1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Críticas del señor diputado acerca de la situación económica y política del gobierno nacional

Como representante del pueblo de la Nación y conociendo la realidad de mis comprovincianos, lamento que bajo los ruidosos discursos y silencios, sobre escándalos resonantes y cruzadas mundiales, en este recinto no estemos avocados a considerar problemas acuciantes y elaborar propuestas conducentes.
No es bueno someter a las instituciones a semejante destrato. Hace meses se acumulan proyectos que no se consideran. La Comisión de Juicio Político no funciona y ahora cambiaron de postura procurando sofocar con el número la apertura del análisis sobre el desempeño del vicepresidente, que lastima nuestra reputación como país y causa asombro en el ciudadano común. ¿Esperan que con este tema instalado en la opinión pública, se distraiga y desvíe la mirada que todos tenemos sobre la grave realidad socio-económica, o lo defienden por convicción u obediencia? La renuncia o el pedido de licencia, que sería una digna y saludable actitud, quedan en la voluntad de Amado Boudou, pero la oposición debe cumplir con su responsabilidad, procurando abrir el trámite de juicio político conforme a lo establecido por la Constitución Nacional.
Debemos dejar que funcione sin trabas el Congreso, sin interferencias la Justicia y abordar sin altisonancia el problema de los holdouts, pero el centro de atención debe concentrarnos en aquello que ya era visible y evidente antes de que estallara el bochorno Boudou y que entrara en ejecución el fallo judicial en EEUU. Parate económico, aumento de la inflación y desequilibrio de las cuentas públicas, pobreza y desocupación, estaban y están a la vista desde hace dos años, cuanto menos.
La situación derivada de la Corte Suprema de EEUU, dejando en firme los fallos en dos instancias sobre el reclamo de los holdouts, obliga a este Congreso a analizar el manejo gubernamental sobre esta cuestión. Los artículos 29 y 75 de la Constitución Nacional nos imponen responsabilidades ineludibles. Debemos tratar el tema. Es inadmisible que el acuerdo con el Club de París, la indemnización a Repsol y lo que se planteará en Nueva York, permanezcan ocultos y no tengamos el conocimiento que impone nuestro ordenamiento jurídico.
El kirchnerismo hizo un discurso sobre las virtudes del desendeudamiento y el crecimiento; ahora se exhibe su mendacidad. La deuda pública, bien medida en dólares, representa el 45 % del PBI (las mediciones más cercanas al criterio oficial la ubican en más del 25 %); en los noventa representaba el 40%. Aquel endeudamiento para sostener artificialmente la convertibilidad fue reprochable por su carácter parásito y por estar al servicio de la desindustrialización voluntaria del país que impulsó una indiscriminada apertura, pretendiendo mantener el consumo con gasto público y remate del patrimonio público. En este aspecto no aprendimos la lección. Con la devaluación de 2001 y el cambio de precios relativos pasó en 2002 al 151 %.
Su manejo, por parte del kirchnerismo, a partir de la reestructuración, merece ser analizada porque ofrece claroscuros por lo que se advierte ahora. Lo posterior, incluidos los canjes, ofrece muchos reparos. Pero lo actuado desde hace más de dos años se inscribe en un comportamiento equivocado, porque su judicialización colocó en manos de un juez extranjero el tramo residual de la reestructuración de la deuda externa. Soslayaron consecuencias y creyeron que el tiempo jugaría a su favor, desentendiéndose de la cuestión y desoyendo advertencias.
La emisión de bonos de deuda reestructurada en 2005 y 2010 (en varios países se abrieron investigaciones sobre un posible fraude en el último) y los recientemente destinados a Repsol y al Club de País, reconocen la jurisdicción de EEUU, por razones de costo financiero, precisamente porque en esos tribunales se respetan los contratos. En el nuestro el PE no cumple sentencias de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. ¿Cuál fue el papel de la procuradora del Tesoro en esta cuestión?
En 2008, según la presidenta de la República, los denominados fondos buitre reclaman U$S 832 millones por bonos comprados por U$S 48,7 millones. El gobierno pudo adquirir, a 12 lo que costaba 100, y no lo hizo. Hasta entonces el juez neoyorquino había fallado a favor del país y evitó embargos. El monto del capital reclamado es inferior a los U$S 500 millones; el resto, para arribar a los U$S 1.500 millones, surge de la suma de punitorios que se pudieron evitar si se arreglaba años atrás, antes de los fallos judiciales.
Algunos analistas estiman que el 40 % de la totalidad de bonos en default son intereses. De los U$S 11.580 millones que no ingresaron a los canjes, vencieron unos U$S 9.200 millones y allí los intereses superan los U$S 5.000 millones.
Del mismo modo que el incremento de lo adeudado al Club de París es fruto de esos punitorios, por no hacer nada durante años y años y negociar mal ahora. En todas las anteriores negociaciones de esos países acreedores, se quitaron punitorios, se negociaron cronogramas de pago a diez y veinte años, con cinco de gracias. Nada de eso logró el kirchnerismo.
Desde 2008 hasta el reciente acto del Día de la Bandera, tanto la presidenta como el ministro de Economía comenzaron a decir que no se pagaría un dólar y que no se acatarían fallos que lo obligaran. Entonces comenzaron los fallos adversos y el kirchnerismo escaló la retórica patriotera. El canciller subió el tono en la ONU y además dijo que se han agotado todas las posibilidades de seguir dialogando con... Uruguay.
Los denominados fondos buitre ejercen una actividad reprochable por su carácter especulativo, pero hacer de esto una bandera de política interior, o internacional después de la presencia del ministro de Economía en la ONU, no augura resultados efectivos.
El depósito de más de U$S 832 millones pudo interpretarse a un desacato (U$S 539 millones en el Banco de Nueva York Mellon). La negativa a reponer la cautelar (stay), parece una respuesta del juez a quien, en el mismo día se le solicitó que reponga la cautelar y ante el grupo de los 77+China el ministro Kicillof lo trató de operador de los buitres por su parcialidad. El juez designó un mediador (el special master Dan Pollack) y pidió que alguien con poder de decisión por el lado argentino, inicie negociaciones de buena fe. Aunque se desconozca a Max Weber, resulta penoso que se desconozca lo que implica no cumplir los contratos y honrar el valor de la palabra empeñada en los compromisos.
El juez consideró ilegal el depósito, inhibió las transferencias a las cuentas de los bonistas y ordenó devolver el depósito. El gobierno siguió destratando al Juez por la insólita e inédita medida, porque obstruye el pago, incurriendo en abuso de autoridad. Ahora estamos en moratoria de pagos. Se pagan U$S 450 millones (U$S 292 millones con ley argentina y $ 158 millones). No se pagan U$S 532 millones (U$S 228 con ley Nueva York; U$S 302 millones bajo ley europea y dos millones en yen. El Bony pide instrucciones al Juez para efectivizar los pagos y el gobierno intimó a los bancos estadounidenses y a Euroclear para que depositen y paguen.
La presidenta responsabiliza a EEUU por esta situación que parece no estaba tan estudiada como señaló el ministro Axel Kicillof para tranquilizarnos. Se perdieron once días y se especula con los días que van al 30 de julio como si ese caminar al filo del default técnico no impactara en la economía real, en la cotización de bonos y en las posibilidades de financiamiento de YPF y las provincias que necesitan más de $ 35.000 millones para cerrar el año.
Mientras tanto, esa volatilidad habilita una fenomenal bicicleta de especulación financiera con bonos y acciones. La negociación firme debe ser discreta y el objetivo tendría que ser buscar una resolución judicial que determine un pago en bonos de la sentencia, dado la disposición que dicen tener los reclamantes para aceptarlos.
No le será posible a YPF financiarse con el financiamiento doméstico, aunque el litro de nafta haya pasado de $ 4,8 en 2012 a los $ 14 de estos días. Ese costo significaría un recorte en la renta petrolera que surge del costo de producción y el precio del mercado de los hidrocarburos. El Estado nacional y las provincias tendrán menos para repartir por la incidencia del costo financiero de YPF.
Por primera vez desde 2008 disminuyó 10 % la venta de nafta premium y gasoil. Este último combustible, que verifica la actividad productiva y el transporte, arrastra una caída del 5 % desde comienzo del año.
Por los aumentos en el precio del gasoil, el sector agropecuario deberá agregar a sus costos unos $ 10.000 millones. Según un estudio, un productor de trigo, con retenciones, paga U$S 2 el litro de gasoil; un uruguayo, sin retenciones, paga U$S 1,7, En el caso de la soja, termina pagando U$S 2,40, un 40 % más que en Uruguay. Ello ocurre en paralelo con el aumento de diez puntos en el costo del financiamiento de la próxima cosecha. Los costos de producción sojera subieron un 10 % en dólares, comparados con la cosecha pasada y los precios de la soja vienen descendiendo por los mayores stocks previstos en esta campaña.
En la eficiente cadena maicera, el Estado se apropia del 27 % de lo producido y los precios también desmejoraron.

El endeudamiento de YPF se estima en U$S 4.500 millones. Por cierto, tampoco sería conveniente usar a YPF para tomar créditos para sostener el gasto público improductivo. Ya se hizo durante el proceso militar cuando se quedaron sin dólares y comenzaron a generar el endeudamiento asfixiante, tendiente a evitar las restricciones que aparecen cuando la economía no funciona y el futuro es incierto.
Eso se paga con sobrecosto financiero (11 % rindieron los bonos que entregamos a Repsol y ésta vendió al JP Morgan) complica al sector público y privado. En estos días de zozobra, los seguros por default (CDS) para nuestro país llegaron el lunes pasado a 1.742 puntos, por arriba de Venezuela y Ucrania. Tendríamos que conocer si hay holdouts que contrataron CDS porque contarían con una información privilegiada.

En febrero y noviembre de 2012 hubo unas sentencias condenatorias y en mayo de este año el juez Thomas Griesa dejó abierta una puerta a una negociación e invitó a recibir una oferta. En agosto de 2013 la Corte de Apelaciones confirmó el fallo del juez Griesa porque la Argentina no presentó ninguna propuesta productiva.
Tras la denegatoria del pedido de apelación ante la Suprema Corte de EEUU, ocurrida hace días, nuestra presidenta habló de extorsión, situación que involucra a una decena de magistrados estadounidenses. El ministro de Economía anticipó un cambio de lugar de pago, prohibido por el juez y dijo "no pasarán," expresión más cercana a la desesperación ante una capitulación que a la fortaleza conceptual. El jefe de Gabinete informó que no había viaje de ninguna comitiva a Nueva York. Luego el ministro Kicillof viajó a EEUU y la presidenta dijo que se pagará al 100 % al mismo tiempo que se empapeló Buenos Aires con la consigna “patria o buitres”, coreada en una concentración frente al Cabildo porteño. En simultáneo se publicaron solicitadas descalificadoras al juez en EEUU y Europa denunciando que no nos dejan pagar y el gobierno pedía respetuosamente que ese tribunal habilitara una negociación justa y equitativa. Todo ello ocurrió en una semana, donde valores y empresas tuvieron una volatilidad autogenerada.
En 2011 Cristina Fernández de Kirchner manifestó, en uno de sus discursos en cadena nacional, que no iba a ser esa presidenta quien pague a los buitres.
Todas esas contradicciones, marchas y contramarchas, potenciaron la desconfianza y lejos de fortalecer nuestra posición la debilitaron por su imprevisibilidad.
Al caer la cautelar y con el fallo que habilita la búsqueda de activos argentinos en el exterior, caímos en una situación que desmerece nuestra imagen y descalifica a quienes nos colocan al borde de un default técnico, que nunca debimos atizar como amenaza, porque nos perjudica como país y tendría consecuencias sobre la actividad y el empleo. La recesión no detiene al aumento de precios. Ya sabemos los estragos que causa la inflación en los sectores más pobres. La inflación en alimentos suma el 47 % en los últimos doce meses. En un año, los ingresos perdieron más del 10 % de su poder adquisitivo y el 50% de los 16 millones de trabajadores recibe menos de $4.500 mensuales.
Es obvio que el problema del país está en la estructura productiva que no genera la riqueza necesaria para crecer sin restricciones.
El ensayo de impulsar el consumo sin correspondencia con el volumen de las inversiones y la evolución del comercio exterior, genera la principal limitación porque agotada la posibilidad de financiar el déficit con las cajas domésticas (este año el BCRA destinará alrededor de $ 140.000 millones al Tesoro, para financiar el 80 % de déficit financiero) y la emisión monetaria espuria, la inflación ahuyenta capitales, fuga y caída de reservas. Desde 2007, la salida de dólares supera los U$S 85.000 millones y de los U$S 46.170 millones de reservas que tenía el país cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner, se estima que tendremos menos de U$S 26.000 millones a fin de 2014. Entre enero/junio, las reservas cayeron poco menos de U$S 2.000 millones.
Desde 2011 perdimos U$S 23.000 millones de reservas del BCRA. Si tomamos como referencia 2007/13, se perdieron U$S 29.000 millones, el 30 %. En ese período, Brasil, Colombia, Chile y México las duplicaron. Perú las aumento dos veces y media y Uruguay las cuadriplicó. Ecuador reestructuró su deuda en 2008 y ya está colocando deuda a tasas del 7,95 % a diez años. México coloca deuda a cien años, Uruguay y Bolivia a menos del 4 %. Recientemente Kenya colocó deuda a diez años, al 6,8 %; el Congo colocó deuda para obra pública, al 6 % como Zambia. Eso refleja la falsedad de la conspiración del sistema financiero internacional. Es paradójico porque el gobierno de EEUU, el FMI, su subdirectora Anne Krueger y columnistas de semanarios de Wall Street se pronunciaron a favor de la Argentina porque los fondos buitre lastiman a la economía productiva.

Los desajustes de finanzas con la producción son un dato de la globalización financiera, perverso y de necesaria corrección, pero aun en ese escenario, algunos países, mucho más débiles que la Argentina, logran financiamiento, de largo plazo y bajo costo. Nosotros necesitamos capitales, inversión directa con tecnología, desembolso de créditos blandos de los organismos multilaterales para obras de infraestructura y terminar con esa inflamada lucha retórica que aumenta el riesgo de insolvencia, a no ser que se trate de exagerar para luego pagar todo, como sucedió recientemente y presentar esto como un triunfo apoteósico.
Estamos con una tasa de riesgo país superior a los 800 puntos y el resto de nuestros vecinos es calificado con 200 puntos. Eso es costo por desconfianza, que pesa tanto como los desvíos macroeconómicos insostenibles.
Para modificar ambos aspectos se requiere un programa integral, que apuntale lo productivo en cuyo raquitismo se incuban las crisis financieras.
El monto de subsidios económicos crece 41,5 % en el interanual. Los subsidios derivados de la importación de energía representan el 3,5 % del PBI, el 80 % del déficit fiscal; crecieron 100 % en el primer trimestre y llegarán a $ 81.000 millones este año. Ayer, el gobierno amplió el gasto presupuestario en $ 10.459 millones, gran parte de los mismos destinados al subsidio energético, ($ 7.362 millones, sumando $ 35.000 en el año, unos U$S 4.200 millones). El gasto aumentó tras la devaluación por el impacto de los subsidios destinados a importar combustibles. Desmontar esa opaca madeja es una tarea impostergable porque no se justifica que la mitad más acomodada de la sociedad los reciba.
El déficit fiscal, en el primer cuatrimestre ($ 36.880 millones), creció 95 %, respecto de ese período del año pasado. Con esta tendencia, a fin de año se habrá duplicado respecto de 2013. Superará el 4,6 % del PBI ($ 185.000 millones.) Si se descuentan los aportes de la ANSES y del BCRA, ese incremento supera el 126 % y suma $ 41.650 millones. Los aportes del BCRA y la ANSES se incrementan en el interanual un 125 %. En junio el BCRA agregó $ 21.000 millones a la base monetaria. Durante 2013 el déficit operativo del BCRA subió 10 % respecto del año anterior.
En abril el déficit, sin aportes extras, fue de $ 8.877 millones, un 190 % por encima de ese mes de 2013. Entre enero/abril ya le destinaron al Tesoro $ 22.710 millones.
En el primer cuatrimestre el rojo de las empresas púbicas creció 152 %.
El gasto primario creció 45 % en abril. El gasto público crece al 40 % anual. El promedio del gasto en los países asiáticos con mejor performance es 21 % del PBI; el nuestro supera el 45 %. Cuando asumió el kirchnerismo el gasto representaba el 22 % del PBI. Ese gasto pesa sobre el sector productivo y no se reordena ni ajusta, esperando que la posibilidad de endeudamiento externo traslade su deformidad sobre el próximo gobierno. Además, se gasta sin control ni prioridades.
El gasto en I+D apenas alcanza el 0,6 % del PBI, por debajo del promedio destinado por países de similar grado de desarrollo. Los países desarrollados dedican entre el 3/4 % del PBI a fomentar el conocimiento y esto resulta de saltos de productividad continuos.
Eso sí, pese a seis anuncios presidenciales, la obra del soterramiento del Sarmiento sigue sin construirse y la Corte Suprema ha advertido sobre el deplorable funcionamiento de los trenes de pasajeros. En cambio se ha incrementado la partida para el Fútbol para Todos, agujero negro sin control que deberá ser investigado. Desde 2009 se destinaron más de $ 5.500 millones y hace días se amplió el gasto en $ 37 millones por sobre los $ 1.447 millones presupuestados y se ejecutó el 55 % de la partida en cinco meses. La publicidad oficial el año pasado significó un gasto de $ 3.400 millones, sumando la pauta, el FPT y ANSES y sin contar lo destinado por YPF y Aerolíneas Argentinas, según un informe de la fundación que dirige la ex diputada Silvana Giudici.
Según una consultora privada, entre 2003/7 se crearon 2,5 millones de puestos de trabajo, el 20 % de ellos, unos 500.000 en el sector público. Entre 2007/13 del millón que según información oficial se crearon, el 87 % fueron en el sector público, unos 870.000. En 2012 el sector público incorporó el 92 % de los nuevos empleos y el año pasado el 93 %. Según ese estudio, en la década del 80, el empleo público creció al 30 %; entre 1999/2009, se incrementó 35 %.
En los últimos tres años, se crearon 150.000 nuevos puestos laborales informales y 350.000 en el sector público. Durante 2014, el empleo público creció 2,5 %, mientras que el empleo privado formal cayó 0,3 % y hace dos años se encuentra estabilizado en 6,3 millones de trabajadores. Hasta fin de marzo 2014, desde diciembre de 2013, se destruyeron 150.000 empleos formales
Oficialmente se admite que en el año, se destruyeron 20.000 empleos registrados y 40.000 informales.
El empleo registrado no incorporó trabajadores. Allí se demuestra la insolvencia del populismo: no puede crear 300.000 nuevos empleos de calidad en el sector privado que anualmente se demandan como mínimo. Si ello no ocurre, baja un punto el nivel de ocupación. Se pretende cubrir esa falencia con empleos de baja calidad, un subsidio encubierto, muy costoso y desmoralizador por el criterio clientelar que lo preside.
El 45 % de la población mayor de edad recibe ingresos estatales.
Por su parte, el año pasado creció el empleo en negro, llegando a 32,8 % de los asalariados, unos cuatro millones sobre un total de doce millones de trabajadores del sector público y privado.
En el primer trimestre, se destruyeron 31.000 puestos laborales (17.600 de ellos en la actividad industrial y la construcción.)

Por ello destaco datos que están en el centro de las recurrentes crisis del país.
El PBI cayó 0,4 % en el primer trimestre que se agrega a la caída del 0,6 % del último trimestre de 2013. Técnicamente estamos en recesión. En mayo la caída del PBI es 2,5 % respecto de ese mes del año pasado.
La inversión que es 17 % del PBI, indica que nos estamos descapitalizando, ocho puntos menos de lo necesario para crecer sostenidamente al 5 %, piso mínimo para generar los nuevos puestos de trabajo antemencionados. Los países emergentes invierten entre 25/35 % del PBI y el promedio del sudeste asiático está en 34 %. El año pasado, la inversión extranjera directa en la Argentina significó 1,8 % del PBI (gran parte por reinversión de utilidades). En Chile significaron el 6,9 % del PBI; en Uruguay 4,9 %; en Perú 4,8 %; en Colombia 4,3 %; en Brasil 2,6 % (U$S 66.046 millones).
Algo sucede en la economía argentina para estar en sexto lugar en la región, dado las potencialidades productivas y dotación de recursos a explotar. En el volumen y calidad de las inversiones, domésticas y externas, se mide la virtud de la política económica. El entorno jurídico y de negocios facilita o dificulta ese proceso de acumulación, toma de riesgo en nuevos emprendimientos y creación de empleo calificado.
Un conocido economista señala que el promedio de la tasa de ahorro de los países asiáticos es 33,8 % del PBI, mientras que la nuestra es inferior al 15 %. En un mes, los fondos comunes de inversión bancarios disminuyeron $ 4.000 millones (de $ 28.000 millones a $ 24.000 millones) y en ello se observa la evolución de los plazos fijos en los bancos.
Se estima que existen más de U$S 180.000 millones de argentinos fuera del sistema financiero local, más del 37 % del PBI, equivalentes a seis veces el stock de reservas del BCRA.
No hay ahorro con inflación y sin ahorro no hay financiamiento productivo de largo plazo. La inversión y las exportaciones sufren esa restricción.

En mayo el superávit de la balanza comercial fue de U$S 1.259 millones, un 12 % inferior al de abril.
Las exportaciones cayeron U$ 1.600 millones en los primeros cinco meses, comparados en ese tramo del año pasado. Las exportaciones cayeron 16 % y las importaciones 7 %, comparados mayo 2013/14. En abril se exportaron U$S 139 millones menos de lácteos y carnes, comparado con ese mes de 2013. La exportación de trigo a Brasil es la más baja en un cuarto de siglo. Los productores informan que las trabas para exportar un millón de toneladas de trigo disponibles privan ingresar U$S 350 millones.
Mientras nuestras exportaciones descienden, Chile las aumentó 1 % y México 3,2 %.
El sector primario, donde se nutren nuestras exportaciones, se estanca pese a los U$S 25.000 millones del complejo sojero y las del sector manufacturero desmejoran.
Según quienes estudian al sector agropecuario, el mismo genera el 55 % de las divisas que recibe el país y aporta el 43 % de los impuestos que se recaudan.
Entre 2008/11 se perdió el 17 % del stock ganadero. Se cierran 250 tambos por año. Hace días cerró un frigorífico en Huinca Renancó, un molino bonaerense y la planta de Paty en Martínez. Una importante empresa avícola entró en concurso de acreedores y todos los días se conocen malas noticias de las pymes industriales vinculadas al sector autopartista y metalmecánico. Tengamos en cuenta que las pymes, con menos de 50 trabajadores, ocupan el 80 % de la masa laboral. Los despidos y suspensiones generarán mayor conflictividad social.

Las trabas en las importaciones con la discrecional aplicación de DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones) nos pone en riesgo de sanciones de la OMC. Ello significaría un costo de cerca de U$S 4.000 millones, según especialistas que advierten sobre un fallo desfavorable para antes de fin de año.
Aun con contracción económica, se sigue deteriorando el balance comercial. Pensemos en lo que podría pasar si hubiera crecimiento. Por cada punto suben tres puntos las importaciones. Su contracara es la actual etapa del modelo; como no tiene dólares, se resienten las importaciones para abastecer a la actividad.
El superávit comercial en los cinco meses de 2014 disminuyó 42 % (U$S 2.300 millones, contra U$S 3.930 millones del año pasado.) El saldo comercial estimado estará en el orden de los U$S 6.000 millones. Por ello se requerirán más de U$S 20.000 millones lo que explica por qué necesitan más de U$S 14.000 de endeudamiento externo.
La cuenta corriente del primer trimestre fue U$S 3.900 millones negativa (en ese período de 2013 ese rojo fue de U$S 2.200 millones) y es el sexto trimestre en rojo.
El déficit de la balanza energética, para 2014, se estima en U$S 7.000 millones. En el impacto de la importación energética (más de U$S 1.000 millones mensuales) se advierte el fracaso de la política aplicada por las administraciones Kirchner, el ministro y el secretario de Energía responsables. En los 90 estábamos entre los primeros tres productores de petróleo de la región; ahora caímos al 5º lugar.
La producción de gas cayó 3,5 %, comparando abril 2014/13, pero se desplomó 11,4 % respecto de ese mes de 2012.

Llevamos dos trimestres de caída del producto y estamos en recesión.
En abril, la actividad industrial cayó 5 % en mayo y en lo que va del año 3,7 %. Las pymes industriales cayeron 4,5 % en abril. Las consultoras privadas señalan que la caída industrial fue superior al 7 %. Se acumulan diez meses consecutivos de caída en la actividad manufacturera que tiene un 30 % de capacidad ociosa. El intercambio industrial será deficitario en más de U$S 25.500 millones. De reindustrialización solo queda el discurso, desmentido por la altísima porción de partes importadas en la actividad industrial.
La inversión en maquinaria disminuyó 12, 5 % en los primeros cinco meses, según lo consigna una prestigiosa consultora. La exportación de maquinaria agrícola cayó 39,5 % en los primeros cinco meses del año comparados con 2013; en tractores esa caída fue del 88,5 % y en cosechadoras el 65 %.
La industria automotriz cayó en mayo 33,5 % y la caída semestral del 21,8 % ubica esa producción en el nivel más bajo desde 2010.
Los recientes anuncios de créditos para adquisición de automóviles, cuyos precios en algunos de los modelos publicitados son mayores a los establecidos por los concesionarios, llegan después de los efectos de la devaluación y de la enorme carga impositiva que abarca a cada vez más modelos nacionales.
Desde el cepo cambiario, la caída en la industria de la construcción solo es comparable al derrumbe de 1980 y se perdieron 170.000 puestos de trabajo en ese sector. En mayo la construcción cayó 4,6 %, y comparado con ese mes de 2013, se perdieron 18.000 puestos de trabajo y disminuyó 12,2 % la cantidad de empresas constructoras. En abril y mayo, los despachos de cemento disminuyeron 6,6 % respecto del año 2013. En mayo, la venta de inmuebles cayó 15 %. En Córdoba, durante los primeros cinco meses, cayó 32 % las ventas de inmuebles nuevos. La Argentina no cuenta con crédito hipotecario, menos del 1 % del PBI, en Chile es 5 %, en Brasil 9,5. La inflación y el cepo destruyen ese mercado que genera mucho empleo. La mitad del costo del metro cuadrado son salarios y dinamiza muchas actividades conexas, desde la edificación a las inmobiliarias. Todo está parado pese al aceptable desenvolvimiento del Pro.Cre.Ar. La cantidad de inquilinos en el país, aumentó del 11% al 16 % de la población en los últimos diez años
Por séptima vez en treinta y cuatro años estamos en recesión económica.
En algún momento la caída de la actividad significará un descenso en la recaudación. Cada punto de disminución del PBI significa una caída en la recaudación de U$S 1.000 millones.
La presión impositiva es asfixiante, 41 % del PBI. El impuesto inflacionario significa 3,9 % del PBI. Hace diez años significaba el 0,6 %. El impuesto a las ganancias representa el 6,2 % del PBI. En 2004 significaba el 4,2 %. Esa regresividad afecta a la actividad y la equidad social, pero tampoco alcanza.
La negativa a actualizar el mínimo del Impuesto a las Ganancias rebanará casi todo el aguinaldo que en julio reciban los trabajadores. Un obrero casado con un hijo pagará el 23 % de su salario bruto (tomando un ingreso de $ 16.000 aporta $ 518 mensuales y si recibe más de $ 21.500 por mes, aporta según una alícuota de 35 %, porque hace catorce años que no se actualizan las escalas.)
Como no tenemos superávit fiscal sino un déficit superior al 4 %, pagamos con reservas del BCRA y con emisión para comprar dólares. En el segundo semestre crecerá la emisión, que según la anterior titular del BCRA no causa inflación. Como hay consenso generalizado, ello está generando una inflación de más de 35 %, aumento en la demanda de dólares y la brecha entre dólar oficial y paralelo es del 50 %, impidiendo la acumulación de reservas. En el mejor trimestre del año, por el ingreso de agrodólares y Chevron, las reservas del BCRA se mantienen en U$S 28/29.000 millones y los productores de soja retienen la cosecha que solo se liquidó en un 40 %.
Como esas distorsiones se profundizan y no son confiables las estadísticas del INDEC, no tuvimos acceso al mercado de capitales y será difícil lograrlo en el mercado institucional; solo los especuladores de alto riesgo y costo estarán dispuestos. Es un desaprovechamiento lamentable, porque hay dólares disponibles y abundantes en el mundo y con credibilidad y un plan aceptable podríamos captarlos en muy corto plazo.
Hacen falta U$S 10.000 millones anuales, durante mucho tiempo, para explotar los yacimiento de hidrocarburos no convencionales y, según una consultora, otros U$S 38.000 millones para generación y distribución eléctrica. Este Congreso ni siquiera se reúne para analizar una ley petrolera ni para debatir la modernización de la telefonía móvil. La infraestructura ferroviaria hace cargar su deterioro sobre los costos del país. Según el ránking del WEF, que mide la logística, estamos en el sitio 105; en 2010/11 estábamos en el lugar 89. Brasil está en el sitio 75 y Chile en el 43. Por ello los costos de logística en la Argentina, según el Banco Mundial, representan el 27 % del PBI, en Brasil el 26 % y en Chile el 18 %.

Lejos de ser un mérito, por no haber tenido acceso a los mercados, en un ciclo de tasas de interés bajísimas, el país no pudo renovar vencimientos de capital y se pagaron U$S 173.000 millones, parte de lo que pudo estar en el BCRA para afrontar esta cuestión de los holdouts sin problemas.
En julio tenemos vencimientos por U$S 2.330 millones. Hasta fin de año, habrá que pagar cerca de U$S cerca de U$S 10.000 millones de intereses.
Durante 2014, los vencimientos por intereses significan U$S 9.900 millones, U$S 26 millones por día. Repsol significa unos U$S 500 millones de intereses por año. Si se logran obtener U$S 3.800 millones por organismos multilaterales, ANSES, Banco de la Nación y BCRA, el rojo anual supera los U$S 6.075 millones.
En 2015, los vencimientos se acercan a los U$S 22.000 millones y planean extraer U$S 4.660 millones de esas cajas.
Quede claro, según varios consultores, que hacen falta conseguir más de U$S 6.000 millones hasta fin de año y más de U$S 17.000 en 2015.
De los U$S 28.000 millones de reservas brutas del BCRA, U$S 7.100 son encajes privados y U$S 8.800 millones créditos de bancos extranjeros. Las reservas netas oscilarían en los U$S 13.000 millones.
La deuda del déficit cuasifiscal (NOBAC y LEBAC) se estima en más de U$S 25.500 millones.
El 60 % de la deuda pública está contraída intraestado. No la toman en cuenta, ¿acaso piensan que el Tesoro no la pagará?
El 75 % de los activos del BCRA son títulos del Tesoro (U$S 70.000 millones); significan cinco veces su patrimonio neto.
El 62 % del FGS de ANSES ($ 134.000 millones) son títulos del Tesoro. Un default derrumbará ese ahorro de los jubilados.
Tenemos un grave problema con el financiamiento del gasto, porque la presión impositiva del 36 % es insoportable. Tenemos un problema de precios relativos, tanto en el dólar como en las tarifas. Reaparece el problema del sector externo. La devaluación de enero y el aumento de las tasas de interés paralizó al sector automotriz y ahora el tope de tasas detuvo las ventas de electrodomésticos que cayó 17 % en el primer trimestre.
El consumo privado disminuyó 8,8 % en junio (sexto mes consecutivo) y las ventas de carne en supermercados y carnicerías cayó 3,7 % en los primeros cinco meses. Las ventas en los comercios minoristas habían caído en mayo 8,3 % respecto de ese mes de 2013; en abril la caída fue de 7,5 %; marzo 7,2 %; febrero 6,5 % y enero 3,8 %, respecto de esos meses del año pasado.

La insuficiencia de nuestra estructura subdesarrollada y la importación de energía exhiben el fracaso del modelo que habló de industrialización y matriz diversificada. Este modelo se endeuda en más de U$S 10.000 millones por año.
Por ello analizar la evolución de la deuda pública demuestra la similitud con la convertibilidad que la llevó a montos impagables para sobrevivir. En 2011, su volumen de U$S 199.000 millones; representaba el 45 % del PBI. Luego del default de 2002 y la reestructuración de deuda, en 2005, el stock de deuda pública era de U$S 125.000 millones. En la actualidad, sumando lo acordado con el Club de París (U$S 10.600 millones), Repsol (U$S 6.000 millones y sumando los intereses U$S 9.000 millones) y los cinco juicios del CIADI (U$S 670 millones), si tomamos U$S 15.000 millones de holdouts, el monto de la deuda pública es de U$S 250.000 millones.
Hay litigantes ante el CIADI con reclamos por U$S 20.000 millones, y trasciende que hay U$S 2.700 millones de bonistas italianos con una sentencia cercana. Falta computar la deuda de los juicios incumplidos con los jubilados con sentencia judicial, aproximadamente unos U$S 30.000 millones, Tampoco incluyo deudas con proveedores. Así como nunca se computaron ni registraron como deuda los U$S 15.000 millones de los holdouts, ahora tampoco se computan los U$S 1.700 millones que adeudamos a Bolivia por provisión de gas.
El endeudamiento provincial supera los $ 180.000 millones y tras la devaluación sus obligaciones por intereses se elevaron en $ 3.600 millones.
La deuda se debe comparar con la capacidad de pago, porque la comparación con el PBI no significa mucho, dado, entre otras cosas por la distorsión entre dólar oficial y paralelo. Una prueba de ello es que, tras la devaluación, el PBI en el primer trimestre es U$S 482.130 millones, 18 % menor que lo medido en ese período de 2012 y la deuda pública escala al 55 % del mismo. Por otra parte la deuda dolarizada, aunque bajó significativamente, se paga en esa moneda. Por eso cabe cotejar la relación entre deuda y exportaciones porque este es el único ducto que ingresa dólares a nuestra economía. Actualmente esa relación es buena y despejado el impedimento con los holdouts abriría posibilidades para hacer lo que no se hizo hasta ahora.

Los holdouts (litigantes y no litigantes) podrán reclamar un monto estimado entre U$S 8.000/U$S 15.000 millones, U$S bajo legislación EEUU, o tal vez un poco más, significa el 3 % del PBI. Solo la imprevisión y la impericia pueden ponernos en semejante riesgo. Ni al país, ni a los bonistas y holdouts, ni al juez les beneficiaría un default. Debemos resolver esta cuestión y cambiar el rumbo que nos puso en este escalón.
La estrategia de pagar de cualquier modo, para obtener los más de 10.000 millones que necesita el gobierno para llegar a fin de su mandato, es muy costosa por el costo financiero de las inconsistencias y la pérdida de confianza generada por políticas y discursos zigzagueantes, unos para la tribuna, otros para los bonistas reestructurados, otros para el juzgado de Thomas Griesa cuya interpretación del pari passu es severamente cuestionable, otros para la formal apoyatura internacional, tardíamente buscada. El trabajo diplomático demanda claridad de metas y profesionalismo, actuando coordinadamente con el resto del gobierno. Las próximas visitas de los presidentes de China y Rusia pueden ser oportunidades si no priman cuestiones coyunturales, por encima de aquello que implica una inserción provechosa en el entramado internacional.
Las reuniones en la OEA y la ONU pretenden politizar y embestir contra EEUU, cuando el centro de la cuestión es técnico-jurídico-financiero. Ya conocemos como resultan esas exaltaciones sin una estrategia realista.
Hay que negociar el modo e instrumento de pago de la sentencia con un equipo serio que no deje abierta posibilidades de futuros juicios, por aplicación de la cláusula RUFO (derecho sobre futuras ofertas), entre otros, de los bonos denominados Fran. Debemos acordar con los holdouts para reponer la cautelar hasta que en enero del año próximo podamos pagar y cerrar ese juicio comercial. Eso debe hacerse con cuidado porque habilitar una negociación voluntaria dejaría abierta la reacción del 92,6 %. Para evitarlo debe ser motivada por una decisión emanada del Juez. Por ello, ante la designación de una comisión para negociar con el mediador designado, espero se tomen los recaudos necesarios. Insisto, el default sería el peor escenario y no habría razones objetivas para caer en esa situación.
Hay prescripciones constitucionales y la Ley de Administración Financiera que obligan a este Congreso de la Nación a considerar arreglos de la deuda pública y contratos y convenios que suscriba el Poder Ejecutivo.
Por otra parte los vencimientos de estos acuerdos suponen un incremento en el stock de la deuda que serán afrontados por el futuro gobierno. Si tomamos los vencimientos de capital e intereses, incluidos Club de París y Repsol, en 2015 hay que afrontar U$S 31.600 millones; en 2016, U$S 24.300 millones; en 2017, U$S 19.600 millones; en 2018, U$S 15.500 millones y en 2019 U$S 11.700 millones.
Hasta 2017 hay vencimientos de deuda por U$S 35.900 millones (U$S 19.000 millones en euros y dólares, el resto en pesos) sin tomar lo de los holdouts. Apenas asuma el próximo gobierno tendrá que afrontar vencimientos de deuda tomados por esta administración y ello impone conocer que compromisos se asumen.
Todo esto verifica fallas en el sistema financiero mundial, injusticias en sentencias y fundamentalmente todo aquello que hace que ello caiga casi exclusivamente sobre nuestro país: la mala praxis, el infantilismo y el mal entendido nacionalismo que perjudican a la Nación y a los argentinos. Aún hoy no conocemos el plan del gobierno ante este evento esperable; hasta la presidenta dijo que sabía este resultado en la Corte Suprema de EEUU. Lo que sabemos es que los problemas se profundizarán si el gobierno se aferra a un relato inconsistente.
Tenemos al vicepresidente procesado por cohecho, el fiscal José María Campagnoli a punto de ser destituido por cumplir su función y el representante ante el Banco Mundial, Diego Forcieri, demora su presencia ante el juez, viajando hasta Texas y regresando a Washington ¿por órdenes de quién?. Es vergonzoso que siga en Washington ese funcionario designado por Boudou y la presidenta. Cristina Fernández de Kirchner designó sin consulta a Amado Boudou como candidato de vicepresidente y pese al fallo judicial, aún permite que represente al país en Cuba y Panamá. En los próximos días, con los viajes presidenciales de Paraguay y Brasil, quedará al frente del gobierno un funcionario sobre el que pesa ese procesamiento y el descrédito ciudadano.
La presidenta dijo que mundo está “patas para arriba”. ¿No se estará desafiando la ley de la gravedad y contrariando el sentido común?
¿Qué señal brindamos a nuestros conciudadanos aprobando una ley que limita la responsabilidad civil del Estado y los funcionarios?
¿No debería este Congreso debatir y receptar la opinión, sobre temas que comprometen el futuro cercano, a quienes fuimos elegidos para representar a las provincias y a nuestra ciudadanía?
La falta de sesiones y de voluntad para tratar los problemas que imponen una agenda no contribuye a fortalecer la democracia republicana.