11. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CANELA

Fundamentos del apoyo de la señora diputada a los dictámenes de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia, de Comercio, de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley en revisión sobre regulación de las relaciones de producción y consumo y creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios y Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo

Es a partir de 1994 con la reforma de la Constitución Nacional que los derechos de los consumidores alcanzaron reconocimiento constitucional. Más específicamente en su artículo 42, brinda un marco legal que regula la relación de consumo y los derechos y deberes de los actores involucrados en esa relación. Es un verdadero estatuto de derechos y obligaciones que especifica, además, la creación de leyes eficaces para la prevención y solución de conflictos.
El Estado es el que debe brindar las herramientas necesarias para su cumplimiento. Por eso, hoy nos encontramos votando este paquete de leyes que dará un marco regulatorio para que los derechos consagrados en nuestra Ley Fundamental estén garantizados.
Ya se han explicado con claridad los tres proyectos de ley que la presidenta nos ha propuesto: un sistema de resolución de conflictos, un Observatorio de Precios para detectar las fallas del mercado pero, sobre todo, una iniciativa que busca asegurar la disponibilidad de insumos, los bienes y servicios.
Lo más importante de este paquete de proyectos es que busca la protección de los actores más débiles de la cadena de valor, porque los más perjudicados históricamente son: el productor por los bajos precios y el consumidor por pagar altos precios. Sabemos que la intención de los grandes productores empresarios que integran esta cadena es lograr la mayor rentabilidad posible. Por eso se propone la modificación de diversas disposiciones de la Ley 20.680, planteando así una nueva Ley de Abastecimiento que garantizará un funcionamiento adecuado de bienes y servicios que no afecte los ingresos de los argentinos.
La regulación del mercado no viola las libertades de producción sino que, por el contrario, impide que los grandes grupos concentrados se arroguen el derecho a decidir qué y a quién comprar, que y como producir, evitando que vivamos en un país en el que las condiciones de intercambio las determinen unos pocos, bajo una intervención suprema a cargo de agentes que privilegien sus intereses a los del pueblo
El objetivo del derecho a la competencia es la maximización del excedente del consumidor, lo que implica unos precios lo más reducidos posibles para que el consumidor pueda adquirir un mayor número de productos y variedades de éstos.
Una mirada detallada de la legislación extranjera en la materia puede hasta sorprender. Algunos de los países asociados al libre mercado y al capitalismo más radical tienen normas muy duras para las empresas que incumplen con sus usuarios:
• Estados Unidos: Ley Antimonopolios (1890): hasta un millón de dólares multa y prisión de hasta 10 años para quienes monopolicen el comercio o la industria. Aumenta a USD 100 millones de multa si el monopolio lo tiene una empresa.

• Unión Europea:
o España: Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios (2007): permite que un ministerio fije precios; habilita la “fijación de márgenes comerciales” (ganancias); prevé mecanismos para intervenir en la producción. Ley de Ordenamiento del Comercio Minorista (1996): permite la intervención en los precios en bienes de primera necesidad.
o Alemania: cuenta con una Regulación de Precios de los Alimentos que prohíbe de venta “a pérdida” para proteger a las pymes del abuso de posición dominante de los sectores concentrados.
o Reino Unido: el Acta de Protección al Consumidor de 1987 considera ofensa criminal a los indicadores engañosos de precios.

• Latinoamérica:
o Brasil: la Constitución Nacional especifica que las infracciones al Código de Defensa del Consumidor son muy amplias; incluye la detención y multas.
o Chile: los empresarios que incumplan podrán apelar a la Justicia previo pago de la sanción.
o México: su Constitución prohíbe prácticas monopólicas; el Estado puede fijar precios máximos para bienes de primera necesidad, y puede imponer formas de distribución de esos productos para evitar intermediaciones innecesarias o excesivas.

A lo largo de estos años hemos generado políticas que permitieron a gran parte de la población tener acceso a bienes y servicios gracias a un incremento sostenido de los ingresos. Así se activó el mercado interno, y como consecuencia se recuperó la industria argentina.
¡Qué poca memoria se tiene! Escucho planteos de que somos estatistas, de que intervenimos el libre mercado, de que ahogamos a la producción.
Yo digo, es irreversible, la mayoría de las empresas ha tenido todos estos años las mayores ganancias. ¿Y que se hizo con eso? Aumentaron su rentabilidad, especularon, no reinvirtieron, sabiendo que en el mundo entero los índices de crecimiento han bajado. Ese es el libre mercado que tanto pregonan, donde prevalece la especulación financiera. ¡Se cierran las importaciones para defender nuestros mercados y nos critican!
La suba se produce principalmente en alimentos y bebidas, pues con la universalización de la asignación por hijo y sobreaguinaldo de jubilados, entre otros, se produjo una distribución del ingreso que fue a los sectores que dedican la gran mayoría de su gasto a estos rubros.
Otro aspecto que quería dejar en claro, ya que lo he escuchado hasta el hartazgo, es que no vienen las inversiones, que nos bloquean. Pero ese discurso no ha impedido que, al contrario, vengan países a ofrecer inversiones pero claro, no son de los países que ELLOS quieren.
Además, hay que poner las cosas en su correcto contexto. El ministro de Economía fue muy claro el lunes pasado cuando dio las perspectivas de crecimiento de los distintos países:
Estados Unidos: 1,7%
Países de Europa: 1%
Brasil: 1%
China: 7%
Rusia: 1%
Yo me pregunto ¿es fácil que se planteen expansiones de inversiones?
Lo que más nos debe preocupar es ¿qué podemos hacer todos para mejorar la producción?
Traigo a colación unas expresiones de la presidenta meses atrás: “hemos tenido un nivel de consumo como nunca se vio en la Argentina pero siguen con la costumbre de querer mantener o apropiarse de rentabilidad vía los precios, vía aumento de la oferta, vía aumento de la inversión”.
Hay que ser claros. La inflación es fruto de la puja distributiva. La capacidad de los formadores de precios de aumentar los valores de sus productos está estrechamente vinculada con una estructura de comercialización concentrada, oligopólica, que va en desmedro de los productores pequeños y medianos.
Quienes sostienen que la inflación se debe al “excesivo” gasto público y a la emisión de dinero cuentan con una intención más trascendente, que es la de anular, limitando el gasto público, la aplicación de políticas distributivas a través de los recursos del Estado.
Los sectores concentrados son los reales formadores de precios, mientras que la incidencia de la mano de obra en el costo total es mínima e incluso va en descenso, porque muchos ponen el énfasis en los costos laborales para aumentar los precios
El gran esfuerzo de este gobierno fue, y sigue siendo, incrementar la demanda sostenida a través de diferentes políticas, pero para que ese esfuerzo sea fructífero es necesario que quienes tienen el capital y la oferta aumenten la inversión.
Por esto hay que discutir con los números en la mano para conocer la realidad de las cadenas de valor.
Los instrumentos sobre los que estamos tratando, este paquete de leyes, son los que nos permitirán dar la información a los consumidores y que los usuarios conozcan la verdadera realidad.
Quiero que entienda la oposición que ese fue el mandato de los votos de millones de argentinos; que el gobierno va a seguir bregando por los asalariados, por los productores, por las pymes, por los comerciantes y por todo el pueblo, desde la Quiaca hasta Ushuaia.
Los defenderemos con derechos y no con intenciones, porque somos coherentes en proteger los recursos e ingresos de todos. Esta es y será nuestra política, con diálogo, con democracia, pero nunca claudicando nuestras concepciones en defensa del crecimiento equitativo, con distribución de los ingresos e inclusión social.
Por estos postulados es que haremos ley lo propuesto por la presidenta de los argentinos.

 
Articulo Carlos Heller
Para comenzar a hablar de inflación hay que tener en cuenta que en Argentina ha sido históricamente un mecanismo de licuación de los salarios; al ser más lenta la recomposición salarial, siempre fue detrás de los precios, y en ese proceso se perdió gran parte el poder de compra de los trabajadores, así como también se generaron innumerables océanos de rentabilidad en las grandes empresas.
El origen de la inflación es estructural, es fruto de la puja distributiva. La capacidad de los formadores de precios de aumentar los valores de sus productos está estrechamente vinculado con una estructura de comercialización concentrada, oligopólica, que generalmente va en desmedro de los productores pequeños y medianos.
La suba se produce principalmente en alimentos y bebidas, pues con la universalización de la asignación por hijo y sobreaguinaldo de jubilados, entre otros, se produjo una distribución del ingreso que fue a los sectores que dedican la gran mayoría de su gasto a estos rubros.

Los empresarios no quieren limitar a los formadores de precios
La agitación permanente de algunos sectores del empresariado que proclaman que no hay 'seguridad jurídica' es un clásico discurso que lo único que esconde es la expectativa de obtener rentabilidades.
Los mismos sectores que muchas veces elogian la economía estadounidense, parecen desconocer la enorme cantidad de regulaciones al comercio que existe en países del llamado primer mundo. Los mismos que, por ejemplo, trabaron la reforma del sistema de salud en EE.UU. porque, según admitieron, asegurar el acceso a medicamentos para la población afectaba los intereses (ganancias) de los laboratorios privados.
El paquete de proyectos de ley enviado al Congreso, en palabras del Secretario Augusto Costa, “brinda herramientas a los consumidores para que hagan un ejercicio pleno de sus derechos".
Además, las iniciativas favorecen "la capacidad del Estado de proteger a los eslabones más débiles de la cadena de producción y consumo: los pequeños productores y empresas, los consumidores y los trabajadores”, recalcó.
En tanto, lamentó que “los principales medios de comunicación del país” invisibilizaran “el sentido profundo de las propuestas” para transmitir los “cuestionamientos interesados de los representantes de los sectores más concentrados de la producción, la industria, el comercio y las finanzas”, respecto de la reforma de la Ley 20.680 del año 1974.
Costa enfatizó que "la agitación permanente de algunos sectores del empresariado que proclaman que no hay `clima` de inversión o que no existe `seguridad jurídica` es un clásico discurso que lo único que esconde es la expectativa de obtener rentabilidades extraordinarias y que no exista ningún tipo de limitación al accionar de los formadores de precios en los mercados".
Formadores de precios e inflación. Raúl Dellatorre
“Los que más agitan expectativas inflacionarias son los formadores de precios en la República Argentina”, señaló la Presidenta de la Nación en el mediodía de este miércoles, señalándolos de ser quienes utilizan a su favor “un nivel de consumo como nunca se vio en la Argentina”, para aplicar “una costumbre consuetudinaria de querer mantener o apropiarse de rentabilidad vía precios, y no vía aumento de la oferta, vía aumento de la inversión”.
Entonces, es necesario que quienes tienen el capital y quienes tienen la oferta aumenten la inversión.
Quienes le echan la culpa de la inflación al gasto público y la emisión de dinero cuentan con una intención más trascendente, e intencionalmente ocultada. Es la de anular, por vía de limitar el gasto público, la aplicación de políticas distributivas a través de los recursos del Estado.
Los sectores concentrados son los reales formadores de precios, mientras que la incidencia de la mano de obra en el costo total es mínima e incluso va en descenso.