6. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BARRETO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Finanzas y de Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley en revisión por el cual se declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 2005 y 2010

TEMA: Proyecto de Ley del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina

Muchas gracias Señor Presidente:
El miembro informante de mi bloque y muchos de mis compañeros ya se han referido a las cuestiones técnicas y a los fundamentos del proyecto que estamos tratando en este recinto, por lo que voy a tratar de ser breve en mi discurso.
Quiero decirles que nos encontramos en horas decisivas para el futuro de la Nación. Como diputado y ciudadano, quiero reafirmar el apoyo al presente proyecto de ley de pago soberano de la deuda, que posibilitará –sin dudas- dar otro paso fundamental en la lucha que el gobierno nacional está llevando a cabo contra los fondos buitre, quienes pretenden obstruir y terminar con el proceso de reestructuración de la deuda soberana de nuestro país.
El objeto esencial de la iniciativa que hoy estamos tratando es declarar de interés público la reestructuración de la deuda 2005 - 2010 y el pago soberano local, que comprenda a la totalidad de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.
Asimismo, en virtud de la pública y notoria incapacidad de actuar del Bank of New York Mellon como agente fiduciario del convenio de fideicomiso 2005-2010, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a adoptar las medidas necesarias para remover al citado banco y designar, en su reemplazo, a Nación Fideicomisos S.A, sin perjuicio del derecho que tienen los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario.
Como todos sabemos, lamentablemente llegamos a esta situación a raíz del fallo del juez Griesa. Este fallo hace que el dilema se presente de la siguiente manera: si se acepta pagar a los fondos buitre –tal como lo proclaman algunos referentes de la oposición- pondríamos en riesgo el monumental proceso de reestructuración de la deuda iniciado hace 11 años. Pero si la Argentina no paga, se expone a sufrir embargos sobre los bienes del Estado en el exterior del país, entre los que se encuentran los fondos de los bonistas de los canjes de 2005 y de 2010.
También es sabido que la sentencia del juez Griesa, en los términos actuales, es de cumplimiento imposible y violatoria del orden público nacional. Cumplir con dicha sentencia implicaría que el país tenga que pagar hoy 1.500 millones de dólares. Sin embargo, el resto de los acreedores que quedaron fuera de las negociaciones anteriores reclamarán, a partir de este injusto fallo, que se les pague el 100% de su deuda, al igual que los fondos buitre.
Pero eso no es todo. Si la Argentina le ofrece a los fondos buitre más de lo que pagó en los canjes anteriores, el 92,4% de los acreedores que si aceptaron la reestructuración reclamarán las mismas condiciones de pago. Es decir, si la Argentina ofrece mejores condiciones que en los canjes de 2005 y 2010, deberá extender esa oferta a todos los tenedores de deuda, incluidos los que entraron en los canjes. Entonces, los montos a pagar podrían alcanzar más de 140.000 millones de dólares.
En otras palabras y como ejemplo, cada argentino, tendría una deuda de más de 3.500 dólares, equivalente a la tercera parte del ingreso per cápita del país. Todo para llenar los bolsillos de algunos multimillonarios decididos a exprimir al país y dejarlo sin un centavo con las graves consecuencias sociales que esta situación significaría.
Por lo tanto, la sentencia de Griesa resulta extorsiva, de cumplimiento imposible y al servicio del terrorismo financiero transnacional, cuyos exponentes por excelencia son los fondos buitre.
Frente a este panorama, a través del apoyo al presente proyecto de pago soberano de la deuda, debemos contribuir desde nuestro lugar como legisladores a asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en dichos canjes frente a los acreedores que confiaron en el país.
Quiero destacar que los fondos buitre ya utilizaron esta misma estrategia en casos de deudas soberanas emitidas por Perú, la República Democrática del Congo y Nicaragua ante los tribunales belgas, intentando frenar los pagos de deuda reestructurada realizados por intermedio de Euroclear, uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros del mundo.
En nuestro caso, al intentar obligar a la Argentina a pagar el 100%, el fallo ataca la exitosa reestructuración de la deuda. Es decir, a causa de un 1% de capitales especulativos, el juez Griesa quiere invalidar todo el esfuerzo que hizo el país en los últimos 11 años para sacarse de encima el peso de la deuda externa. Tengo que recordarles que gran parte de la deuda que reclaman los fondos buitre fue contraída desde 1976 por la dictadura cívico-militar, y que se continuó contrayendo durante los años noventa y hasta 2001, para que luego de las estafas del blindaje y el megacanje, fuera declarada en default.
Respecto al principio de inmunidad soberana que se protege mediante este proyecto de ley, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Clarens”, rechazó el reclamo del fondo buitre ya que este no puede obstruir la reestructuración de la deuda pública y además dijo que la intervención de un tribunal extranjero está condicionado al debido resguardo de los principios del orden público local establecidos en el inciso 4 del artículo 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si permitimos que los fondos buitre eludan el proceso de reestructuración de la deuda pública dispuesto de manera soberana por el Estado argentino violando el orden público local, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional, podríamos volver a sufrir nuevamente los efectos de la gravísima crisis que hizo eclosión en el 2001.
Por otra parte, es importante destacar que no estamos solos en esta lucha. Tenemos el apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos y de personalidades de renombre en el campo la economía. En este sentido el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en días pasados, manifestó que “no podemos permitir que agentes especulativos pongan en riesgo los acuerdos entre deudores y acreedores” y expresó su solidaridad con nuestro país.
También es necesario insistir ante la comunidad internacional y propiciar la regulación a nivel mundial de los procesos de reestructuración de deuda soberana.
Los premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Robert Solow enviaron a la ONU una carta firmada junto a otros intelectuales, solicitando una herramienta legal para evitar “la aparición de comportamientos especulativos y desestabilizadores en los mercados internacionales”.
Los países desarrollaron mecanismos para resolver en forma ordenada casos de deuda entre privados, pero no existe una herramienta legal comparable para solucionar tensiones con el pasivo de las naciones. La disputa judicial de nuestro país contra los fondos buitre es un caso concreto de la necesidad de implementar un nuevo marco jurídico.
La sentencia de Griesa ha puesto al descubierto los riesgos de no contar con un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana que no afecte el orden público de las naciones y que motive la aparición de comportamientos especulativos y desestabilizadores en los mercados internacionales de deuda.
A su vez es necesario reconocer que la relevancia de esta laguna legal, con sus serias repercusiones, ha sido reconocida en numerosas ocasiones por el Fondo Monetario Internacional y por la Comisión de Expertos en Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional, convocada por el secretario general de la ONU. Frente a este escenario, los especialistas solicitaron el diseño de una convención para resolver problemas de las naciones.
Sabemos que en esto está en juego el futuro de todos los argentinos de hoy y de las futuras generaciones. Sabemos que la soberanía se construye con dignidad, con autonomía y con un proyecto colectivo e incluyente. Sabemos que el proyecto de pago soberano de la deuda está defendiendo los intereses de las mayorías contra un sistema que está en crisis y quiere llevarse puesto los derechos de la mayoría de los pueblos del mundo.
Sabemos que la recetas neoliberales de quienes fundieron el país y negociaron en favor de los intereses espurios de las corporaciones no deben ser toleradas, aunque ahora pretendan darnos cátedra sobre política económica vendiéndonos libritos con las recetas que hicieron colapsar a la Argentina. Hablo de quienes fueron los artífices de la debacle económica que derivó en la crisis del 2001 y que hoy tienen espacios en los medios hegemónicos y en universidades privadas.
Lo que está en juego es mucho más que la situación Argentina. Van por mucho más que eso: el castigo que quieren imponer a nuestro país por haber negociado de manera autónoma y soberana la deuda está destinado a favorecer al sector más ruin y especulativo del sistema financiero internacional en detrimento de los Estados nacionales y las democracias.
Señor presidente: tenemos que enfrentar con fuerza organizada este ataque a nuestro país y a nuestra soberanía, especialmente porque todos somos plenamente conscientes de los costos económicos, políticos, sociales y personales que ha tenido para nuestro pueblo tener un Estado al servicio del capital financiero, que se retira de atender los intereses populares para atender al sector financiero internacional y sus actores locales.
Sabemos que cuando el Estado retrocede y hace ajustes para pagar deuda espuria e ilegítima, eso se paga con la pérdida de calidad en educación, salud, empleo, políticas públicas y sociales. Ya lo vivimos, y lo pagamos con costos sociales altísimos: desocupación, pobreza, exclusión, desnutrición infantil, son algunos ejemplos que nos dejó el proceso iniciado por la dictadura cívico-militar del 76 y las políticas neoliberales de los años 90.
Por todo ello, y para finalizar, quiero decirles que no debemos dejarnos extorsionar por los fondos buitre ni sus cómplices. El fallo del juez Griesa nos pone a prueba como representantes del pueblo y nos exige actuar con profunda responsabilidad y con mayor sensibilidad social. No vamos a pagar en condiciones que afectan la soberanía económica del país; no vamos a poner en riesgo los logros que se han conseguido durante la última década, ni mucho menos vamos a hipotecar las bases de crecimiento con inclusión social.