“Patria o-Buitres”. No es una dicotomía nueva; la escuchamos bajo las palabras “acumulación interna o transferencia al exterior”, “Inversión o desinversión”, “soberanía o dependencia”, “liberación o dependencia”, “Braden o Perón” “estatización-privatización” “Estado de bienestar o Estado liberal”.
Son dicotomías que despiertan el sentimiento nacional, que nos hacen sentir el peligro de una decisión equivocada. Estas dicotomías, nos han unido en los momentos difíciles y nos hacen tomar conciencia de que somos un país periférico, con recursos naturales que los centros apetecen sobremanera.
Hace una semana nos reunimos para celebrar el triunfo de la justicia social al votar la moratoria previsional que acaba de ser promulgada.
Hoy estamos reivindicando la SOBERANIA ECONOMICA, cuyo corolario es también la INDEPENDENCIA POLITICA.
Las tres banderas justicialistas están siendo reivindicadas en proyectos de ley, uno de los cuales ya es ley.
Estamos definiendo políticas de Estado a la par que reivindicamos nuestra doctrina justicialista, que sigue plenamente vigente.
No debe ser tan descabellada la posición argentina ya que la UNASUR nos ha acompañado por unanimidad. También nos acompaña el BRIC, y el Parlamento del Mercosur, CELAC y muchísimos legisladores de otros países, entre los que se destacan miembros del Parlamento italiano. El problema es que nuestros conductores, Néstor Kirchner primero, y Cristina Fernández de Kirchner luego, tuvieron la señera visión de que era necesario negociar su deuda y resolver los problemas políticos fuera de las imposiciones del fondo. Porque la deuda externa es el arma del poder estratégico que tiene el poder financiero para controlar las decisiones políticas de los países en desarrollo.
En estos días, muchos han recordado al presidente Arturo Ilia cuando decía que lo más grave que teníamos nosotros no era que nos prestaban plata como usureros, sino los que teníamos adentro que la aceptaban.
La presidenta pidió para este proyecto un acompañamiento generoso, con una ley que más allá de su eficacia, establezca la firme voluntad nacional por parte del Poder Legislativo de acompañar la defensa contra ese intento para defender la construcción de una estructura de producción soberana.
Este pensamiento y esta matriz comienzan a partir de 2003 cuando Néstor Kirchner tiene la decisión estratégica, la decisión y la voluntad política de decir “no nos endeudemos más, por el contrario, vamos a comenzar a desendeudarnos. Ya no queremos que el Fondo Monetario Internacional digite nuestras políticas-
Esta actitud frente al FMI comenzó a ser un mal ejemplo para algunos países y en especial para las corporaciones del mundo. Así se inició un proceso de desendeudamiento a partir de la reestructuración de la deuda, del canje 2005, del canje 2010.
Esa deuda que era del 166% del PBI pasa a ser de menos del 40% en relación al producto bruto interno
Hubo sectores que no aceptaron la reestructuración, pero el 92,4% lo hizo de manera voluntaria, porque creyó en el país, porque el país crecía y el país pagaba en tiempo y forma.
Los fondos buitre son un grupo minúsculo que representan al 7,6% restante. Pretenden de alguna manera cobrar esos bonos que compararon por 40 millones de dólares, en 1500 millones de dólares, ES DECIR CON UNA GANANCIA DEL 1600% en seis años.
Pagarles a los fondos buitre, dispararía que el otro 92,4% también reclame, en virtud de la archimencionada cláusula RUFO.
El 30 de septiembre tenemos los próximos vencimientos de la deuda reestructurada. ¿Vamos a depositar en el BoNY para que sigan bloqueados esos fondos y los acreedores que se avinieron voluntariamente al proceso de reestructuración no puedan cobrar en tiempo y forma?
Por eso nuestro gobierno está buscando herramientas que nos permitan seguir pagando los vencimientos en tiempo y forma a sus destinatarios.
No es solamente un tema económico, económico, jurídico y financiero. Lo que se debate aquí es la forma de dominación por instrumentos financieros a escala global, que avanza sobre la soberanía de los Estados para hacer sus propios negocios.
Estamos defendiendo el derecho del Estado soberano argentino a resguardar el interés supremo de su pueblo para esta y las futuras generaciones y liberar y desatar las manos de los futuros gobiernos para que puedan seguir parándose dignamente ante el resto de los países del mundo.
Y quiero hacer una salvedad jurídica: una sentencia como esta solo puede darse en un país liberal a ultranza, donde el derecho de propiedad es absoluto y se defiende sin ningún tipo de limitación. En cambio en nuestro país por aplicación de los arts. 14 y 28 de la CN los derechos solo pueden ejercerse de manera razonable, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, y la propiedad solo se reconoce con función social. Además nuestro derecho no tolera la defensa abusiva de los derechos. Si la aplicación del derecho es injusta, el juez debe corregirlo mediante los principios de equidad y bien común. En cambio en Estados Unidos dura lex sed lex.
En la República Argentina la usura está prohibida… y si estuviera pactada la cláusula que la permita es nula. En Estados Unidos lo único que vale es la voluntad de las partes, donde obviamente el poderoso prevalece siempre.
Pero además, en la Argentina, como en Francia, existe legislación escrita, previsible, y revisable. En cambio en Estados Unidos se aplica el common law, que en un leading case como el que nos ocupa, podría haber sido ejemplificador y haber demostrado que los valores humanos y los pueblos están por encima del poder financiero. Sin embargo, el sistema permite a un juez de “competencia menor” dictar una sentencia que coloca a un Estado nacional, en “estado de necesidad” , “de riesgo inminente”, a un pueblo de 40 millones de habitantes y la Corte Suprema no hace nada para “corregirlo”.
Quiero terminar, trayendo a la reflexión los dichos del papa Francisco en su Exhortación Apostólica: “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencial mente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría infeliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone en forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no tiene límites…”.