimiento del 1,3%.
El sector agropecuario está en condiciones de producir en la próxima temporada 20 millones de toneladas trigueras, el doble de lo producido este año que nos obligó a reducir exportaciones de harina de un millón a 300.000 toneladas este año. Los pronósticos anticipan que la cosecha de cebada de la campaña venidera disminuirá 4,6%.
En la actividad pesquera el 60% de la flota está paralizada en los muelles y cerca de 40.000 trabajadores peligran porque el volumen de captura declinó fuerte y el año pasado las exportaciones cayeron 13% respecto de 2011. Cóctel del dólar oficial y los costos internos.
Raro país el nuestro que se enemista con quienes nos compran U$S 55.000 millones anuales y emprende giras como la de Angola para abrir mercado a la informalidad de La Salada o para promocionar cosechadoras que no se fabrican, aunque la presidenta la haya presentado en la plaza de Mayo, cuando ya se conocían los cheques impagos de sus fabricantes en Entre Ríos y antes en un fraude en Formosa.
Hace un tiempo participé de un Seminario Internacional de Biotecnología. Es tan fascinante el panorama como lamentable verificar nuestra desatención sobre el tema que impacta en la nueva agricultura para satisfacer la creciente demanda de alimentos. El salto tecnológico también involucra la otra demanda que crece, la producción energética preservando el medio ambiente. La biología sintética multiplica la productividad pero depende de la inversión sostenida en investigación y desarrollo tecnológico.
Si observamos la cuenta energética y los avances alcanzados en la producción de biodiésel, veremos los perjuicios de la política kirchnerista. En 2011 se exportaron 1,65 millones de toneladas; en 2012, 1,58 millones de toneladas y en el primer bimestre de este año lo exportado es la mitad de los primeros dos meses del año pasado. Demostrada la factibilidad técnica de mezclar hasta el 20% de biodiésel en maquinaria agropecuaria y hasta el 10% en automóviles, podríamos ahorrar de importar U$S 1.300 millones en gasoil.
La importación de energía creció 32% y en el bimestre un 52%. YPF en febrero acumuló el séptimo mes consecutivo de caída en su producción (-6 % en petróleo y -4,2% en gas.)
En el primer bimestre 2013, la producción de gas se contrajo 2,7% y la de petróleo 4,2%, fruto de la política energética. La producción total del sector, con la totalidad de las empresas privadas produciendo menos, cayó en febrero 8% la producción petrolera y 5% la gasífera, respecto de igual mes 2012. Desde YPF se justifica esta caída por el año bisiesto, puede haber diferencia en la cantidad, pero la caída es admitida y es más provechoso ver las cosas tal como son y no intentar ocultar lo irrebatible. El ingeniero Miguel Galuccio prometió un aumento de producción de YPF de un 3% para 2012 y un 7% para el año en curso.
Años antes de su confiscación YPF tenía una cotización externa de U$S 15.000 millones y ahora se valoriza en U$S 5.400 millones. A comienzo de 2012 cada acción de YPF se cotizaba U$S 40,65, en la actualidad su valor es de U$S 13,60.
La importación energética este año ascenderá a U$S 12.000 millones, U$S 2.000 millones más que en 2012.
La importación de gas crece este año un 10%. La importación gasífera desde Bolivia, en marzo aumentó 99% respecto de marzo 12 y 125% comparado con igual mes de 2011. En la importación de GNL ese aumento fue del 23% contra 2012 y 86% contra 2011.
Tales compras externas satisfacen el 23% del consumo de gas pero representan más del 55% de la factura de energía importada.
En el primer trimestre, según estima una consultora, el rojo energético estará cerca de los U$S 800 millones; el año pasado de enero a marzo teníamos un superávit de U$S 350 millones. El mismo estudio proyecta para el año un desbalance de más de U$S 4.000 millones.
Importamos el 23% del gas que se consume anualmente en el país. En la importación de gas, pasamos de un barco regasificador en 2005 a 83 barcos en 2013, con una erogación de U$S 4.500 millones, un 46% más elevado que el año pasado. Según la información que dispongo, los barcos demoran su descarga hasta una semana en Escobar y Bahía Blanca por falta de pago. Por costos portuarios se deben pagar U$S 60.000 diarios adicionales. Cada día de amarre cuesta U$S 130.000 en ambos puertos. El gasto para carga y descarga y las contrataciones deben ser investigadas porque el negocio de la importación, gravoso para el país, (significa el 10% de lo que gasta el país anualmente), parece ser muy redituable para quienes la operan. Se paga entre U$S 16/19 el millón de BTU, mientras España paga U$S 9 millón BTU (unidad de medición inglesa.) Ahora se flexibiliza la tolerancia de etano para comprar GNL a Nigeria.
Hablando de acceder a la información, sería muy saludable que el gobierno informe sobre quienes importan, cómo se contratan esas compras, cuánto se paga por los diferentes ítems y sin embargo esos datos permanecen secretos. En estos días se comenta extraoficialmente que el gobierno constituirá un Fondo Especial para Hidrocarburos, de U$S 2.000 millones, destinado a ENARSA e YPF. Ello confirma que no hay inversores de envergadura dispuestos a hundir capitales para explorar ni asociarse con YPF. Aún con esa enorme inyección estatal, que sólo puede salir de las reservas del BCRA, apenas alcanza al 30% de lo previsto con la conducción de YPF.
En 2012, YPF importó el 50,7 % del combustible que compró el país (U$S 1.122 millones) y los demás importaron U$S 1.090,5 millones. ¿Qué se importa? Gasoil por U$S 917,3 millones; naftas por U$S 176,4 millones y querosene por U$S 86,5 millones. Ello ocurre en un contexto contractivo, donde las ventas de gasoil, cuyo precio aumentó 65% desde 2011, en el mercado interno cayeron 5 % entre 2011/12. Pasamos de consumir 13.647.513 metros cúbicos a 12.963.539 metros cúbicos.
El año pasado ENARSA recibió $ 19.209 millones y sumado lo percibido desde 2005 (cuando el aporte recibido fue de $ 50 millones), el Tesoro le giró $ 42.789 millones.
Los subsidios económicos (energía y transporte) este año duplicarán a los subsidios sociales. Los subsidios energéticos se llevan el 60% de los subsidios económicos. En el primer bimestre del corriente año, los subsidios energéticos fueron de $ 12.626 millones, crecieron 87%.
En marzo la demanda de electricidad cayó 4,1% y el trimestre deja una disminución de 1,1%, lo cual también refleja menor actividad. No obstante, este año importamos electricidad de U$S 500 el megawatt, veinte veces más caro que el precio habitual. Las empresas distribuidoras de electricidad y gas informan sobre pérdidas millonarias y que están en cesación de pagos. Según un especialista, la Argentina necesita unos U$S 5.000 millones anuales para generación, transporte y distribución de electricidad y gas. A ello se deben agregar U$S 25.000 millones anuales durante una década, para explotar el yacimiento de Vaca Muerta, según la estimación de YPF. Ese mismo informe señala que para incrementar la mitad la extracción de gas y petróleo, se necesita una inversión de U$S 42.000 millones. Construir una refinería cuesta más de U$S 2.500/3.000 millones y es imperioso hacerlo, como se anunció en 2006.
En 2003, con un consumo de 11 millones de metros cúbicos de gasoil, se refinaban 12 millones de metros cúbicos, actualmente se consumen 15 millones y se refina la misma cantidad. Con esas cifras y lo que YPF obtiene secando la plaza, está a la vista la distancia entre lo necesario y lo que dispone la actual política.
El mercado paralelo de divisas, que según el diputado Roberto Feletti no existe, hizo rozar el dólar a $ 8,75. La reacción fue imponer un mayor cargo al turismo y tratar de manipular a algunos operadores de la plaza cambiaria. En ese recargo del 20% impuesto a las tarjetas de crédito por gastos en el exterior, quedaron incluidas las islas Malvinas. Es el destino de las medidas de la controlmanía burocrática.
Nada se dice que desde 2007, la emisión aumentó 281%, los salarios privados 265%, la inflación 160 % y el dólar oficial 66%.
Falta un programa integral, porque la improvisación para tapar la olla hasta las elecciones, de lograrlo, multiplica las tensiones que no tardarán en manifestarse. El fraccionamiento de las decisiones económicas, donde AFIP, BCRA, Economía y Comercio, superponen sus competencias sin un plan maestro que trace un rumbo, apacigüe expectativas y determine certezas.
Las declaraciones de la presidenta del Banco Central sobre la no corrección del tipo de cambio, no logran calmar un mercado que siempre anticipa el futuro, o por lo menos la percepción que tienen los argentinos sobre la inflación. El aumento de blue en abril desmiente la explicación de estacionalidad a la que se refirió la licenciada Mercedes Marcó del Pont, presidenta en comisión con mandato superior a un gobierno de la entidad que debe resguardar el valor de la moneda.
El dólar perturba porque refleja inconsistencias y la emisión anual del 38/40% inunda el mercado de pesos que se desvalorizan y buscan su refugio en la divisa estadounidense que por su parte se deprecia en todas partes. Los automóviles que fueron reserva de valor, en marzo descendieron su patentamiento un 8%. Las motos se vendieron un 9% menos. La venta de automóviles usados en marzo fue 8,61% inferior a marzo 2012. En los comercios minoristas, según la Cámara Argentina de Comercio, en marzo las ventas cayeron 0,6 % respecto del mes anterior. Según CAME las ventas minoristas cayeron 2% el año pasado. En febrero cayó 2,4% la venta en las cadenas de supermercados; un 3,4 % disminuyó la venta en comercios minoristas. En el primer trimestre la venta ilegal callejera, según la Cámara Argentina de Comercio, cayó 2,9% respecto de ese tramo en 2012 y 5,3% respecto del último trimestre del año pasado.
En febrero, comparado en igual mes del año pasado, los salarios reales cayeron 2%.
Desde el mes de febrero, cuando se anunció el congelamiento, la canasta básica aumentó 4,9% (el arroz el 9,65%; la carne picada 15 %; la harina de trigo 19%, el queso fresco 16,5 % y las batatas 25%.)
Durante el año pasado, según el informe de una entidad bancaria, el consumo privado aporta 0,3 puntos porcentuales al aumento del producto y el gasto público aportó 0,5 puntos porcentual. El consumo tiende a resentirse aunque se impriman más billetes.
Si se mantiene ese ritmo de emisión, este año crecerá en más de $ 120.000 millones la base monetaria. Cebar ese recurso lleva la brecha entre el oficial y el llamado blue al 70% de estas semanas con una decena de tipos de cambio. El dólar paralelo llegó hoy a $ 8,70; en octubre cuando se impuso el cepo costaba $ 4,41 y la diferencia con el oficial era 16%. En plena guerra de Malvinas, la brecha cambiaria era de 26%.
El Banco Central lleva perdidos U$S 2.200 millones de sus reservas en estos primeros meses de 2013. En 2012, con un excedente comercial de U$S 15.640 millones, fruto del freno a las importaciones, perdimos U$S 3.086 millones de reservas. En marzo se perdieron reservas por U$S 1.000 millones y es el quinto mes consecutivo en ese declive.
Para el corriente año, según lo presupuestado, mediante el Fondo del Desendeudamiento se tomarán U$S 7.967 millones de reservas del Banco Central, pero sólo U$S 4.600 millones se utilizarán para pago de la deuda. Quedan unos U$S 3.367 millones para destinar al gasto de todo tipo que se desata en campaña electoral. Hace días se supo que el BCRA dispuso U$S 2.335 millones para pagar deuda con organismos multilaterales. Durante 2012 pagamos a esos organismos mucho más de lo recibido y cada vez se cierran más esas fuentes de crédito barato de largo plazo. El fraude estadístico nos impide acceder al financiamiento blando, tanto para obras estatales como para el sector privado por la irresolución de la deuda con el Club de París como por las demandas del CIADI.
Por el INDEC, el gasto, la emisión y la inestabilidad de las reglas de juego, mientras Uruguay y Brasil se financian al 4%, la Argentina debería pagar más del 12% para lograr financiamiento. El costo del declamado desendeudamiento es mucho más gravoso que reinsertarnos seriamente en el mundo. Es una de las causas de la pérdida de reservas y la depreciación de nuestra moneda, también del colapso de los bienes públicos y la pérdida de competitividad del país.
Entre adelantos transitorios y títulos públicos, el BCRA tiene el 58,7% ($ 339.000 millones) de su activo compuesto por deuda del Tesoro.
En 2003, cuando asumió el kirchnerismo, esa deuda era inferior al 12% y en 2008, cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner, ese porcentaje era del 25,9%. En 2007, la liquidez del BCRA era del 64% de sus activos; en 2012 se redujo al 37%. Las Letras del Tesoro significaban el 26% de sus activos; a fin del año pasado comprometen el 58%. El Tesoro desde 2006 tomó $ 400.000 millones del BCRA. Los Adelantos Transitorios hace un año representaban el 31% de la base monetaria, actualmente representan el 42%. El monto de LEBAC se duplicó en el último año, pasó de $ 46.642 millones a $ 96.640 millones, un incremento del 107%.
Según un estudio, el nivel de reservas del Banco Central está entre 8 % y 25% por debajo de lo que el organismo definió como prudencial. Con menos de U$S 40.000 millones, el monto adecuado estaría entre U$S 43.595 millones de nivel óptimo según el criterio comercial y financiero, sin tomar en cuenta el respaldo monetario y U$S 53.380 millones, si se tiene en cuenta ese respaldo.
En dos años, nuestro BCRA perdió más de U$S 12.000 millones, Brasil acumuló U$S 135.000 millones y Bolivia U$S 4.000 millones. Desde 2008, tanto Chile, como Brasil y México incrementaron sus reservas al 19,8%, 16% y 16% respectivamente cada año. La Argentina en ese período disminuyó 1,3% por año. Bolivia acumula U$S 14.000 millones de reservas, el 52% de su PBI, la Argentina menos del 8%. Siguiendo el promedio de Latinoamérica, tendríamos que tener U$S 95.000 millones y al día de hoy solo alcanzamos los U$S 39.810 millones. A ese monto se deben descontar aproximadamente U$S 7.000 millones que corresponden a encajes de bancos en el Banco Central, depósitos y otros U$S 3.000 millones de un saldo de un crédito de Basilea. O sea tenemos menos de U$S 30.000 millones netos para respaldar la cantidad de billetes circulantes, que otros analistas calculan en U$S 59.000 millones.
La estatizada empresa Ciccone Calcográfica sigue dando sorpresas; un ex banquero le reclama a la intervención estatal $ 35 millones.
El déficit fiscal explica el reciente régimen de facilidades de la AFIP para deudas impositivas y previsionales, donde se excluyeron a los medios de comunicación. 1,4 millones de monotributistas y 300.000 empleados de casas de familia pagarán cuotas más altas por no actualización de las escalas, congeladas desde 2010 pese a que la inflación fue del 100%. Por escalar de categoría pagan mayor cuota. Las obras sociales reciben menos de estos sectores pero AFIP recauda más. La recaudación de marzo creció 24,6%, inferior al 26% de crecimiento del primer bimestre.
En estos días se siguen conociendo incentivos y eliminación de cargas sociales implementados por el gobierno de Brasil para 56 rubros empresarios, entre ellos los medios de comunicación, ingeniería, construcción y transportes.
El Estado recaudará aproximadamente $ 872.800 millones y desde 2003, recaudó U$S 300.000 millones por encima de lo que hubiera capturado con la presión impositiva de 2002. Si sumamos toda la recaudación nacional, el Estado kirchnerista administró más de cuatro billones de pesos, unos U$S 900.000 millones, casi dos PBI.
En el ránking WEF, sobre infraestructura, la Argentina se ubica en el sitio 86 sobre 144 relevados y desde 2006 retrocedió veintiún escalones.
El gasto público pasó de representar el 21 % del PBI a 43 % del PBI en 2009 y actualmente se estima en el 50%. Otros miden el incremento desde 2003/2012 de 27,5% a 44%. Tomado en dólares, en 2003 el gasto público se aproximaba a U$S 36.440 millones; el año pasado fue siete veces más grande, estuvo alrededor de U$S 240.000 millones. El gasto público en Chile representa el 21 % del PBI; en Uruguay el 28% y en Brasil el 41%. Por eso no ahogan a sus producciones y no aplican retenciones distorsivas.
El problema de este gasto, monumental (495% desde 2007) y gastado sin prioridades, significa una presión impositiva del 37% del PBI y alcanza el 52% si se suman todos los tributos. En valores corrientes la recaudación tributaria durante el kirchnerismo aumentó 820%.
El 65% de lo recaudado lo captura el Tesoro nacional. De los 17 puntos que se incrementó la imposición tributaria desde 2000, 12 van a las arcas nacionales por retenciones, impuesto a débito y crédito bancario y la estatización de los fondos de los jubilados. El ajuste a las provincias es evidente y peligroso. El rojo de la finanzas provinciales llegó a $ 20.000 millones y según una consultora se ajustó la ejecución de obras de infraestructura. En 2011, esas partidas crecieron 29% respecto del año anterior; en 2012 solo crecieron al 11% (menos de la mitad de la inflación.)
En enero, los fondos remitidos a las provincias, por fuera de la coparticipación federal, disminuyeron 37 %, según una consultora que registró convenios con municipios por $ 6.200 millones entre octubre y marzo del corriente año. Una muestra más del modo y criterio con que se distribuyen recursos para disciplinar y premiar a quienes se sumen al coro de la re-reelección.
El gasto de los gobiernos kirchneristas es muy ineficiente y marcadamente clientelar aunque se lo revista de social y progresista. En la actualidad hay 11 millones de pobres, 12 millones de trabajadores (la mitad de quienes tienen ingresos) que ganan menos de $ 3.000 y el 40% de la fuerza laboral en negro y sin ninguna cobertura.
La mitad de lo que aumentó el gasto público fue destinado a subsidios y empleados estatales, sólo el 10% a inversión pública directa. Con ese dato choca el viceministro Axel Kicillof que supone poder sustituir a la inversión privada con fondos estatales. La infraestructura social quedó hace días al desnudo. El imponente estadio de fútbol edificado en La Plata es la contracara de lo que se vio en los barrios periféricos platenses, la indigencia plantada al borde de arroyos que desbordaron y se llevaron las casillas de tela plástica y las precarias construcciones con la vida de sus seres queridos.
Lo que no se invierte en infraestructura planificada cuesta caro y se cobran vidas, como pasó hace días con las inundaciones en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, donde oficialmente murieron 58 personas y sucede todos los días en las rutas destruidas o víctimas de la inseguridad y el narcotráfico.
Es penoso que se mantengan dudas sobre la cantidad de fallecidos.
Es cierto que las lluvias fueron enormes, nunca vistas por su magnitud en pocas horas, pero también que faltan obras anunciadas y que la prevención y respuesta ante la emergencia no funcionaron, según los reclamos de los damnificados que perdieron todo. En 2007 el Estado invertía $ 861 millones para emergencia por inundaciones y otros programas para infraestructura urbana en municipios; el año pasado destinó $ 411 millones, menos de la mitad.
Esta catástrofe climática mostró todo el dolor y el desamparo, la no preparación para situaciones extremas y la miseria de algunos para sacar réditos políticos descargando responsabilidades. Hizo bien la presidenta en decretar tres días de duelo nacional y en visitar su barrio platense, pero su investidura es la máxima para tomar decisiones y hubiera sido mejor que dispusiese fondos inmediatos para el desastre humano, ambiental y social; prefirió su autorreferencial comentario sobre su experiencia de haber padecido alguna vez una inundación. ¿Qué soluciones estructurales y para la emergencia está pensando el gobierno porque las secuelas serán profundas? Las pérdidas se estiman en más de $ 2.600 millones.
¿Cómo es posible que hace tres semanas que solicitamos una sesión para abordar este tema y el kirchnerismo se niega proponiendo una declaración? Dígannos que podemos hacer desde el Congreso y el jefe de Gabinete tiene facultades para modificar partidas presupuestarias. Debe hacerse, coordinadamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma y no puenteándolos destinando fondos a los intendentes o a las cooperativas kirchneristas. El ministro Julio De Vido entregó, discrecionalmente a intendentes alineados, $ 500 millones en febrero y $ 399 millones en marzo, con destino a "obras para que nuestra realidad electoral en este año 2013 sea contundente."
Habría que dilucidar si es cierto que el secretario de Comercio recauda contribuciones entre empresarios, sin extender recibos, para un fondo destinado a los inundados. Cuando se pueda acceder y desmenuzar lo que se mantiene concentrado en materia de obras públicas, podremos responder a tantas preguntas que los ciudadanos se hacen y sobre las sospechas que de ello se desprenden.
Volviendo a las inundaciones. El drama es grave, puede volver a suceder y todas las estructuras estatales deben disponerse para eventuales situaciones que pueden repetirse. Las múltiples y conmovedoras muestras de solidaridad ciudadana contrastan, una vez más, con la inexistencia del Estado que colonizado y partidizado no está al servicio de la sociedad. Los anuncios de la presidenta no tienen comparación con la magnitud de situación que padecen directamente 155.000 damnificados y otras 200.000 personas que tuvieron pérdidas en el desastre. El torrente impiadoso de agua dejó al descubierto el discurso. Aclaró la falta de obras hidráulicas, hídricas, urbanísticas, de previsión meteorológica y de contención. No hubo planes de contingencia, organización para evacuados ni información sobre cómo proceder en estos casos. Tanto la Universidad Nacional de La Plata, como especialistas y hasta la Corte Suprema de Justicia habían advertido y anticipado sobre esta indefensión.
El Estado debe encarar emprendimientos estratégicos y concentrar sus recursos en rubros como energía, transportes, viviendas, saneamiento y dejar que provincias y municipios apliquen descentralizadamente todo aquello que sirva al despliegue territorial de la iniciativa privada brindando un marco para la competencia. Debemos reconstruir los organismos de control, auditar el seguimiento de metas con plazos de ejecución que se cumplan. Los accidentes ocurridos por desidia estatal, desde la mina de carbón de Río Turbio, pasando por Cromañón, Once y otros casos, se suman 330 las vidas perdidas que pudieron ser evitadas.
Es hora de analizar si es razonable que la pauta de publicidad oficial duplique al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
El gobierno debe informar sobre la gravedad del siniestro acontecido en la refinería de YPF en Ensenada donde se procesa cerca del 20% de las naftas que se consumen. El presidente de la empresa no aclaró nada en su conferencia de prensa. Esa planta, una de las más importantes del país quedó severamente afectada tras el incendio y se comenta que su capacidad quedará reducida en cerca del 15%. YPF refina el 52% del combustible del país y Ensenada con una capacidad de 30.000 metros cúbicos diarios de petróleo significa el 60%. La reducción de alrededor de 10.000 metros cúbicos, equivale al 10% de la demanda. Si por este incendio YPF tiene que incrementar su importación de combustibles un 50%, habrá que desembolsar más de U$S 400 millones adicionales sobre lo previsto. Reconstruir el horno destruido demorará muchos meses y su costo se estima en U$S 800 millones. ¿Cómo es posible que se haya minimizado semejante siniestro y no se haya implementado una evacuación acorde a lo nocivo del derrame de sustancias tóxicas?
¿Es serio que el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, responsable de la asignación de una enorme porción del presupuesto, hable sobre otros temas, vinculados a la política menuda y mantenga silencio sobre este tema tan delicado?
Por motivos de la interna del partido gobernante es noticia el desequilibrio de $ 17.000 millones de la provincia de Buenos Aires, pero la mayoría de las jurisdicciones están en graves dificultades. En menos de dos décadas se pasó de distribuir un 48% de la recaudación impositiva a cerca del 25% actual. Las que pueden y son autorizadas se endeudan a altas tasas. Córdoba, mi provincia aumenta su deuda dolarizada en cuatro millones diarios y el año pasado incrementó su deuda en dólares un 24,7%. Se estima una deuda flotante de $ 21.000 millones y el gobernador De la Sota además de una costosa campaña publicitaria, sólo se dedica a reunirse para ser candidato presidencial.
Desde octubre de 2011, cuando todo era maravilloso y nada se anticipó sobre lo que se haría transcurridas las elecciones, se han aplicado 24 parches al cepo, controles informales, aprietes, cuasiferiado cambiario y las expectativas son peores contra el valor de nuestra moneda.
En octubre 2001, con $ 100 se podía adquirir U$S 23,5 y 16,7 euros. En estos días, con ese billete con el rostro del Gral. Julio Roca o de Eva Perón, sólo se puede comprar U$S 11,5 y 8,7 euros.
Un acuerdo y un programa podrían reconstruir la confianza perdida sin la que todo es imposible. En nada contribuyen las actitudes confrontativas, la descalificación permanente y el ninguneo de los hechos. Quedan cerca de tres años de gobierno y el país debe reencontrar una hoja de ruta para no lamentarlo después.
Los vertiginosos cambios que asombran por su desenvolvimiento suponen innovación y esta inversión. Ello requiere largo plazo y reglas estables. Por eso señalo que este gobierno es conservador y antiindustrialista, porque todo está destinado a ganar la próxima elección. No hay inversiones de envergadura ni industria con tecnología de avanzada en el corto plazo.

El populismo destruye todas las instituciones, una de ellas el signo monetario. Como si no fuera una señal de advertencia sobre nuestra decadencia que desde 1970 a 1990 se haya tenido que eliminar 13 ceros a nuestra moneda, ahora se procede con desaprensiva ligereza, recreando todos los fantasmas. Esta visión nada tiene que ver con la mirada de los monetaristas que recortan la producción a un fetiche; simplemente significa actuar con responsabilidad para que la gente no huya de la moneda, para que esta sirva como unidad de cuenta, reserva de valor e instrumento de cambio y no se refugie en el dólar. Para ello habría que reponer el cartel que colgaba en el Banco Central y comprender que los problemas del país obedecen a desequilibrios de la macroeconomía y no a conspiradores, porque en todo tiempo y lugar siempre existen intereses, pero para ello se creó el Estado moderno, el Estado social de derecho, que los organiza cooperativamente resguardando el interés general.
El populismo impulsa el gasto cortoplacista y desampara el futuro, rompe el pacto entre generaciones al no hacer obras de infraestructura, reponer lo que se desgasta y erosiona inclusive aquello que asegura a la vejez, agravando los problemas del sistema previsional ante lo prolongación de la vida humana. Veamos lo acontecido con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Desde diciembre de 2009 a setiembre del año pasado (cuando se interrumpe la información que debiera ser continua y diaria), el FGS perdió 15 % en términos reales por la diferencia entre la tasa de sus colocaciones y la inflación real. Según un informe, se perdió un 33% en términos de jubilaciones mínimas. En la actualidad el FGS alcanza para pagar 115.000 jubilaciones mínimas; al estatizarse cubría el pago de 170.000 jubilaciones mínimas. Lo más preocupante es la capacidad del Tesoro para devolver los fondos extraídos de esa caja previsional, cuando venzan los títulos emitidos. Habría que auditar ese fondo para ver en cuánto está y saber sobre su composición.
Otro botín del populismo depredador son las reservas del Banco Central. El patrimonio neto del BCRA se ha deteriorado y de un neto positivo de $ 10.000 millones, en tres años se pasó, con la valuación de sus títulos al precio del mercado, a un neto negativo de $ 39.000 millones.
El cierto que no rige la convertibilidad, pero desde la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el desvío entre reservas y billetes en circulación se ha desbordado peligrosamente. El total del circulante es de U$S 60.000 millones y el BCRA tiene títulos del Tesoro por U$S 65.000 millones, una cifra que supera en más del 55% el stocks de reservas.
Se pretende sustituir las distorsiones macroeconómicas, la ausencia de un programa económico y la descoordinada gestión con anuncios, la extensión de un congelamiento sin precios conocidos, hasta la llegada de los soja-dólares, cuya liquidación se pretende compulsivamente inmediata.
Los productores agropecuarios tendrían que liquidar con un dólar de $ 3,31 (dado las retenciones del 35%) y pagar sus gastos a $ 8,50. Esa brecha del 150% los pone al borde de la quiebra y la protesta. El ex titular de CARTEZ, Néstor Roulet calculó que en los últimos dos años, el gas oil aumentó 65%, en tanto el kilo de novillo subió 14%, la soja 15% y la leche 19%. Según ese estudio, para comprar 10.000 litros de gasoil, hace dos años equivalía a 29,2 toneladas de soja. Actualmente necesita vender 41,8 toneladas. En esa descapitalización, el gobierno cree redistribuir el ingreso y de paso recaudar el impuesto inflacionario.
El estatismo asfixiante deja a millones de niños sin clase y afecta a la escuela pública donde concurren los hijos de los que menos tienen. Mientras se habla sobre la igualdad, se aumenta la brecha de oportunidades al interior de nuestra sociedad y con el resto del mundo. Según la última evaluación PISA, la Argentina se ubica en el lugar 58, abajo de Chile, Uruguay, Colombia y Brasil. En la región el declive es alarmante. En 2000 estábamos en primer lugar; en 2006 pasamos al sexto y en 2009 al séptimo. Aunque parezca increíble, la respuesta a este retroceso es crear otra metodología de evaluación junto a países de la región, o sea nada de medirnos y aspirar a estándares mundiales. Otra manera de penalizar a nuestras futuras generaciones.
Un prestigioso estudioso del tema señala esta realidad sobre la educación pública. La escolarización argentina total (2003/10) se redujo un millón de estudiantes; entre 1997/03 había aumentado 1,8 millón. Junto al auge discursivo de la escuela pública aumentó el ingreso al sistema de gestión privada. En los siete años previos al inicio del kirchnerismo, el 80% del incremento de la matrícula se motivó en la escuela pública, en los siete años posteriores, el 63% del aumento correspondió a la escuela privada.
Según la Ley de Financiamiento Educativo, en 2010, el 30% de los niños deberían tener jornada completa. Lejos de esa meta, la doble escolaridad sólo abarca al 7,7 % de los alumnos del ciclo primario y al 9,8 % del ciclo secundario. En los colegios privados esa cobertura llega al 14%. En las escuelas públicas sólo tiene jornada extendida el 6%. La doble escolaridad en 2012, en porcentaje es más baja que en 2010 y afecta a los sectores más pobres aunque se incrementó el gasto presupuestado.
El sector público muestra en enero un déficit de $ 1.582 millones y el Tesoro recibió aportes de organismos públicos por $ 9.887 millones ( 18,5% mayores que en enero de 2012.) Me refiero a ANSES que entregó $ 4.045 millones; PAMI que derivó $ 3.896 millones y el BCRA $ 1.945 millones.
Durante 2012, AYSA absorbió $ 5.374 millones; Aerolíneas Argentinas 4.119 millones; F.C.Belgrano $ 3.155 millones; Arsat $ 2.962 millones; Radio y TV Argentina $ 760 millones; Télam $ 256 millones. Para apoyo infraestructura urbana de municipios $ 105 millones y para Seguro de Desempleo $ 554 millones. Desde la toma del control de Aerolíneas, aún inconcluso en su trámite de estatización, su déficit alcanza los U$S 3.200 millones. Aunque hace días, en Ezeiza, la presidenta hizo un encendido elogio a quienes administran esa empresa, parecen un despropósito esos desembolsos para incorporar unos pocos vuelos. Hace tiempo que en ambientes brasileños se comenta acerca de sobreprecios que se habrían pagado en la adquisición, hace tres año, de 20 aviones E190 Advanced Range, a la empresa estatal Embraer para la flota de Austral.
Con paritarias abiertas, pedidos de recomposición del 30%, provincias exhaustas, los once días de paro docente en lo que llevamos de año, anuncian conflictos en el sector público que se extiende dramáticamente en la provisión para funcionamiento de los comedores, en la paralización de la obra pública y en la atención sanitaria. Vengo advirtiendo sobre la propagación del dengue y nadie parece hacerse cargo. En lo que llevamos del año se registraron 183 casos; en Córdoba 41.
El pago de sueldos de empleados públicos, desde 2009 creció un 158 % dado que este año se gastarán $ 70.380 millones.
En este último año, el empleo privado en blanco disminuyó levemente (0,1%) .
Desde 2009, hay 200.000 nuevos empleos públicos; 63.000 designados en 2012. Hace pocas semanas 5.000 contratados en el gobierno nacional pasaron a planta permanente. Según una investigación periodística, el presupuesto para contratos temporarios pasó de $ 2.400 millones a $ 6.730 millones.
En Córdoba, comparado el último cuatrimestre 2012/11, se perdieron 6.900 empleos privados y es la segunda en destruir empleo, después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Poco a poco se va ennegreciendo la economía, especialmente en el empleo. Excluyendo los planes sociales, la cantidad de desocupados es más elevada que al terminar 2007.
El 45% de los consultados en una encuesta muy reconocida, temen perder su empleo y sólo un 24 % no siente ninguna preocupación por ello. Venimos de un fin de semana de cinco días consecutivos con algunos ganadores y muchos perdedores.
Este año el calendario prevé 7 fines de semana largos y 19 feriados, récord mundial de inactividad. Una consultora pronostica que ese receso implica un balance perdidoso de $ 84.700 millones. La imposición de feriados debe hacerse con un estudio previo, cotejando ingresos del turismo con otras ramas de la actividad y no a partir de consideraciones ocasionales.
Esta puntualización no tiene nada que ver con el feriado religioso ni con el merecido reconocimiento a los 649 caídos en la Guerra de Malvinas en 1982 y otra semejante cantidad de muertos posteriores, a quienes también debemos homenajear porque perdieron sus vidas por desidia y desprotección del Estado y por cierta indiferencia social que padecieron. Un consultor hizo el balance de estos seis días no laborables y calcula la pérdida en $ 5.000 millones, donde los ocupados en tareas informales perdieron más que nadie.
Por otra parte la disputa política y su conducta contraría la petición de diálogo, expuesto por la presidenta de la Nación en Puerto Madryn, donde en la celebración del Día del Veterano, los que no estuvieron presentes fueron los propios veteranos de esa guerra inaudita.
El aniversario de la ocupación de Malvinas nos encuentra entre la retórica inoficiosa y la sensación de un estancamiento que nos aleja de lo justamente reclamado. Nos encuentra sin política exterior para ese y otros frentes, donde todo se modifica y por lo tanto ofrece oportunidades que no deberían desperdiciarlas imaginando escenarios desatinados. Nada hacemos sobre el mar continental indefenso y sobre las islas Georgias, de trascendencia estratégica para las pretensiones en el continente antártico.
Las noticias indican retrocesos. De once bases en Antártida, dos están sin abastecimiento regular. Sin mucha aclaración sobre la verdadera situación en la base Orcadas y declaraciones confusas del ministro de defensa, este Congreso de la Nación requiere información fehaciente. ¿Cómo está el abastecimiento en las bases San Martín y Esperanza (del Ejército), Marambio (de la Fuerza Aérea) y Carlini (de DNA)?
Ha trascendido que el buque polar de bandera holandesa contratado por el Ministerio de Defensa se quedó sin combustible y regresó a Tierra del Fuego para reabastecerse con costos adicionales a lo informado.
Solo sabemos que se contrató un buque de bandera holandesa, con sede en Montevideo, con un contrato que ascendería a U$S 10/16 millones. ¿Ese buque polar, contratado sin licitación, está en condiciones para ser rompehielos? La campaña antártica ha sido una política centenaria y aún tenemos desde 2007 el rompehielos “Almirante Irízar” en costosas reparaciones. Según informaron colegas de bancada, esa reparación demandó $ 491 millones, costo de compra de un nuevo rompehielo, y aún resta la mitad del trabajo. El ministro debe informar sobre los dos helicópteros MI17, adquiridos a Rusia, con destino a la campaña en Antártida.
En este Congreso nos enteramos por los medios de comunicación de la propuesta del gobierno presentada ante la Cámara de Nueva York. Tenemos que conocer de los propios funcionarios que se ofreció, porque los CDS que toman riesgo de default escaló a 8.200 puntos.
El populismo muestra su verdadero rostro cuando sus inconsistencias para retener el poder lo colocan en colisión con la ley y la Constitución.
Los enemigos elegidos sobreviven, agazapados, sofocados o potenciados y otros fueron doblegados como aquellos empresarios que silencian aprietes y dejan de publicitar avisos en los medios independientes. Para bien de la democracia, pese a los salvajes ataques, aún existen unos pocos medios de comunicación con solvencia económica y periodistas honrados que permiten que estas informaciones circulen.
La desmesura prepotente del diputado nacional Andrés Larroque a un periodista de Canal 7, que preguntó sobre la entrega de donaciones particulares y públicas, con militantes identificados con una agrupación kirchnerista, nos colocan en un camino peligroso de intolerancia. Es obvio que cualquier entrevistado tiene el derecho de responder lo que quiera, pero un periodista debe poder preguntar libremente lo que crea oportuno sin tener que recibir la andanada de calificativos que le dispararon desde programas de la propia televisión pública.
Desde mi banca quisiera tener información sobre la embestida sobre la empresa Papel Prensa con el objetivo de desplazar su directorio.
Gobiernos extranjeros, prestigiosos diarios del mundo y organizaciones interestatales y periodísticas, han manifestado su preocupación por esta embestida contra la prensa libre y su sustentabilidad, denunciando el escándalo de no cumplir sentencias judiciales sobre el reparto de la pauta publicitaria. Ese reproche avergüenza y es un costo que recae sobre la reputación del país.
El oficialismo, presto para sesiones especiales y para lanzar cortinas de humo, se negó a participar de la audiencia pública para considerar el cepo publicitario que impide publicar, en los medios independientes, avisos de cadenas de productos electrodomésticos y supermercados.
El miedo imperante por las arbitrariedades oficiales, atemoriza, paraliza y subleva a muchos argentinos, entre ellos empresarios que por amenaza han dejado de pautar publicidad. Según la Fundación LED, el diario Clarín tuvo en marzo del año pasado 233 páginas de avisos y una sola página en marzo de este año; La Nación pasó de 80 páginas de avisos en marzo de 2012 a ninguna en igual mes de 2013.
Sin división de poderes no hay República y sin prensa libre no hay democracia.
La libertad y los derechos de los ciudadanos quedan a merced de cualquier atropello del poder. Ante semejante cambio de sistema político, como si se estuviese reformando la Constitución Nacional y desconociendo tratados internacionales con rango constitucional, este Congreso no puede prestar conformidad y quienes lo hagan deberán rendir cuentas ante la historia y la justicia que siempre llega.